La masacre de Cali destapa los problemas de seguridad que la cuarentena había ocultado

La masacre de los cinco jóvenes en el suroriente de Cali, un hecho que no se registraba en la ciudad desde hace cerca de seis años, destapa nuevamente los problemas estructurales de seguridad de Cali que la cuarentena había tapado. 

Durante la cuarentena, la Secretaría de Seguridad de la ciudad ha resaltado la disminución en las cifras de homicidios frente a años anteriores, que entre enero y agosto registra el menor número de homicidios desde hace 28 años (613 asesinatos). 

Parte de esto se debe al encierro por la pandemia, y es una tendencia a la baja que se ha registrado también en otras ciudades como Medellín, que entre enero y mayo registró 137 homicidios reduciendo a la mitad esta cifra frente al mismo periodo de 2019; o Bogotá, que en marzo tuvo una disminución del 11 por ciento y en abril del 43 por ciento comparado con las cifras del los mismos meses el año anterior.

Sin embargo, las cifras que vienen reportando las autoridades en Cali en los últimos meses dejan ver un crecimiento de los homicidios y delitos en una ciudad, que el año pasado cerró con 50,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional era de 24,3.

En mayo se reportaron 88 homicidios luego de contabilizar 47 en abril. Por su parte, junio pasó de 82 asesinatos hace un año a 98 este, y julio de 85 a 97, aun cuando el aislamiento continúa. A once días de agosto, ya se han reportado 40 asesinatos.

Pero la masacre de los jóvenes sobresaltó tanto a la ciudad que puso de presente que los problemas de seguridad de Cali se mantienen y que no existe una verdadera política distrital de seguridad.

Lo que se sabe del crimen

Los cinco jóvenes: Jair Andrés de 14 años; Álvaro José, Leyder y Luis Fernando de 15 y Yosman Jean Paul, de 16, todos amigos, afros, vecinos del barrio Llano Verde y reubicados en éste después de dejar el Jarillón del río del Cauca, salieron de sus casas alrededor del mediodía del martes a elevar cometas, comer caña y bañarse en el lago ubicado en medio del cañaduzal.

A eso de las ocho de la noche, cuando aún no habían regresado, las familias comenzaron la búsqueda preguntando a los jóvenes del barrio; algunos menores dieron señas de la ruta que tomaron y con el ‘voz a voz’ llegaron al cañaduzal. 

Un kilómetro adentro, encontraron los cuerpos. En cuestión de horas, llegó el comandante de la Policía con el secretario de seguridad de Cali, Carlos Rojas, y el alcalde Ospina. 

El alcalde Ospina dijo que no daría una hipótesis sobre lo ocurrido porque no quieren truncar el proceso investigativo.

Por ahora ha ofrecido una recompensa de 200 millones para dar con los responsables, e instaló un consejo de seguridad permanente en el que participan la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldan y el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Sesionará, según dijo Ospina, “hasta que se conozca la verdad de lo ocurrido”. 

El contexto de los asesinatos

Llano Verde es uno de los barrios más nuevos de la ciudad, nació del proyecto de Juan Manuel Santos de entregar viviendas a la población desplazada y se amplió a una urbanización en la que conviven víctimas del conflicto, excombatientes y reubicados del Jarillón que, aunque trataron de blindarse de la violencia, la han tenido que vivir desde 2016 con bandas criminales que veían en el barrio la posibilidad de expandir su control, como contamos en esta historia.

A comienzos de año, como lo reportó El País de Cali, el concejal Fernando Tamayo denunció en la sesión en la que se presentaba el secretario de seguridad, Carlos Rojas, que un líder del barrio Llano Verde, donde ocurrió la masacre, alertó de un posible reclutamiento de menores. 

Dijo que ofrecían dinero a jóvenes para trasladarse a zonas del Pacífico como Jamundí, Cauca y Nariño y que "hay chicos amenazados porque se niegan a entrar al microtráfico, otros ya se han ido”.

El secretario de Paz y Convivencia Ciudadana, Danis Rentería, confirmó que algunos líderes del barrio han hablado sobre posible reclutamiento, pero que no hay casos concretos.

“Cuando uno pregunta no le dan información, la comunidad no habla por miedo”, coincidió la subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz, Natali González. 

La inseguridad de este barrio, que se encuentra en una de las tres comunas que conforman el distrito de Aguablanca, es conocida por las autoridades desde hace años.

En 2018, la comuna 15 fue la que reportó más asesinatos en la ciudad (138), y según dijo en la rueda de prensa a raíz de la masacre el comandante de la Policía Metropolitana, Manuel Vásquez, en Llano Verde se han identificado grupos delincuenciales -sin precisar cuáles- que se dedican a extorsionar, hurtar e “instrumentalizar menores de edad, adolescentes, niños y niñas”. 

El Comandante dijo que los están capturando y que están desmantelando negocios de tráfico de armas y drogas. 

Pero tres expertos consultados por La Silla creen que Cali ha abandonado estrategias clave de prevención.

“Durante esta cuarentena, la ciudad debió prepararse para enfrentar los números en materia de seguridad para cuando las medidas de aislamiento fueran aflojando”, dijo a La Silla Álvaro Pretelt, exdirector del Observatorio de Seguridad de Cali. “Vemos que hubo cuarentena, pero no una política de seguridad”.

Los problemas de fondo

“En alcaldías anteriores había un marco establecido y explicado de prevención y contención de la violencia que buscaba, por ejemplo, prevenir el reclutamiento juvenil, pero cuando inició esta Alcaldía no se reactivó, empatamos con la pandemia y se abandonó”, dijo a La Silla Katherine Aguirre, economista e investigadora del Instituto Igarapé, un centro de investigación brasilero sobre seguridad.

Para este cuatrienio, la ciudad redujo su presupuesto en seguridad: 267 mil millones, que equivalen a 66.750 millones por año, mientras que en 2019, el presupuesto fue de 89 mil millones.

Los expertos consultados coinciden en que además de que no hay continuidad en la prevención de la violencia, a raíz de la pandemia, la secretaría de Seguridad ha centrado su atención en aspectos como acabar fiestas y cerrar moteles, pero ha dejado de lado temas claves en materia de seguridad.  

Por ejemplo, Ospina acabó con el programa de gestores de paz, que formaba y empleaba jóvenes víctimas del conflicto armado, expandilleros y excombatientes de las Farc con el fin de promover la cultura ciudadana y la sana convivencia. 

En todo caso, los mismos expertos reconocen que la ciudad tiene problemas muy graves que son de envergadura nacional y que son difíciles de atender con recursos de una administración local: los cultivos ilícitos en Jamundí, la relación estrecha y directa del narcotráfico, la producción de cocaína y el tráfico de marihuana en el norte del Cauca. 

Las organizaciones criminales lavan sus activos en Cali, y como dice Alberto Sánchez, investigador de seguridad ciudadana, usan Cali para “disfrutar de lo que ganan, crear vínculos ilegales y como retaguardia” para vivir cómodamente y alejarse de grupos enemigos o de la persecución de la policía. 

Además, como lo contamos en esta historia, Cali está inmersa en la ruta de narcotráfico que desemboca en Buenaventura.

Son problemáticas de fondo que vuelven a aflorar con una masacre como hace seis años no se veía.