La muerte de la comisión de aforados le da vida a la Constituyente

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la Comisión de Aforados, el tribunal que iba a reemplazar a la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara, reaviva la idea de una futura Asamblea Constituyente para reformar la justicia. Y es que aunque la Constituyente es muy difícil de convocar y traería riesgos, la sensación entre muchos políticos es que es la única manera en que los magistrados se dejen reformar.

La suerte de la Comisión de Aforados estaba echada desde hace varias semanas.

La pregunta era si la declararían inconstitucional por un problema de forma (que no se discutió en todos los debates la facultad de la Comisión de Aforados de investigar delitos, lo que la dejaba viva y con capacidad de destituir a los aforados, pero no de mandarlos a la cárcel) o de fondo (que la existencia misma de la Comisión sustituye uno de los elementos centrales de la Constitución).

Si la Corte decidía lo primero, enviaba un mensaje menos duro: siendo el error solo de procedimiento, el Gobierno podría presentar exactamente el mismo texto para hacer la reforma. Sería un obstáculo real, pero menor.

Si, en cambio, decía que crear esa Comisión cambiaba un punto esencial de la Constitución (es decir, la sustituía), no habría manera de revivir esa propuesta. Y la Corte se convertía, una vez más, en una muralla que hace imposible cualquier reforma de la justicia.

La decisión

Al final en la Sala Plena de ayer cuatro magistrados (Gloria Stella Ortiz, Luis Guillermo Guerrero, Gabriel Eduardo Mendoza y Alejandro Linares) estuvieron de acuerdo con lo primero, y todos, excepto Linares, decidieron además lo segundo. 

Aunque esa votación se dio ayer a las 3.45 de la tarde, solo se comunicó hoy, pues los magistrados sabían lo impopular que sería su decisión y se dedicaron a pulir el comunicado de prensa.

Con eso, le enviaron un mensaje muy fuerte al Congreso y al Gobierno: dijeron que a ellos y sus colegas de otras Altas Cortes los tienen que juzgar funcionarios electos que no solo se dediquen a eso - es decir, un órgano como la Comisión de Acusaciones, que ha sido totalmente inoperante.

Según el comunicado de prensa que emitió hoy la Corte, el que una Comisión de Aforados pudiera investigar a los magistrados de las Altas Cortes y al Fiscal, acrecienta "los riesgos de interferencias indebidas susceptibles de ser canalizadas por conducto de los funcionarios encargados de la acusación y juzgamiento." Y que el que ese sistema no tenga en cuenta "valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones, a la protección del régimen constitucional o, en suma, al bien común" sino solo los hechos que directamente fueran faltas o delitos, iba en contravía de garantizar "la debida estabilidad a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación".

Es decir, para la Corte es más razonable un esquema en la que son políticos de carrera (congresistas) los que investigan, acusan y juzgan a los magistrados y al Fiscal, y en el que esos políticos pueden decidir no sancionarlos para proteger la estabilidad de las instituciones, que uno en el que lo hacen otros magistrados con base en consideraciones estrictamente jurídicas.

Además, el fallo señala que si se quiere cambiar el régimen de la Comisión de Acusaciones, solo se puede hacer por una elegida popularmente ("En efecto, los funcionarios que en el vértice representan el poder judicial como órganos de cierre podrían ser ahora removidos por cuerpos no electos. Esta es una cuestión central en el modelo constitucional") y por una entidad que no tenga solo la función de investigarlos (pues que solo sea para eso "resulta incompatible con la garantía de independencia judicial que constituye eje definitorio de la Constitución").

Para todo eso, la Corte utilizó una vez más la teoría de Sustitución de la Constitución, que en esencia significa que el Congreso sí puede reformarla siempre y cuando no cambie nigún "eje definitorio" o de su esencia, como convertir a Colombia en una monarquía. Pero, como esa teoría le da superpoderes a la Corte, hasta hace poco había sido utilizada con mesura.

Aunque falta conocer el texto de la sentencia, que deberán redactar los magistrados Alejandro Linares y Gabriel Eduardo Mendoza, y el comunicado se conoció hace menos de media hora, las reacciones políticas no se han hecho esperar.

@CConstitucional se consolida definitivamente como Corte Constituyente.

— Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) 14 de julio de 2016

La Corte no quiere que la Justicia se reforme; el Congreso tampoco va a querer auto reformarse. Toca constituyente.#LaVozDeChamorro.

— Jimmy Chamorro (@jimmychamorro) 14 de julio de 2016

¡Sorpresa! @CConstitucional hundió Tribunal de Aforados que eliminaba "Comisión de Absoluciones". Y dizque es Congreso quien no se reforma

— Hernán Andrade S (@AndradeSenador) 14 de julio de 2016

Corte Constitucional? No, corte constituyente e impúdica. Vuelven a quedar sin jueces los magistr y Fiscal. Obligan a una Constituyente

— Viviane Morales (@MoralesViviane) 14 de julio de 2016

Y eso que ya antes de esta sentencia ese clamor era grande e incluso los dos copresidentes de la Asamblea Constituyente de 1991 que siguen vivos, los senadores Horacio Serpa y Antonio Navarro, han hablado de la necesidad de una Constituyente

El papayazo

Esa reacción se debe a que la decisión de la Corte no aparece aislada, sino como otra muestra de que la Rama es muy reacia a reformarse, sobre todo si es para perder privilegios o poder.

En el caso de las megapensiones, muchos magistrados han tomado decisiones para no perder ese privilegio en un proceso largo, que incluye sentencias del Consejo de Estado que ampliaron ese privilegio de congresistas a magistrados y luego incluyeron en ella ingresos diferentes a los salarios (como primas). Es cierto que la sentencia de la Corte Constitucional de 2013 empezó a cerrar la llave de esas megapensiones, pero solo las ajustó de forma moderada.

En impuestos, como contó La Silla hace un año, la Corte Constitucional le bajó el impuesto de renta a las personas mejor pagadas, incluyendo sus magistrados. Y aunque suspendió los efectos de esa sentencia, al darle la razón al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas en un incidente de impacto fiscal por el alto costo de esa medida, solo lo hizo por un año.

Tampoco ha dejado reformar la forma en la que funcionan los miles de juzgados del país para pasar de un modelo en el que cada juez tiene funcionarios administrativos a su servicio, como en pequeños feudos, a otro en el que varios jueces comparten esos funcionarios en los llamados centros de servicio judicial.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decidió crear estos centros en todos los juzgados civiles y de familia el 16 de diciembre (el que iba a ser su último día de funcionamiento), pero no se ha implementado por la oposición de varios sindicatos de la Rama y sigue en veremos. Así que, por ahora, esos jueces siguen teniendo el micropoder de manejar pequeñas nóminas.

A esas decisiones se sumó la sentencia de la Corte que revivió la polémica Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al tumbar el Consejo de Gobierno Judicial que creaba el Equilibrio de Poderes, y que llevó a congresistas tan opuestos como la uribista Paloma Valencia, el senador de La U Armando Benedetti y la verde Claudia López a  señalar que va a tocar hacer una Constituyente para reformar la justicia porque esta es "intocable".

Ese argumento, que está en el ambiente desde la caída de la Reforma a la Justicia de Juan Manuel Santos en 2012, es justamente el que revive la decisión de hoy

Los riesgos

Hablar de una Constituyente para reformar la justicia es sexy para los políticos.

Por una parte, porque es una forma de mostrarle a los ciudadanos que están haciendo algo que refleja sus intereses: mostraría que toman decisiones contra instituciones que hoy son impopulares según las encuestas, como las cortes Suprema y Constitucional y el sistema judicial en general (que según la más reciente encuesta de Gallup tiene una imagen peor que el Congreso).

Por otra, porque es una forma de compensar el poder de los jueces, que han metido a la cárcel a más de 60 congresistas.

Pero la idea de una Constituyente tiene varios problemas.

Primero, aunque ya las Farc aceptaron el plebiscito que salga de la Corte como mecanismo de refrendación de un Acuerdo Final en La Habana, si se abre la puerta de una Constituyente como la que pretendían, es probable que aprovechen esa ocasión para lograr su anhelo. Y eso podría llevar al segundo riesgo.

Éste es que, aunque la Asamblea sea convocada para el asunto específico de reformar la justicia, puede abrir la puerta a otros asuntos (como le interesaría a las Farc y al uribismo). Una Constituyente puede fácilmente declararse soberana argumentando que técnicamente es un poder constituyente (directamente elegido por el pueblo para hacer una Constitución) y no constituído (es decir, elegido para otras cosas e indirectamente reformando la Constitución)

Tercero, que no es claro exactamente para qué se requeriría la Constituyente, pues muchos de los cambios que se necesitan para la operación de la justicia (como los centros de servicios judiciales, la sistematización de los expedientes o la discutida creación de unos jueces especializados en tutelas) no requieren una reforma constitucional.

Lo que sí podría hacer una Constituyente son cambios que afectan más a los políticos, como reformar el esquema de gobierno de la Rama, definir cómo se nombran los jueces de las Altas Cortes o revivir la comisión de aforados. Es decir, temas que no son menores pero que rebarajarían el poder de los magistrados.

Y el cuarto, que no es menor, es que cualquier convocatoria podría ser hundida por los mismos jueces. Una convocatoria a una Constituyente es un proceso largo y que las Cortes pueden hundir. Para llegar a una Asamblea, el Congreso debe aprobar una ley que convoque a una votación para decidir si se convoca una Constituyente y la Corte Constitucional la revisa.

Si pasa esa prueba, hay una consulta. Y solo pasa (es decir, solo hay Constituyente) si la aprueba por lo menos un tercio el censo electoral, que son unos 12 millones de colombianos. Esa es una cifra muy difícil de conseguir pues es similar a los votos validos en las elecciones presidenciales de 2014, con todas las maquinarias andando y el país en efervescencia electoral.

Por eso, el camino para una Constituyente no está allanado, y para llegar a ella seguramente tocaría antes reformar la ley de mecanismos de participación que es la que pone un umbral tan alto. Y con la nueva decisión de la Corte se va creando el espacio político para ello.