La nueva estrategia del Comité del Paro piensa más en 2022 que en la calle

En este escenario, el Comité dice que le apuesta a lograr unos consensos más amplios sobre los temas sociales que ha venido moviendo al menos desde hace un año, y así lograr por la vía democrática lo que no pudieron por la vía excepcional de una negociación con el Gobierno que no prosperó. Pero también detrás de esta iniciativa están sus planes para el 2022, unos que no necesariamente ponen en el centro la calle. 

Abrir la puerta del Congreso sin cerrar las mesas

Esta nueva apuesta incluye llevar al Congreso el pliego de peticiones que no pudieron negociar en la mesa con el Gobierno en la forma de proyectos de ley, un nuevo frente en el que esperan reempaquetar su agenda social, aunque todavía, según nos contaron seis fuentes, no tienen asegurado quien la recoja.

Sobre cómo van a construir estos proyectos de ley, los del Comité están buscando a centros de investigación en universidades para que les ayuden a formular un proyecto por cada uno de los seis puntos de su pliego.

El plan que tienen es presentarlos cuando comience la siguiente legislatura, el 20 de julio, por lo que les quedaría un mes corto para cumplir con esos tiempos. Para esto dicen que van a empezar a buscar aliados de esos proyectos en ambas cámaras, pero no han iniciado formalmente este trabajo, como reconoce Francisco Maltés, vocero de la Central Unitaria de Trabajadores, diciendo que no le apuestan a un único partido para que defienda esos puntos:

“Nosotros no dependemos de que sea el partido a o b, estas son reivindicaciones para 10 millones de colombianos, así que en su momento nos reuniremos con directores de partidos, y veremos quienes nos apoyan, pero todavía no hay definido con quien hacerlo. Esto debe ser una reunión de varias fuerzas políticas, pues los proyectos no los aprueba un solo partido”, dice Maltés. 

A pesar de que no han empezado a contactar formalmente a los congresistas, algunas de las agrupaciones que conforman el Comité, como Dignidad Agropecuaria, ya hacen cuentas de sus posibles aliados. 

Óscar Gutiérrez, que lidera esa agremiación, dice que todavía están en una etapa inicial de llegarles a los congresistas, pero que, en su caso, buscarán amigos en las comisiones quintas (que discuten temas agrarios), pues allí tiene aliados como Jorge Enrique Robledo (Dignidad), Guillermo García Rialpe (Liberal) César Ortiz Zorro (del Partido Verde, por Casanare) y César Pachón (Mais, de Boyacá), entre otros. 

“No se puede tener una mirada de blanco a negro, el país está lleno de grises. Por ejemplo, César Gaviria ha hablado contra el glifosato y las fumigaciones para combatir cultivos de uso ilícito, por lo que podríamos buscar el respaldo de algunos parlamentarios del Partido Liberal también”, dice Gutiérrez. 

Sin haber redactado todavía su proyecto de ley sobre temas agrarios, desde Dignidad Agropecuaria buscan hacerlo con la ayuda de grupos de investigación que están metidos en el tema de economía agrícola, como el grupo agricultura, ambiente y sociedad, de la Universidad Nacional, y enfocarlo en tres o cuatro puntos concretos, como ajustes al crédito agrícola y a los precios de los productos del campo. 

Los del Comité saben que la próxima legislatura estará peleada porque el Gobierno buscará sacar como proyectos propios algunos temas en los que ellos también están, como la matrícula cero (que la semana pasada se cayó en la versión presentada por la oposición) o la renta básica, que probablemente presente en la nueva reforma tributaria.

Pero mientras intentan abrir la puerta del Congreso tampoco han renunciado a seguir negociando con el Gobierno los pliegos particulares de cada agremiación. 

Esto se refleja en que esta semana, por ejemplo, se instalará una mesa con ocho comisiones con el Ministerio de Agricultura para discutir sobre temas del agro, así como en el hecho de que en las últimas semanas han seguido conversaciones localizadas, como la del 20 de junio, para trazar una ruta de garantías entre el Gobierno y el Comité Regional Andinoamazónico del paro o en Altamira (Huila) entre representantes campesinos e indígenas y el Gobierno. 

Mientras estas mesas regionales siguen y se crean los enlaces en el Congreso para mover sus proyectos, desde el Comité del Paro ya piensan en las elecciones del 2022. 

Mirando a 2022

“Todo el mundo está pensando en 2022. Nosotros no somos la excepción”, dice Maltés, de la CUT. 

De cara al año electoral que se avecina, los miembros del Comité con los que hablamos concuerdan en que hay divisiones internas en las preferencias políticas entre los que le van a Petro o a la Coalición de la Esperanza, aunque no quieren que esas divisiones afecten el trabajo del grupo:

“No debe confundirse la lucha social con la lucha política. Podemos tener diferencias electorales, pero muchas cosas nos unen en un mismo frente social”, afirma Gutiérrez, que pertenece al combo de Dignidad, de Robledo.

A pesar de estar en la cancha de la Coalición de la Esperanza, Gutiérrez dice que en su agremiación sindical no le impondrán a nadie preferencias por ningún político: “Tenemos acordado que cada quién hace la política como la quiere hacer y que ningún candidato podrá usar las banderas de Dignidad Agropecuaria para hacer su campaña”, dice. 

Para uno de los líderes del Comité, que nos pidió reserva para no comprometer su posición como vocero, la muestra de que la agenda del Comité en los meses por venir no estará guiada por lo que diga Petro o la Coalición de la Esperanza, es que a ninguno de los dos les han parado bolas hasta ahora.

“Nadie le paró bolas a Petro cuando se filtró el audio en el que recomendaba declarar un triunfo temprano de la movilización y sugirió dejar de convocar a nuevas marchas, o cuando la Coalición condenó los bloqueos. La existencia del Comité antecede en su creación a esos dos grupos políticos y, en ese sentido, sobrepasa cualquier proyecto político actual”, dice. 

Pero esto no quiere decir que algunos de los miembros del Comité no estén buscando presentarse a las elecciones del otro año como fichas de alguno de estos dos grupos o que esta movida de tratar de sacar adelante su pliego en el Congreso no vaya a ser capitalizado por los candidatos de oposición para impulsar sus candidaturas.  

Para Laura Alzate, de Acrees, es natural que algunas figuras en el Comité busquen dar el salto a la política electoral: “Si bien el paro no se hizo pensando en que fuéramos figuras políticas, es claro que se abre una ventana de oportunidad para que las personas que son líderes y defienden causas sociales traten de hacerlo desde el Congreso”. 

A pesar de que no lo ha anunciado oficialmente, Jennifer Pedraza, que era hasta hace un mes líder de Acrees, una plataforma de representantes estudiantiles que hace parte del Comité, estaría buscando una candidatura por el movimiento Dignidad de Robledo, así como Nelson Alarcón, de Fecode, quien es cercano al Partido Verde y tuvo que dejar esta semana el país por amenazas contra su vida. 

También se habla de una posible candidatura de Alirio Uribe en las listas del Pacto Histórico de Petro.

Ninguna de estas figuras que hicieron o han hecho parte del Comité ha confirmado oficialmente su interés de estar en las listas de sus movimientos políticos, en parte porque, como analiza uno de los miembros del Comité, estar vinculados con un paro que podría continuar les impide concentrar sus esfuerzos en hacer campaña. También hay varios —principalmente las agremiaciones de mujeres y de ambientalistas— que se definen como antipolíticos.

Pero ahora que comienza el segundo semestre del año, que estará agitado por una legislatura en la que Duque ha anunciado que asumirá como banderas propias varias de las impulsadas por la movilización social, se pondrá a prueba si el Comité del Paro logrará crear las coaliciones necesarias para sacar por la vía legislativa lo que no pudo con el Gobierno en el nivel nacional. 

Si no lo logra —como es lo esperable si mantiene su pretensión de forjar alianzas por fuera de la coalición del Gobierno— entonces le dará a la oposición, y particularmente a Gustavo Petro, un argumento poderoso de campaña para reforzar el discurso de que con la composición actual del Congreso y el establecimiento político y las instituciones que dirigen no hay forma de lograr el cambio social que se demanda en la calle.