La paz, por dentro y por fuera

Adentro

En la cocina improvisada del campamento de Los Monos, el desayuno de los guerrilleros viene acompañado de quejas. El paisa, Antonio Ospina, 28 años, pantalón camuflado y revólver al cinto, las empieza a enumerar: que la comida que les llevaron en un inicio llegaba en mal estado. Que ellos no están acostumbrados a comer enlatados, sino productos frescos y "orgánicos". Que el agua viene cargada de bacterias y parásitos y residuos de metales. A pesar de ello, algunos se quejan también que la comida se les empieza a notar en la barriga, las caderas, los cachetes. Quizás los únicos que mantienen el estado físico de las marchas son los que están entrenando para correr la media maratón de Bogotá.

Las quejas pueden ser el primer síntoma de que están en transición. Atrás quedaron los días errantes, con el fusil y el morral al hombro. Sobrevivieron a la guerra. Y ahora, asentados y protegidos en las zonas veredales, no paran de criticar el sistema contra el que decían luchar, en armas, en nombre de millones que lo padecen.

Los problemas digestivos los han tratado los enfermeros guerrilleros, en ausencia de un médico permanente porque apenas están construyendo el puesto de salud, y no son nada al lado de lo que sufren los lisiados de guerra. Hay guerrilleros con esquirlas entre las vértebras y en el cerebro, algunos perdieron la vista parcialmente, tienen fracturas severas y hay varios amputados. Llevan años esperando una operación, una prótesis, que les permita caminar mejor, ver de nuevo, sentir menos dolor. Necesitan la atención y experticia de un especialista y, para eso, en Colombia, hay que esperar meses.

"Bienvenida a mi sistema de salud," le dijo jocosamente el coronel del Ejército, Luis Vanegas, del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de los acuerdos, a su compañera de misión, la guerrillera Mireya Andrade. Ella supervisó la tortuosa afiliación de sus compañeros -con seudónimos- a la empresa prestadora de salud en la región del sur occidente colombiano y es quien hace seguimiento al difícil proceso de asignación de consultas y chequeos médicos. La prioridad son las embarazadas.

En la cocina del campamento, una guerrillera de pantalones negros y camisa rosada, con una pancita incipiente, alza en sus brazos a una niña malgeniada porque tiene sueño. Se llama Nataly y es la hija de otro compañero.Todos cuidan a los hijos de esa gran familia fariana, que en tiempos de paz se está multiplicando rápidamente. La guerrilla arrendó una casa para albergar a las mujeres que han dado a luz y pertenecen a cualquiera de las cinco zonas de transición en la región del sur occidente. En este momento hay ocho bebés recién nacidos en la casa. Esperan a otros doce.

En Los Monos, uno de cada seis es un niño y están empezando a vivir con sus papás por primera vez.  Una niña de unos 8 años, fotocopia de su mamá, no se le despega. La acompaña a repartir el almuerzo a los demás compañeros. Otro niño juega solo, alrededor de la silla donde su papá se sienta a conversar con otro. Es raro verlos en medio de lo que aún es un campamento guerrillero, custodiado por varios fusiles.

Los hijos de la columna móvil Jacobo Arenas serán los que estrenen la primera "ciudadela de paz" en el Cauca. La de Los Monos es la que está más avanzada, en comparación con la de La Elvira, cerca a Buenos Aires, y la de Monteredondo, en Miranda, que prácticamente está en ceros, luego de que el terreno cediera por el mal clima. En Los Monos también han sufrido atrasos pero ya están las planchas, las vigas, las tejas. Algunas ya tienen paredes de paneles prefabricados pero aún faltan las puertas y ventanas. Una vez esté lista, empezarán a construir la segunda ciudadela, dentro de otro resguardo indígena vecino, en la vereda de Santa Rosa, mucho más cerca al casco urbano de Caldono, cuya estación de policía ellos mismos atacaron tantas veces.

Esta es la "ciudadela de paz", en medio del resguardo indígena de Pueblo Nuevo, que la guerrilla está terminando de construir. Es la más avanzada de los tres puntos de transición que hay en el Cauca.

Unos 140 guerrilleros, de 438 que hay en la zona, son los que están trabajando en las obras, siguiendo instrucciones de un maestro de obra, fácilmente reconocible porque anda de casco amarillo. Dice el paisa Antonio que ojalá les reconozcan a los compañeros ese trabajo con un diploma como técnicos de construcción. Y que el gobierno responda por no haber tenido listos los campamentos para ellos. "Exigimos que también les den alguna remuneración a la gente que vive aquí, y que por nosotros estar ocupando estos terrenos adicionales, no está produciendo nada", dice.

Ninguno responde qué va a pasar con esos terrenos una vez termine el proceso de dejación de armas ¿El Estado va a seguir pagando los arriendos por cuánto tiempo? ¿Las FARC van a asumir esa renta o van a comprar los predios donde están construyendo sus "ciudadelas de paz" y de donde no tienen ninguna intención de salir?

La guerrilla dice que el incumplimiento del gobierno en la construcción y adecuación de las zonas veredales es lo que ha retrasado el cronograma para dejar las armas en los containers de la ONU. En Los Monos no  han guardado todos los fusiles, ni lanza granadas, ni el resto del arsenal que la Jacobo Arenas transportó en un camión cuando hizo el viaje desde el punto de pre concentración hasta esa zona, el pasado 28 de enero. 

Cada 24 horas, el oficial argentino de la Misión de la ONU destacado en ese campamento, pasa revista al armamento, identificado con etiquetas y registrado en un listado. Hasta el momento, en esta primera etapa, las FARC han entregado 140 fusiles en todo el país. ¿Cuántos de esos entregaron en este campamento, a punto de cumplirse el día D+150? El argentino no puede decirlo. Las Farc tampoco lo dice, pero guerrilleros y observadores internacionales, tanto en el campamento como en la sede del Mecanismo de Monitoreo de la región afirman, algunos hasta empeñan su palabra, que antes de que se acabe el día D+180 van a cumplir. Eso sí, será sin fotos. "Lo vamos a hacer al estilo criollo y sin shows mediáticos," dice Mireya.

Níder Martínez, de 29 años, dos hijos, y una cicatriz en el cachete derecho, es de los pocos guerrilleros que ya dejaron su fusil. Dice que no le costó. "Las armas nos están estorbando para salir a trabajar con la gente." Él ya lo hace, está en otra cosa, más política, más empresarial. Níder tampoco tiene ya una orden de captura. De jeans claros, camisa floreada, una mochila de colores y una gorra con el rostro del Che Guevara, va y viene entre el campamento y los pueblos más cercanos. Pasa los retenes militares sin problemas. Ya tiene sus papeles.

Los guerrilleros de la Jacobo Arenas, que fueron el terror en la región, hoy están a salvo dentro de los resguardos. Además del anillo de seguridad del Ejército -que cuida los retenes y anda patrullando de uniforme kaki, en vez del verde oscuro que usó para la guerra- cuentan con una protección adicional que no tienen las FARC en el resto del país: la guardia indígena. Como dice uno de ellos:"Permitimos que cualquiera entre a la zona, pero quién sabe si salga".

Afuera

Entre los habitantes de Caldono hay molestias porque la implementación de los acuerdos de paz no se ha traducido aún en mayores beneficios para la comunidad.

Los peligros, las amenazas, los obstáculos para que esa paz no se quede solo por escrito, están más afuera de las zonas veredales de transición que adentro. Si bien el Estado ha incumplido con los campamentos y la guerrilla se ha retrasado en la dejación de armas, la paz sobrevive. Pero a medida que se amplía el foco, al menos en el Cauca, está más que amenazada.

No hay que salir del mismo resguardo para empezar a encontrar conflictos. La paz fracturó al liderazgo indígena, tanto a nivel local como nacional. Tres gobernadores de los resguardos de esa zona estuvieron a favor de prestar su territorio y tres en contra, como también lo sigue estando el Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Los gobernadores hicieron consultas con las FARC, fueron a La Habana, hicieron mingas y foros con la comunidad y esta aceptó, no sin muchos temores, que dejaran hacer allí las zonas de transición, entre otras razones porque muchos de los integrantes de la Jacobo Arenas son indígenas. Algunos fueron reclutados, otros se unieron voluntariamente.  

"Ellos no vienen a mandarnos a nosotros, ahora nosotros los mandamos a ellos," dice sobre las FARC el gobernador de San Lorenzo de Caldono, Oscar Dizu Chocué. Para él es una oportunidad de reforzar la autoridad sobre el territorio que antes asediaron y espera que la guerrilla se comprometa a decir la verdad sobre los crímenes que cometieron y que esté dispuesta a reparar el daño que hicieron, trabajando con la comunidad en proyectos de desarrollo agrícolas. Las FARC le han dicho que van a quedarse "por un tiempo", pero no le han dicho cuanto. "Si no hay líos, pueden quedarse", dice.

Pero no todos están de acuerdo ni son tan optimistas. "Hay problemas por todos lados", dice el alcalde del municipio de Caldono, Paulo Piso. Los caldoseños están molestos porque los camiones que transportan los materiales para construir la ciudadela guerrillera dañaron las precarias vías veredales por donde solo circulan motos y chivas. A principios de abril, la gente decidió trancar la carretera en protesta e impidieron el paso hasta del carro del oficial argentino de Naciones Unidas.También le reclaman al alcalde por el acueducto, cuyos diseños, admite él, apenas los entregarán esta semana. La paz generó demasiadas expectativas para la gente de la región, que votó ampliamente por el Sí en el plebiscito, entre otras razones para que el Estado que siempre los ha ignorado, empiece a ponerles atención.

Quizás lo logren los 18 panfletos que han aparecido en el departamento en los últimos dos meses, algunos de ellos firmados por las Aguilas Negras o las AUC, advirtiendo, entre otras cosas, que nadie puede circular después de las 7 pm. A los gobernadores indígenas del resguardo de Pueblo Nuevo y de Pioyá los amenazaron de muerte. No son los únicos en la mira. Otros funcionarios públicos, alcaldes y concejales de otros municipios caucanos, incluso empleados de la gobernación, también han recibido correos electrónicos intimidantes.

Los más amenazados, sin embargo, son los líderes sociales de la región -indígenas, afros, campesinos y miembros de otras organizaciones. En lo que va corrido del año, al menos siete han sido asesinados. Como también están empezando a matar a familiares de guerrilleros, a un excombatiente indultado que había salido de la cárcel y a un miliciano de las FARC, precisamente en Toribío.

Las organizaciones sociales están indignadas. El jueves pasado, en Popayan, varias de ellas se reunieron, en el Congreso Regional de Paz,  la versión local del Congreso Nacional a cuya clausura en el capitolio no dejaron entrar a los comandantes de las FARC y el ELN. Los delegados de las ongs en la región se quejaban de la indiferencia del resto del país ante los peligros que enfrentan: "Esta es una sociedad que no acompaña la labor de defensa de los derechos humanos. Pareciera que no reconocen el impacto de las muertes de los líderes," decía la relatora de la mesa de seguridad. Para ellos lo que está pasando no es otra cosa que la oposición al proceso de paz de la derecha, aliada con el paramilitarismo y su violencia sistemática. Y se quejan de que el Estado no solo no está haciendo lo suficiente para combatirlo. Lo niega.

"Cada homicidio que hay se está vinculando a un tema de derechos humanos y a medida que investigamos está más relacionado con minería ilegal o narcotráfico. No les ha gustado a las organizaciones sociales que les digamos que no han sido asesinados por su liderazgo. Nos negamos a esa sistematicidad," dice Raúl González, director de la Fiscalía del Cauca. Afirma que de los 46 asesinados el año pasado, solo en 13 casos era claro que eran líderes en sus comunidades. "No vemos claro que estén siendo asesinados por motivos políticos," añade Felipe Vernaza, investigador del Sistema de Alertas de la Defensoría del Pueblo en el Cauca. 

Las diferencias políticas entre los movimientos sociales del departamento y el Estado siempre han sido difíciles. Esfuerzos recientes de concertación, como el Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca, (Pedenorca) en el que empezaron a trabajar hace dos años y que tenía proyecciones hasta el 2032, no han funcionado. "Las organizaciones sociales se salieron y el plan reventó," dice Rodrigo Ante, investigador del Instituto de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana de Cali y quien ha hecho seguimiento en la región al proceso de paz desde hace dos años. La situación de violencia reciente solo ha empeorado aún más esa tensa relación.

Tanto observadores académicos, la gobernación del Cauca, la Fiscalía, y la sede regional de la Defensoría del Pueblo, coinciden en que lo que está pasando es un reacomodo de poder en el territorio que ocupaba las FARC, que en algunos momentos llegaron a controlar el 70 por ciento del departamento. La fuerza pública ha podido entrar en algunas veredas que anteriormente estuvieron vetadas, pero no han llegado a todas, en donde otros actores armados ilegales ya están entrando. 

Hace dos semanas, en la zona de Toribio, aparecieron entre ocho y diez hombres vestidos de negro, otros de camuflado, con armas largas. Decían que eran del EPL, aunque esa guerrilla nunca ha actuado en el Cauca y, según investigaciones preliminares, gracias a algunos videos y fotos, algunos de ellos fueron identificados como disidentes del frente sexto de las FARC. Un poco más al norte, en cercanías de Miranda, donde está el punto de transición, aparecieron hace unos meses graffitti de las AUC y del ELN, que tradicionalmente ha estado en el sur del departamento. Hay quienes afirman que estos también son desertores de las FARC que están operando con un nuevo brazalete.

"No podríamos decir si los están reclutando en el ELN. Pero viendo que reúnen las condiciones, es muy posible porque es gente que tiene capacidad de combate, disciplina y cierto nivel de entendimiento político," admite Francisco González, más conocido como el comandante "Pacho Chino" de las FARC. Dice que en el Cauca no hay un grupo disidente de milicias, aunque reconoce que sí hay milicianos, expulsados de la guerrilla tiempo atrás, que ahora parecieran estar integrando los nuevos grupos.

El Ejército que cuida las zonas veredales de transición luce uniformes kaki. El resto de la tropa, de verde, está dedicada a erradicar coca, hacer operaciones contra el ELN y otros grupos armados y bandas de narcotráfico en el departamento.

Además de estos actores armados -sean nuevos o reciclados- hay preocupación por la presencia de personas con acento paisa y camionetas de alta gama con placas de Antioquia o del Eje Cafetero en algunos municipios del departamento, ligadas a presuntas bandas criminales aliadas del narcotráfico. Pequeñas pandillas de delincuencia común, que antes eran perseguidas por la guerrilla, también han aumentado su poder en distintos municipios y esto ha traído más violencia. Durante los primeros dos meses del año, el índice homicidios en el departamento aumentó en un 12.5 por ciento, respecto al año pasado.

Las Fuerzas Armadas, al menos en el sur occidente, no han tenido un día de respiro desde que se firmó la paz. La guerra sigue contra tres frentes del ELN, el José María Becerra, Manuel Vásquez Castaño y Comuneros del Sur. Ultimamente han hecho operaciones para destruir la maquinaria de la minería ilegal, especialmente en zonas como Timbiquí. Y continúa operaciones para tratar de frenar el narcotráfico, que ha construido laboratorios y cristalizadores en esta regió del país, que es la principal productora de cultivos de coca y marihuana.

Esa es la razón principal por la que los nuevos grupos y bandas se están trasladando al Cauca, en donde en el último año, se dispararon los cultivos, especialmente en municipios como Corinto, Argelia y Miranda. En algunos casos, la perspectiva de acogerse al nuevo programa de sustitución de cultivos, que entrega más de 30 millones de pesos en compensación, fue lo que incentivó la siembra. Otros, que habían dejado de sembrar, volvieron a hacerlo cuando ganó el No en el plebiscito. Mientras tanto, el gobierno continuó con su política de erradicación forzosa, enviando batallones a destruir los cultivos, lo que ha provocado enfrentamientos entre los cultivadores y la fuerza pública.

"La orden es erradicar este año 3.200 hectáreas de coca en Cauca, Valle y Nariño," dice el General Luis Fernando Rojas, Comandante de la Tercera División del Ejército, responsable por esta región del país. En el Cauca han erradicado 603 hectáreas hasta la fecha, aunque dice que no han iniciado una erradicación general, porque tienen que respetar los aproximadamente 10.000 acuerdos que los campesinos firmaron para empezar la sustitución. "Una vez los tengamos bien definidos, vamos a erradicar donde no hay acuerdos."

Pero mantener las dos estrategias simultáneas ya está creando nuevos conflictos y confusiones. "El punto cuatro del acuerdo propone una solución concertada, ¿pero que están haciendo? ¿Cuál solución política es esa cuando mandan a los militares a arrancar la coca? Yo mismo trabajo con las comunidades para que se cumplan los acuerdos. Pero por las malas no lo van a lograr", dice Cristobal Guamanga, dirigente de la organización campesina, Fensuagro, en el Cauca.

Mientras haya cultivos, mientras haya minería ilegal, y las rentas de ambas sean tan lucrativas, no habrá paz en estos territorios, por más que el Estado empiece a combatir los nuevos grupos o lo hagan, en su ausencia, las propias comunidades. Los indígenas tienen su guardia establecida desde hace años. Siguiendo el ejemplo, las comunidades afro quieren crear sus guardias cimarronas y en algunos sectores, como en Miranda, los campesinos están hablando de crear sus propios esquemas de seguridad. "Todos los grupos quieren lo mismo que los indígenas, control de los territorios, guardias. Algunos hablan de crear sus propias cooperativas de seguridad privada pero eso no lo podemos permitir", dice el fiscal González, sobre lo que está sucediendo en ciertas zonas que las FARC "protegían" a punta de fusil.

El único disparo que ha habido por parte de las FARC, en todo el país, fue el del guerrillero despechado en el campamento de La Elvira. La versión de las FARC -porque la Fiscal delegada no logró entrar a la zona sino hasta varias horas después- es que trató de agredir a su pareja al enterarse que ya estaba con otro y terminó disparándose a si mismo. La bala penetró una de sus vértebras y ahora está en una silla de ruedas y fuera del campamento, esperando una terapia.

Las fuerzas armadas también han cumplido su palabra y, hasta el momento, se ha mantenido el cese al fuego. En ambas partes existe la convicción y la voluntad -y no es poco- que no quieren volver a la guerra. Pero eso no es lo mismo que encontrar la paz que, al menos en el Cauca, está esquiva.