La plata de las regalías en Córdoba: en obra gris

La reforma al sistema general de regalías, que arrancó hace cinco años impulsada por el Gobierno Santos, busca hacer equitativa la repartición de los recursos del petróleo y la minería en todo el país, o repartir “la mermelada en toda la tostada”, como dijo el entonces Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri. Córdoba, uno de los departamentos con más población y más pobreza en el país (los dos criterios para distribuir las regalías con el nuevo sistema) fue uno de los departamentos que más ganó con la reforma. Sin embargo, la plata de las regalías todavía está en obra gris.

Según el presupuesto de los años 2015 y 2016, Córdoba es el tercer departamento que más recursos de regalías tiene para gastar, después de Meta y Antioquia.  Pasó de tener un promedio anual de 352.284 millones de pesos en regalías de inversión durante los cuatro años anteriores a la reforma a la ley de regalías, a un billón de pesos de presupuesto para gastar en en estos dos años, según datos del DNP.

Por eso, como parte de nuestro especial de seguimiento a las regalías, La Silla recorrió durante tres días el norte y el sur del departamento para verificar en qué se han gastado estos recursos.

Escogimos los 30 proyectos más costosos que se están ejecutando o que ya se terminaron con plata de las regalías y que en total se llevaron 2 de cada 5 pesos que se invirtieron por esta vía, más del doble de lo que paga anualmente el Gobierno por el programa de Ser pilo paga.

En total, visitamos 16 obras físicas, averiguamos por un programa de desayunos en colegios que terminó el año pasado y por cinco grandes proyectos de investigación en ciencia y tecnología. No alcanzamos a visitar los otros ocho porque quedaban muy apartados de nuestra ruta, porque no los pudimos encontrar en el terreno –aunque los buscamos– o porque no eran tangibles por lo que era más complicado verlos en terreno. En este último caso, por ejemplo, está la implementación de un programa de comprensión de lectura de emprendimiento en las comunidades educativas de Córdoba.

En ese universo de proyectos, los resultados son agridulces.

Por un lado, la mayoría de los proyectos (16 de los 22) que visitamos son de infraestructura que pretenden mejorar la calidad de vida de los cordobeses con obras y uno es un elefante blanco. Sólo uno de los 22 no se ha comenzado a ejecutar.

Sin embargo, 17 están sin terminar, suspendidos o en proceso de revisión por la actual Gobernación. De esos, siete ya deberían estar listos según el cronograma de ejecución que se estipula el contrato. En otros siete proyectos no fue posible saber si ya debían estar terminados o no porque los contratos no aparecen en internet. Y sólo 5 proyectos están terminados del todo según lo pudimos verificar en el terreno.  

Varios proyectos tienen o han tenido irregularidades en su contratación lo que ha hecho, en parte, que las obras se demoraran en arrancar porque los contratos se suspendieron mientras se subsanaron las irregularidades. En otros casos, el proceso continuó con ellas: en 6 de los 16 contratos de obras que revisamos, se hicieron licitaciones públicas con un solo oferente.

Además, está el lío de los convenios que firmó la gobernación anterior, en cabeza de Alejandro Lyons, por concepto de regalías para ciencia y tecnología. De los proyectos que revisamos, este es el sector en el que más plata se aprobó y se comenzó a ejecutar por concepto de regalías. Sin embargo, la semana pasada el nuevo gobernador, Edwin Besaile, decidió suspender tres de los cinco más costosos. 

Lo que encontramos

Esta es la galería de fotos que muestra en qué están las obras que visitamos en nuestro recorrido.  

Un departamento en obra gris

Recorrer Córdoba es recorrer un departamento en obra gris aunque no en todas partes hay aún obreros trabajando. Aún así, la gente, en casi todos los lugares, los esperan. 

Todavía no ha ido el nuevo Gobernador de Córdoba Edwin Besaile a entregar el colegio que construyó su antecesor con plata de las regalías, pero los niños de la vereda El Almendro, en Planeta Rica, ya lo inauguraron. La rectora dio la orden. Y los más de 200 niños de ésta y otras veredas cercanas entraron a usar las nuevas instalaciones de un colegio que por fuera es suntuoso: salones de ladrillo gris y paredes amarillas, una cancha de futbol de cemento, lamparitas que iluminan el camino de ladrillo hacia la cafetería, el laboratorio, la sala de computadores y la granja pedagógica. Casi todos con ventiladores para atacar el calor que no baja de los 35 a pleno medio día. Un cascarón.

El colegio Alberto Alzate Patiño no tiene agua, ni luz, ni pupitres, ni tableros, ni computadores, ni materiales científicos. O sí tiene, pero los destartalados que los niños tuvieron que llevarse al hombro de la vieja institución de la que huyeron por el calor. Algunos, con menos suerte, tienen que sentarse en el piso, bajo los ventiladores que no prenden. La pintura amarilla de las paredes se está desprendiendo y se quedó en promesa las 12 nuevas aulas, de las que en realidad solo construyeron ocho. El estanque con el que los niños aprenderían a criar peces es un pozo de tierra a medio llenar con el agua lluvia. No hay peces, obvio. Tampoco llegaron los marranos ni las gallinas.  

“Es puro nombre y fachada”, dice una mujer de la junta de acción comunal de Los Almendros que guarda las llaves del colegio como un tesoro en su casa, aunque la reja también quedó a medio cerrar. “Nos dijeron que iban a venir a tumbar las columnas de la cancha, donde se suponía que iba el techo. No lo permitimos. Preferimos que se quede así”, dice el hombre que la acompaña, mientras señala los cimientos que exhiben las varillas despelucadas en la parte más alta.

El Alberto Alzate es uno –el más grande y el más caro– de cuatro colegios, en igual número de municipios, que la Gobernación contrató en un proyecto que se financió con 10.631 millones de pesos de recursos de las regalías.

Es, además, el número 20 entre los 30 proyectos más costosos de los 468 que se aprobaron (por más de un billón de pesos) en los cinco últimos años en que ha estado vigente la reforma. Y uno de los 12 proyectos, de los 16 que corresponden a infraestructura física, que están inconclusos.

Aunque esos son la mayoría, hay cinco proyectos que sí se terminaron, aunque no por eso están libres de problemas. La central de abastos de Montelíbano, al sur del departamento, un municipio acostumbrado a recibir regalías porque es vecino a la mina de Cerromatoso, es un ejemplo de ello.

A las nueve de la mañana de un día laboral, el nuevo mercado está vacío. Lo peor es que también es así los fines de semana. Los pocos vendedores que se quedaron con un local, sentados en sillas rimax esperan, sin muchas expectativas, un comprador desprevenido. La obra es un elefante blanco que costó más 10 500 millones de pesos.

“Es que Montelíbano es muy pequeño para tener dos mercados”, dice una vendedora que le invirtió un millón de pesos a comprar productos para vender en diciembre, cuando inauguraron la obra, pero que se pudrieron porque nunca llegaron los compradores. Ella, acompañada por otras cuatro personas, dice que en parte, la comida también se pudrió porque en lugar de la vitrina refrigerada que les prometieron, les entregaron una mesa de metal. “La gente va a la de siempre, que está en el centro, y que también acaban de remodelar”.

Aunque no lo dijo, quizá porque no lo sabía, la remodelación de la central de abastos de siempre, también se pagó con recursos de las regalías.

La nueva central de abastos de Montelíbano llama la atención además por otro aspecto: como también ocurrió con el proyecto del Alberto Alzate, la licitación pública con el que se adjudicó tuvo un solo oferente. Una condición que tuvieron otros cuatro contratos de los 16 de obras y que preocupa, porque sin más que una propuesta, quien contrata queda sometido a escoger sin tener con quién comparar si lo que le están ofreciendo lo hará el contratista más idóneo y que le pueda ofrecer mejor calidad en relación al precio. 

Aunque la reforma a las regalías buscó crear un sistema colegiado (los Ocad) para tomar decisiones de manera técnica y transparente sobre cómo gastar los recursos y un sistema de control y vigilancia preventivo para acabar con la corrupción, esos controles se quedaron cortos.

El sistema diseñó un modelo basado en el buen gobierno: los proyectos se presentan y una semana antes de citar al Ocad, pasan a una mesa técnica que evalúa varios criterios: si el proyecto es viable, si puede ser priorizado –por el impacto social que genera-, si tiene una aprobación técnica y si el responsable de la obra – que suele ser el departamento o el municipio que lo presentó–  tiene capacidad idónea para ejecutarlo.

En la mesa técnica del Ocad departamental de Córdoba está el Ministerio del Transporte –porque muchos de los proyectos que se presentan son para mejorar o construir vías- y el Departamento Nacional de Planeación. También hay una revisión por parte del Ministerio de Hacienda, que hace una especie de “checklist” en la que mira si el proyecto es técnicamente viable y por supuesto, si hay recursos para ejecutarlo.

De ser así, el proyecto pasa a la sesión del Ocad, donde tienen asiento un representante del Gobierno nacional, uno departamento y uno municipal y allí se vota por mayoría si el proyecto es aprobado o no. Sin embargo, como contó La Silla, en muchos casos, el triángulo del buen gobierno se convirtió en el triángulo de la politiquería con los contratistas en uno de sus ejes y parte de los recursos han sido invertidos en proyectos con más impacto político local que social.

La segunda parte del sistema, que se encarga del seguimiento y control, también tiene varios vacíos.

Después de ser aprobados, los proyectos quedan en manos de las entidades territoriales que los ejecutan y son quienes los adjudican al contratista que realmente los hacen. El monitoreo queda reducido principalmente a lo que esas entidades ejecutoras reportan –en términos de avance físico de los proyectos y porcentaje de financiación- al DNP que maneja el mapa de regalías en todo el país.

Aunque ese sistema se está trabajando para hacerlo más robusto, todavía falta mucho para que haya transparencia y una evaluación centralizada de los proyectos. Pero por ahora, no hay cómo saber si el proyecto que se aprobó en el Ocad se está implementando de manera fiel a como se formuló, y la única forma de saber quién lo ejecuta realmente es yendo a la gobernación ejecutora, pidiendo todos los documentos del contrato y haciendo trabajo de campo.

La Silla lo comprobó: encontramos reportes que están bastante desactualizados e incompletos. Por ejemplo, el de la vía de 3.2 kilómetros que contrató Puerto Libertador, en el sur de Córdoba para conectar la cabecera municipal con la vía que conduce a la mina de Cerromatoso, aparece con un cero por ciento en ejecución. Sin embargo, sí se construyó. Aunque en realidad es un parche de pavimento en medio de los 13 kilómetros de una vía destapada y maltrecha, el alcalde saliente la inauguró antes de terminar su mandato, a finales de diciembre. En cambio, otros proyectos que registran el 100 por ciento en ejecución todavía están a medias como el nuevo estadio que se construye en Planeta Rica y al que todavía le falta terminar toda la parte externa de los parqueaderos que con las lluvias se llenaron de barro.

En otros proyectos, la contratación no siguió los parámetros de transparencia.

Otros líos en contratación

Además de los casos en los que solo hubo un oferente, La Silla encontró en dos contratos y cinco convenios de ciencia y tecnología problemas graves a la hora de contratar y seleccionar a los contratistas que ejecutan los proyectos.

“Cuando nosotros nombramos gobernadores y alcaldes, esos tipos tienen muy bonitas ideas pero no tienen ni idea cómo ejecutar, no tienen ni idea cómo contratar. No saben. Entonces ellos aprenden en los primeros dos años de gobierno y los últimos ejecutan un montón de plata. Eso es incapacidad institucional”, le dijo a La Silla un funcionario del Gobierno que pidió no ser citado pero que conoce cómo se mueven por dentro las cosas. 

Esa incapacidad institucional hizo que por ejemplo, en dos de los contratos, la construcción del acueducto San Jorge y la de la Universidad de Córdoba en Sahagún, se demorara su ejecución porque el proceso de adjudicación quedó suspendido después de que entes de control e incluso ciudadanos interpusieron denuncias por la falta de transparencia en la selección de los contratistas. En ambos procesos, sólo hasta comienzos de este año, se puso la primera piedra y las obras tienen un avance de menos del 10 por ciento.

Pero los problemas más graves están en los convenios que firmó la gobernación anterior por ciencia y tecnología de los cuales tres de los cinco más costosos (y que revisamos) quedaron suspendidos desde la semana pasada por orden del nuevo gobernador.

Se trata de convenios que, a través de la investigación, buscaban mejorar la productividad en el agro: el primero, por 51 mil millones de pesos, buscaba analizar los impactos de un corredor agroecológico en la cuenca del río Sinú; el segundo, por 17.300 millones de pesos para implementar la cría de carneros -o cabras- para mejorar la competitividad del departamento tras los efectos del TLC; y el tercero, por más de 13 mil millones de pesos para investigar los recursos hídricos del departamento y desarrollar la pesca sostenible.

Además de que los tres fueron entregados a dedo con la modalidad de convenios especiales y están ejecutados en menos del 36 por ciento aunque ya se entregaron recursos para hacerlos por más que ese porcentaje, estos convenios tienen en común que los que se quedaron con ellos están vinculados a la investigación por el crimen de Jairo Alberto Zapa, el ex director de regalías de Córdoba que fue asesinado a mediados del 2014 por asuntos de su trabajo, según la Fiscalía.

El contratista Jesús Henao Sarmiento, vinculado como presunto autor intelectual del crimen, aparece como el representante legal de la organización Corporación Áreas Naturales Protegidas que se ganó el primer convenio.

También aparece vinculado como director científico de Ceni Agroecológicos, la empresa que quedó encargada de elaborar los términos de referencia para elegir a los beneficiarios de unas becas que se entregarán dentro de esos tres convenios de ciencua y tecnología para hacer las investigaciones que buscaban los proyectos.

Por ahora, la gobernación sólo ha decidido suspender estos tres aunque están revisando con lupa los otros siete convenios de ciencia y tecnología que firmó el ex gobernador Lyons para ver si la plata que se ha girado se está gastando en lo que toca.

Faltará ver entonces qué decisiones se toman con esos convenios y si el nuevo gobernador logra sacar adelante los otros proyectos que están todavía a medias.

Lo que sí quedó claro después de nuestro viaje a las entrañas de los proyectos de las regalías en Córdoba es que el departamento tiene una baja ejecución de los recursos que recibe por esta vía como lo aseguró en febrero, el Departamento Nacional de Planeación. Y que por eso, la plata de las regalías en este departamento, que salió premiado después de la reforma que impulsó Santos, está todavía en obra gris.

Este año se cumplen cuatro años de la reforma a la ley de regalías y esta es la tercera historia del especial sobre regalías que La Silla Vacía ha preparado con financiación de NGRI.