La plata que Bogotá no le cobró a la Misión Carismática

Un pleito que llevaba 10 años entre la Alcaldía local de Puente Aranda y la Misión Carismática Internacional (MCI) quedó resuelto a finales del año pasado y por decisión del Distrito a favor de esa iglesia cristiana, una de las más grandes y poderosas del país que hoy tiene de senadora por Cambio Radical a su pastora Claudia Rodríguez de Castellanos y participación en el gabinete del alcalde Enrique Peñalosa.

Detrás del caso, que durante ese tiempo pasó por debajo del radar de los medios y La Silla Cachaca conoció hace un mes, hay una historia que combina la negligencia del Distrito con tecnicismos jurídicos que impidieron que la MCI pagara cerca de 2.800 millones de pesos en multas porque su auditorio, que también ha sido usado para que los políticos a los que apoya hagan campaña, incumplía con la norma para celebrar sus cultos.

El pleito

La historia comenzó en marzo de 2008 (Samuel Moreno era Alcalde de Bogotá) con una queja anónima puesta en la Alcaldía de Puente Aranda porque la MCI estaba haciendo una construcción en la fachada del auditorio donde celebran sus cultos sin que la licencia que tenía se los permitiera.

A finales de ese año la Alcaldía local concluyó que, efectivamente, era una construcción ilegal. Todo se resumía en que el uso del suelo permitido en ese predio era industrial (ahí funcionaba antes una bodega), y por eso no se permitía un uso de culto, que es el que daría vía libre para que la iglesia hiciera sus celebraciones.

La diferencia no es menor porque el uso de culto la obligaba, por ejemplo, a tener un manejo específico del espacio público que rodea la iglesia, del tráfico y del sonido, teniendo en cuenta que a ese auditorio le caben unas 7 mil personas.

En septiembre de 2009 la sanción quedó en firme luego de que la MCI apeló, y consistía en una multa de 92,3 millones de pesos.

Desde ese momento se estableció que la iglesia incumplía la norma para hacer allí sus celebraciones. Por eso, aunque la MCI pagó la multa, tenía dos meses para “adecuarse a las normas urbanísticas”, que significaba que para seguir haciendo cultos debía tramitar el cambio de uso del suelo.

Eso no pasó. La solución que encontraron fue vincularse a un plan de renovación urbana que incluía el predio del auditorio y otros donde la MCI tiene oficinas en el sector. Ese plan se conoce como Triángulo de Bavaria, pero para entonces apenas se estaban haciendo sus estudios.

Por eso en 2011, todavía durante la administración de Samuel Moreno, la Alcaldía de Puente Aranda volvió a sancionar a la MCI, con un ingrediente adicional: ordenó multarla con 92,3 millones de pesos cada tres meses mientras siguiera incumpliendo. La iglesia volvió a apelar pero la decisión quedó en firme en diciembre de ese año.

Sin embargo, sólo pagó lo equivalente a un trimestre, a pesar de que seguía incumpliendo.

La abogada Martha Castañeda, del equipo jurídico de la MCI, le dijo a La Silla Cachaca que no siguieron pagando porque el Distrito (a través de una unidad de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda) tenía la obligación legal de cobrarles cada que se cumpliera el plazo de tres meses, y nunca lo hizo.

Entre 2012 y 2015 el Alcalde de Puente Aranda fue César Moreno (nombrado por Gustavo Petro), que nos dijo que no recuerda el proceso, pero que en todo caso el cobro le correspondía a Hacienda.

Así, mientras la MCI aún incumplía con la norma para hacer sus celebraciones y el predio de su auditorio formalmente seguía siendo para uso industrial, por allí pasaron en campaña Juan Manuel Santos para la Presidencia en 2010 (cuando era el candidato de Álvaro Uribe), el mismo Uribe en 2011 para hacer su primer consejo comunitario como expresidente, y Enrique Peñalosa para hacer campaña a la Alcaldía ese año (cuando se alió con Uribe).

La cuenta de cobro

Cuando Peñalosa llegó a la Alcaldía en 2016 nombró como Alcaldesa de Puente Aranda a Alejandra Castillo, que en julio de ese año desempolvó el proceso contra la MCI y decidió cobrarle “ante la falta de legalización del uso del suelo”, dice la resolución que firmó.

Mandó cobrar, inicialmente, lo equivalente a las multas acumuladas durante un año, que eran 369,2 millones de pesos.

La iglesia, sin embargo, no pagó, argumentando, de nuevo, negligencia de la Alcaldía local.

La razón esta vez fue que, a pesar de que la resolución en la que la Alcaldesa Castillo le cobró era de julio de 2016, apenas la notificó en enero de 2017. Es decir: formalmente la iglesia conoció en ese momento la decisión de cobrarle.

Castillo también nos dijo que no recordaba los detalles del proceso, pero el caso es que esa demora terminó favoreciendo a la iglesia de dos maneras.

Por un lado porque para enero de 2017, cuando llegó la notificación del cobro, ya la Secretaría de Planeación le había legalizado a la MCI el uso del suelo para hacer cultos.

Lo había hecho en octubre de 2016 con la firma del Plan Triángulo de Bavaria, el proyecto de renovación urbana al que se había vinculado la MCI, y en el que empezó a trabajar en forma desde que Petro era Alcalde, no sólo para contribuir con la transformación de la zona, sino para que el uso de culto quedara ahí incluido, como finalmente ocurrió.

Es decir: incluido el uso para cultos en ese Plan, la MCI ya no tenía la obligación de pagar porque formalmente ya estaba cumpliendo.

El segundo argumento que tuvo la iglesia para librarse de las multas fue que, en cualquier caso, ya la Alcaldía local no le podía cobrar.

Esto debido a que entre diciembre de 2011 (cuando les ordenaron pagar una multa cada tres meses) y enero de 2017 (cuando finalmente la Alcaldía local les notificó el cobro) pasaron más de cinco años, y la ley dice que si en ese tiempo no les cobraron, la sanción ya no se podía hacer efectiva.

En los cinco años que el Distrito les hubiera podido cobrar, las multas hubieran sido por unos 2.800 millones de pesos.

Esos argumentos los expuso la MCI en una carta que le envió a la Alcaldesa Castillo para pedirle que tumbara el cobro que les estaba haciendo, pero ella no les respondió y mantuvo la sanción en firme. Las abogadas de la Iglesia le dijeron a La Silla Cachaca que luego rastrearon la carta y la encontraron en archivos de la Alcaldía sin que le hubieran dado ningún trámite. “Estaba engavetada”, aseguraron.

Con la alcaldesa Castillo, finalmente, la sanción siguió en firme hasta que Peñalosa la sacó del cargo en la purga de alcaldes locales que hizo en mayo de 2017.

Su reemplazo fue Martín Cadena, un funcionario de la Secretaría de Gobierno que llegó como alcalde encargado y tampoco tocó el proceso, por lo que la sanción siguió en pie. Él le dijo a La Silla Cachaca que tampoco recuerda el caso.

Todo siguió así hasta que él también salió del cargo en diciembre de 2018.

La salvación

En 2018 llegó como alcaldesa encargada de Puente Aranda Cornelia Nisperuza, otra funcionaria de la Secretaría de Gobierno.

Para entonces, la MCI había decidido cambiar su estrategia y no seguir reclamándole a la Alcaldía local para que tumbara las multas, sino directamente a la Secretaría de Gobierno, entonces en cabeza de Miguel Uribe Turbay y que es la que maneja las alcaldías locales.

“Nos tocó ir al superior”, nos dijeron las abogadas de la iglesia.

Una fuente de la Alcaldía de Puente Aranda que conoció el proceso le dijo a La Silla Cachaca que eso no le pareció normal, y menos que, a su juicio, en la Secretaría (donde las reuniones fueron con la Directora Jurídica, Adriana Jiménez) comenzaron a comprar la teoría de la MCI de que el Distrito se vería expuesto a una demanda si la Alcaldía local insistía en cobrar a pesar de que, a juicio de la iglesia, ya no podía.

A la fuente también le llamó la atención el contexto político, teniendo en cuenta que la MCI tiene participación en el gabinete de Peñalosa con la exconcejal Clara Lucía Sandoval, que es Directora del Instituto de Protección Animal. Aunque eso es cierto, La Silla no logró establecer ninguna conexión entre ella y el manejo del caso.

La alcaldesa Nisperuza nos dijo que sí es normal que casos como este se lleven a la Secretaría de Gobierno en la medida en que, a su juicio, el Distrito estaba corriendo un riesgo al cobrar a destiempo las multas.

Ella, finalmente, firmó el 21 de septiembre de 2018 una resolución acogiendo los argumentos de la iglesia, revocando el cobro de los 369 millones de pesos que había hecho su antecesora y archivando el caso.

Nisperuza le dio a La Silla Cachaca las mismas razones que la MCI: que desconoce por qué en el momento de encontrar culpable a la iglesia no fueron cobradas las multas; y que cobrar después de pasados cinco años sin hacerlo no se podía, y menos con el Plan Triángulo de Bavaria en firme y autorizando el uso del suelo para cultos de gran magnitud como los de la MCI.

La iglesia, con la ejecución del Plan de renovación, deberá hacer todas las adecuaciones necesarias en los próximos años, con la tranquilidad de que ya la ampara el Plan de renovación. Podrá seguir invitando a políticos sin cargar el lastre de las multas, como ya lo hizo este año de campaña con el exsecretario de Gobierno Miguel Uribe. Y sobre todo: podrá seguir haciendo sus cultos tranquilamente.