La preclusión es “un paso positivo” para Uribe en lo jurídico y un salto en lo político

La preclusión a favor de Álvaro Uribe es por ahora -como él mismo lo dijo- “un paso positivo” para el expresidente en lo jurídico pues la última palabra sobre su inocencia en este caso de manipulación de testigos la tendrán los jueces (ver historia).  Pero en lo político, más allá de lo que suceda en los próximos meses con su caso, representa un salto no solo para él sino también para el Centro Democrático con miras al 2022.

Como dice el analista Camilo Granada, con la preclusión “ninguno de los opositores de Uribe va a decir que es inocente, así como los defensores de Uribe no iban a cambiar su posición si se le acusaba”. 

Una señal de eso es que la percepción de Uribe en la Invamer Poll se ha mantenido incólume durante todo el tiempo que lleva el proceso abierto en su contra, a excepción de un brote de solidaridad cuando lo capturaron.

Sin embargo, es posible que en aquellos que no tienen una posición clara sobre si es inocente o culpable la preclusión sí siembre dudas a favor del expresidente. Y es precisamente esa franja a la que eventualmente necesitará convencer Uribe para que su candidato gane en 2022.

Punto a favor de la narrativa uribista

Cuando arrancó el proceso, el antiuribismo le apostó a la narrativa de ‘Álvaro Uribe es un delincuente’, reforzada con el documental “El Matarife”, la foto del expresidente con su número de reo, filtraciones de grabaciones incriminatorias y declaraciones de sus rivales políticos, entre otras. Con la preclusión, ese discurso puede perder tracción entre quienes no rechazan de plano a Uribe.

La decisión del fiscal Gabriel Jaimes, en cambio, nutre la narrativa que moviliza a la base electoral del uribismo: la idea de que son perseguidos políticamente y no solo el expresidente, sino el grupo que lo rodea. 

“Se alimenta el discurso de Uribe”, dice el analista Carlos Súarez. “Cuando lo metieron preso, vino un tsunami político al interior del Centro Democrático, ahora va a ser la reivindicación del uribismo”. 

El discurso de víctimas se hizo evidente apenas se anunció la decisión con el hashtag en twitter #SeCaeElMontaje y en las reacciones que seis senadores del Centro Democrático le dieron a La Silla sobre la decisión.

“La persecusión política queda clara y evidente y que hay un grupo que quería socavar la institucionalidad y atacar la honra del Presidente para el 2022”, dijo el senador Gabriel Velasco.

“Finalmente se demuestra el nivel de polarización que ha sido incesante contra un presidente que nos devolvió la patria y nos devolvió la esperanza -agregó la senadora María Fernanda Cabal-. No podemos seguir permitiendo que se maquille la verdad y que la justicia se convierta en un garrote político.” 

Cabal, como otros políticos de su partido que entrevistamos, conectó la decisión a favor de Uribe con el caso de Óscar Iván Zuluaga: “No hablando específicamente de la audiencia de Uribe, sino de Bernardo Elías, quedó claro que la Presidencia se la robaron a Oscar Iván Zuluaga; esta es la segunda oportunidad que tiene, así como Pastrana cuando Samper le robó la Presidencia con dinero de los Rodríguez Orejuela y cuando después vino el proceso 8.000”, dijo.

Pasando por alto que Odebrecht también pagó el asesor brasilero de Zuluaga en esas elecciones, ella y otros uribistas han comenzado a mover su nombre como posible candidato del Centro Democrático para el 2022.  

Lo hacen impulsados por las recientes declaraciones del exsenador santista ‘el Ñoño’ Elías, quien durante la imputación del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, reiteró que la plata de Odebrecht circuló ilegalmente en la campaña reeleccionista de Santos.

La narrativa de ‘la persecución política por parte de una justicia manipulada por la izquierda’ le sirve eventualmente a Uribe para múltiples propósitos: convencer a ciudadanos del centro del espectro político de que apoyen a su candidato en segunda vuelta; impulsar la candidatura de Zuluaga, cuyo proceso judicial por el hacker fue archivado hace tres años; transferir hacia su hijo Tomás, como cabeza de lista del Centro Democrático al Senado, el deseo que puedan sentir sus seguidores de compensar la ‘injusticia de la que fue víctima su padre’; deslegitimar, como ya lo ha hecho, los resultados de la JEP en el caso de los falsos positivos durante su gobierno.

El verdadero impacto: lo que no sucedió

Pero el verdadero impacto político de la preclusión se ve más claro cuando se imagina lo que habría sucedido si el fiscal Jaimes lo hubiera acusado de torcer testigos.  En ese escenario, un Uribe sub judice habría perdido la posibilidad de construir alrededor suyo una campaña competitiva de la centroderecha para el 2022. El verdadero efecto político de la decisión es lo que no sucedió.

“Le da a Uribe libertad de movimiento. Puede incluso volver a encabezar el Senado o ser fórmula vicepresidencial”, dijo a La Silla el uribista Sergio Araújo, uno de los líderes regionales del Centro Democrático.

Es muy improbable que Uribe se vuelva a lanzar al Senado después de haber renunciado a su investidura para evadir ser juzgado por la Corte Suprema y lo de ser fórmula vicepresidencial no pasa de ser por ahora una fantasía de algunos miembros del Centro Democrático; pero la decisión de la Fiscalía sí le permite seguir siendo protagonista del debate electoral.

Porque incluso si la jueza no avala la solicitud de preclusión, el dictamen final de su caso tardará meses o años en llegar. Mientras tanto, la decisión de la Fiscalía le da tiempo y el beneficio de la duda suficiente para tender los puentes que necesita para armar alrededor suyo la candidatura de la derecha.

Como sucede en otras partes del mundo como Francia o incluso Estados Unidos, en Colombia se está dando una judicialización penal de la política. Y la secuencia de decisiones que se vienen alrededor del caso de Uribe permite anticipar que la justicia estará en el centro de la campaña del 2022. Y que, una vez más, el expresidente será eje de la contienda.