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Congresistas del Valle reclaman al Gobierno por asumir costos para garantizar operación de energía en el Caribe, dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El pulso se definirá ahora que el proyecto aterrizó en plenarias.
La puja costeño valluna por Electricaribe
Como el país político vio la semana pasada, el Plan Nacional de Desarrollo PND del Gobierno de Iván Duque se salvó de hundirse en el Congreso por falta de quórum porque un senador costeño (Luis Eduardo ‘Lucho’ Díaz Granados, del clan Char de Barranquilla) apareció a última hora para votar y completó la asistencia.
Ese Senador, de Cambio Radical, explicó después que, pese a haber votado negativamente casi todo el PND, al final le hizo el milagrito al Gobierno porque en el proyecto está incluido un capítulo que podría solucionar uno de los problemas transversales más grandes hoy en su región: el del servicio de energía que presta el operador Electricaribe, y esa solución habría desaparecido del Plan si el Gobierno lo hubiese tenido que sacar por decreto.
Ayer domingo, el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, publicó una columna asegurando que ese apoyo de Díaz Granados se debió a vueltas burocráticas entre el Gobierno y los Char, aunque por ahora en La Silla sólo hemos podido confirmar que, a fines del año pasado, a los Char les mantuvieron el ICBF del Atlántico.
Más allá de eso, el factor Electricaribe fue el que salvó el Plan de Desarrollo de Duque.
Ahora que la iniciativa llega a las plenarias de Cámara y Senado, ese tema volverá a ser protagonista, pues alrededor de él hay una puja regional entre la bancada Caribe que lo impulsa y los congresistas del Valle que se oponen.
La razón de los vallunos: ellos también tienen un operador de energía emproblemado y reclaman que el Gobierno no sólo no solucione esa crisis, sino que además ponga a la Nación a asumir los costos para garantizar el servicio a los costeños.
Antes de Electricaribe, la energía en esa región era operada por ocho electrificadoras estatales que se fueron a pique tras décadas de malos manejos.
En medio de la necesidad de mejorar el servicio, Electricaribe nace en 1998 teniendo como dueños al consorcio privado Houston Industries y Electricidad de Caracas con el 65 por ciento de las acciones. El 35 por ciento restante, en ese momento, seguía en manos de las ocho electrificadoras locales.
Luego, en 2000, la española Unión Fenosa adquirió las acciones del consorcio y amplió su participación al 85 por ciento.
Desde entonces, la energía en la región Caribe no funciona como una concesión sino como una actividad manejada por una empresa privada sin que medie contrato alguno.
La transacción entre el Estado y los españoles consistió en una compra y venta de activos. La firma ibérica adquirió la infraestructura y el negocio, es decir, la distribución y comercialización de la energía.
Con el tiempo, los números de la empresa se comenzaron a poner en rojo, se dejaron de hacer las inversiones necesarias en las redes locales y el servicio empezó a prestarse deficientemente.
Desde 2016, el Gobierno intervino Electricaribe, cuyos dueños en respuesta demandaron al Estado colombiano exigiendo una millonaria indemnización por supuestos perjuicios.
La empresa está endeudada con los bancos, con las generadoras de energía, tiene un pasivo pensional de 1,2 billones de pesos y, en esas condiciones, no ha podido ser vendida a otro operador que se comprometa a prestar un buen servicio, como es la idea del Gobierno.
El plan para salvar la operación de energía en el Caribe
El Gobierno colombiano lleva años tratando de solucionar este chicharrón que afecta más o menos a dos millones de usuarios (10 millones de beneficiarios en total) de siete departamentos del Caribe, y por el que también reclaman con insistencia y públicamente la bancada y varios mandatarios de la región.
El tema de Electricaribe es, de hecho, uno de los que más une a políticos, gremios y sectores de la sociedad civil en esta zona.
El Gobierno de Santos II tuvo un plan llamado Plan 5 Caribe que consistía en inversiones por 4 billones de pesos a cargo del Estado y del operador privado, sobre cinco ejes centrales. Pero eso fracasó porque éstas no se hicieron finalmente.
La solución que propone ahora el Gobierno Duque nació en parte de la cosecha del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en declaraciones de febrero pasado adelantó que “todo el país debe hacer una vaca” para garantizar la continuidad del servicio.
Una fuente de ese Ministerio nos detalló que fue Carrasquilla quien se ideó el plan de poner una sobretasa para conseguir recursos para Electricaribe y, así, volverla atractiva para los eventuales compradores, que en últimas es la intención del Gobierno.
Inicialmente, el plan de salvamento iba a ser radicado como un proyecto de ley aparte del Plan Nacional de Desarrollo, pero varios de la bancada Caribe (entre ellos la uribista María del Rosario Guerra y los conservadores Efraín ‘Fincho’ Cepeda y David Barguil) convencieron al Gobierno de incluirlo en el PND.
Así quedó al final en nueve artículos (del 283 al 291) que, en resumen, establecen:
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que el Estado asuma la deuda pensional de 1,2 billones de pesos y consiga más plata para meterle a las redes de la empresa, para que ésta valga más.
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ampliar el límite de mercado para que empresas grandes, como el Grupo Enel de Italia y EPM (que han sonado como interesados), puedan comprar; y
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que se ponga un régimen tarifario especial para Electricaribe como eventual fuente adicional de recursos.
El detalle de cómo se buscará la plata
La sobretasa que se crea, como ya lo contamos, será de 4 pesos por kilovatio hora consumido y la pagarán 1,6 millones de hogares de estratos 4, 5 y 6 y 1,6 millones de empresas (industriales y de comercio) en todo el país.
Eso, en el caso de los hogares, aumentaría en promedio la factura mensual de energía en mil pesos y le permitiría al Gobierno recoger 350.000 millones de pesos, según las últimas cifras del Departamento Nacional de Planeación.
En otra medida que ha sonado menos, se aumenta la tarifa que pagan las empresas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos (que es la entidad que administra a Electricaribe desde 2016, cuando el Gobierno la intervino) para que ésta inyecte en las empresas que interviene, al 1 por ciento hasta 2022.
Y se autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir créditos y garantías al Fondo Empresarial de la Súper.
Asimismo, el Plan autoriza a los municipios y departamentos a usar plata de regalías para invertir en infraestructura eléctrica y también obliga a las entidades estatales que le deben a Electricaribe a pagar sus deudas, pues si no lo hacen sus representantes legales o los funcionarios responsables podrían ser sancionados y destituidos.
El pasivo pensional que asumirá la Nación de 1,2 billones de pesos corresponde a la tercera parte de las deudas que tiene Electricaribe.
Quedaría pendiente definir cómo se pagarán otros 1,8 billones de pesos que se le deben a los bancos (principalmente al Grupo Aval y a Bancolombia), 390.000 millones de pesos adeudados a las generadoras que le vendieron energía a ese operador y 250.000 millones de pesos para otros acreedores.
(Respecto al punto de los recursos, ya el Gobierno había comprometido vía conpes 750.000 millones de pesos para renovar redes y había anunciado en noviembre del año pasado su idea de segmentar el mercado para que se abra la posibilidad de que entren a comprar y operar varias compañías y no una sola).
El detalle del límite del mercado
Respecto a esto, que no es nuevo y de hecho fue una propuesta de campaña de Duque, la Creg ha dicho que es una idea riesgosa porque como en Colombia hay empresas que generan y distribuyen energía, (es decir que se venden a sí mismas parte de lo que producen) si hay mucha concentración una sola empresa ésta podría determinar los precios del mercado.
La ampliación del tope de mercado beneficiaría específicamente a los italianos de Enel, que fue la única empresa que presentó oferta por Electricaribe en el primer proceso de venta que fracasó el año pasado, y que a través de Codensa tiene el 25 por ciento de la distribución del país; y a EPM, aunque esta empresa por el lío en la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango ha dicho que por ahora no está interesada.
El detalle del régimen tarifario especial
Este tema usualmente lo maneja la Creg pero en un artículo del PND se abre la puerta para que lo haga directamente el Gobierno Nacional.
Aunque congresistas como Fincho Cepeda han dicho que lo que se pretende es congelar el precio de la energía en el Caribe, lo que dice el artículo 289 es que la variación de la tarifa debe ese operador en la Costa ser “por lo menos igual” a la del promedio nacional.
Como la tarifa de Electricaribe es menor al promedio nacional (según los reportes de la Superservicios, entre el último trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2018 la tarifa en las 28 empresas comercializadoras más grandes aumentó 10,4 por ciento y en Electricaribe aumentó 8,8 por ciento), eso indica que si se obliga a que la variación sea “al menos igual” a la del promedio nacional, la tarifa en el Caribe tendría que subir.
Una fuente del Ministerio de Hacienda nos confirmó extraoficialmente que en efecto la idea del artículo es que los costeños paguen más vía tarifa, como otra fuente de recursos para la empresa.
Tanto la forma como el contenido de este proyecto tiene a la bancada valluna peleando contra el Gobierno.
La pelea regional
La molestia con el plan para salvar Electricaribe de la bancada valluna -que tiene 28 congresistas de distintos partidos y, como no es usual, trabajó unida para presentar 200 propuestas en este Plan de Desarrollo- está centrada en uno de los dolores de cabeza hoy para su departamento: Emcali.
Se trata de una empresa estatal de servicios públicos (685 mil suscriptores en todo el Valle y parte del Cauca en servicios de luz y agua, incluidos 365 mil con telefonía fija, internet y televisión), que lleva 30 años en crisis económica, 13 de los cuales estuvo intervenida por el Gobierno.
Dentro de su extendida crisis, Emcali aún le debe a la Nación 1,2 billones de pesos que en su momento el Gobierno Nacional prestó para saldar una deuda que la empresa tenía con dos bancos internacionales.
La situación hoy es tal que, la semana pasada, el alcalde de Cali Maurice Armitage amenazó a los sindicatos con volver a intervenirla.
Los congresistas vallunos reclaman lo que consideran es un trato inequitativo del Gobierno Duque, frente al que le darán a los costeños, y también que la sobretasa para Electricaribe en su concepto impactará a la industria valluna en miles de millones de pesos.
(Supimos que este impacto también preocupa a empresas del sector eléctrico en el resto del país. Seis gremios del sector le enviaron una carta al Presidente para decirle que no están de acuerdo con que se cambien las reglas de juego del sector vía PND).
Los vallunos, además, se enteraron sobre la marcha de la ayudita para el Caribe.
Lo hicieron vía los integrantes del Valle en las comisiones económicas de Senado y Cámara (ocho en total de los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Verde, Polo, Cambio Radical y Colombia Justa), quienes conocieron el capítulo para el operador el lunes de la semana en la que se votó el PND.
Inmediatamente, el senador de Cambio Radical de Valle, Carlos Abraham Jiménez, y el ponente valluno del uribismo, Christian Garcés, empezaron el reclamo en el que también se han oído fuerte las voces de la representante verde, Catalina Ortíz, y el senador John Milton Rodríguez de Colombia Justa.
Entre sus argumentos incluyen que Cali es una de las zonas del país que más paga por energía, según un estudio de la Superintendencia de Servicios, mientras que el Caribe tiene tarifas más bajas.
Impulsado además porque actualmente la factura de energía en Valle para estratos altos (el 70 por ciento residente en Cali) tiene ya una sobretasa que financia proyectos de seguridad del departamento.
“A los caleños nunca se nos ocurrió que para solucionar nuestras deudas se aumenten los costos a todos los colombianos y tenemos la energía más costosa de todo el país y el aumento de las tarifas hace menos competitiva a la región”, nos dijo el representante Garcés.
Por su parte, el cristiano Rodríguez agregó: “Nosotros estamos hablando de un Pacto por Colombia en el Plan, pues hombre tengamos equidad con el Valle”.
Para contrarrestar el tema, los vallunos alcanzaron a hacer propuestas para el PND, como que el Gobierno también pida facultades para meterle plata a Emcali, pero estas no fueron aceptadas (ni lo serán por impacto fiscal, como nos lo confirmó una alta fuente del Ministerio de Hacienda).
A la puja regional casi se suman los antioqueños (que este año pujaron con el Caribe en el Congreso por la Ley de Regiones, como lo contamos), pues algunos llegaron a pensar que la ampliación del tope del mercado para operar la energía podría ir en contra de la paisa EPM.
Liderados por el antioqueño de La U Germán Hoyos, los paisas casi se niegan a votar el plan para Electricaribe, pero al final desistieron.
Los vallunos entonces buscaron apoyo de los representantes caucanos John Jairo Cárdenas y Carlos Bonilla de La U y el Partido Liberal, respectivamente.
En un agitado debate, en el que incluso hubo un cruce de gritos entre el representante Garcés y el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, los del Valle también perdieron la batalla de pedir que ese bloque del plan de salvamento se votara aparte.
Al final en contra del bloque de propuestas votaron los representantes vallunos Catalina Ortíz, Gustavo Padilla, Fabio Arroyave y Christian Garcés; los caucanos Carlos Bonilla y John Jairo Cárdenas; la liberal santandereana Nubia López y los senadores vallunos Wilson Arias (Polo), Carlos Abraham Jiménez y John Milton Rodríguez.
Según Ortiz, no les ayudó que la bancada de oposición se hubiese retirado de la votación para romper el quórum, ya que ahí hubiesen tenido unos respaldos adicionales.
En respuesta, varios congresistas costeños recordaron que es normal que en ocasiones los gobiernos nacionales hagan inversiones puntuales para regiones específicas, de la plata que es de la Nación, es decir, de todos los colombianos.
“Están pensando que Electricaribe es una empresa cualquiera, es la empresa que presta servicio a siete departamentos en donde están los tres puertos más importantes de Colombia y atiende a cerca de 12 millones de habitantes”, le dijo a La Silla la uribista María del Rosario Guerra.
Este pulso promete un nuevo capítulo porque hoy la bancada del Valle planea reunirse para concretar unas propuestas que le hará al Gobierno sobre Emcali, de cara a la discusión del PND en plenarias.
Están contemplando pedir al Gobierno que condone la deuda de la empresa pública, que le haga un plan especial o que el pago de la tarifa nacional tenga más carga para los departamentos del Caribe.
Si el Gobierno se niega a todo o a parte de esto (como probablemente se niegue a lo que le implique asumir más gastos), es posible que la pelea se caliente.
