La reelección: un traje hecho a la medida del Auditor General

Apenas tres meses y 16 días después de haberse posesionado, el auditor general de la República, encargado de controlar a los 63 contralores del país -incluyendo a Sandra Morelli-, ya estaba patinando en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que permitiría su reelección en un mes, cuando se acaba su periodo de dos años.

El 21 de septiembre de 2011 fue radicada en la Cámara la iniciativa que se aprobó sin mayores problemas ocho meses después y es de autoría de 13 representantes (el Auditor no tiene iniciativa parlamentaria), lo cual demuestra un gran apoyo en el Legislativo. Tres de los congresistas que participaron en esa discusión le dijeron a La Silla por separado que por esos días vieron al funcionario en el Congreso, impulsando la aprobación de la norma que lo beneficia directamente.

Esta semana esa ley, que autoriza la reelección por una sola vez del Auditor General, está en el orden del día de la Corte Constitucional que deberá revisarla. Si el paso se surte con éxito para él, el santandereano Jaime Ardila Barrera podrá aspirar a ser reelegido por el Consejo de Estado de terna que elabora la Corte Suprema.

No es poco lo que está en juego: en un cargo que tiene más poder que alto perfil, si se queda Ardila no sólo tendría la facultad de tomar decisiones en los procesos a las gestiones de excontralores como Miguel Ángel Moralesrussi y Julio César Turbay, por ejemplo. También se quedaría con el poder de manejar un presupuesto de poco más de 20 mil millones de pesos con la posibilidad de comprar sede propia el año entrante. La Auditoría hoy funciona en el mismo edificio de la Contraloría General. El año pasado Ardila pidió al Ministerio de Hacienda más presupuesto para ampliar su nómina. El Ministerio se lo aprobó.

 

El poder santandereano

Su nombre es poco conocido por la opinión pública, pero Jaime Ardila es un abogado de origen liberal nacido en San Gil (Santander) que quiso ser magistrado y terminó de Auditor General con el apoyo de sus coterráneos Alejandro Ordóñez y Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como ya lo ha contado La Silla.

Ardila tiene familiares políticos en su departamento y, según el portal Kien&Ke, movió a algunos políticos liberales santandereanos amigos para que le hicieran lobby en el Consejo de Estado.

Un fuente que trabajó en un alto cargo en la Auditoría General le dijo a La Silla que Ruth Marina Díaz no sólo había apoyado la elección de Ardila sino que era una suerte de “madrina política” para él.

Madrina o apoyo, la magistrada Díaz tendría que estar liderando por estos días la convocatoria para la terna de Auditor debido a que en menos de un mes se le acaba el periodo al actual y la Corte Constitucional no ha revisado la ley que se aprobó.

Sin embargo, consultamos en el alto tribunal y nos dijeron que ese proceso aún no ha empezado, aunque aclararon que podría demorarse unos 20 días, es decir que habría tiempo. Si la Corte aprueba la ley pronto, Díaz podrá empujar la candidatura de Ardila.

Por otro lado, el procurador Ordóñez pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la norma que autoriza la reelección del Auditor, un gesto que podría leerse como un espaldarazo a Jaime Ardila.

El traje de esta reelección está hecho a la medida del actual Auditor incluso desde que 13 representantes se unieron para suscribir el proyecto de ley estatutaria cuyo primer beneficiado sería Jaime Ardila. Uno de ellos, el conservador Constantino Rodríguez, le dijo a La Silla que firmó la iniciativa porque le pidieron el acompañamiento y “aquí se reelige a todo el mundo”, pero agregó que no se acordaba quién le pidió el acompañamiento para el proyecto.

Germán Varón, de Cambio Radical, fue uno de los ponentes y lo votó positivamente, pero le dijo a La Silla que lo había hecho obedeciendo la ley de bancada, pues en realidad él no está de acuerdo con ninguna reelección: “Siempre he dicho que la reelección no es conveniente en ningún caso”. Varón añadió que incluso habló con algunos colegas de la Comisión Primera para no apoyar la iniciativa pero ésta era ya un hecho.

¿Por qué tuvo tan buen recibo la reelección del Auditor? Varón dice que ésta era “una pelea de honor” imposible de perder debido a que en casi todos los organismos de control hay reelección, incluyendo en la Procuraduría General.

Y eso es cierto, pero además tendría sentido que si los contralores duran cuatro años el funcionario que los vigila también dure en su cargo cuatro años y no dos como ocurre ahora.

Podría haber otra razón para esta aprobación que La Silla no pudo confirmar, pero que nos la contaron dos congresistas y un exfuncionario de la Auditoría General: que el Auditor Jaime Ardila habría aprovechado la ampliación de la nómina de la entidad para negociar puestos con los legisladores que le aprobaron la posibilidad de reelección.

En la Auditoría nos dijeron que Ardila el año pasado sí pasó de tener siete a tener 10 gerencias regionales (con unos siete empleados cada una) y también que sí pidió aumento en el presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, pero que eso en ningún caso fue para negociar puestos sino para tener un mayor cubrimiento de sus auditorías en todo el país.

De hecho, dicen en la Auditoría que la ampliación de su periodo hace parte de la propuesta que el Auditor presentó al ser ternado, pues para él no tiene sentido que su periodo dure la mitad de lo que dura el periodo de sus auditados.

Esa ampliación (no reelección) del periodo del Auditor efectivamente fue presentada en la reforma a la justicia que se hundió recientemente, en un artículo que quedó enterrado el 16 de diciembre de 2011 cuando se estaba haciendo la conciliación del proyecto en primera vuelta. La Silla no pudo precisar quién fue el autor de dicha proposición.

Las voces que apoyaron mayoritariamente el proyecto de la reelección de Auditor en el Congreso tienen una disidente: la del conservador Telésforo Pedraza, quien se opuso a este proyecto desde el comienzo por considerar que es inconstitucional e incluso le mandó un oficio a la Corte Constitucional para que lo declarara inexequible.

“Si este proyecto es avalado por la Corte sería un nido de corrupción esa realidad porque el periodo del Auditor está fijado por la Constitución que no dice que puede haber reelección. En ese caso, habría que cambiar la Carta Política y no crear una ley estatutaria”, dijo Pedraza.