La restitución amenazada y contada por sus reclamantes

Los reclamantes de tierras se están desplazando de nuevo

Una de las paradojas de la Ley de Víctimas es que, con la visibilidad que ganan los líderes y sus procesos de reparación y restitución, también han subido las amenazas contra ellos y sus organizaciones.

Y se trata de un problema verdaderamente nacional: según Human Rights Watch, al menos 500 reclamantes de tierras en 25 departamentos han denunciado amenazas desde enero de 2012.

Con las solicitudes de restitución no sólo están aumentando las amenazas, sino también los nuevos desplazamientos de quienes están reclamando de vuelta sus tierras.

“Apenas inician el proceso, comienzan a ser acusados, perseguidos y vigilados. Muchas familias de Montes de María y el alto Magdalena están optando por fraccionarse, con el jefe de familia normalmente quedándose para quedar al frente de tema y el resto yéndose por seguridad. Y en Atlántico estamos viendo llegar muchas de esas familias”, cuenta Bernardo Cuero, el representante del Atlántico en la Mesa Nacional de Víctimas y líder de una organización de desplazados en Malambo.

Córdoba, donde la restitución está arrancando con fincas emblemáticas de los hermanos Castaño como Santa Paula y Las Tangas, ha sido una de las regiones más golpeadas por las amenazas y por los asesinatos de líderes.

En solo este año han sido asesinados Éver Cordero y Ermes Enrique Vidal, ambos líderes de tierras en la zona de Valencia.

“La familia de Éver tuvo que salirse [de la vereda] de Fabra porque ya estaban viendo amenazas contra todos. Se fueron todos, unos veinte, días después de que lo mataran y están hoy viviendo uno encima del otro lejos de su casa. El papá de Ever se ha enfermado a raíz de la muerte de él y estaba hospitalizado. Y todo no es por más nada que por las tierras”, cuenta Rosa Amelia Hernández, la líder de tierras en Córdoba alrededor de quien La Silla lanzó el Proyecto Rosa y que trabajó con Cordero en varios casos de restitución.

Hay medidas de protección, pero no soluciones de fondo

Una de las mayores críticas de las víctimas y de Human Rights Watch es que las medidas de protección, como chalecos antibalas y escoltas, sólo son paliativas y no alcanzan a cobijar a todos los reclamantes que las necesitan.

Y es que aunque la Unidad de Protección que dirige Andrés Villamizar suele ser el centro de la mayoría de las quejas de las víctimas en el tema de amenazas, en realidad detrás se esconde una frustración aún mayor con la Fiscalía porque las investigaciones sobre éstas no avanzan.

“¿Será que con otorgar medidas de protección se resuelve el problema? La Unidad trata por lo menos de implementar unas medidas adecuadas al riesgo, pero el problema sólo se soluciona cuando se dé con el paradero del autor de las amenazas y se le judicialice. Y eso no está sucediendo”, dice Jesús Mario Corrales, que lidera la organización de víctimas Funhumana en el norte del Valle.

“La gente está pidiendo a gritos resultados. Es una necesidad sentidísima de las víctimas, que sienten que si no sucede es por la inoperancia de la Fiscalía”, dice Carmen Palencia, cuya asociación -Tierra y Vida- agrupa a 9 mil reclamantes y tiene 15 capítulos en todo el país, desde los Montes de María hasta el Valle.

“Vamos 71 muertos reclamantes desde 2006 y hay una sola persona juzgada, por el asesinato de David de Jesús Góez. Ni siquiera es el autor material, mucho menos el intelectual, sino apenas un gancho. Esos están tranquilitos”, añade Palencia. “Hay dos que vamos a tener que sacar del país, porque las garantías no son suficientes y el nivel de riesgo no ha bajado”.

“Estamos en un punto crítico, porque se toman medidas para proteger a líderes pero no se ven esfuerzos del Estado contra quienes fomentan, financian y patrocinan a los grupos antirrestitución. Tienen que desarticularlos”, dice Gerardo Vega, que también forma parte de Tierra y Vida.

“La Unidad de Contexto de la Fiscalía ni siquiera tiene priorizado -hasta donde yo sé- el tema de tierras ni la restitución. Sigue siendo un punto anexo en las otras violaciones de derechos humanos en el país”, dice.

Amenazas por tierras no son tomadas en serio e incluso son atribuidas a víctimas

Muchos reclamantes de tierras sienten que las autoridades no suelen creerles cuando denuncian amenazas y les restan gravedad, y ponen en duda que haya un vínculo entre los mensajes intimidantes que reciben y sus procesos de reclamación de tierras.

“Todo lo ponen en duda, hasta que no tiene uno, dos o tres testigos. Pero uno ve que en Santa Paula, por ejemplo, los seis reclamantes que han dicho que no van a regresar son precisamente los que tienen amenazas”, dice Rosa Amelia Hernández.

Según los líderes de tierras, ni siquiera la repetición de las amenazas resulta una garantía para que las autoridades les crean.

A lo que más le temen es a la hipótesis de las autoamenazas, una respuesta que todos los líderes de víctimas coincidieron es común.

“El 12 de octubre pasado me mandaron por primera vez un mensaje de texto amenazante. Desde ese día me han llegado 32 mensajes de ese mismo teléfono y hoy todavía no tienen a la primera persona judicializada. Me dijeron que era una autoamenaza para que me dieran un carro y un esquema de seguridad”, dice Luis Alfredo Vásquez, que lidera el capítulo de Tierra y Vida en los Montes de María.

“Tienen el atrevimiento de prejuzgar que son autoamenazas, en vez de ponerse a mirar qué es lo que está sucediendo”, dice Jesús Mario Corrales, que acaba de estar en el encuentro sobre la paz que organizó la Corte Constitucional en Medellín y que se reunirá de nuevo esta semana con los magistrados de la Corte para discutir el tema de las víctimas.

Las bacrim, reyes de las amenazas contra reclamantes

Aunque la identidad de los amenazantes muchas veces es desconocida, la mayoría de los reclamantes se las atribuye a los paras.

Human Rights Watch documentó, con cifras de la Unidad de Restitución, que al menos 86 personas en 15 departamentos atribuyen sus amenazas a las 'bacrim' o los paras desmovilizados. En segundo lugar aparecen las Farc.

“Anteayer mismo nos llegó otro pasquín de Los Rastrojos. La cosa está cambiando de color y ahora que vienen las elecciones estoy muy preocupado”, dice Jesús Mario Corrales. Y en estos últimos días también le han enviado amenazas verbales a los líderes en La Unión, Ulloa y Obando (Valle), además de Cartago. 

Como otros líderes de tierras, Corrales insiste en que “los paras simplemente se cambiaron de razón social” y que siguen siendo los principales autores de las amenazas en buena parte del país.

Pero sus estrategias no se limitan solamente a enviar razones o hacer llamadas amenazantes.

“No veo que sean hombres con armas, sino que son más bien personas que se articulan con los paras y que llegan al Urabá, a la Sierra Nevada, a Curvaradó y Jiguamiandó, donde dividen y enfrentan a la comunidad, hacen campaña de desprestigio contra las organizaciones de víctimas y ponen en duda su legitimidad, las judicializan por injuria”, dice Gerardo Vega, quien dirige la Fundación Forjando Futuros que trabaja con Carmen Palencia y que también ganó el Premio Nacional de Paz el año pasado. “Se repiten los patrones de comportamiento del despojo para evitar que se haga la restitución”.