La suerte de las víctimas del Iguano

Foto tomada de www.fiscalía.gov.co

La condena del ex jefe paramilitar ‘El Iguano’ es considerada uno de los mayores éxitos de Justicia y Paz. Sin embargo, sus víctimas, que han obtenido a su favor no sólo el fallo de este Tribunal sino también la apelación del mismo ante la Corte Suprema, sienten que la justicia los ha traicionado porque el Estado aún no les da la reparación que les había prometido.

En 2010, Iván Laverde Zapata, ex jefe del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo que operó en Norte de Santander, fue condenado a 40 años de cárcel por 170 homicidios en 25 masacres ocurridas entre 1999 y 2004, incluidos los asesinatos de cuatro funcionarios públicos del departamento entre los que estaban un ex alcalde de Cúcuta, un defensor del Pueblo y un candidato a la Gobernación de Santander.

‘El Iguano’ fue uno de los hombres a quien Carlos Castaño le encargó la toma de Norte de Santander, proceso en el que se calcula que hubo alrededor de cinco mil víctimas, muchas de las cuales fueron calcinadas en hornos crematorios que los paramilitares usaron para evitar que las autoridades hallaran fosas comunes.

'El Iguano' es el tercer jefe paramilitar condenado por Justicia y Paz. Él fue uno de los hombres a quien Carlos Castaño designó para para que el Bloque Catatumbo se tomara Norte de Santander. Ahora, sus víctimas están reclamando una reparación que aún no les llega.

Después de un largo proceso, ‘El Iguano’ se acogió a la ley de Justicia y Paz, de la cual fue el tercer jefe paramilitar condenado. Su pena de 40 años fue sustituida por una de ocho, y sus víctimas finalmente obtuvieron algo de justicia.

Sin embargo, por cuenta del choque entre la Ley de Víctimas que entró en vigencia este año —y que les terminó cambiando algunas reglas de juego a las víctimas— y la ley de Justicia y Paz, mediante la cual venían llevando su proceso, la reparación sigue enredada y tiene a las víctimas enfrentadas al Gobierno.

Al igual que en el caso de Mampuján, el Tribunal falló en equidad. Es decir, determinó una reparación económica de un máximo de 240 millones para cada familia, con una media de 40 millones para cada víctima sobreviviente, cuatro millones para cada hermano de víctima, 17 millones a los desplazados y 30 a los que estuvieron secuestrados.

Pero esta vez las víctimas de ‘El Iguano’ consideraron que a todos no se les podía pagar lo mismo y que el Gobierno debía tomar a cada víctima según su caso individual, calculando la reparación a partir de su educación, del trabajo que tenían y de su rol dentro de la familia.

Con ayuda de la Fiscalía y la Procuraduría, las víctimas apelaron el fallo de Justicia y Paz, y luego de más de un año de espera que les retrasó la reparación, la Corte Suprema finalmente les dio la razón hace menos de un mes.

El problema es que, según el Gobierno, los bienes incautados a los paramilitares, que es de donde debería salir el dinero para la reparación, no son suficientes, menos para cubrir los montos que falló la Corte.  Por eso el Gobierno insiste en que la reparación se debe hacer no a partir de lo fallado en Justicia y Paz sino a través de la nueva Ley de Víctimas.

Como lo contó La Silla Vacía en el caso de Mampuján, esto significa que la reparación se haría por vía administrativa, es decir, no mediante la venta de los bienes de los paramilitares sino directamente de la Unidad de Víctimas. Así, el proceso tomaría menos tiempo y las víctimas obtendrían más rápidamente la reparación, pero el monto sería mucho menor, pues el tope en la Ley de Víctimas es de 17 salarios mínimos por cabeza.

Por ahora la reparación —mediante cualquier vía— está estancada porque no hay claridad sobre cómo proceder cuando la Corte ordena una reparación que en la práctica el Gobierno dice no poder pagar. Y así como las víctimas se agarran del fallo de la Corte, el Gobierno tiene de su lado un concepto de mayo de 2012 del Consejo de Estado que ha generado un enorme rechazo por parte de las víctimas, quienes dicen que en vez de proponer un punto medio entre ambas posiciones, les están negando todos sus reclamos.

“Si Justicia y Paz no sirve para las víctimas, tampoco debería servir para los paramilitares”, le dijo a La Silla Porfirio Vélez, vocero de la Asociación de Familias Unidas por el Conflicto Armado de Norte de Santander (Asfucans) y hermano del asesinado candidato a la Gobernación, Tirso Vélez.

Uno de los principales argumentos de las víctimas para rechazar que se les repare vía Ley de Víctimas es que no les parece justo que Justicia y Paz no les dé lo que se había pactado mientras que a los paramilitares sí. “Justicia y Paz sí les está cumpliendo a ellos con las penas reducidas, pero a nosotros en cambio no nos da nuestra reparación”, le dijo Vélez a La Silla.

Además, las víctimas aseguran que el último concepto del Consejo de Estado sobre cómo debe proceder el Fondo de Reparación de Víctimas complicó la situación.

El Consejo estableció que la reparación debe provenir de los bienes de los paramilitares y no del presupuesto de la Nación debido a que el Estado no es responsable de las masacres; que ninguna sentencia puede imponer obligaciones que excedan la capacidad del Estado; y que los bienes entregados por un bloque determinado deben destinarse únicamente a la reparación de las víctimas de ese bloque y no de otro.

Por su parte, como lo contó La Silla Vacía, la Unidad de Víctimas ha dicho que no hay bienes suficientes para cubrir las reparaciones, y que muchos de los inmuebles incautados a paramilitares ni siquiera se han logrado subastar porque no hay personas interesadas en comprarlos. “Los bienes no son atractivos para la ciudadanía en general y por ello no se presentan postores o se presentan ofertas por precios muy bajos. Y no es posible venderlos por un precio inferior al avalúo comercial”, le dijo a La Silla un funcionario de la Dirección de Reparación de la Unidad.

Pero ahora este concepto del Consejo de Estado delimita aún más el tema de la financiación, pues excluye el presupuesto de la Nación así como los bienes de paramilitares de otros bloques.

Las víctimas consideran peligroso que su reparación dependa de la afluencia de sus victimarios, y que haya víctimas con más acceso a la reparación que otras según la riqueza del jefe paramilitar que ordenó las masacres en su contra.

En la Unidad de Víctimas le dijeron a La Silla que aún están verificando cuáles son los bienes que hay, y que en caso de que definitivamente no sean suficientes para cubrir lo que ordena la Corte, el Gobierno podría entrar a subsidiar la reparación pero sólo hasta ciertos topes.

Las víctimas tampoco están de acuerdo con que se excluya al Estado de toda responsabilidad, pues la Fiscalía comprobó que ‘El Iguano’ logró permear instituciones como la misma Fiscalía, el DAS, la Policía, el Ejército y el Inpec.

En noviembre de 2000, por ejemplo, logró escaparse de la cárcel con ayuda de funcionarios del Inpec y de la Fiscalía, y ya hay funcionarios públicos condenados por sus vínculos con las AUC. Es el caso de Ana María Flórez y Magali Moreno, funcionarias de la Fiscalía condenadas a 11 años de prisión, además de políticos regionales como el ex senador Ricardo Elcure Chacón y el ex alcalde Ramiro Suárez, condenados por nexos con el Bloque Catatumbo.

“Creemos que el Estado debe meterse la mano al bolsillo para repararnos, y también deben hacerlo las multinacionales como Drummond y las bananeras, que fueron cómplices de los paramilitares y que por cada exportación que hacían les pagaban un porcentaje”, le dijo a La Silla el vocero Porfirio Vélez.

Si el Gobierno finalmente les paga vía Ley de Víctimas, los últimos siete años de proceso judicial que las víctimas han tenido que sobrellevar en Justicia y Paz terminarían siendo inútiles. “¿De qué sirvieron entonces todas las audiencias y toda la plata que nuestras familias han sacado de donde no tienen para ir a estas audiencias?”, le dijo Vélez a La Silla.

Y añadió: “Hay gente que ha tenido que sacrificar hasta el desayuno por cubrir los gastos de transporte. A veces tres o cuatro días de la semana se iban sólo en audiencias, y por ir a los tribunales no podíamos quedarnos trabajando. Fueron siete años sacrificando nuestro tiempo y nuestro ingreso”.

Por ahora, la reparación de las víctimas en Norte de Santander seguirá en el limbo hasta que el Gobierno les aclare cuál es el rumbo exacto que se tomará luego de que el fallo de la Corte pusiera aún más en evidencia que ambas partes están muy lejos de llegar a una concertación. Mientras ésta no se alcance, el caso de ‘El Iguano’ dejará de ser un ejemplo exitoso de Justicia y Paz.