El Presidente de la Cámara insiste en que la reforma política favorece al rival de Vargas Lleras, Sergio Fajardo. De todos modos, el Fast Track está varado por Lara, la falta de quórum y de gobernabilidad de Santos.
La teoría de la conspiración de Rodrigo Lara
En la madrugada de hoy en el trámite de la reforma política, en la Cámara hubo trifulca: los congresistas liberales, del Polo y los Verdes, exigieron la renuncia al cargo de presidente de la corporación a Rodrigo Lara, de Cambio Radical, a quien el Gobierno lleva acusando meses de torpedear el trámite del proyecto.
Lara no renunciará a su cargo y seguramente tampoco cambiará su forma de conducir el trámite de esta ley fundamental del Fast-track por una sencilla razón: no cree en la reforma política porque considera que beneficiará a los rivales de su jefe político Germán Vargas Lleras.
La teoría
Desde antes de que el partido del candidato Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, se saliera del Gobierno, Lara dijo en carta al ministro del Interior Guillermo Rivera, que la reforma política estaba hecha a la medida del antecesor del Ministro y hoy precandidato liberal Juan Fernando Cristo.
Su teoría es que la reforma fue hecha para beneficiar a Cristo porque el exministro quiere ser “la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo”, según ha dicho públicamente, y lo logrará con los artículos de la Reforma Política que dan personería jurídica a los movimientos ciudadanos que demuestren tener 70 mil afiliados.
Así, según Lara, el liberalismo al mando de Cristo le daría a Fajardo lo que quiere (personería jurídica para Compromiso Ciudadano) y en agradecimiento, el ex Gobernador de Antioquia le ofrecería al Exministro la fórmula vicepresidencial.
Esa teoría ha sido rechazada tanto por el Gobierno como por el mismo Cristo, que ha dicho que esa reforma es “chiquitica”.
De hecho Rivera la calificó de “locura” en entrevista con La W.
Si bien la reforma sí le daría la posibilidad al movimiento de Fajardo de tener personería jurídica, esa norma también beneficiaría a otros movimientos como Marcha Patriótica o Progresistas del candidato Gustavo Petro (otro de los rivales de Vargas).
Además, la misma reforma dice que los movimientos políticos tendrían que medirse en las urnas para mantener la personería y acceder a otros beneficios que ya tienen los partidos políticos, como financiación y pauta estatal.
En lo de la posible unión con el liberalismo, la coalición de Fajardo con Claudia López y Jorge Robledo ha dejado claro que no quiere un partido tradicional, como el rojo. Y de todos modos, los acercamientos de Fajardo no han sido con Cristo, sino con el rival de Cristo en la consulta liberal Humberto de la Calle, como contamos.
Ni siquiera dentro de Cambio Radical, el partido de Lara, creen que la reforma le convenga a Cristo, según nos contó un senador de esa colectividad.
Pero que la teoría no tenga sustento fáctico no impide que Lara como presidente de la Cámara tenga el sartén por el mango para enredar el trámite de la reforma.
El súperpoder
Tener la presidencia de Cámara o Senado le da al congresista el poder de manejar la plenaria a conveniencia.
Tanto Lara en Cámara como el conservador santista Efraín Cepeda en Senado son los que convocan a las plenarias. Y según el ministro del Interior, Lara ha usado ese poder para torpedear el trámite de la reforma política.
“Puede llamar lunes, jueves y viernes y solo lo hace los martes y miércoles. No deja que la reforma pase”, dijo el Ministro, con tono derrotista el miércoles de la semana pasada, cuando se acababa el plazo para que la reforma pudiera salir a tiempo para que rigiera en las elecciones de 2018.
Rivera también acusó a Lara de llamar a la Plenaria en momentos en que la discusión de la norma estaba en debate en la Comisión, lo que interrumpió varias veces el trámite de la reforma y demoró su llegada a plenarias.
En respuesta a esa crítica cuando la reforma estaba en Comisión, Lara dijo que el orden del día de la plenaria era demasiado extenso porque había muchos proyectos y que “no iba a sesionar cuando el Gobierno le dijera”.
En favor de Lara también está el argumento de que dada la falta de gobernabilidad de Santos en este momento y el poco entusiasmo que genera el Acuerdo de Paz, al gobierno no le están ‘caminando’ ni los mismos congresistas de su coalición.
En las últimas cinco citaciones de plenaria de la Cámara para votar la reforma, cuatro duraron solo tres horas porque no hubo congresistas para votar, y la de la semana pasada duró siete horas, pero porque se estaba votando el Presupuesto Nacional. Cuando se retomó la reforma, el quórum se desintegró.
En la tarea de conformar el quórum y que los proyectos pasen están a cargo el ministro Rivera, el secretario general Alfonso Prada y el director de asuntos políticos de la Presidencia, Juan Manuel Valdés.
Aunque los tres fueron representantes a la Cámara, conocen el manejo del Congreso y han trabajado en equipo, la urgencia que pone el vencimiento del Fast Track en un mes, la impopularidad de la paz, los miedos de políticos con la reforma política y con la JEP, han hecho que del Congreso no salga un solo proyecto de paz en cinco meses. Ni siquiera el de innovación agropecuaria, que tampoco salió hoy.
(En ocasiones, como hoy en el Senado, varios ministros van a la Plenaria para mantener el quórum. Esta vez estuvieron fueron a Senado los de Hacienda, Educación, Cultura y Defensa. Sin embargo, ni con ellos presionando hubo quórum para arrancar la votación de la reglamentación de la JEP).
Aún así, dentro del Gobierno, el comportamiento de Lara ha sido visto como una traición.
Una alta fuente de Palacio, que conoce el tema desde adentro, nos dijo que el congresista les había garantizado que no sería un problema para la agenda de la paz cuando se estaban negociando los acuerdos para la presidencia de la Cámara.
Otro alto funcionario de Palacio nos dijo que, pese a esa garantía, no les convencía del todo que Lara llegar a la Presidencia de la Cámara.
“Escuchamos a congresistas con dudas de que Lara fuera Presidente. Palacio no le dio el guiño”, nos dijo esa fuente.
Pero Lara sí consiguió el apoyo de los congresistas compromisarios de los acuerdos de la coalición del Congreso para turnarse la Presidencia. Y antes de comenzar la última legislatura, el propio Rivera calificó a Lara como “un aliado de la paz”.
Hasta ahora no lo ha sido.