La tributaria no es el único golpe que van a recibir los azucareros

En menos de 15 días el gobierno de Juan Manuel Santos tomó dos decisiones que afectan particularmente a los azucareros, uno de los súper poderosos del campo ?
y que tienen su principal base de operaciones en el Valle del Cauca. Aunque ninguna de las decisiones está en firme, ambas tienen al gremio con los pelos de punta y molestos con el Gobierno, así todavía no hayan dado muestra pública de ello.

El primero, que se ha discutido en todos los medios, es el impuesto a las bebidas azucaradas que trae la reforma tributaria que radicó en el Congreso la semana pasada el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

El segundo, en cambio, ha pasado debajo del radar, pero afectaría en otro lucrativo frente de negocio: la producción de biocombustibles que, el año pasado, solo en el caso del etanol a base de caña de azúcar, tuvo una producción y ventas récord en el país, según Asocaña.

Gaseosa amarga

Como contó La Silla Vacía, la reforma crea un impuesto de 300 pesos a la venta de cada litro de bebidas azucaradas como gaseosas, maltas, bebidas energizantes, jugos con azúcar añadido, aguas endulzadas, otras bebidas saborizadas (como los tés helados, si incluyen azúcar o edulcorantes) y los polvos y concentrados para hacerlas directamente.

Aunque las críticas más fuertes han llegado de Fenalco, en representación de los tenderos que las venden, y de la Andi, en representación de las productoras de gaseosas, quienes quizás pueden terminar más golpeados son los azucareros porque son los únicos que no pueden ajustar su negocio a la realidad del nuevo impuesto, si finalmente sale en el Congreso.

Eso se debe a que la reforma excluye del impuesto las bebidas con edulcorantes (endulzantes) sin aporte calórico. Y por ese camino, los productores como Postobón y Coca Cola pueden enfocarse en producir y promocionar sus productos con cero calorías. De hecho, ya lo están haciendo.

Postobón, por ejemplo, sacó el año pasado siete nuevos productos con bajo o cero calorías y su presidente, Miguel Escobar, dijo en una entrevista que el 30 por ciento de sus ventas corresponden a estos productos. Algo similar está haciendo Pepsico a nivel mundial, que en Colombia es distribuida por Postobón, con su estrategia que anunció el año pasado de volver el 40 por ciento de su producción de bajo contenido de azúcar y calorías en 2025.  

Por esa misma vía, los tenderos pueden reemplazar ventas de gaseosas por otros productos.

Pero ese cambio se haría a expensas de comprar azúcar, por lo que para los azucareros el golpe es muy fuerte: el 30 por ciento del azúcar que venden se usa en bebidas azucaradas, según explicó en una columna de Portafolio Andrés Espinosa Fenwarth, presidente de la consultora Inver10 que entre sus clientes tiene a Asocaña y al ingenio Riopaila.

El de las bebidas azucaradas es un negocio millonario que en el 2014, según la Andi, sumó 12.6 billones de pesos en producción el país. Y es que cada colombiano en promedio gasta unos 178 mil pesos al año en comprar gasosas.

Aunque el impuesto a las bebidas azucaradas no necesariamente baja su consumo, como lo han mostrado experiencias en otros países, los azucareros temen que al volverse más costosas muchos consumidores opten por productos menos caros y menos azucarados.

Según un estudio de la firma EConcept (la consultora presidida por Mauricio Santa María) contratado por la Andi, un aumento del 1 por ciento en el costo de las gaseosas, la bebida azucarada que más se consume en el país, llevaría a que las ventas cayeran en un 0,39 por ciento. Y el impuesto de 300 pesos por litro equivale a un aumento de más o menos un 18,75 por ciento en el precio.

Este artículo de la reforma tributaria promete ser uno de los más álgidos en el corto trámite en el Congreso. Aparentemente por la posibilidad de que cambie o incluso desaparezca, una alta fuente del sector le dijo a La Silla que por ahora no se va a pronunciar sobre el tema. Y otras dos fuentes dijeron que están a la espera de cuál será el efecto final sobre la industria del azúcar.

Pero este impuesto no es la peor noticia que ha recibido el gremio.

El otro golpe

El pasado 3 de octubre, cuando la mitad del país estaba en plena plebitusa, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, publicó un documento que plantea una nueva fórmula para calcular el precio de los biocombustibles.

Desde 2006, cuando el gobierno Uribe creó una política que obliga a mezclar la gasolina y similares con biocombustibles a base de caña o de palma, se definió que Ecopetrol compra esos biocombustibles a un precio que fija el Estado, y por la obligación legal de hacer la mezcla no tiene alternativa diferente a comprarlos.

Aunque por ahora sólo hay un documento de estudio, la Creg (que es una unidad administrativa especial que preside el Ministro de Minas) puso sobre la mesa una propuesta para modificar la fórmula para que ésta deje de depender de cuánto cuesta producir el biocombustible en Colombia (lo que aseguraba una utilidad a los azucareros y palmeros) a una que dependa de cuánto costaría conseguir ese biocombustible de otra manera, lo que pone en riesgo la producción nacional pero podría ayudar a bajar el precio de la gasolina.

Para armar la fórmula actual, que existe desde 2006, participaron los productores y el Gobierno, teniendo en cuenta que era un negocio nuevo y requería una altísima inversión para poner al país a producir biocombustibles. Por lo tanto, las condiciones eran muy buenas para los que quisieran entrar.

En ese momento se definió que el precio iba a depender de cuatro variables. Primero, tenía como piso lo que le cuesta a un productor hacer etanol, por lo que no hay forma de que tengan pérdidas. Y un techo, que es el valor máximo que se puede pagar y que es igual al precio que paga un bogotano por un galón de gasolina corriente.

En medio de estos se calculan el costo de oportunidad del azúcar, es decir, el valor que la caña tendría si se usara para hacer azúcar refinada en vez de etanol (si ese precio era mayor), lo que aseguraba que sí usaran la caña para hacer biocombustibles. Y el ‘costo del fósil equivalente’, es decir, el precio del combustible fósil tradicional (como la gasolina corriente). El precio de los biocombustibles es el mínimo entre el valor techo y el valor máximo entre el piso, el costo de oportunidad y el fósil equivalente.

La nueva fórmula propone que sólo se tengan en cuenta dos variables: el costo de los combustibles sin mezclar con etanol y el promedio del precio del etanol importado de Estados Unidos y Brasil, los dos países que lideran el mercado del etanol en el mundo. El precio de referencia de los biocombustibles correspondería al mínimo de los dos.

Lo que hay detrás es un cambio de concepción del negocio que ya no busca incentivar a que los privados se arriesguen a invertir en un negocio rentable que deja 77 mil millones de pesos mensuales según la revista Dinero. Sino que privilegie el bolsillo del consumidor que todos los días tanquea su carro con gasolina mezclada con biocombustibles, y a la larga de toda la economía que de una u otra manera depende de los precios de los combustibles.

“Lo que pretende (la nueva fórmula) es contribuir al debate de si los usuarios están pagando un precio transparente y de mercado cada vez que tanquean sus vehículos”, le dijo a La Silla un alto funcionario que pidió la reserva de su nombre.

De hecho, el documento dice que dado que la distribución de los combustibles líquidos es un servicio público, la metodología para regular su precio debe “salvaguardar el interés general transmitiendo beneficios al usuario final”.

Y es que el documento muestra que en los últimos dos años el precio de los biocombustibles (el etanol o alcohol carburante que se produce a base de caña de azúcar y del biodiesel que se produce a base de aceite de palma) ha sido mucho más alto que el de los combustibles fósiles  (es decir, la gasolina antes de mezclarle ese biocombustible).

“Se observa que la caída del 28 por ciento en el precio de la gasolina corriente en plata de refinación entre octubre del 2014 y junio del 2016 fue divergente en comparación con el ingreso al productor del alcohol carburante que subió 22 por ciento en el mismo período”, dice el documento. Y señala un comportamiento similar para el caso del biodiesel.

Esto, en plata blanca, significa que el ingreso de un productor de etanol por un galón (medido en el valor que tiene cuando sale de la planta y antes de los impuestos) es de 7.698 pesos, el doble que el de un productor de gasolina (3.442 pesos). Y el de biodiesel recibe 2.8 veces más (10.911 pesos) que el que produce diesel sin mezca (3.837 pesos), según las cifras del documento con corte a junio de este año. 

Por eso, para la Creg, “la evolución del mercado desde el 2008 hace necesaria la revisión de la pertinencia de la regulación vigente y la posibilidad de implementar una nueva metodología”.

Cero y van dos

Esta no es la primera vez que alguien ha propuesto cambiar la fórmula del precio de los biocombustibles.

En 2009, el ex codirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz también cuestionó la fórmula y dijo que ésta siempre era un “gana-gana” para los ingenios que producen etanol. Y que hoy son seis, cinco de los cuales están en el Valle del Cauca: Riopaila (de la familia Caicedo), Providencia e Incauca (del Grupo Ardila Lülle), Manuelita (de los Éder), y Mayagüez (de la familia de la senadora del Centro Democrático Susana Correa) .

Los otros son el Ingenio Risaralda, que queda en ese departamento y es también de Ardila Lulle, y dentro de poco se espera la entrada de otro grande en el Meta de propiedad de Ecopetrol a través de su filial BioEnergy.

Esas destilerías producen 450 millones de litros de etanol anuales y, según Asocaña,  han requerido inversiones de 300 millones de dólares en los últimos 10 años. El año pasado, además, tuvieron una cifra récord en producción (456 millones de litros) y en ventas (468 millones litros), lo que muestra que el negocio anda bien.

El sector está andando a tanto vapor que el año pasado Riopaila inauguró la planta más grande del país, con el presidente Santos a bordo, tras una inversión de 74 millones de dólares para sacar aproximadamente 110 millones de litros anuales de etanol.

Aunque hasta ahora los azucareros no han dicho ni una palabra en público de la intención del Gobierno de cambiarles el precio de su producto, en privado las alarmas están encendidas.

Como hace ocho años, argumentan que modificar la fórmula para poner los precios al mismo nivel de lo que cuesta importarlos de Estados Unidos y Brasil los sacaría del negocio.

“No son rentables. Tendrán que volver a exportar la materia prima, el azúcar. La decisión es pérdidas o exportar azúcar”, dijo una de las fuentes que como todas las consultadas para esta historia pidió la reserva de su nombre para no fijar posiciones en público.  Aclara que aunque lee esta medida como "producto de una escuela económica distinta" cree que con ésta, “Colombia no produciría biocombustibles”.

“Todas las plantas de biodiesel y etanol se cerrarán.  Y para Ecopetrol, gravísimo. Ni siquiera puede arrancar su planta de bioetanol en Puerto López, Bioenergy, porque iniciaría con pérdidas notorias. Y su planta de biodiesel en el Magdalena Medio que está operando hace años se quebraría”, agregó la otra fuente.

Según tres personas del sector con las que habló La Silla Pacífico, Brasil y Estados Unidos producen biocombustibles a precios más bajos porque tienen una larga historia de subsidios a los productores, que calculan en 50 mil millones de dólares en los últimos 10 años para el caso de Estados Unidos.

“Esas cifras de subsidios que reciben los productores estadounidenses son aterradoras, cómo podemos competir con eso”, había dicho en una entrevista ?Luis Fernando Londoño, presidente de Asocaña, en abril de este año sobre la posibilidad de que Colombia importara biocombustibles de Estados Unidos.

Argumentan además que si les toca cerrar, se mandaría un mensaje muy negativo a la confianza inversionista que podría leerlo como un cambio de reglas de juego para participar en el negocio. E incluso, dicen que sería peor para el medio ambiente porque el etanol es 74 por ciento más limpio en comparación con otros biocombustibles.

Como la medida afecta por igual a los palmeros que producen biodiesel, ya hay algunos que han puesto el grito en el cielo como Indalecio Dangond, consultor de banca agroindustrial y columnista del Espectador.

Hace unos días, dijo que “con esta irracional medida, prácticamente liquidan la producción nacional de biocombustibles y de paso le dan su certificado de defunción. Y que “claramente, estos burócratas no tienen ni idea de lo difícil y costoso que ha sido desarrollar esta actividad en medio de la guerra y la extorsión”.

En cambio, el silencio cauto de los azucareros contrasta con la pelea que protagonizaron en enero de este año luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio ratificara la multa por 260 mil millones de pesos a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y a 12 ingenios por haber hecho parte de un cartel para impedir la importación de azúcar.

En ese momento, el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño cuestionó la decisión y dijo “no entiendo la actitud del Superintendente, pero creo que se está sacando el clavo con nosotros”, refiriéndose a los vallecaucanos. No es claro por qué se quisiera “sacar el clavo” el Gobierno, pero en algunos círculos caleños hay una idea de que el presidente Santos no los quiere después de un homenaje que le hizo la clase empresarial a Álvaro Uribe recién inaugurado su gobierno.

Por ahora lo único que está en firme es la decisión del Ministerio de Minas de congelar los precios de los biocombustibles, decisión que se tomó el pasado 5 de octubre, dos días después de que se publicara la resolución en la página web de la Creg, como escribió Dangond en su columna y La Silla corroboró con otra fuente del sector. Eso augura que probablemente en los próximos días se tomará una decisión de fondo.

Por eso, seguramente seguirá el pulso entre los azucareros y el gobierno que ya no tienen sólo un golpe del cual reponerse, sino dos.