La Ungass suaviza aterrizaje de acuerdo de drogas con Farc

Hay pocas expectativas de que la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, Ungass, que reúne a partir de hoy a los 53 países Miembros de la Comisión de Estupefacientes, produzca cambios radicales en la lucha contra las drogas. Pero hay dos palabras de la resolución que saldrá que sí son claves para Colombia en lo que tiene que ver con la ejecución de lo acordado en el punto sobre drogas en La Habana: flexibilidad y proporcionalidad.

La primera se refiere a que las convenciones internacionales de drogas pueden interpretarse de manera flexible por parte de cada país “con arreglo a sus prioridades y necesidades” mientras esta interpretación no afecte a los países vecinos.

En el corto plazo, este marco internacional facilita la implementación del punto cuatro de la Habana

Julián Wilches

Y la proporcionalidad, a la posibilidad de que los sistemas penales juzguen de manera diferenciada a los diferentes eslabones de la cadena de producción y distribución de drogas de acuerdo a la gravedad de sus crímenes y el contexto en el que se cometen.

Así, los países pueden imponer penas duras a los jefes de carteles o personas que laven activos y, por el contrario, ser más suaves con los cultivadores de coca, marihuana o amapola o con las ‘mulas’ de montos pequeños.

“En el corto plazo, este marco internacional facilita la implementación del punto cuatro de la Habana”, dijo a La Silla Julian Wilches, una de las personas que más sabe sobre política de drogas en Colombia y bloguer de La Silla. “También se podía hacer antes, pero ahora genera menos ruido”.

El eslabón más débil

En Colombia cerca de 64.600 familias se dedican al cuidado de los cultivos de coca, la recolección de la hoja, la cocción y transporte a pequeña escala de la pasta base e, incluso, la preparación de alimentos y oficios domésticos en lugares de producción de sustancias ilícitas. En total, unas 400 mil personas.

Daniel Rico, experto en políticas de drogas, explica que muchas de las personas que se dedican al cultivo de coca no lo hacen por su rentabilidad sino porque tienen un comprador fijo, es fácil de transportar, la planta resiste las variaciones climáticas y las Farc y el Eln, dependiendo de la zona, se encargan de regular el mercado. Por eso el 73 por ciento de la producción cocalera está concentrada en Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, departamentos en los que tienen presencia los grupos guerrilleros.

Actualmente estos cocaleros, en su mayoría campesinos, afros e indígenas pobres que conforman la principal base social de las Farc, si son capturados pagan una pena de cárcel de entre seis a 12 años, prácticamente lo mismo que los traficantes que sacan la droga del país. Para estos la pena va de 8 a 20 años, salvo que la mercancía no supere los 100 gramos de cocaína en cuyo caso pagan menos que un cultivador, de cuatro a seis años de prisión.

Esta criminalización de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico ha llevado a casos como el de una mujer de 84 años encerrada en la cárcel de mujeres de Popayán porque al momento de una operación antinarcóticos fue hallada en un predio rural con cultivos de coca; otra, una mujer de Almaguer, Cauca, fue condenada a 20 años de cárcel tras ser arrestada mientras viajaba en un bus con sus dos niños y unos kilos de pasta base debajo de la ropa; también está el caso de un hombre de Tibú, Norte de Santander, sentenciado a cuatro años por trabajar de cuidandero en un predio rural en el que había más de 2 mil plantas de coca.

La Ong Indepaz, que recopiló los casos anteriores en un informe sobre este tema, estuvo en las cárceles de Tumaco, Cúcuta y San José del Guaviare, cabeceras municipales de focos productores de droga y contó 2.250 personas presas por cultivar, financiar o conservar cultivos ilícitos, el 26 por ciento de la población carcelaria de estos lugares.

En todo el país, según cifras del Inpec, el 13.6 por ciento de la población reclusa (23.516 personas) está por tráfico, producción o distribución de estupefacientes, el cuarto motivo de encarcelamiento. El Inpec no discrimina cuántos de estos son cultivadores. Dos expertos consultados por La Silla creen que los cocaleros condenados no superan los cien.

Entonces, la resolución que se apruebe en los próximos días en la Ungass, además de aliviar el problema de los que hoy pagan penas desproporcionadas y de paso un poco de hacinamiento carcelario, allanaría el camino para el que se viene una vez se firme el Acuerdo de Paz con las Farc.

El acuerdo de la Habana

En el punto 4 de la Habana se acordó darle un “tratamiento penal diferencial” a los pequeños cocaleros, que a cambio de manifestar, dentro de un plazo de dos años, su intención de abandonar las actividades ilícitas podrían obtener un principio de oportunidad. Es decir, que no se les siga un proceso penal.

Este proyecto va en la misma dirección de la reforma al Código de Procedimiento Penal que presentó desde el año pasado la Fiscalía y que poco ha avanzado en el Congreso, y que, entre otras cosas, facilitaría la aplicación del principio de oportunidad para los delitos por drogas.

Ya sin la disculpa de que estas reformas irían contra las Convenciones internacionales de drogas, la resolución que saldrá del Ungass será el último empujón que necesitan estos proyectos para salir adelante y crear las herramientas necesarias para dejar de criminalizar a los cocaleros que decidan cambiar la coca por un cultivo legal.