La viabilidad de las propuestas para Valle y la región

La bioeconomía es una estrategia de crecimiento económico implementada en países como Brasil y Alemania que busca gestionar de manera eficiente y sostenible la biodiversidad y los residuos biológicos para crear nuevos productos y servicios. Por eso, encaja en la propuesta de Petro de cambiar el modelo económico de uno que depende de los recursos fósiles a uno sostenible. La bioeconomía, según un informe reciente de Planeación Nacional conlleva un proceso de transición desde los sistemas de producción y procesamiento tradicionales a aquellos que permitan el uso óptimo de los recursos renovables y la producción de productos de origen biológico. Ejemplos de ésto son la producción de aceite de piñón en las islas Galápagos para producir energía; biofertilisantes en el Caribe colombiano y los proyectos de producción sostenible de etanol en México Sí puede llegar a ser un sector importante en los ingresos de un país, pero es difícil que se convierta en el “gran jalonador de la economía colombiana” porque tendría que crecer hasta superar a sectores claves y consolidados como como la agricultura, el financiero y la extracción petrolera. Incluso en regiones que le han apostado a este modelo como la Unión Europea, su expectativa es que aporte el 3 por ciento del PIB en 2030, mientras la industria y la construcción que aportan el 28 por ciento. En Colombia se está empezando a estudiar, como explicó un reciente informe de Planeación Nacional , y aunque es posible avanzar en cuatro años, en el mejor escenario sería muy bajo el porcentaje del PIB que pueda aportar al final del cuatrienio . Eso porque para desarrollarla se necesita una política pública que incluya una articulación con ministerios de Ambiente, las TIC, Agricultura, inversión en investigación científica para encontrar nuevos productos, fortalecer universidades, que Petro no ha dicho cómo financiaría.

En la campaña de Duque no nos ahondaron en qué significaría en un eventual gobierno suyo crear el Caeb. Si es arrancar de ceros, la propuesta es inocua, toda vez que la iniciativa lleva un año andando y está proyectada para que culmine en una fase III en 2030. Si lo que quiere decir es que tiene el compromiso para su ejecución, es de todos modos difícil. El proyecto Caeb en el que interviene el Gobierno Nacional, el departamental y cuenta con aliados del sector privado para ubicar a las empresas cerca al principal puerto del Pacífico en una zona de 1.800 hectáreas, ya tiene estudios de prefactibilidad financiera, técnica y legal, a cargo de la Dirección Nacional de Planeación (DNP), y la ANI entregará a mediados del próximo año los estudios de factibilidad. Por lo que el próximo Gobierno tiene un terreno ganado con el que puede arrancar a construir. Además, ya hay un terreno para un primer plan piloto en 117 hectáreas de propiedad de Indumil que sería adjudicado a principios del próximo mes. Por lo que, al menos de entrada, si Duque es Presidente, tiene parte de la planificación adelantada. Lo complicado viene después de ésto. Para llevar a cabo la construcción, es necesario dejar resueltas dos instancias en las que el Gobierno interviene pero no tiene la última palabra. La primera de ellas es la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Buenaventura y que allí esté contemplado el Caeb. Como contamos en esta historia, el Gobierno dio el visto bueno para que ese POT tenga consulta previa, antes de que el proyecto llegue a la Alcaldía y después al Concejo de la ciudad para su aprobación. A finales de este año terminará el contrato de la consultoría de la ANI sobre la viabilidad de dicho POT. Como contamos en esa oportunidad, la consulta previa es todo un reto en ese POT toda vez que el procedimiento puede tardar años debido al número de consejos comunitarios e intereses individuales que pueden aparecer en el camino y atrasar la aprobación del proyecto. La segunda instancia es el plan zonal del lugar exacto donde estará ubicado el Caeb que, como contamos en esta historia, está planeado para ser construido entre dos consejos comunitarios (Caucana y Gamboa), que controla la polémica líder afro Rosa Solis. Estos consejos a su vez tienen un lío jurídico, ya que en un fallo de primera instancia, el Consejo de Estado falló en su contra sobre la titularidad de estos terrenos, un proceso que hasta ahora sigue en segunda instancia sin fallar. Así las cosas, aunque Duque tenga la intención de sacar adelante el Caeb -que en estudios técnicos está previsto para quedar totalmente construido en 2030- lo que le queda por delante es complejo para avanzar rápidamente durante su eventual mandato.

No tiene más propuestas específicas

Esta propuesta de Duque hace parte de su programa económico basado en el impulso y transformación productiva Para los seis clusters del Valle (Bioenergía, Proteína Blanca, Salud, Macrosnacks y Belleza y Bienestar), Duque propone un respaldo que en su campaña no nos dijeron en qué sentido se aterrizaría esa propuesta. Sin embargo, teniendo en cuenta que los clusters son grupos de empresas privadas unidas con un fin común, hay pocas cosas en las que el Estado interviene, pero que son clave, como la formación de talento especializado, regulación e infraestructura. Lo que podría hacer para respaldar los clusters sería focalizar los programas del Sena (en el que Duque en su programa económico promete más formación tecnológica) para capacitar mano de obra especializada que requieren esas cadenas; en regulación, podría simplificar los trámites de reglamentación de los certificados de producción que entregan entidades estatales como el Invima y que son claves para la exportación de productos a Estados Unidos y Europa. A eso se suma la necesidad de infraestructura en laboratorios que emitan sellos de alta calidad para los productos de estos clusters. En el tema de cadenas productivas, el programa de Duque promete inversión en vías terciarias, reservorios de agua y distritos de riego, acceso a insumos, tecnología y créditos para impulsar las producciones, lo que sería viable a través de vías de crédito especiales para estos grupos de producción, programas especiales del Ministerio de Agricultura para el tema de agua y riego y una inversión del Ministerio de Transporte para vías terciarias.

Parte de la propuesta de Petro está consignada en el Plan Maestro Fluvial del Ministerio de Transporte publicado en 2015 que hace un diagnóstico de la situación actual de las acuavías y determina que esta parte de la infraestructura está altamente desfinanciada, toda vez que la proporción de la inversión en vías fluvial es de 1 por ciento frente al 90 por ciento de vías terrestres. Por lo que un primer reto de un eventual gobierno de Petro sería aumentar la financiación para este fin. En torno a una flota de la Armada, el mismo Plan Fluvial del Mintransporte lo pone como una de sus proyecciones a futuro aprovechando la experiencia de la Armada, a través del incremento de su presupuesto y nuevo personal para aplicar nuevas competencias de flota fluvial y de cabotaje. De todos modos, ni ese plan ni la propuesta de Petro ahondan en cómo conseguir esa plata, ni cómo invertir en nuevos recursos para la Armada para adecuar barcos que ya tenga y ponerlos al servicio de civiles o incluso que tengan una línea de pasajeros similar a Satena, que es la aerolínea estatal Sin embargo, existen experiencias del Pacífico de dónde se puede encontrar la plata y llevar a cabo planes de interconexión fluvial. Este es uno de los cuatro componentes del Plan Todos Somos Pazcífico del actual Gobierno, para desarrollar acuavías que conecten a los cuatro departamentos del litoral: ya hay recursos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por 211 millones de dólares, en un plan para unir a Tumaco con Buenaventura en un tramo de 180 kilómetros. Además, ya existen estudios de viabilidad de este tramo que estaban en fase 3 en 2015 financiados por la Gobernación de Nariño, que costaron 4 mil millones de pesos. Lo que podría hacer un eventual Gobierno de Petro es actualizar dichos estudios y contratar dragados y limpieza de las cuencas hídricas para que sean navegables, además de la difícil tarea de buscar un plan de financiación que involucre a la Armada Nacional.

La transversal es un proyecto incluido en el plan maestro de transporte 2015-2035, que pretende conectar el oriente y occidente del país atravesando las tres coordilleras, uniendo a Vichada con Valle. Este es un proyecto de largo plazo que puede abarcar hasta 4 periodos de gobierno, y tiene un costo aproximado de $20 billones de pesos de 2016. A 2017, según el Invías, el proyecto de casi 1.500 kilómetros estaba en un 18 por ciento en ejecución (268 kilómetros), 25 por ciento de vías construidas (346 kilómetros), un 55 por ciento en estudios y diseños (819 kilómetros), y un 2 por ciento pendientes (30 kilómetros). Invías está haciendo los estudios de fase 2 y los debe entregar el primer semestre de 2019, cuando un eventual gobierno de Duque lleve un año. De su gobierno dependerá incluir su construcción y estudios de fase 3 en el Plan Nacional de Desarrollo. Este estudio se puede hacer solo o como parte de un contrato con ellos más la obra, que por bien que le vaya y sin contratiempos puede durar mínimo dos años, dependiendo de susn espeficiaciones. De todos modos, puede arrancar a contratar las obras que pasen los estudios y que tengan los permisos ambientales y de consulta, por lo que podría cumplir en parte con la promesa de iniciar la construcción. Esto solo será posible cuando en los tramos donde es requerido se definan las licencias ambientales y consultas previas. Por ejemplo, en el tramo Florida - La Herrera (un cruce en la cordillera central) en este momento se espera la viabilidad que dé la comunidad Nasa de Florida, en Valle para ingresar al territorio y hacer trabajos directos de información primaria en campo, una labor en la que trabajan el Invías y el Instituto de Asuntos Indígenas de la Universidad Javeriana de Cali para el acercamiento con la comunidad Nasa. Por lo cual, la obra está avanzada en estudios y podría iniciarse su construcción, por lo cual es viable y así dejarle al siguiente Gobierno la tarea de ejecución de los tramos restantes.

Dentro de su programa de gobierno Petro propone recuperar y tecnificar los corredores férreos para el transporte de cargas y pasajeros, para desarrollar el transporte multimodal y contrarrestar el cambio climático. Petro tiene una ambiciosa propuesta para las vías férreas que incluye trazados en varios lugares del país y que solo contando la rehabilitación de las ferrovías que existen y están abandonadas costaría alrededor de $4,5 billones ($2.200 millones por kilómetro aproximadamente, según cifras del sector). La recuperación de la vía férrea que va hacia Buenaventura ya está en marcha. En abril de este año, la ANI firmó un acuerdo con la empresa Tren de Occidente para conectar las zonas francas de Valle y Risaralda con el puerto del Pacífico, que tardarán 24 meses y cuestan 120 mil millones para intervenir tres tramos de la vía férrea entre Valle y Risaralda. Lo que faltaría es la terminación del contrato que tiene la empresa Ferrocarril del Pacífico del tramo sur que va desde Buenaventura hasta La Tebaida, y volver a licitar para contratar, lo que puede tardar un año. En su propuesta Petro añade otros dos corredores férreos que son la vía Cali-Montería y Bogotá-Buenaventura, que no existen en la red férrea nacional, por lo que tendrían que arrancar de cero. Las únicas líneas cercanas por esos tramos son la que va de Santa Marta a La Dorada (Caldas) o la vía férrea del Pacífico hasta el Eje. Petro no especifica de dónde sacaría la plata para ello (que incluye los kilómetros de red, la inversión también debe contemplar la construcción de estaciones y los talleres, y los trenes y tencologías para su manejo) y para hacer, a la vez, otros proyectos costosos como la generación de energías no renovables o el desarrollo del campo, entre otras, a través de la construcción de vías terciarias, no es claro cómo los apalancaría simultáneamente. El tiempo también le jugaría en contra, una situación similar a la de la construcción de la vía férrea de Cúcuta que propone el candidato. Solo la fase de planeación de una propuesta de esa magnitud tardaría al menos un año, sin contar los procesos de contratación y la fase previa a la intervención (planeación del contratista, la recuperación y adquisición de predios para desarrollar el proyecto). Una vez superado todo eso, debería arrancar la ejecución del proyecto. Además, como contó La Santandereana para que funcionen la nuevas redes Petro tendría dos opciones: o meter más plata en la compra de trenes y crear una empresa nacional que se encargue de ellos (con toda la plata y el tiempo que eso implica), o concesionar la operación, algo que también le tomará tiempo, mientras busca los interesados, licita proyectos y firma contratos.

La vía Mulaló-Loboguerrero es un tramo de 31 kilómetros de la carretera que comunica a Cali con Buenaventura y es el único tramo que no había iniciado construcción por la consulta previa en ese lugar, proceso que culminó el año pasado. Hasta el momento, a la vía le falta la licencia ambiental que tiene que expedir la Anla para arrancar la construcción, que ya tiene listo al concesionario, a cargo de Nueva Vía al Mar. Una vez esté lista la licencia (proceso que en este momento está en revisión por las reservas de agua que hay en el terreno), arrancará la construcción, por lo que el nuevo Gobierno tiene todo listo para hacerle seguimiento, por lo que una promesa de iniciar la construcción es inocua.

No tiene más propuestas específicas

La vía férrea desde Buenaventura conecta con el Eje Cafetero necesita la reactivación de un tramo y el mejoramiento de otro. Ambas posibilidades están en trámite y son viables. Lo que más va avanzado es el mantenimiento del tramo norte de 30 kilómetrs que va entre Zaragoza hasta la zona franca de Pereira, en Risaralda, una obra que dura dos años y desde abril de este año está siendo ejecutado por el concesionario Tren de Occidente. Como ya arrancó la ejecución, lo que quedaría para el próximo Gobierno es la revisión del cumplimiento de la obra. La otra parte es la reactivación de la parte sur que va desde La Tebaida hasta Buenaventura. Esa concesión está a cargo de la empresa Ferrocarril del Pacífico y el contrato está en proceso de terminación por parte de la ANI. Por lo que lo que tendría que hacer el nuevo gobierno es cerrar el contrato y volver a licitar, lo que podría durar un año.

Un punto a favor de este proyecto es que el departamento tiene una vía ferroviaria que serviría para un tren ligero que una a Cali con Palmira en el norte y con Jamundí en el Sur. Además, hay un compromiso de la Alcaldía y la Gobernación de dejar los estudios de diseños (financiados entre las alcaldías de los municipios involucrados, la gobernación y el gobierno de Francia), además de que una de las terminales del MIO que se construye en el oriente de la ciudad (la Simón Bolívar), estará habilitada para que ese tren pase. La financiación de un futuro Gobierno estaría anclada a la ‘ley de metros’ que obliga a la Nación a poner el 70 por ciento del total de la construcción, por lo que en el marco de un futuro gobierno de Petro con ese compromiso habría posibilidad de sacarlo adelante en temas de financiación. El impuesto predial rural con tarifas más altas para los que tengan más tierras y sean improductivas, que también deberá tramitar ante el Congreso, como manera de incentivar la venta de tierra para entregársela a campesinos. En todo caso, como solo habla de "apoyarlo", es un compromiso viable.

Los tres proyectos son viables, pero el más urgente es el de la troncal del MIO, que está desfinanciado pero es el menos complejo de aterrizar. La primera línea del Metro de Cali es un proyecto que hasta ahora está en estudios de prefactibilidad, en manos de Planeación de Cali y de la Gobernación. La idea es que al finalizar los mandatos actuales de alcalde y gobernadora, en diciembre de 2019, queden listos. Para llevarlo a cabo faltarían los estudios de factibildiad y que el Gobierno Nacional se comrpometa a poner el 70 por ciento del costo de la construcción, lo máximo que le permite de Lay de Metros. Según un reporte en 2017, su costo total sería de 4 billones de pesos y el otro 30 por ciento (1.2 billones) lo pondrían Cali y el Valle. Una situación similar tiene el tren de cercanías. Un punto a favor de este proyecto es que el departamento tiene una vía ferroviaria que serviría para un tren ligero que una a Cali con el norte por Palmira y el Sur por Jamundí. El compromiso de la Alcaldía y la Gobernación es dejar los estudios de diseños e incluso una de las terminales del MIO que se construye en el oriente de la ciudad (la Simón Bolívar), estará habilitada para que ese tren pase. Finalmente, el proyecto más urgente para la administración local es el de la troncal de oriente del MIO, que son más o menos 40 kilómetros para unir al sur con el nororiente de la ciudad. Su costo, según Metrocali ronda los 350 mil millones de pesos, pero la obra no fue tenida en cuenta por el Gobierno Nacional en el plan maestro de obras 2014-2018, por lo que está desfinanciada en casi 250 mil millones de pesos. Para reactivarla, el futuro gobierno tendría que nuevamente incluirla en un documento Conpes para garantizar su financiación y que el municipio arranque con las adjudicaciones para su construcción.

Lo que Petro propone va encaminado a no reglamentar la consulta previa, bajo el entendido de que eso afectaría la libertad de las comunidades a ser consultadas antes de que un proyecto impacte en sus regiones, sino a fortalecer los mecanismos ya existentes para que los funcionarios encargados de hacerlas ayuden a que las comunidades sepan a profundidad lo que se les consulta algo que, según la campaña, no se está haciendo. Eso supondría foraalecer las capacidades de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Como la propuesta de Petro va encaminada a ampliar la democracia a sectores minoritarios u olvidados del establecimiento, es posible que para llevar a cabo esta "profundización" destine partidas presupuestales para la capacitación del equipo técnico en campo y el acompañamiento estatal durante todo el proceso de la consulta, por lo que es relativamente fácil que lo lleve a cabo.

La consulta previa lleva 27 años sin reglamentación. Como el Pacífico es la región con mayor concentración de consejos comunitarios (70 por ciento de los que hay en el país) y de cabildos indígenas (entre el 38 y 40 por ciento), cualquier política en torno a la consulta (el derecho constitucional de las comunidades indígenas, palenqueras, Rrom y afro del país de ser informados y consultados antes de que el Estado o los privados hagan proyectos que afecten a sus territorios) impacta directamente en la región. Para llevar a cabo una reglamentación de la consulta, Duque debe presentar una ley ante el Congreso que reglamente dicha norma constitucional. Y si bien Duque contará con amplias mayorías en el Senado (70 congresistas entre los uribistas, Cambio, La U, liberales y conservadores), lo que garantizaría su eventual aprobación en el Congreso, antes de presentarla, el proyecto debe tener una consulta previa. Un proceso largo y complejo. Solo para tener una idea: el actual gobierno de Juan Manuel Santos, que también tuvo amplias mayorías en el Congreso, duró cuatro años consultando con las comunidades la viabilidad de una reglamentación (que revelamos acá y aún no ha terminado. Por lo que tener mayorías en el Congreso no es garantía de que una ley como ésta sea aprobada. En el caso en que el Gobierno decida pasarla por el Congreso sin consultarla con las comunidades, corre el riesgo de que la Corte Constitucional la tumbe por no haberla sometido a la consulta previa obligatoria. Así ocurrió con el código minero. Así las cosas, es muy difícil que en un eventual gobierno de Duque arranque el proceso de concertación de este proyecto.

Esta es una versión a nivel nacional del programa Territorios Saludables, que el candidato aplicó cuando fue alcalde de Bogotá y llegó a 3 millones de personas. Según su programa la idea es organizar las localidades y comunas en centros urbanos para que equipos de profesionales en salud (médicos, enfermeros, odontólogos), visiten a las familias en sus casas, a estudiantes en colegios y trabajadores en las empresas para prevenir accidentes y enfermedades. El programa sería viable en tanto se logren los incentivos para que el personal de salud vaya a esas zonas, como ofrecer mejores sueldos que el que ganan los médicos de urgencias o los que están en las áreas de hospitalización (como ocurrió en Bogotá, cuando para el programa trabajaron 9 mil funcionarios). Así las cosas, se necesitaría un impulso financiero para crear ese incentivo económico y la infraestructura organizacional para que el Estado maneja el programa, probablemente a través del Ministerio de Salud, ya que petro plantea eliminar paulatinamente las EPS.

La construcción de ese hospital es necesario en un municipio que no lo tiene y muestra malas cifras en saud, con la mayoría de sus habitantes (500 mil) afiliados al Sisbén y la tasa de mortalidad de nacimientos es la más alta del país (27.6 por cada mil nacimientos). Pero es un proceso difícil. Para construirlo con el grado de especialziación de ese nviel, que incluso permita la atención de los municipios aledaños, el eventual gobierno de Duque tendría que encontrar los entre 50 y 60 mil millones de pesos de su construcción y los 10 mil millones de pesos de su dotación, con plata propia y posiblemente recursos del Distrito y el Departamento. Además debe tener estudios de diseño del proyecto, lograr la viabilidad financiera y su puesta en operación. Todo ese proceso puede durar, si nada falla, entre 3 y 5 años. Una muestra de su dificultad es que en Colombia hay cerca de 20 hospitales públicos de tercer nivel. De todos modos, dentro de los compromisos del actual Gobierno con el paro cívico de Buenaventura quedó establecida la construcción de una ciudadela hospitalaria de tercer y cuarto nivel, por lo que ya se comprometió con plata para el estudio previo de factibilidad de ese hospital, que ya le entregó al hospital Luis Ablanque de la Plata. Pero faltan los resultados de ese estudio y la plata para ejecutarlo.

La propuesta más polémica que hizo Petro para la región ocurrió en el norte del Cauca antes de primera vuelta. Allí dijo que “le solicitaría a Ardila Lülle nos venda Incauca para la demostración de cómo se desarrolla el norte del Cauca. Si no quiere, no hay problema, compraremos a otros”, lo que generó interpretaciones de supuestas expropiaciones y rechazo en sectores empresariales del Valle. La idea de Petro es que los campesinos, indígenas y afro no han tenido la posibilidad de ser productivos por sí mismos porque no tienen las 30 mil hectáreas que, en sus cálculos, necesitan. Petro sí podría implementar esa idea sin pasar por el Congreso, si crea un programa especial de entrega de tierras. La Ley 160 de 1994 (de reforma Agragria) dice que se el Gobierno puede comprar tierras de privados, siempre y cuando sea para “beneficiar a los campesinos, personas o entidades respecto de las cuales el Gobierno Nacional establezca programas especiales de dotación de tierras o zonas de manejo especial o que sean de interés ecológico”. Además, también está el Fondo de Tierras para la Paz creado por el Acuerdo con las Farc con el fin de democratizar la tierra entregando territorios baldíos, ordenamiento de las zonas de reserva forestal y del Fondo Nacional Agrario, pero no tierra privada. La última vez que se hizo fue para en 2013 y para atender la emergencia de la hidroeléctrica del Quimbo Una vez tenga ese programa, un eventual gobierno de Petro debería primero declarar qué tierras quiere adquirir, con un decreto. Una vez lo haga, la entidad que encargue del tema (probablemente la ANT) le debe ofrecer al propietario comprarle. Si éste se niega, la ley 160 permite que la expropie -algo constitucional desde 1936- siempre y cuando pague a cambio de la tierra. Todo el proceso, incluyendo el precio, puede ser demandado ante un juez. Así las cosas, en la práctica ofrecer la compra a empresarios es inviable si no hay un incentivo económico que les permita acceder a la transacción. Sería viable si Petro decide comprarlas sin importar el impacto fiscal. Más allá de eso, hay una inviabilidad particular por las condiciones del conflicto social entre campesinos y empresarios en el norte del Cauca y su impacto social y económico en la región. Sería muy complicado justificar la compra de un predio a un sector social, en este caso los empresarios, para darle a otro grupo a nombre del interés social o utilidad pública, (como ocurre cuando el Estado compra predios para desarrollar proyectos de interés nacional como una carretera o una hidroeléctrica por ejemplo), porque de todos modos las minorías son particulares. Esto generaría un conflicto social y de violencia aún más complejo del que ya hay porque este sector no estaría dispuesto a entregar su tierra, como ya dijeron los gremios. También es inviable y peligroso porque de hacerlo una vez se abriría un efecto dominó para nuevas reclamaciones en propiedades privadas como la hacienda La Emperatriz, en Caloto, que piden los indígenas Nasa por ejemplo. A esto se suma un conflicto interétnico porque hay tierras que las reclaman tanto afros, indígenas y campesinos que ha originado varios enfrentamientos y muertos como lo ocurrido en la finca San Rafael en el 2011 en el norte del Cauca. Por eso en este caso se han aplicado otras estrategias como por ejemplo las mesas de diálogos interétnicas creadas por Myriam Villegas, ex directora del Incoder, en las que los grupos se sientan a discutir sus diferencias y buscar soluciones sobre su territorio. Así que las 30 mil hectáreas, en eventual gobierno de Petro las tendría que buscar en tierras incultas o no cultivadas, que sean de objeto de extinción de dominio, o estén mal adjudicadas.

No tiene más propuestas específicas

No tiene propuesta específica

Para aumentar el pie de fuerza en una región en el corto plazo, Duque podría ordenar a los comandantes de Policía de la región que trasladen uniformados a otras zonas. Por ejemplo, en Cali el déficit se calcula en 2 mil hombres (actualmente tiene 8 mil) para combatir el alto índice de homicidios, que ya superó la tasa de homicidios del mismo periodo del año pasado. Pero eso abriría huecos en otros lados, por lo que la solución es a largo palzo, ampliando las escuelas de la Policía y haciendo más atractivo entrar a ella, un problema de solución no tan sencilla. En las cárceles, que en el Valle se estima que tienen un déficit de 5 mil cupos, hay dos posibilidades: una es la construcción de una nueva cárcel, además de la de máxima seguridad que hay en Jamundí (que en principio fue construida por la ciudad de Cali y planeada para servir al departamento, pero después el Gobierno la volvió de máxima seguridad y por eso ya no sirve directamente a las necesidades de la región), una meta complicada porque se necesita que la Gobernación encuentre un terreno, que se peuda construir según el plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio escogido y que la comunidad acepte tener una cárcel en sus inmediaciones, algo que nunca es sencillo de obtener. Otra posibilidad, más viable, es apoyar con recursos del Ministerio de Justicia la ampliación de la cárcel de Villahermosa de Cali que tiene espacio para 7 pabellones más, que sumarían unos 3 mil cupos. Por último, la intervención del sistema de monitoreo de seguridad, la contratación de las cámaras de seguridad la hace el Ministerio del Interior con plata del fondo de seguridad y convivencia (Fonsecon), a partir de una solicitud que debe hacer hace el municipio y que debe ser aprobado por la junta del Fondo, de la cual hace parte el Gobierno Nacional. Por eso, no suena difícil de lograr, más allá de los tiempos y necesidades de coordinación.