Las cartas que enviaron al Gobierno la semana pasada el Consejo Gremial Nacional y ocho gremios más dejaron en evidencia que prefieren que asuntos neurálgicos queden en manos del próximo gobierno, así como otros clave a futuro. Como en el gabinete anunciado por Iván Duque tiene una clara inclinación hacia lo privado, de lo que decida en estos asuntos se notará si esa cercanía aterriza en sus decisiones, y hasta qué punto.
En las cartas los gremios le pidieron al Gobierno no firmar el decreto que define los límites del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el que da las autoridades indígenas funciones de autoridad ambiental, ni un documento guía que reglamenta la protesta social que preparó el Ministerio del Interior.
Aún no es claro si el Gobierno atenderá el llamado de los empresarios a dejar esas decisiones en manos de Duque, aunque El Tiempo dijo que el decreto de la Sierra Nevada será firmado esta semana. Pero igual sucritaron críticas como las del exministro de Hacienda Rudolf Hommes, que acusó al Consejo Gremial Nacional de comportarse como si quisiera cogobernar con Duque, o las del comentarista político de Blu Radio, Aurelio Suárez, que las llamó el ‘rejo’ de los empresarios a Santos y una señal para Duque.
Cinco dirigentes gremiales consultados por La Silla nos dijeron que las cartas no tenían intención política, sino evitar que salieran de afán esas reglamentaciones.
Pero, más allá de ese episodio y las tres reglamentaciones, los empresarios han presentado una agenda de reformas, aterrizada en un documento de propuestas que presentó el Consejo Gremial a Duque, que seguramente se extenderá cuando en dos semanas la Andi le presente sus propuestas económicas.
En muchos de ellos hay coincidencias con el programa de gobierno de Duque, como lo dijo el mismo presidente electo tras recibir el documento, pero también es posible encontrar voces disonantes con las que el próximo presidente también tendrá que negociar, así no hayan votado por él.
La manera en que Duque maneje esos temas mostrará qué tan cerca está de los gremios, con los que se ha reunido por lo menos dos veces desde que ganó las elecciones, y qué capacidad tendrá para tender puentes con los sectores que tienen perspectivas opuestas a ellos en cada tema, con los que aún no se ha reunido.
Estas son cinco de las prioridades para el empresariado, que se suman a propuestas menos maduras de flexibilización laboral o agilización de las licencias ambientales, que serán las pruebas de qué tan recargado está el empresariado con Duque.
Definir qué tan restrictiva queda la regulación de la protesta social
La decisión del Ministerio de Interior de firmar esta semana el documento que fija un protocolo para el manejo de la protesta social en el país es lo que tiene más molestos por estos días a los gremios del país.
“(Es) una decisión deliberada para que prevalezcan los derechos de los manifestantes sobre los de los ciudadanos que no participan en las protestas”, escribió en una carta al Ministro de Interior, con copia a los presidentes entrante y saliente, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda.
Carta Ministro Rivera Protesta Social Julio 30 2018 by Anonymous 5dGWFZxZD on Scribd
Dos líderes gremiales aseguraron a La Silla que el Ministro, Guillermo Rivera, les había dicho que el protocolo no iba a salir y de ahí su sorpresa.
Más porque para los gremios la protesta social debe tener una regulación que evite que afecte a terceros, posición que comparte el Ministro de Defensa designado, Guillermo Botero.
A juicio de ellos, el protocolo que publicó el Ministerio es demasiado laxo con las personas que durante la protesta alteren el orden público y afecten los derechos de terceros porque crea una mesa de seguimiento a la protesta pacífica que pueden funcionar de manera preventiva y durante la protesta, en cada departamento o municipio en la que están las autoridades, los organizadores de la protesta y las organizaciones de derechos humanos, pero no los privados.
Los líderes sociales, en cambio, apoyan el protocolo.
“Un protocolo de protesta social nos parece importante, porque reafirma la protesta social como un derecho”, dijo a La Silla Andrés Gil, vocero de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.
La preocupación es que Duque lo tumbe, algo que para el Consejero Mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, parece inevitable.
“Yo veo el ambiente enrarecido porque vemos cómo los gremios quieren interferir. Esperemos que el Gobierno tome distancia, aunque lo veo muy difícil por los nombramientos en el gabinete. Será un gobierno corporativo”, dijo.
El tema es de gran importancia para el sector privado porque, según cifras de la ACP (gremio petrolero) solo en este sector se presenta en promedio un bloqueo al día, lo que afecta la producción, pero también es neurálgico en un proceso de posconflicto en el que hay organizaciones sociales más organizadas y activas en territorio.
Por eso, la posición que tome el presidente electo será clave para la resolución de conflictos entre el sector privado y organizaciones sociales.
Una reforma tributaria que facilite los negocios sin ampliar el déficit fiscal ni clavar a los menos ricos
El Consejo Gremial tiene propuestas para modificar impuestos nacionales y territoriales, y para fortalecer a la Dian.
En el primer campo los empresarios plantean bajar el impuesto de renta de 33 a 28 por ciento y eliminar exenciones, salvo en casos puntuales como emprendimientos en ciencia y tecnología, zonas afectadas por el conflicto y proyectos ambientales; bajar el piso de ingresos desde el que las personas deben declarar renta de 4,1 salarios mínimos (3,2 millones de pesos) a 2,5 salarios mínimos (1,9 millones); eliminar el 4 por mil; permitir que se descuente de renta el IVA a la compra de bienes de capital; y definir los beneficios de las empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica.
Estas propuestas están en línea con el plan de Gobierno de Duque que propuso bajar impuestos para que las empresas puedan invertir más, eliminar exenciones y “crear garantías de estabilidad jurídica”, que se relaciona con los contratos de estabilidad jurídica.
Pero genera tensiones por la propuesta de poner a más personas a declarar renta, por la carga adicional que eso implica para los ciudadanos, incluso si no los pone a pagar más impuestos de los que ya pagan vía retenciones.
Sea con aumento de la base de renta, o con otro mecanismo, si quiere cumplir su promesa de bajar los impuestos es necesario que el presidente electo reemplace el recaudo que le dejará de entrar por estos impuestos eliminados.
“Hay una tendencia mundial de bajar los impuestos corporativos para traer más inversión extranjera, lo que no es claro es cómo va a reemplazar él los ingresos que va a dejar de recibir por estos impuestos. Las estrategias que planteó en campaña (reducir el gasto y aumentar eficiencia) no van a ser suficientes para recoger uno o dos puntos del PIB adicionales, que es lo que necesitará”, explicó Marc Hofstetter, profesor de maroeconomía de la Universidad de los Andes.
Con respecto a lo territorial los empresarios propusieron eliminar varios impuestos y las estampillas y simplificar el predial, en lo que parece no haber mayor debate.
La discusión aparece por la idea de que la Nación recaude y luego distribuya el impuesto de industria y comercio, que es municipal, así como que el Gobierno puedan definir el marco en el que los municipios pueden crear nuevos impuestos o métodos de recaudo como la plusvalía o el impuesto de delineación urbana para inversión en obras de infraestructura. Algo parecido al estatuto tributario territorial propuesto por Vargas Lleras.
Esta propuesta no cae bien en las entidades territoriales como Gobernaciones y Alcaldías que a principios de este año lograron evitar que el Ministerio de Salud centralizara el pago de impuestos al tabaco y el licor.
En su programa de Gobierno la propuesta de Duque en este sentido fue crear un sistema tributario territorial “buscando generar mayor autonomía fiscal”, para lo que propuso aumentar ingresos locales y fortalecer capacidades administrativas de los municipios y departamentos.
Sacar adelante una reforma que desactive la bomba pensional
Para el sector privado es urgente adelantar una reforma que desactive la ‘bomba pensional’, respetando los derechos de los pensionados y los que estén cerca de hacerlo.
La idea es que inicialmente se ajuste la base de liquidación de la pensión, para que sea el promedio de los ingresos recibidos en toda la vida laboral y no solo en los últimos 10 años como es hoy, y luego unificar los sistemas de prima media (Colpensiones) y de ahorro individualidad con solidaridad (de los fondos privados), para que Colpensiones compita con los privados.
Además proponen hacer un Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) para asegurar que que quienes tienen las semanas cotizadas y edad, pero no tienen el monto mínimo que le exige la ley para pensionarse puedan recibir una pensión de un salario mínimo. La idea es que este fondo se financie con un un porcentaje de los aportantes a pensión, y así desaparezca la carga del Estado en el pago de pensiones.
Esta propuesta no es la única, pues Anif dice que hay que eliminar Colpensiones de tajo, con lo que desaparecerían los subsidios estatales a las pensiones altas y con ella la bomba pensional.
Durante su campaña Duque se comprometió con una reforma pensional, con un fondo para los más vulnerables, al que llamó Fondo de Ingreso Mínimo Garantizado, como el del Consejo gremial.
Además, propuso “eliminar distorsiones y competencias innecesarias entre el régimen de prima media y el de ahorro individual”, lo que iría en línea con la propuesta de los gremios de convertir a Colpensiones en un fondo privado de pensiones.
Eso tendría una oposición como se nota en la propuesta de Fedesarrollo de mantener a Colpensiones y no eliminar los subsidios del Estado a las pensiones de las personas más vulnerables.
Los sindicatos están a favor de fortalecer Colpensiones y quitarle espacio a los Fondos Privados que, aseguran, han debilitado el esquema público al quitarle afiliados y por lo tanto aportes privados.
“Para que el sistema sea viable deberían cotizar por lo menos 10 trabajadores por cada pensionado, y hoy en Colpensiones cotizan 2,2 trabajadores por cada pensionado”, escribió Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical.
Por eso, si Duque se alinea con el Consejo gremial, seguramente se alejará más de los sindicatos, entre otros grupos.
Hacer una consulta previa más ágil
Desde la perspectiva de los gremios que representan a los sectores de infraestructura y minero energético (Cámara Colombiana de Infraestructura, Asociación Colombiana de Minería, Asociación Colombiana del Petróleo y Asociación Colombiana de Generadores de Energía), la lentitud de las consultas previas afecta obras estratégicas.
En este tema los empresarios y las comunidades indígenas están de acuerdo en que es necesario tener una reglamentación clara, porque hay vacíos en la actual que sale de sentencias de la Corte Constitucional, y ambos prefieren que el Gobierno se encargue de hacer las consultas antes de iniciar los proyectos.
Pero mientras los gremios quieren una ley estatutaria que zanje el tema, para la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, basta con un decreto, una resolución o un protocolo más amplio.
Las propuestas puntuales del Consejo Gremial buscan que el proceso no se pueda prolongar indefinidamente en el tiempo.
Para ello piden que las comunidades estén obligadas a asistir a las reuniones convocadas para hacer la consulta, a menos que presenten una justificación, y prohibir que incurran en vías de hecho para hacer reclamaciones.
Además proponen que quede exento de consulta previa el mantenimiento de infraestructuras existentes.
Estos dos puntos son inaceptables para la Onic. “El convenio de la OIT es claro en que toda actividad, obra o medida legislativa que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, esto no se puede negociar mediante decreto”, explicó a La Silla el Consejero Mayor de la organización, Luis Fernando Arias.
Arias también dice que la reglamentación no puede restringir el derecho sino ampliarlo, por lo que no está de acuerdo con que le ponga un plazo a la consulta.
De fondo, el tema más difícil de conciliar será cuál es el alcance de la consulta previa, si las comunidades pueden vetar proyectos o no.
Para la Onic, la consulta se hace para que las comunidades puedan otorgar o negar su consentimiento de manera libre, informada y previa a los proyectos. Para las empresas, esto les permitiría vetar o aprobar proyectos, lo que sería inadmisible. Hoy, si la consulta no arroja un acuerdo entre empresarios y comunidades, el Gobierno decide.
En este tema el diagnóstico de Duque en su plan de gobierno es similar al de los empresarios, pues habla de “dar celeridad a las consultas previas”. Si sigue esa línea, sus relaciones con afros e indígenas seguramente serán difíciles.
Desactivar la inseguridad sobre las tierras sin romper el Acuerdo de La Habana
Tres de las propuestas formales presentadas por los empresarios para el tema de tierras pueden generar tensiones con organizaciones sociales y con la Farc, pues podrían afectar exigencias de las primeras y logros de la segunda en el Acuerdo de La Habana.
La primera propuesta es que Duque delimite la extinción de dominio, especialmente para que ese mecanismo no se utilice de forma arbitraria para alimentar el Fondo de Tierras que creó el Acuerdo de La Habana.
Los empresarios proponen que una ley defina claramente cuándo se puede extinguir el dominio porque el dueño de un predio no lo haya explotado o afecte el ambiente (es decir, incumpla la función social y ecológica de la propiedad que está en la Constitución), y proponen que en esos casos primero haya multas u otras sanciones preventivas, antes de quitar la tierra.
La segunda propuesta es darle más fluidez al uso de los baldíos, revaluando el concepto de Unidad Agrícola Familiar, UAF (la cantidad de tierra que necesita una familia para subsistir en cada región, y a su vez el límite de baldíos que puede tener una persona o empresa) y levantando las restricciones a la venta de los baldíos adjudicados.
Para eso, propone una ley que declare que se respetará la propiedad de los baldíos a sus tenedores de buena fe, incluso si tienen más de una UAF, lo que es polémico porque la acumulación de baldíos atenta contra la lógica de la lenta reforma agraria colombiana, pues permite crear latifundios.
Eso va en contra de las demandas del movimiento campesino, organizaciones como Anzorc, y exigencias de expertos en el tema de tierras, dada la alta concentración de su propiedad.
Por último, piden que se saque adelante la ley de tierras que concertaron con el Gobierno Santos, pero sin el artículo que a su juicio podría legalizar el testaferrato de las Farc, pues dice que quienes ocupen inmuebles que están en el inventario que entregó esa guerrilla, deben dejarlo y a cambio recibirán un predio semejante o plata, si pertenecen a sectores vulnerables de la población y no tuvieron culpa en esa ocupación.
Según las interpretaciones de los empresarios esto da paso para que los testaferros de las Farc reciban compensaciones del Estado, y por eso debería ser eliminado.
Este último punto podría ser el más polémico porque la interpretación de los empresarios asume que las personas que ocuparon los predios son testaferros de las Farc y esto no ha sido comprobado, puede haber tenedores de buena fe, que los explotan sin saber que las Farc los reclaman como propios.
Pero además siendo temas que hacen parte del Acuerdo, cualquier modificación que se cree en el Fondo o en la Ley de Tierras puede generar tensiones con el partido de la Farc y con quienes defienden el Acuerdo, incluyendo los garantes internacionales, pues se podría interpretar que las modificaciones son un incumplimiento.
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