Las cinco razones por las que las bacrim le ganan el pulso a Santos

No se ha implementado una política de Estado contra las bandas criminales

En 2011, el Consejo Nacional de Seguridad sacó una estrategia contra las bandas criminales, que en realidad no se aplicó y solo cuatro años después, en otro consejo de seguridad en febrero de 2015, el Presidente anunció una nueva política frente al crimen organizado.

El Ministerio de Defensa explicó a La Silla que este plan tiene cuatro ejes: uno operacional, que liderado por la Policía, busca desmantelar al Clan Úsuga en 56 municipios como parte de la Operación Agamenón; uno jurídico, que busca definir con la Fiscalía unos procedimientos para judicializar a los miembros de mayor valor de las bandas y cambiar el Código de Procedimiento Penal para que se puedan someter colectivamente a la justicia; uno de comunicación; y uno de corresponsabilidad que apunta a que el Estado realmente ocupe el territorio. 

Esta política del Gobierno no está escrita en un documento formal y público que permita hacerle seguimiento y nadie en el Estado es el responsable de medir su éxito o fracaso.

Aunque el Ministro Luis Carlos Villegas interpretó que el paro armado del primero de abril es una muestra del éxito de esa política porque es una reacción a la presión que están sintiendo las bandas, no es claro que Agamenón haya permitido desmantelar al Clan Úsuga en esos municipios priorizados, pues fue precisamente en muchos de ellos donde logró paralizar la actividad comercial.

Frente a la estrategia jurídica,la Fiscalía escribió una política contra las organizaciones criminales que le ha permitido, entre otras cosas, adoptar enfoques regionales más estratégicos en zonas como Buenaventura, que han dado buenos resultados. Pero no es una política que hayan adoptado otras instituciones, en parte porque Montealegre no tenía ese liderazgo en política criminal frente a otras entidades. Por ejemplo, mientras que esta política sugiere priorizar la persecución de las bandas que tienen mayor capacidad de violencia y de desafiar al Estado, la Policía sigue capturando cientos de personas al mes sin que sea claro qué valor tienen estas personas frente a la organización criminal o el mercado ilegal.

El Gobierno tampoco priorizó la reforma al Código de Procedimiento Penal y muestra de ello es que un año después el proyecto sigue sin convertirse en ley. Y lo de ocupar el territorio, también sigue en veremos.

Pero quizás lo que más ejemplifica la ausencia de una verdadera política de Estado contra las bacrim es lo que ha pasado con los bombardeos. Al interior del gobierno existió durante años una división entre el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo, que consideraba que las bacrim deberían combatirse mediante una política criminal con la policía a la cabeza y el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que consideraba que dado el armamento y su tamaño deberían ser combatidos como grupo armado por parte del Ejército. El presidente era partidario de la primera visión.

Pero pocas semanas después de asumir como Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas ordenó bombardear a las bacrim en el Chocó.

Mediante la directiva 003 de 2015, el Fiscal Montealegre estableció que era consistente con el Derecho Internacional Humanitario que la Fuerza Pública utilizara fuerza letal contra aquellos grupos de estos que cumplieran los requisitos de grupo armado parte del conflicto, pero la decisión política de si era estratégico hacerlo siguió sin tomarse. Recientemente, según supo La Silla, el Presidente decidió no bombardearlos, pero es un tema sobre el que la policía y el Ejército siguen sin ponerse de acuerdo entre sí..

El foco está en las organizaciones criminales y no en garantizar la seguridad de los territorios

Desde que Santos asumió su mandato, todas las bandas criminales han sido decapitadas. Algunas dos y tres veces. No queda ninguno de los jefes originales. Se han capturado más miembros de estas bandas que todos los paramilitares que se desmovilizaron, cinco veces el número de guerrilleros de las Farc, Pero si se comparan las cifras de bacrim de 2007 y el conteo del año pasado es el mismo número.

“La Operación Agamenón ha dejado como resultado la captura de 400 personas, la incautación de propiedades avaladas en 190.000 millones de pesos (cerca de US$700.000) y 9,8 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas”, dice un análisis de Insight Crime, un site dedicado a cubrir el crimen organizado.

“El foco ha estado más en las organizaciones criminales y menos en los territorios, lo cual ha derivado en una acción represiva con rendimientos decrecientes y la consolidación de economías criminales en diferentes zonas del país”, dice un análisis reciente de la Fundación Ideas para la Paz sobre las economías criminales.

Los militares y los policía entran a un municipio, se quedan mientras capturan al ‘objetivo de alto valor’ y se vuelven a ir, pero los de las bandas se quedan allí.

Por ejemplo, el lunes siguiente al paro, en San José de Uré en Córdoba, algunos niños llegaron a sus colegios, pero como nos contó Rafael Chica, un periodista de allá que trabaja en Montería, “los profesores están tan atemorizados que no llegaron a dar clases”.

En Sincelejo, Sucre, algunas tiendas abrieron otra vez sus puertas el sábado, la gente salió a la calle, pero el domingo comenzó a circular un panfleto, en el que amenazaban con que el lunes sería: “un día de sangre para toda la ciudad. Vamos a descuartizar a cualquier policía o militar que esté en la calle. Le daremos plomo a cualquier sapo que no nos obedezca.” El “día de sangre” no llegó. Pero la gente siguió con miedo de que llegara.

“Ellos se mueven tranquilos en 16 de los 22 municipios de Sucre, andan en sus motos y nadie se atreve a denunciarlos porque acá cumplen lo que prometen”, cuenta Juan David Díaz, un defensor de derechos humanos de Sucre, que ha sido amenazado por los Úsuga siete veces.

Y en Sapzurro, un pueblo de unos 600 habitantes en Chocó, el paro tampoco quedó ahí. Una fuente que vive allá nos contó que el sábado y domingo las amenazas siguieron. “El sábado las tiendas solo abrieron de 7 a 8 de la mañana, no hubo ningún tipo de transporte y el barco de carga que va a Turbo estuvo retenido hasta el mediodía. El domingo la gente siguió atemorizada. Yo no he podido comprarme ni una cajetilla de cigarrillos porque nadie me la vende”, nos dijo una persona, atemorizada, el pasado martes.

Según el comandante de la policía contra las bandas criminales en Córdoba, el coronel Engelbert Grijalba, “aquí todos estamos con chaleco antibalas y con mucho miedo porque aunque sabemos quienes son, tampoco tenemos órdenes de captura para retenerlos.”

Una de las modalidades de los Úsuga en ese departamento, según el coronel, es que los que llegan a las ciudades son los que no tienen ninguna orden de captura. Eso les permite moverse sin problema. “Llega gente sin armas, ni motos y uno sabe que son ellos, pero no puede hacer nada” dice Grijalba.

En los municipios pequeños de Sucre, por ejemplo, la cosa es parecida. Llegan unos cuatro o cinco, se hacen pasar por turistas, rentan una casa pequeña o un cuarto en un hotel, hacen su trabajo de extorsión, de compra y venta de drogas, y en menos de quince días se van y vuelven otros. “Hay unos que se hacen pasar por hinchas del Real Sincelejo, un equipo famoso acá, y la policía sabe que son ellos pero no los agarran” dice una fuente de Sucre.

Según el coronel Grijalba, las autoridades sabían que los Úsuga estaban planeando un paro y solo hasta un día antes hicieron un consejo de seguridad con representantes de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército para definir planes.

Pusieron un puesto de mando unificado, es decir de todas las fuerzas, en Montería; desde las cuatro de la mañana del jueves instalaron veinte puestos de control en las carreteras que conectan a la ciudad; y no trabajó nadie en las oficinas de la policía porque todos salieron a patrullar. Igual, los urabeños hicieron su paro sin mayores obstáculos. .

Hay una desconexión con la justicia

Como explicó ayer el Fiscal General encargado Jorge Perdomo, la Fiscalía tiene el récord de más de 10 mil imputaciones en grandes organizaciones delincuenciales y 7 mil sentencias condenatorias. Esto es en parte producto de la política de priorización de la Fiscalía. Pero esta política no tiene una contraparte en los jueces, que abordan estos casos como si fuera cualquier otro delito.

La FIP, por ejemplo, ha propuesto un tribunal especializado en juzgar a las bacrim. La política de la Fiscalía sugiere que haya despachos judiciales especializados en criminalidad organizada y también jueces itinerante de control de garantías para las bacrim para que puedan legalizar rápidamente las capturas.

Además, los miles de las bandas criminales que han sido capturados son condenados por concierto para delinquir y no por los delitos para los cuales se concertaron. Eso hace que a los dos años ya estén afuera.

Con el agravante de que como no existe un verdadero sistema de información entre la Fiscalía, la Policía y el Inpec, no hay tampoco una estrategia para evitar que los internos de las bandas criminales queden recluidos juntos con los de sus estructuras criminales con lo cual en no pocas ocasiones termina siendo la maestría completa. Tampoco se aprovechan los capturados para llegar a través de su información a los verdaderos líderes de las bandas.

No se combate en serio la corrupción provocada por las bandas

En su entrevista de este domingo, el Fiscal General (e) Perdomo decía que “la inmensa capacidad que tienen para corromper y permear la fuerza pública en las regiones” es lo que explica en parte el poder del Clan Úsuga. Más de 150 integrantes de la Fuerza Pública e, incluso, miembros del CTI, fiscales y jueces han resultado detenidos en el último año por colaborar con estos grupos.

Como lo explicó un texto de la FIP, en algunos sitios la misma policía son las bandas criminales.

Las ‘Aguilas Verdes’, es como las llaman las comunidades mineras, principalmente en el nordeste de Antioquia, en el Bajo Cauca y en el sur de Bolívar a los policías corruptos que extorsionan a los mineros informales o a los que se asocian con las bacrim

En estas regiones, como Buriticá en Antioquia, los policías hacen retenes por donde bajan los mineros para vender su oro en las comercializadoras y les cobran un ‘peaje’ para dejarlos pasar o para permitir la extracción ilegal. En otras partes, según las fuentes de la FIP, además de la extorsión a la minería ilegal, abren rutas para el transporte de armas o de oro o de coca “y en algunos casos se habla de su participación en actos de sicariato.”  

De este tema poco se habla.

Se declara "una guerra" inganable a la economía ilegal

Más allá de los operativos y las capturas, en las zonas donde operan las bandas la economía criminal está tan consolidada que la desarticulación de una bacrim y la dada de baja de un jefe hacen muy poca diferencia porque el negocio es tan boyante que aparece rápidamente un sucesor. Por eso, muchas veces esas declaratorias de guerra indiscriminada contra la minería criminal o las ollas, que generan grandes réditos políticos, terminan haciendo más mal que bien.

"En contextos de economías criminales consolidadas, la acción represiva del Estado puede resultar contraproducente y reforzar los vínculos que tienen las comunidades con las actividades ilícitas y las organizaciones al margen de la ley. Tal como lo han mostrado distintos estudios, en la medida que el Estado endurece su estrategia, los niveles de confianza en las instituciones presentan un declive significativo y la legitimidad del Estado se deteriora", dice el informe de la Fip sobre economías ilegales.

Las bandas criminales están metidas en el procesamiento y la comercialización de la coca; en la extorsión y explotación de la minería ilegal de oro; en el contrabando de gasolina y en el tráfico de personas.

Y más allá de la retórica y la indignación de los jefes guerrilleros de las Farc en la Habana frente al accionar de estas bandas neoparamilitares, la realidad en el terreno es que en no pocas ocasiones trabajan de la mano. “Cada vez es menos frecuente la disputa entre estructuras de las FARC y facciones locales del crimen organizado, lo cual, en cierta medida, refleja el proceso de consolidación de las economías criminales”, escribe en un texto el investigador Juan Carlos Garzón.

Por ejemplo, las Farc controlan los cultivos de coca, mientras que las bandas la procesan y comercializan. En el Catatumbo, las FARC compran la hoja de coca y se encargan de convertirla en pasta base, que luego se la venden al EPL. Esta guerrilla la cristaliza en sus laboratorios y la vende ya sea directamente en la frontera con Venezuela o a las bacrim para que la distribuyan en Colombia. Guerrilla y bacrim también controlan los puntos de entrada de la gasolina de contrabando para procesar la coca.

En el bajo Cauca, las bacrim tienen sus propias minas de oro a través de testaferros y cuando no son los dueños viven de extorsionar las de los otros.

“En regiones como el Bajo Cauca se encuentra que en algunos casos las sumas a pagar son acordadas entre las partes (extorsionista y extorsionado) con arreglos entre guerrillas y bandas criminales, respecto a las zonas y sectores que cada uno grava. En la región de El Ariari, las bandas criminales se encargan de la margen izquierda del río Güejar (zona de sabana) y las FARC de la margen derecha”, dice la Fip.

Como lo muestra un reporte de la Iniciativa Global contra el crimen organizado y la minería ilegal, Colombia está fracasando en su lucha contra la minería ilegal. Es un negocio que este estudio calcula en dos billones de dólares.

El país no ha logrado formalizar a los mineros ilegales, un propósito que el presidente Santos ha anunciado varias veces como ha contado La Silla. Según este informe, en 2012 se lanzó un programa piloto en el Bajo CAuca que involucró inicialmente a 150 operaciones imineras de más de mil que funcionan en la zona. Tres años después, solo quedan en el proceso 25 y ninguna ha podido ser legalizada totalmente.

Como en estas zonas, no se ha podido crear una verdadera economía legal, el Estado es visto más como un enemigo que como un aliado con lo cual, por más sanguinarias que sean, estas bandas criminales se legitiman.

A esto se suma que la Uiaf, que es la entidad encargada de investigar el lavado de activos, es una organización pequeña sin ninguna capacidad territorial.

Por eso, varios expertos -incluida la política de la Fiscalía- recomiendan focalizarse en una estrategia más realista de reducir los contornos más violentos de estos mercados o los que más desafían al Estado que en guerras indiscriminadas contra estas economías cuando no tienen capacidad de ofrecer una alternativa legal igualmente productiva.

"Es mejor un proceso como el de Medellín de irle ganando poco a poco espacios a la ilegalidad", dice María Victoria Llorente.