Las drogas: entre la Coccam y la fumigación

Mientras Iván Duque le apuesta a endurecer las medidas, Gustavo Petro focalizaría la fuerza en los traficantes y le daría más participación a los cocaleros. 

Con la cifra récord de 188 mil hectáreas de coca y las disidencias creciendo en el Pacífico el narcotráfico, que ha sido y sigue siendo el combustible de la guerra, es un problema para el que los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro proponen mejorar mucho de lo que ya se hace hoy.

Pero fuera de lo obvio (como reforzar la inteligencia, las interdicciones y la efectividad de la justicia), este es un punto en el que sus enfoques difieren sustancialmente.

Mientras que Iván Duque apuesta a la represión en todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, Gustavo Petro considera que ésta se debe focalizar solo en los eslabones más fuertes, como los narcotraficantes y sus cómplices en las autoridades, pero considera que frente a los consumidores y los cocaleros lo que hay es que darles más participación.

Duque: la visión de la lucha contra las drogas

El candidato del uribismo le apuesta a endurecer las medidas para que haya mano dura para todos los eslabones de la cadena del narcotráfico.

El mayor cambio que se vería si llega a la Presidencia es que retomaría la carta de la fumigación aérea, con la posibilidad de la fumigación con drones.

Duque dice que tanto la sustitución como la erradicación deben ser obligatorias. Una falacia en el discurso porque hoy funciona así. Si un campesino cocalero no quiere firmar un acuerdo de sustitución con la Oficina de Drogas a cargo de Eduardo Díaz para arrancar la hoja de coca y que a cambio le den unos pagos y asistencia técnica para proyectos productivos, puede entrar una brigada antinarcóticos de la Policía a arrancarle las matas a la fuerza.

Lo que cambiaría con él es que la erradicación forzada no será solo manual. Él propone “cuando sea necesario por razones de seguridad y con protocolos de salud pública y ambientales, utilizar la aspersión aérea de los cultivos”.

“Lo que hay que mirar son nuevos componentes químicos que satisfagan los estándares de salud”, dijo Duque en una entrevista con CM&. Por ahora no se sabe cuál sería el nuevo químico que reemplace al glifosato.

Retomar esa carta de la fumigación aérea, que el Gobierno Santos abandonó en 2015 y que la Corte Constitucional frenó para el caso del glifosato por razones de salud pública,  es un camino muy costoso en varios sentidos.

Vale mucha plata. Según Daniel Rico, experto en drogas, reiniciar la aspersión costaría al menos 100 millones de dólares.

Esa plata Duque la puede sacar del presupuesto nacional, lo cual dependerá de cuánto le asigne al ministerio de Defensa o de pedir una apropiación de recursos al Congreso de Estados Unidos.

Aunque en marzo de este año ese congreso hizo caso omiso a los recortes pedidos por el presidente Donald Trump para Colombia (pedía bajar de 391 millones de dólares a 251 millones para 2018), esa plata ya tiene unas asignaciones específicas (una parte va para justicia, otra para erradicación,etc) y si el Gobierno creara un programa de aspersión, tendría que pedir la plata específicamente para eso y que el congreso norteamericano lo apruebe.

Normalmente la aprobación de un proyecto de apropiación de recursos tarda dos años.

Pero el mayor problema no sería la plata, sino perder la confianza de los campesinos si por razones de seguridad llega a fumigar en sitios donde están las 69 mil familias cocaleras que, según cifras de la Oficina de Drogas, ya firmaron acuerdos individuales de sustitución en el marco del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, que aterriza el punto de drogas del Acuerdo de La Habana.

Además hay más de 50 mil familias en todo el país que ya firmaron un acuerdo colectivo (en el que manifiestan la voluntad de dejar atrás la coca y apostarle a la sustitución) y están por firmar acuerdos individuales.

Todos esos campesinos que ya le están creyendo al Estado, dejarían de hacerlo si en vez de funcionarios del Gobierno llegan aviones, con lo cual seguramente muchos paralizarían las carreteras, como pasó con las famosas marchas cocaleras de hace 20 años.

“Sería una catástrofe. Somos campesinos que hemos buscado todos los caminos de concertación con el Gobierno para evitar que nos fumiguen. Estamos dispuestos a terminar con los cultivos sin la fuerza, pero si es a las malas, pues nos toca a nosotros también ponernos a las malas”, nos dijo Balvino Polo, líder de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, en Caquetá.

Sin embargo, Duque también ha dicho que le apostaría a la fumigación con drones y podría aprovechar que la Policía Antinarcóticos (que tiene 7800 policías, 2800 dedicados a operaciones de erradicación en tierra) comenzó desde finales del año pasado pruebas piloto para apostarle a esa estrategia

Los drones tienen varias ventajas.

A diferencia de los aviones, sobrevuelan a una altura entre 50 centímetros y un metro por encima de los cultivos, con lo cual tienen más precisión sobre el área que toca fumigar, despejando el temor de que el viento o la lluvia hagan que el químico termine afectando otros cultivos, como pasa con la fumigación aérea con glifosato.

La otra ventaja es que podrían fumigar más en menos tiempo. Mientras un equipo de erradicadores manuales se demora un día para fumigar entre 3 y 5 hectáreas, con un dron se pueden fumigar entre 10 a 15 hectáreas en el mismo tiempo.

Y si es un dron y no una persona la que entra a fumigar, también se reduce el riesgo para las brigadas antinarcóticos de la Policía porque contratar personas para que arranquen la coca ha dejado, como lo hemos contado en La Silla muchísimas víctimas, tanto militares como civiles.

Solo entre 2005 y 2013 iban 196 muertos y 858 heridos, la mayoría de ellos a causa de minas antipersona sembradas en torno a los cultivos.

Eso sin contar el riesgo al que se enfrentan día a día los erradicadores y también los verificadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en regiones como Nariño o Guaviare, por las amenazas de las disidencias de las Farc.

Pero los drones también tienen sus desventajas.

Un dron debe cargar el peso del químico que use para fumigar más el agua. Como el tanque tiene una capacidad máxima (entre 10 a 15 litros), también tiene un rango de acción limitado.Entonces, aunque no se demora nada echando el químico sobre los cultivos, cada vez que se acaba el tanque toca parar, devolverlo a tierra y rellenarlo.

Poner drones también necesita de un equipo en tierra que los controle, lo cual no reduciría del todo los riesgos en seguridad para las brigadas antinarcóticos.  

Además de esta propuesta, Duque también le apuesta a endurecer las medidas frente a los consumidores y frente a los cocaleros.

Respecto de los primeros, propone prohibir la dosis personal, confiscar la droga al que la porte y castigar con multas.

Y frente a los cocaleros, dice que revisaría el proyecto de alternatividad penal que permite dejar de perseguir por un año a los pequeños cultivadores de coca, amapola o cannabis y a los que guarden la hoja o financien las plantaciones, siempre y cuando lo hagan para autosubsistencia. A cambio, ellos deben firmar un acta de compromiso con el director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, hoy en cabeza de Eduardo Díaz, en la que se comprometen a dejar de cultivar y a no volver a hacerlo.

Para él, como argumentó en esta columna ese proyecto “constituye un favorecimiento al famoso “pitufeo” que consiste en la sumatoria estratégica de pequeños cultivadores para insertarlos en la cadena de abastecimiento a los laboratorios y centros de procesamiento”.

Por último, está su propuesta de presentar una reforma constitucional para que quede en la Constitución que el narcotráfico no es un delito amnistiable en ningún caso lo que en todo caso no aplicaría para las Farc pues se les aplicaría la norma más favorable que quedó en el Acuerdo de Paz pero sí dificultaría cualquier eventual negociación con los del ELN pues sus comandantes están metidos en narcotráfico y si esto queda en la Constitución no podrían participar en política.

Petro y el juego a los cocaleros

La visión del candidato de la ‘Colombia Humana’ es muy diferente. Él le apuesta a un tratamiento diferenciado de los eslabones de la cadena del narcotráfico, como lo explicamos aquí, concentrando la represión en los traficantes.  A los cocaleros y consumidores, en cambio, los protegería.

Petro parte de la idea de que las familias campesinas que se han dedicado al cultivo de coca no han tenido oportunidades para dedicarse a algo distinto y tampoco tienen cómo sacar otros productos porque no hay ni carreteras ni bienes públicos en muchas de estas regiones.

Inicialmente propuso comprar la cosecha de coca mientras se hacía sustitución (una idea que antes ya había propuesto el expresidente César Gaviria e incluso el expresidente Álvaro Uribe), pero en su campaña nos dijeron que descartaron esa idea.

Su propuesta, aparte de proteger a los líderes que defienden la sustitución, es mantenerla voluntariamente y dejar la erradicación forzada como plan b, pero para él “hay que recuperar el sentido original del Pnis. Será más participativo, incorporando a las comunidades en las decisiones y soluciones”, algo que ya está en el Acuerdo pero que él dice que quisiera profundizar más.

En concreto, según nos dijeron en su campaña, quiere que “las comunidades, a través de sus organizaciones, participen en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución”.

Eso ya existe porque el Pnis tiene espacios de concertación tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación del programa. Hay consejos municipales de planeación con voceros de las organizaciones campesinas que firman los Acuerdos. Hay consejos asesores territoriales en los que además de las organizaciones, participan los alcaldes y gobernadores para ver la ejecución del programa y hay un consejo permanente de dirección al que van las organizaciones, las Farc y el Gobierno para evaluar los avances del programa.

Esa participación la harían en tres fases: que haya delegados comunitarios trabajando con técnicos para formular y diseñar los programas en las veredas y municipios; en asambleas comunitarias se discutirán y aprobarán esos proyectos; las organizaciones de cultivadores tendrían prioridad para la ejecución de las labores de extensión agropecuaria y por último, participarían en la evaluación de los resultados del programa, del lado del Gobierno y eventuales donantes. 

Pero en todo caso hacerlo tiene sus pros y sus contras.

Como lo explicamos en esta historia darle más participación a los cocaleros representados en organizaciones como la Coccam (que tiene comités cocaleros en 14 departamentos) o la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, es profundizar la idea de “construir democracia de abajo hacia arriba” que estaba en el Acuerdo, pero que perdió fuerza tras la renegociación con los de la Coalición del No.

Idea que puede, por un lado, enriquecer más las discusiones sobre el desarrollo alternativo a la coca teniendo en cuenta las necesidades de cada región, pero también hacer mucho más dispendiosa la toma de decisiones.

Por ejemplo en Putumayo, uno de los departamentos con más coca cultivada en el país, la Oficina de Drogas en cabeza de Eduardo Díaz tardó desde que lanzaron el programa en mayo de 2017 hasta enero de 2018 para arrancar con los primeros pagos a las familias justo porque se tardaron todo ese tiempo (ocho meses) concertando las condiciones con organizaciones como la Coccam. Si Petro quiere reabrir las discusiones o hacerlas más participativas, puede tardar incluso más que eso, lo cual retrasaría el programa.

Para consumidores, Petro ha dicho que “al consumidor de drogas, recreativo o dependiente, generalmente juvenil y socialmente excluido, no se le trata con cárcel sino con médicos y diálogo estatal”. Para eso propone revivir la experiencia de los centros de atención médica de drogodependientes (Camad) que creó a finales de 2012 cuando fue alcalde de Bogotá en sitios como el Bronx y que lo que hacía era que los habitantes de calle y adictos tuvieran condiciones dignas de consumo, como por ejemplo, darles primeros auxilios o hacerles exámenes médicos.

Otro frente en el que se retrasaría es en la aprobación del proyecto de alternatividad penal. Él dice que hay que conciliarlo nuevamente con los cocaleros, lo cual en la práctica implica retirarlo del Congreso.