Las Farc y el Gobierno firmaron un mejor acuerdo

Hoy, en medio de cierto afán y sin que los del No hubieran podido leer lo pactado, se firmó y se anunció el nuevo y definitivo Acuerdo de Paz con las Farc, poniendo así fin a la incertidumbre sobre el futuro de lo pactado después de que el acuerdo inicial fuera rechazado en las urnas el pasado 2 de octubre.

Sin haber leído los nuevos textos (que no habían sido publicados todavía) y con base en los discursos del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y del presidente Juan Manuel Santos, el nuevo pacto refleja “los ajustes y las precisiones” que las dos partes se habían comprometido a hacer al día siguiente de su derrota y un gran cambio sustancial: que el Acuerdo de Paz ya no entra al bloque de constitucionalidad.  

El nuevo acuerdo sobre todo refleja el compromiso de las Farc con la paz, pues cedió en varios puntos más de lo esperado, aunque no en dos que eran simbólicos para muchos que votaron por el No: no habrá cárcel para los guerrilleros y sí podrán ser candidatos a elecciones populares aún si están pagando sus condenas.

Por eso sigue la expectativa sobre cómo responderán los promotores del No, y en particular el ex presidente Álvaro Uribe, que varias horas después del anuncio seguía sin fijar una posición.

Los ajustes

Los ajustes apuntan a tranquilizar a varios sectores que votaron por el No.

Tranquiliza a los que votaron convencidos (y engañados) de que el Acuerdo tenía “ideología de género” y que por la vía del bloque de constitucionalidad iba a reformar el concepto de mujer y hombre y de familia. Se eliminaron las referencias a la perspectiva de género aunque sí quedó explícito que las mujeres que han sufrido especialmente el conflicto sean tratadas con prioridad, algo sobre lo que nadie tenía reparo.

La mención de la comunidad Lgbti, que era la fuente de preocupación de los religiosos, quedó solo en el capítulo sobre que ningún grupo, ni por su religión, orientación sexual o étnica, podrá ser discriminado.

Además, al dejar explícito que tendrán un papel en la política contra el consumo de drogas y que en la implementación se va a respetar la libertad de cultos, ataca el temor de que la implementación reviviera prácticas de las Farc contra algunos de sus miembros. Y, como un guiño a su ideología, habla del fortalecimiento de la familia campesina.

El nuevo acuerdo también tranquiliza a los empresario, especialmente con varios puntos buscan aliviar temores de los empresarios del agro, tanto latifundistas tradicionales como agroindustriales.

Lo primero que hace es dejar explícito el respeto a la propiedad privada -una de las preocupaciones de latifundistas-, tranquiliza el temor de que vía el Fondo de Tierras se les expropiaran predios.Y, al dejar explícito que la actualización del catastro no modifica en sí mismo los avalúos de las tierras, reduce el fantasma de que ahora tendrán que pagar mayores impuestos prediales por sus latifundios (aunque no lo mata del todo).

También reduce el temor de que no puedan hacer negocios en el campo, pues aclara que aunque el Acuerdo se refiere a programas en favor de los campesinos, no van contra otros usos del campo, como el turismo o la agroindustria.

Por otro lado, se elimina el miedo que tenían muchos empresarios -y sobre los que Uribe fue enfático- a ser víctimas de una cacería de brujas por haberle pagado extorsión a los paramilitares o guerrilleros: la justicia transicional solo podrá investigar a los que hayan tenido una participación determinante en los delitos de los paramilitares (y no una habitual, como decía antes y podía incluir a los que los financiaban periódicamente así no fueran particularmente poderosos) y podrá servir para que les cierre los procesos que hoy tengan en la justicia ordinaria, si no se trata de crímenes graves (lo mismo que ocurre con guerrilleros y militares).

Y también ayudó a reducir el fantasma de que el Acuerdo obligara a ponerles más impuestos para financiar su implementación. Para eso se alargó su implementación de 10 a 15 años, con lo que cada año se necesitará menos plata, se dejó explícito que los gastos no pueden ignorar la necesidad de sostenibilidad fiscal, y quedó claro que el plan de implementación debe precisar cuál es la fuente de los recursos, un punto muy defendido por Marta Lucía Ramírez.

Los militares, un grupo que Uribe quiso representar en sus propuestas, también tienen con qué quedar tranquilos: se reiteró que si contribuyen con verdad y reparación pueden obtener beneficios penales incluyendo la excarcelación o la terminación de los procesos penales que tengan por hechos relacionados con el conflicto.

Y otro de los actores que apareció en el debate, la Corte Suprema, también tiene con qué calmar sus temores. Entre ellos estaba que la Justicia Especial para la Paz no iba a tener límite determinado en el tiempo y podría volverse a constituir en el futuro, y ahora solo podrá funcionar por 10 años;  otro, que contra sus decisiones no cabía ningún recurso, y ahora están sujetas a la tutela; y una más era la presencia de magistrados extranjeros en el tribunal para la Paz, que se eliminó.

E incluso resuelve temores generalizados, como que a través de la comisión de protección y garantías de seguridad, hicieran una purga del Estado y golpeara la seguridad privada. Para evitarlo, las Farc ya no estarán en al comisión y ésta ya no vigilará a las empresas de seguridad privada ni revisará hojas de vida de funcionarios.

Lo sustancial

La renegociación del acuerdo se logró en tan solo un mes y medio, tras jornadas larguísimas de discusión del equipo de negociadores del gobierno primero con los del No y luego con las Farc.

El Gobierno venía informándoles a los promotores del No y al país sobre los avances que iban teniendo en la mesa en la Habana. Pero por una razón que La Silla no ha podido determinar, en el último momento se apresuró el anuncio del Acuerdo Final sin habérselo contado antes a todos los del No (Marta Lucía Ramírez estaba fuera del país) como -según dijeron dos de ellos- el Presidente les había prometido que lo haría.

La Silla consultó con dos personas cercanas a la negociación y ambas coincidieron en que la negociación “ya no daba más”, como dijo una. “Es una decisión política que incluye muchos factores internos y externos”, explicó la otra.

Una tercera fuente, de menor nivel pero que estuvo en la Habana, dijo a La Silla que el gran temor era que cada día que pasaba era más difícil sostener el cese del fuego. Las Farc como los del sistema de monitoreo de la ONU estaban preocupados porque a veces no llegaba comida a las zonas de preagrupamiento y los guerrilleros no tenían plata para comprarla.  

Del lado de los militares, también había mucha tensión porque no sabían qué seguía y temían que algún guerrillero se peleara con otro, o disparara.

Independientemente de la razón que tuvieran para anunciar el acuerdo hoy, el afán fue evidente. Santos citó de urgencia a Álvaro Uribe en Rionegro, Antioquia, para explicarle lo acordado y casi cinco horas después del anuncio televisado desde La Habana, no habían subido los textos con los cambios porque cuando los anunciaron no los tenían listos.

A pesar de ese gesto de última hora, después de la reunión con el Presidente, Uribe se limitó a pedir públicamente que todavía no firmara el Acuerdo pero aún no se ha pronunciado sobre el contenido del mismo.

De todo lo que pidieron los uribistas, y sin contar con lo que era abiertamente descarado como pedir que se reformara la ley de restitución de tierras de 2011 que no tenía que ver con el Acuerdo para presumir la buena fe exenta de culpa de los que compraron tierras despojadas, muchos de sus puntos quedaron incorporados.

Tres particularmente significativos.

Uno, que era importante para los que votaron por el No y que fue promovido por Uribe, Ramírez y Pastrana, y es que las Farc se obligan a hacer un inventario de los bienes para reparar con ellos individualmente y como grupo, a sus víctimas.

Este era un punto que Sergio Jaramillo y de La Calle estaban a punto de sacar adelante cuando Santos envió a la Canciller y a los otros negociadores al “cónclave” express de las últimas semanas y se quedó por fuera. Las Farc lo ofrecieron en la víspera del plebiscito, pero no estaba en el Acuerdo. Ahora quedó explícito.

El otro que también se pactó en esa reunión las últimas semanas y que ahora fue reversado tiene que ver con los privilegios ‘extras’ del partido que surja de las Farc frente a los demás.

Mientras en el primer acuerdo recibían un total del 20 por ciento de la financiación estatal mientras que un partido grande recibe alrededor del 15 por ciento, ahora las Farc recibirá lo mismo (lo cual ya es un empujón importante pero corrige cierta desigualdad).

Y el tercero, que realmente es el punto en el que más cedió las Farc, es que el nuevo acuerdo no entrará a formar parte del bloque de constitucionalidad. Esto tiene implicaciones jurídicas, pero sobre todo políticas.

La idea del bloque de constitucionalidad era del político conservador Álvaro Leyva y asesor de las Farc, quien les metió en la cabeza que incorporar todo el Acuerdo dentro de la Constitución era la manera de darle solidez para que no llegara el próximo presidente y desconociera lo pactado.

Ese punto ofendió a muchos políticos y juristas, incluyendo a la Corte Suprema, que decían que se había reformado la Constitución por la puerta de atrás, y era uno de los principales reparos del ex presidente Andrés Pastrana y de abogados como Jaime Castro o José Gregorio Hernández.

También era a través de ese bloque de constitucionalidad que los religiosos creían que la ideología de género quedaría ‘encriptada’ en la Constitución.

Ahora quedó en el bloque de constitucionalidad solo lo que tiene que ver con el Derecho Internacional Humanitario (una idea que De la Calle y Jaramillo defendieron también infructuosamente la primera vez, antes de que Leyva convenciera al Presidente de incluirlo todo).

En este bloque se entiende que queda incluída la amnistía, que es fundamental para darle tranquilidad a los guerrilleros de que no los van a meter presos más adelante.

Pero ya el Acuerdo no será omnipresente en la Constitución y solo ese hecho ya convierte lo renegociado en un “nuevo acuerdo”, para efectos del fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito.

Lo que no se logró

De las dos concesiones que eran muy simbólicas para los del No y precisamente por eso más difíciles de aceptar para la guerrilla, una se logró parcialmente y la otra no.

Se precisó mejor lo de la restricción de la libertad.  Aunque no quedó explícitamente que pagarán una condena en una colonia agrícola ni se incluyó la humillación que muchos desearían, tampoco será cierto que tendrán a todo el país como cárcel, como decían varios de los que votaron por el No.

Lo que no cambió fue el tema de la elegibilidad. Uribe quería que los que habían cometido delitos atroces no pudieran ser elegidos para corporaciones públicas, y Marta Lucía Ramírez proponía que lo hicieran pero después de pagar la pena.

Ninguna de las dos quedaron incluidas. Como el eje fundamental de la negociación era la idea de que cambiaran las balas por las urnas, negarle a los comandantes la posibilidad de hacer política era truncarle el futuro político al partido que surgiera de las Farc. Como en los partidos tradicionales, las figuras conocidas son las que jalonan los votos.

La pregunta ahora será si habiendo incorporado muchas de las propuestas del No, sus promotores aprovecharán que el nuevo acuerdo es mejor para sacar pecho y compartir con la coalición oficial la bandera de la paz. O si, por el contrario, aprovecharán que no se logró renegociar lo de la cárcel y la elegibilidad, para sin asumir el costo de los muertos que ya no habrá, usar la idea del ‘conejo’ como bandera para intentar regresar al poder en el 2018.

Del camino que escoja el ex presidente Uribe dependerá que la nueva fase de implementación que arranca ahora sea más o menos fácil. Porque, dado el silencio al respecto, parece evidente que refrendación no habrá.