Las guerras por el agua en Santander

El Páramo de Santurbán es la fábrica de agua que abastece a dos millones de habitantes entre Norte de Santander y Santander.

Ya completa ocho años en la agenda del departamento y en ese tiempo su historia ha estado marcada por tres puntos de quiebre: dos relacionados con las intenciones de multinacionales mineras de extraer oro dentro de su territorio (la Canadiense GreyStar quería hacer minería a cielo abierto pero desistió) y en sus inmediaciones (la árabe Minesa está buscando aprobación para extraer el material con minas subterráneas), y uno por el conflicto social que desató su delimitación.

Grupos de ambientalistas, personas del común, políticos y recientemente el Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, han asumido la vocería del bando que se opone a cualquier intervención en ese ecosistema.

Su principal argumento es que los páramos son complejos delicados que si se intervienen a cualquier nivel pueden desestabilizarse; también desconfían de lo que ha dicho Minesa sobre que no generara afectaciones y no contaminará las aguas subterráneas, que son las que abastecen a las comunidades.

La otra cara de la historia está en los municipios que están directamente en el área de influencia del páramo -California, Vetas, Suratá, Tona, Matanza y Charta-.

Los dos primeros son de tradición minera y por más de 400 años han extraído artesanalmente el oro que está en su tierra. Como su economía depende principalmente de esa actividad, desde que se conoció en 2014 la primera delimitación del páramo (tumbada el año pasado) han estado en el limbo, porque además de que no pueden hacer minería, no les han llegado las ayudas que el Gobierno les prometió.

Por eso, muchos se terminaron acercando al proyecto de Minesa para garantizar su sustento.

Ahora que por orden de la Corte Constitucional se debe volver a delimitar el páramo, esta vez concertando con todas las partes, habrá un nuevo pulso.

Como el plazo va hasta noviembre, todo está dado para que el debate se agudice en los meses que viene, con el ingrediente adicional de que Minesa retiró la propuesta de plan de manejo ambiental que puso a consideración de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para solicitar la licencia.

Como ese documento, que detalla los riesgos del proyecto en la zona en la que lo quieren desarrollar (a 140 metros de la anterior delimitación del páramo), volverá a ser radicado y lo más probable es que lo hagan una vez se conozca la nueva delimitación de Santurbán, algo que también volverá a caldear los ánimos en la disputa por la conservación del páramo.

El páramo del almorzadero fue delimitado el pasado 31 de enero. Comprende 157 mil hectáreas entre tres municipios de Norte de Santander y 14 de Santander, en la provincia de García Rovira (Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda, San Miguel y Santa Bárbara).

En agosto del año pasado, que fue cuando se iniciaron las socializaciones para establecer los límites de la protección de ese ecosistema, iniciaron las protestas de las comunidades que habitan en él.

El eje de la discusión estuvo en que allí hay agricultores y ganaderos, especialmente en los municipios del Cerrito, Concepción y Carcasí en Santander, que con la delimitación saldrían desplazados, y que al igual que lo sucedió en Santurbán, dicen que no los tuvieron en cuenta.

Por eso fue que en febrero, tres semanas después de que se conociera la resolución, cerca de 2 mil campesinos de 12 municipios que quedaron dentro de la zona protegida, hicieron una marcha desde el Cerrito hasta la plaza central de Málaga, municipio conocido como la capital de esa provincia.

Esta pelea en la región es bien particular porque fue precisamente en Cerrito en donde el Concejo aprobó la primera iniciativa popular del país, respaldada por 1.051 firmas y que restringió la actividad minera en el páramo, en 2010.

“Lo que no es justo es que la delimitación nos termine afectando a nosotros si nosotros somos los que más hemos cuidado el páramo. Hacemos jornadas de recolección de basura, tenemos un comité hace años que cuida al cóndor y al venado, en vía de extinción”, le dijo a La Silla Seráfico Calderón, líder campesino del Cerrito.

Además, temen que se le abra la puerta a la minería a gran escala en parte de sus territorios, que son ricos en carbón.

La razón está en que con la delimitación los municipios quedaron fraccionados entre áreas protegidas y libres, y mientras que en la parte alta todo queda prohibido, debajo de la línea podrían aparecer proyectos de minería, que, según ellos, sí afectarían sus territorios.

Eso sin contar que proyectos de esas magnitudes podrían afectar a todo el ecosistema del páramo, que es el que surte de agua a 19 municipios de Santander, aún cuando se desarrollen debajo de la línea trazada por el MinAmbiente.

Mientras la CAS establece la zonificación del páramo (en dónde queda prohibida cualquier actividad y en dónde habrán restricciones para usar agroquímicos), los campesinos de 12 municipios que quedaron dentro del área de páramo, se organizaron en un solo comité y se declararon en asamblea permanente.

La calidad del agua de Barrancabermeja lleva décadas en entredicho pero en los últimos cuatro años el debate sobre la preservación de la ciénaga San Silvestre, que es la que surte de agua potable a ese municipio -el segundo más grande de Santander- y el río Sogamoso -sustento de cientos de pescadores de la región- se ha hecho más visible.

Los ambientalistas han asumido la pelea por el agua de la ciénaga (también es el hábitat del manatí antillano, especie en vía de extinción), que está amenazada por la contaminación de rellenos sanitarios.

En 2015, la Corporación Autónoma de Santander, CAS, cerró el relleno La Esmeralda, que funcionó durante décadas en la ciudad, porque estaba muy cerca de la ciénaga y los lixiviados estaban cayendo directamente en sus aguas.

Aunque, se construyeron dos nuevos rellenos, con licencia de esa misma autoridad ambiental, lo hicieron en un área protegida para amortiguar el daño ambiental a la ciénaga y la historia se repitió.

Los ambientalistas le ganaron una batalla jurídica al relleno sanitario más grande -Anchicayá- y tuvo que cerrar, pero, el otro que es de propiedad del superpoderoso empresario, Reinaldo Bohórquez, sigue funcionando y, según denuncias de prensa, contaminando quebradas que van a parar a la ciénaga San Silvestre.

En el lado del río Sogamoso, las afectaciones han venido de varios frentes.

Además de que los pescadores denunciaron que con la construcción de la Hidroeléctrica Hidrosogamoso los caudales del río se desestabilizaron y ahora se ocasionan tanto inundaciones como intensas sequías que han dejado rastro de mortandad de peces; están las denuncias por la tragedia del derrame del pozo de La Lisama que vertió cerca de 550 barriles de petróleo en quebradas y que alcanzó a llegar al río.

Encima está el debate sobre el uso del fracking, una controvertida técnica que usa agua en grandes cantidades para fracturar rocas a altas profundidades, para extraer reservas de petróleo en toda la región del Magdalena Medio.

El miércoles pasado el Alcalde Darío Echeverri anunció que realizará una consulta popular para que los barranqueños decidan si quieren explotación petrolera tanto de pozos convencionales como no convencionales (fracking) en su territorio.

Eso, en un municipio que durante los últimos cien años ha vivido del petróleo, que es sede de la refinería más grande de Ecopetrol y de los sindicatos más poderosos de esa industria, seguramente iniciará un pulso en la región.

Jesús María, Sucre y El Peñón, ubicados en la provincia de Vélez, se volvieron noticia el año pasado tras ser los primeros municipios de Santander en iniciar el proceso de consulta popular para prohibir la explotación minera y petrolera en sus territorios.

La iniciativa nació cuando las comunidades de Sucre y Jesús María se enteraron de que había un proyecto minero que ya cuenta con licencia ambiental para explotar piedra caliza en 699 hectáreas del sector conocido como la Peña de Órganos.

Además de que la mina sería a cielo abierto y de grandes proporciones, la preocupación de los líderes y campesinos de la región radica en que es en ese lugar en donde nacen las aguas que surten a los acueductos de ambos municipios.

Eso, sumado a que esos municipios son netamente agropecuarios, hizo que la campaña para decirle no a la minería creciera con fuerza y finalmente ganara en las urnas con 1.667 votos en Jesús María contra 22 y con 3.016 en Sucre contra 33.

Ahora están pidiéndole a la CAS la revocatoria directa de la licencia ambiental que autorizó la explotación en la Peña de Órganos porque consideran que no cumple con la rigurosidad técnica que requiere un proyecto de esa envergadura.

Sobre eso, la CAS le dijo a La Silla que la solicitud se encuentra aún en evaluación, aunque ya va para 15 meses de haberse presentado, tanto por la Personería de Sucre como por un concejal de Jesús María.

En El Peñón, por su parte, se encendieron las alarmas por la minería desde marzo de 2016, cuando la Agencia Nacional Minera le notificó al municipio que estaban evaluando entregar un título minero para extraer carbón en 1.932 hectáreas del municipio, es decir en un 14 por ciento del territorio. Según el alcalde, Francisco Cruz, esa no es la única solicitud y en total las que están siendo evaluadas tanto por la ANM como por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (porque también hay potencial petrolero) comprometen el 80 por ciento de su jurisdicción.

Y con el impulso de sus vecinos, también convocaron una consulta antiminera que aunque estaba para el 5 de noviembre del año pasado no se realizó.

Esa consulta es una de las seis que hoy está suspendida en el país porque la Registraduría dice que no tiene plata para hacerlas.

Mientras esperan que el Consejo de Estado decida quién debe asumir esos gastos, en El Peñón siguen en campaña en contra de la minería, haciendo marchas e incluso el Concejo aprobó hace tres semanas un acuerdo en el que prohíbe esa actividad en su territorio.

El río Fonce atraviesa la provincia de Guanentá, es famoso porque en él se practican deportes extremos, y en los últimos tres años ha estado en la agenda mediática porque quieren desarrollar una Hidroeléctrica llamada Piedra del Sol en su cauce.

Como contó La Silla, cuando el Gobierno vendió Isagén, el proyecto Piedra del Sol, que queda ubicado entre Pinchote, San Gil, Cabrera y el Socorro, fue la ñapa de esa compra porque estaba a punto de obtener la licencia ambiental para que iniciara su construcción.

Sin embargo, el proceso se complicó con la presión de las comunidades, que desde que conocieron de él han dicho que Isagén no lo socializó, y porque dicen que esa empresa habría inflado los caudales del río, algo que los desabastecería si llevan a cabo el proyecto.

“En época de verano el río es un hilito, ahora imagínese con eso funcionando. Lo desaparecen y quien sabe por cuánto tiempo”, le dijo a La Silla Martha Cristancho, líder social del municipio de Pinchote.

Además, temen que, por la cercanía del río con los cascos urbanos, la intervención termine alterando el clima de la región.

La semana pasada la Anla le negó la licencia al proyecto, entre otras cosas, porque reduciría el caudal del río hasta en un 84 por ciento en época de sequía y la caracterización del ecosistema que se impactaría estaba incompleta de modo que no se pueden medir con exactitud las afectaciones y a su vez lo que Isagén tendría que compensar.

Sin embargo, la puerta sigue abierta. Debido a que Isagén puede volver a tramitar la licencia, dos grupos ambientalistas en San Gil están promoviendo una consulta popular para preguntarles a los municipios que se afectarían sin estarían de acuerdo con la posibilidad de que se realicen proyectos megamineros o energéticos en el río Fonce.

Además, una de esas veedurías ambientales está respaldando a sus vecinos en Barichara, quienes se están oponiendo al proyecto de marihuana medicinal de la empresa canadiense Cannavida, que como contamos en La Silla, uno de los factores que tiene a la gente en contra del proyecto es la cantidad de agua que ese cultivo va a utilizar.

Si bien la fuente de donde Cannavida tomaría el agua no es la misma del consumo humano, los campesinos de las veredas aledañas al proyecto creen que sí podría poner en riesgo el suministro para sus cultivos.