Las minas antipersonal amenazan con dejar coja la restitución de tierras

Las minas antipersonal son uno de los mayores obstáculos para la restitución de tierras en Colombia. Foto cortesía de www.ejercito.mil.co

El presidente Juan Manuel Santos se comprometió a que el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado entrará en su fase de ejecución durante 2013, pero si quiere cumplir con su promesa tendrá que medírsele a un enemigo tan poderoso como los despojadores: las minas antipersonal.

Las minas se han convertido en uno de los mayores obstáculos para la restitución de tierras y para la aplicación de la Ley de Víctimas. Y si quiere garantizar su efectividad, el Gobierno tendrá que redoblar sus esfuerzos de desminado porque un número muy alto de las solicitudes de restitución se encuentra en zonas con presencia comprobada o sospechada de minas antipersonal y otros tipos de artefactos explosivos improvisados.

“En las regiones donde hubo despojos por parte de las Farc, al menos el 70 por ciento están sembradas de minas antipersona”, había advertido en octubre el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, un hecho que denunció ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta realidad ha ocasionado que un número significativo de las 31.318 solicitudes de restitución que ha recibido la Unidad de Tierras -y que equivalen a unas 2,2 millones de hectáreas- hayan sido paralizadas o no puedan avanzar mientras no se eliminen las minas, que ponen en jaque el regreso y el empleo de las víctimas, la seguridad de los funcionarios de la Unidad y el desarrollo económico de las zonas donde se concentra el despojo de tierras. De ahí que no podrá haber restitución en ninguna zona donde haya siquiera la sospecha de la presencia de minas.

La identificación de terrenos minados

Un 70 por ciento de los casos de despojo podría encontrarse en zonas con presencia o sospecha de minas antipersonal, según Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Foto: Juan Pablo Pino

Para Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas, es necesario que el país entienda que las minas no son un tema accesorio del conflicto.

“Nunca nos imaginamos la dimensión del problema. Cuando comenzamos a hacer las diligencias predio a predio fue que vimos la seriedad del asunto y nos dimos cuenta de que no nos permitía avanzar a buen ritmo”, le dijo a La Silla Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, que se encuentra adscrita al Ministerio de Agricultura. “Si no desminamos, definitivamente la restitución no se podrá hacer -por más condiciones de seguridad que se tengan- porque no podemos devolverle a la gente un pan envenenado”.

Hasta el momento, cerca de 5 mil solicitudes -equivalentes a 200 mil hectáreas- se encuentran en proceso administrativo, según Sabogal. De éstas, 2.161 solicitudes han terminado ya el proceso dentro de la Unidad y pasarían en las próximas semanas a los jueces de restitución, mientras que otros 1.147 casos se encuentran ya en sus manos esperando un fallo. Aún es incierto qué porcentaje de las restantes 26 mil se verían afectadas por las minas.

“Cuando comenzamos a trabajar en la restitución sabíamos que las condiciones de seguridad de las víctimas serían uno de los factores más determinantes, pero no nos imaginamos que la mina misma sería uno de los mayores problemas”, le dijo a La Silla Danny Usma, un funcionario de la Unidad de Restitución experto en el tema de minas. “Por ejemplo, en un municipio como Vista Hermosa (Meta) podemos tener unas 500 solicitudes de restitución de tierras, pero el 40 o 50 por ciento de esos predios puede tener sospechas de presencia de minas”.

Las zonas con mayor índice de despojo coinciden en gran medida con las regiones donde históricamente han ejercido su influencia las Farc y el ELN, los dos grupos que han utilizado las minas como armas estrátegicas de guerra.

Entre las zonas más afectadas tanto por el despojo de tierras como por la presencia de minas figuran el sur del Tolima y Meta, el Catatumbo en Norte de Santander, Nariño, el suroriente del Valle y muchas zonas del sur del país que aún no han podido ser visitadas por los funcionarios de restitución.

La Unidad comenzó su trabajo en 2012 cruzando la información de accidentes e incidentes con minas del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) sobre los mapas de solicitudes de restitución. Esa proyección les permitió determinar qué áreas tenían riesgo de minas, pero pronto se dieron cuenta de que la información sobre minas en Colombia dista mucho de ser completa o exhaustiva. La razón de fondo es que el PAICMA compila todos los incidentes registrados tanto por las Fuerzas Armadas como por las comunidades locales, pero muchas veces la ubicación de los incidentes conocidos por la sociedad civil es incluida de manera aproximada o no es incluida del todo. Y si no ha habido ningún incidente, difícilmente queda registrada su presencia.

Esto ha generado que durante el trabajo de registro de solicitudes la Unidad haya descubierto zonas minadas o sospechosas de minado que antes no habían sido identificadas. “Durante el proceso de cartografía social, que es como llamamos al trabajo con las comunidades, se discute el contexto de la zona y es así como nos hemos ido enterando de muchas zonas donde la propia comunidad tiene sospecha de la presencia de minas. Pero esa falta de información hace que en muchas regiones la labor de restitución sea como dar palos de ciego”, señala Usma.

En muchas ocasiones estos descubrimientos han ocurrido durante las visitas de campo que con frecuencia debe realizar la Unidad para identificar los predios despojados. “Cuando mis funcionarios  fueron a visitar unos predios en la zona del Cañón de las Garrapatas, en el Valle, los campesinos de la zona les advirtieron 'no, por ahí no siga porque está minado'. Ni siquiera lo tenía detectado el PAICMA. Esta situación también ha ocurrido en los Montes de María o el Catatumbo. Y en Planadas, Ríoblanco y Chaparral (Tolima), la Unidad no ha podido siquiera hacer las diligencias”, cuenta Sabogal.

Desminado humanitario para la restitución de tierras

A raíz de la importancia que ha adquirido el problema de las minas en la restitución de tierras y en general en la aplicación de la Ley de Víctimas, muchas de las instituciones que trabajan en este tema han debido reenfocar su trabajo.

Para comenzar, el Ministerio de Agricultura ahora ocupa un asiento dentro de la Comisión Intersectorial Nacional de la Acción contra Minas Antipersonal, el grupo de instituciones del Gobierno, la comunidad internacional y la sociedad civil que coordina y monitorea los esfuerzos para combatirlas.

“Estamos viendo cómo priorizamos aquellos municipios o zonas donde -existiendo condiciones de seguridad- podamos efectuar el desminado humanitario, para que posteriormente se pueda ejecutar la restitución de tierras”, la dijo a La Silla Daniel Ávila, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA). Según Ávila, ya se han identificado 100 municipios prioritarios y, entre ellos, 19 donde se concentrarán los esfuerzos de desminado humanitario a corto plazo.

La principal dificultad radica en que ese desminado humanitario sólo se puede realizar en las llamadas “zonas verdes”, según el semáforo establecido por el Ministerio de Defensa, donde hay condiciones consolidadas de seguridad y no existen sospechas de la presencia de grupos armados ilegales. Eso deja por fuera un porcentaje muy alto del país, cuya situación de orden público ha sido catalogada como “roja” o “amarilla”.

“La restitución de tierras es la punta de lanza de la Ley de Víctimas y todos los esfuerzos deben estar orientados en esa dirección. Nosotros vemos con muy buenos ojos lo que se ha acordado, porque la prioridad para el desminado humanitario la tendrán las áreas donde habrá restitución de tierras. El punto más complicado es que hay muchos lugares donde es necesario hacer la restitución, pero donde no existen las condiciones”, le dijo a La Silla el coronel retirado Guillermo Leal, quien dirige el Programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la OEA en Colombia.

Pero la realidad es que actualmente el país no cuenta con la capacidad para hacerle frente a este problema. Por ese motivo, en 2010 Colombia solicitó una prórroga de diez años de la Convención de Ottawa, comprometiéndose a incrementar la capacidad del Batallón de Desminado Humanitario -que no da abasto hoy- y a vincular a organizaciones de la sociedad civil en los esfuerzos de desminado. El objetivo es, de esta manera, cumplir con el mandato de la Convención de liberar de minas todo su territorio antes de 2021.

Para lograrlo, el Gobierno busca añadir este año dos nuevos pelotones al Batallón de Desminado Humanitario, para completar once. Y por el otro, se espera formalizar durante este primer semestre de 2013 la vinculación de cuatro ONGs y empresas especializadas en desminado humanitario.

La británica HALO Trust, la mayor ONG en temas de desminado en el mundo, se encuentra ya en la tercera fase del proceso de acreditación y espera sólo una evaluación operacional. La organización, que cuenta con amplia experiencia en Afganistán y Camboya, ya se encuentra entrenando desminadores y podría recibir un área de trabajo tan pronto como febrero. Otras tres organizaciones se encuentran en la fase de presentación de documentación: Indratex (un consorcio entre la española Indra y la Asociación de Técnicos en Explosivos colombiana), la empresa de seguridad G4S (antiguamente conocida como Ronco Consulting) y la Fundación Suiza para el Desminado (FSD). Según Daniel Ávila, otras ONG de Suiza, Dinamarca, Noruega y Gran Bretaña han expresado también su interés en trabajar en el país.

Por el momento hay varias zonas donde se ha venido realizando el desminado humanitario, que podrán pasar luego a restitución. El oriente antioqueño es una de las zonas donde más se ha avanzado, gracias al trabajo coordinado con la Gobernación de Antioquia y las alcaldías locales. San Carlos ya fue declarado municipio libre de sospecha, en Granada el trabajo está bastante avanzado y pronto lo estará también en San Luis, Cocorná, Sonsón y Argelia.

Asimismo se han registrado importantes avances en los Montes de María, en el occidente de Santander (San Vicente de Chucurí y Carmen de Chucurí) y en El Dorado (Meta), que ya fue desminado. Y pronto comenzará el trabajo en Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander).

Las minas antipersonal, ausentes en La Habana

En todo caso, así avance el trabajo de desminado humanitario, la restitución avanzará a pasos lentos en muchas regiones del país. Primero, porque se trata de un proceso lento con un rango de acción mucho más extenso en área que el de restitución, porque su objetivo es declarar toda una zona como libre de sospecha y no solo un predio específico. Y segundo, porque los grupos armados aún conservan su influencia en muchos de los municipios más afectados.

“Nosotros proponemos que el tema sea abordado en los diálogos de La Habana, para que mientras se llega a una decisión final sobre la paz hagamos al menos un acuerdo parcial que permita preguntarle a las Farc dónde están las minas y hacer las intervenciones de prevención con las comunidades”,  le dijo a La Silla Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas, la ONG que más ha trabajado en este tema, aún cuando casi nadie hablaba de eso.

Para muchas de las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, es hora de abrir una discusión más seria sobre la gravedad del problema y darle la relevancia que amerita. “Si las minas antipersonal son uno de los mayores obstáculos para la restitución de tierras y si son uno de los mayores flagelos para la población en estas regiones, ¿por qué no se le ha puesto el énfasis necesario? No hay consistencia ni consonancia entre la magnitud del problema y el presupuesto que se le asigna ”, añade Jiménez.

Para Jiménez, el tema de las minas debería dejar de ser visto como una minucia más de la guerra, para ser considerado un tema prioritario por el Gobierno y los entes territoriales.  “El país debe tomar conciencia de que no es un tema accesorio de la guerra, sino uno que debería estar convocando a todo el mundo”, señala.