Las minirreformas que se salvaron (por ahora) con el Plan de Desarrollo

La minitributaria

El Plan tiene incluida una minirreforma tributaria que, como la aprobada a finales del año pasado, tiene una serie de beneficios para quienes inviertan en ciertos sectores.

Por un lado, el artículo 184 excluye de IVA a los paneles solares, sus inversores y controladores para estimular estas tecnologías limpias, aunque no incluye la misma exención para la energía eólica.

Por otro, trae beneficios para las inversiones de empresas en ciencia y tecnología.

Crean un crédito fiscal (plata que se puede restar de lo que deben pagar de un impuesto nacional) por la mitad de la inversión que hagan las micro, pequeñas y medianas empresas en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

También permite deducir de renta y descontar el 25 por ciento de las inversiones hechas en sueldos de personas con doctorado, igual a lo que ya existe para las donaciones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación.

Para darle un impulso a la industria naranja, crea las Áreas de Desarrollo Naranja, zonas urbanas que serían clústers de la industria cultural y creativa, como lo que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está impulsando en el Bronx.

El artículo dice que lo que se invierta en proyectos en las áreas que los alcaldes declaren zonas naranja, entrarán en el programa de obras por impuesto que se creó con el proceso de paz.

También ajusta el impuesto de dividendos que creó la tributaria del año pasado, para que no solo estén exentos los grupos empresariales constituidos sino también las empresas controladas por otras.

Por último, los ponentes crearon un bono tributario para las empresas que inviertan en becas de estudio y manutención para deportistas, que se podrán vender y comprar y servirán para pagar el impuesto de renta.

Si se cae el Plan, esa minirreforma tributaria el Gobierno tendría que tramitar una ley, que probablemente despierte muchos más debates.

La solución del lío de Electricaribe

En la discusión con los ponentes, incluyeron un capítulo entero para solucionar el chicharrón de Electricaribe, que está intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios desde 2016.

Ante la falta de compradores de la empresa que cubre el 20 por ciento del mercado de energía de Colombia, casi toda la costa Caribe, el año pasado el Gobierno anunció que asumirá los 1,2 billones de pesos de sus pasivos pensionales, para que sea más atractiva para posibles compradores.

Para conseguir esa plata, el Plan crea una sobretasa de 4 pesos por kilovatio/hora para las familias que viven en estratos 4, 5 y 6 (algo menos del 1 por ciento de lo que está costando hoy) y aumenta la tarifa que pagan las empresas vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos para que ésta inyecte en las empresas que interviene, al 1 por ciento hasta 2022.

El Plan también autoriza a la Nación a asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, así como los que han surgido desde que la Super la maneja, y que estos son gastos necesarios para asegurar la prestación eficiente del servicio público, lo que blindaría al Gobierno de acusaciones de detrimento patrimonial por gastar plata pública pagando esas deudas.

Encima, dice que las transacciones por una eventual venta o cesión de Electricaribe no pagarán impuestos como el cuatro por mil.

Por último, para evitar que la solución sea un argumento de los dueños de Electricaribe contra la Nación por haberla intervenido, aclara que las medidas para salvar a la empresa no quieren decir que el Gobierno acepta responsabilidad por la situación ni que renuncie a una eventual indemnización.

Minirreforma al sistema carcelario

Tres artículos nuevos que pasaron el primer debate sin modificación, facilitan construir cárceles para personas detenidas y no condenadas que hoy están en mano de los municipios y departamentos.

Uno permite que la Nación también las cree y maneje (e incluso las concesione), otra le quita al Inpec la vigilancia de las cárceles de municipios y departamentos para dársela al Ministerio de Justicia, y el tercero pone al Gobierno a definir en qué condiciones los municipios y departamentos pueden contratar con el Inpec que reciba en las cárceles para condenados los presos para los que no tengan cupos.

La reforma al Estado

También se salvaron los seis artículos que le dan al Gobierno facultades extraordinarias para reformar el Estado, aunque ahora solo aplican a cinco puntos:

1. Simplificar trámites en general

2. Fusionar entidades públicas del sector financiero, lo que incluye aseguradoras como Positiva y fiduciarias como Fiduprevisora.

3. Crear una Unidad Administrativa en el Ministerio de Educación que vigile la plata del Programa de Alimentación Escolar.

4. Reformar la Contraloría General de la Nación y sus dependencias.

5. Eliminar, fusionar y modificar consejos y comités que necesiten una ley para modificarlos.

También le permite al Gobierno hacer ajustes al presupuesto general de este año, para aplicar esas reformas.

La reforma para darle más plata a los que vigilan

El Plan trae reformas a las Superintendencias de Transporte y Salud.

A la primera la pone a defender a los usuarios de las aerolíneas, una labor que hoy tiene la Aeronáutica Civil, y le da más plata con una contribución de las empresas que vigila de hasta el 0,2 por ciento sus los ingresos brutos por transporte.

Aunque el porcentaje suena poco, eso incluye puertos, concesiones viales y empresas de transporte masivo, por lo que podría darle más músculo a la Super.

A la SuperSalud también le permite cobrar una contribución aún más amplia, porque puede ser de hasta el 0,2 por ciento de todos los ingresos operacionales de sus vigiladas, como las EPS (que incluyen cinco de las 100 más grande del país) y las IPS

También crea nuevas contribuciones, similares, para que paguen las empresas eléctricas y de gas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg; las de acueductos y similares a la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA; y la de las empresas de servicios públicos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Bonus: El salvavidas para la subasta de energía

Otro artículo nuevo salvado del Plan y que es clave para uno de los proyectos insignias del Ministerio de Minas y Energía, la subasta de energías renovables, es el 185 que dice que los agentes del mercado de energía mayorista estarán obligados a generar con fuentes no convencionales de energía (como el sol y el viento) o a comprarla a través de contratos de largo plazo, según los mecanismos y la regulación del Ministerio de Minas y Energía.

Como uno de esos mecanismos es una subasta de energías renovables como la que fracasó en febrero y que el Ministerio relanzará antes de que acabe junio, este artículo podría terminar obligando a los comercializadoras a participar en la nueva subasta.

Una alternativa que le solucionaría al Gobierno uno de los problemas que tuvo la primera subasta, y es que, según el Ministerio, no se presentaron buenas ofertas por parte de las electrificadora.

Al obligar a estas empresas, que hacen parte del mercado mayorista, a tener algo de energías renovables en su portafolio, puede haber más empresas interesadas ganar contratos en la subasta y, por lo tanto, en hacer mejores ofertas