Las obras bajo la lupa de la Fiscalía en Santa Marta

Hace seis días, durante una visita que hizo a Santa Marta para participar en la Cumbre Nacional de Comerciantes, el fiscal Néstor Humberto Martínez le pidió a sus fiscales seccionales priorizar las investigaciones a varias obras retrasadas de la ciudad, que se contrataron durante las administraciones del exalcalde Carlos Caicedo (hoy candidato presidencial por firmas) y su heredero político Rafael Martínez, actual mandatario.

Se trata de cinco puestos de salud, una obra que agrupa dos vías neurálgicas para la ciudad, la Red de Parques del Distrito y los trabajos de los Juegos Bolivarianos, que arrancan en noviembre con la samaria como sede principal y han estado plagados de ruidos porque supuestamente no van a estar listos.

En La Silla Caribe quisimos averiguar en qué va cada una y cuál ha sido su posible lío para entender el anuncio del Fiscal. Tuvimos muchos problemas para hacerlo porque en cuatro de estas obras la Alcaldía samaria o la entidad descentralizada que adelantó la contratación subió la información al sistema SECOP (como es su obligación), pero de manera incompleta. Esto encontramos.

Durante el penúltimo año de su Administración (2014), Caicedo contrató por intermedio de la ESE Alejandro Próspero Reverend la construcción de cinco centros de salud en los sectores de Bastidas, La Paz, Taganga, Mamatoco y Candelaria, los cuales hacían parte de un ambicioso plan de renovación de la infraestructura de la salud.

El contrato fue por 6.537 millones de pesos y se adjudicó por medio de una convocatoria pública a la empresa Mediredes SAS, como consta en la Resolución 0329 de la ESE Alejandro Próspero Reverend con fecha del 14 de agosto del 2014. Las obras debían finalizar en julio de 2015, pero más de dos años después de la fecha inicial para ser entregadas todavía cuatro de esos centros no están terminados.

Ese contrato se dió por terminado con las obras avanzadas en un 48 por ciento para el centro de salud de Taganga, un 46 por ciento para el de La Paz y un 66 por ciento para el IPC Candelaria.

Tratamos de averiguar bajo qué condiciones se dio la terminación de ese contrato y cuánto dinero se le pagó al contratista pero no encontramos un dato oficial, ya que en el SECOP solo aparecen documentos del proceso hasta la apertura de la convocatoria por la que se adjudica el contrato.

De acuerdo con la Red de Veedurías de Santa Marta, en una audiencia pública realizada en abril del año pasado el entonces gerente de las ESE, Antonio Orozco, les informó que al contratista inicial de la obra se le pagaron 3.596 millones de pesos del valor total del contrato.

Preguntamos al alcalde Rafael Martínez sobre esa cifra y nos remitió a la ESE para obtener la información. Después de numerosas llamadas y un intercambio de mensajes por whatsapp con el actual gerente de la ESE, Omar Suárez, éste nos mandó a decir por medio de su contacto de prensa que toda la información aparecía en el SECOP. Pero eso no es cierto, como se puede constatar en este enlace.

En cualquier caso, alegando que la ESE se quedó sin plata para pagar la totalidad de la obra, el Alcalde Martínez suscribió un nuevo contrato por medio de licitación pública, esta vez con recursos del Distrito, por 6.079 millones de pesos para terminar los centros de Taganga, La Paz y el IPC Candelaria. Mamatoco quedó por fuera porque en palabras del mandatario “no había recursos para los cuatro”.

De manera al menos llamativa, el nuevo contrato se lo ganó la misma empresa a la que le fue adjudicada la primera licitación durante el Gobierno de Caicedo, pero camuflada con otra razón social y bajo la figura de una unión temporal.

Esa empresa es Gestión y Proyectos Construcciones Group, una firma barranquillera cuyo actual representante legal es Erick Eduardo Agudelo Rodríguez. La compañía tiene el 30 por ciento de participación en la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta que hoy ejecuta las obras para terminar los tres centros de salud y de la cual también hace parte otra empresa de Barranquilla: Construcciones e Inversiones Kamana SAS, que tiene el 70 por ciento.

De acuerdo al registro de existencia y representación legal de Gestión y Proyectos Construcciones Group, la empresa fue constituida originalmente con el nombre Mediredes EU en 2010, en 2012 pasó a llamarse Mediredes SAS y en septiembre de 2016, dos meses antes de ganarse el segundo contrato (adjudicado el 15 de noviembre de ese año), cambió su nombre al que tiene actualmente.

En el momento del primer contrato su representante legal era Harry Villalobos Tejada, un contratista barranquillero que también se ha visto involucrado en construcciones calificadas como presuntos “elefantes blancos”, como el Hospital de El Copey en el Cesar, que fue contratado bajo la Administración del exgobernador de La U Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien, como contamos en La Silla Caribe, dejó el poder con un rosario de obras inconclusas.   

Respecto a la casualidad de que sea la misma empresa con distinto nombre, el Alcalde Martínez nos respondió que creía que era bueno porque el contratista “ya conoce la obra”.

Hoy los tres centros tienen un avance, en el nuevo contrato, del 22 por ciento (Taganga), 24 por ciento (La Paz) y 23 por ciento (IPC de Candelaria) y tienen plazo para terminarse hasta el 31 de diciembre de este año.

Las vías de la Avenida Ferrocarril y la Calle 22 son dos obras neurálgicas para la movilidad e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta. Por eso, en febrero de 2015 la entidad que maneja ese sistema suscribió un contrato por 13 mil millones de pesos con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rehabilitar y adecuar ambos caminos.

Esta obra (que agrupa las dos vías) fue contratada por medio de una licitación pública con el consorcio SETP 2015, cuyo representante legal al momento de suscribir el contrato era el ingeniero barranquillero Christian Andrés Navarro. El plazo inicial fue de siete meses pero aún no está terminada.

No es claro su estado oficial porque en la documentación del SECOP solo aparece hasta el contrato firmado en 2015 y ningún otro documento que informe sobre el avance de la obra.

Por registros de prensa y las respuestas que nos dió la SETP a un cuestionario que le enviamos, sabemos que en los últimos dos años el contrato ha tenido tres prórrogas (de seis meses, nueve meses, y cinco meses, respectivamente) y que entre el contratista y la entidad han surgido toda suerte de polémicas y señalamientos mutuos por incumplimientos en las responsabilidades de cada una de las partes.

Al contratista, el SETP le ha impuesto dos sanciones, una el pasado 16 de marzo por 424 millones de pesos por incumplimiento en los plazos contractuales. Y otra el 25 de abril siguiente por 26 millones de pesos por incumplimiento en los compromisos ambientales. Por su parte, el consorcio interpuso una denuncia en la Procuraduría contra la entidad contratante alegand que ésta no entregó los diseños necesarios para terminar el objeto del contrato.

El 27 de abril pasado, un día después de terminado el último plazo estipulado para entregar la obra, y después de haber girado más de 10 mil millones de pesos para su ejecución, el SETP no prorrogó más, dejó vencer el contrato y tomó posesión de la obra aludiendo constantes incumplimientos del contratista.  

Según la entidad, la vía quedó en un 77 por ciento de ejecución y actualmente el contrato se encuentra en proceso de liquidación, el cual una vez surtido dará paso a una nueva licitación para terminar el 23 por ciento restante.

La Red de Parques distrital fue iniciada durante el último año de la Administración de Caicedo y contempló una inversión cercana a 35 mil millones de pesos para construir 36 parques. Hoy 34 están entregados, pero en 26 de ellos se presentaron costos adicionales que suman en total más de 7 mil millones de pesos y en todos los casos presentaron demoras la ejecución de sus obras.

Esas obras estuvieron divididas en tres contratos.

El primero adjudicado en licitación pública al Consorcio Parques del Magdalena el 29 de julio de 2015 por el valor de 19.947 millones para la construcción de 25 parques, con un plazo de cinco meses para su ejecución. El segundo fue adjudicado por licitación en la misma fecha al Consorcio Parque Santa Marta por 8.400 millones para la construcción del Parque Temático del Agua y también contó con un plazo inicial de cinco meses para ser entregado. El tercero se suscribió el 25 de septiembre de 2015 por 7.923 millones con el Consorcio Parques de la Equidad para construir 15 parques más, de nuevo con plazo de cinco meses.

De acuerdo con la información publicada en el SECOP, la cual tampoco está completa para estas obras, se reportan adiciones presupuestales en dos de esos contratos: el del Parque del Agua (3.282 millones para adecuar juegos infantiles) y en el grupo de 25 parques (3.788 millones por rediseños de la obra).  

Según Martínez, la mayoría de estas obras ya fueron entregadas, aunque esa afirmación no la pudimos corroborar porque en el SECOP no aparece ningún acta de entrega o liquidación del contrato. Nos dijo el Alcalde que esto se debe a que están en proceso de elaboración.

El mandatario dice además que falta el Parque del Agua, que pese a estar terminado resta por definir un operador para que lo maneje, y el parque de los Turpillos en Mamatoco, que fue excluido del grupo de los 25 parques por diferencias con la comunidad sobre la ejecución de la obra.

Estas son el único conjunto de obras entre las priorizadas por el Fiscal General que se contrataron durante el mandato de Martínez, aunque estuvieron precedidas de más de un año de polémica y puja política entre el exalcalde Caicedo y el entonces gerente de Coldeportes, Andrés Botero.

Para los juegos se construyen 12 escenarios deportivos que suman 134.166 millones de pesos entre recursos aportados por la nación y el Distrito, los cuales deben estar listos para el 31 de octubre, aunque desde ya se prevé que no todos llegarán a la meta, como lo habíamos anticipado en La Silla Caribe.

Ese es el caso del Estadio de Fútbol Eduardo Santos, que tiene un aforo de 15 mil espectadores y es la obra más cara de los juegos por un valor 52.573 millones de pesos. Está adjudicada al Consorcio Deportivo Santa Marta, que tiene como principal miembro a la empresa guajira La Macuira Inversiones y Construcciones SAS y su estado de ejecución actual según Coldeportes es de un 70 por ciento.

Martínez afirmó que el compromiso de los contratistas es que en el peor de los casos el Estadio se entregue en un 90 por ciento de ejecución al momento de la inauguración de los Juegos en noviembre, lo cual implicaría que las zonas vip, salas de prensa y algunas zonas comerciales de la gradería occidental no estarían habilitadas.

De acuerdo con la última visita hecha por Coldeportes el pasado 14 de septiembre a las obras de los Juegos, aparte del Estadio de Fútbol el resto de obras presenta avances y se encuentra dentro del calendario de entregas.