Las peleas detrás del bloqueo de la Corte Suprema

El domingo el jurista Rodrigo Uprimny escribió una dura columna pidiendo que el consejero presidencial de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, no sea el siguiente Fiscal General. Queda un mes para saber si lo es porque la Corte Suprema, encargada de elegir Fiscal, está inmersa en un bloqueo para tomar esa decisión que o se destraba en las próximas cuatro semanas, o se demorará varios meses más en resolverse, y hoy será la primera prueba del año para saberlo.

Sus magistrados se reunirán en la primera sala plena del año, con alta tensión: el magistrado Ariel Salazar, que termina su período el 27 de febrero, envió una dura carta a su presidente que se filtró en medios, en la que hace fuertes críticas a la forma en la que la Corte ha elegido magistrados en el pasado.

Eso cuando la Corte tiene pendiente llenar siete vacantes y elegir Fiscal, y si sale Salazar sin que escoja por lo menos un magistrado nuevo, no podrá hacer ninguna de las dos cosas porque requiere 16 votos y quedarían solo 15 magistrados.

No es la primera vez que la Corte Suprema llega a una situación límite en sus elecciones: en 2010 llenó de un golpe cinco vacantes y eligió a Viviane Morales como Fiscal, pero para eso le torció el pescuezo a su reglamento y por eso se terminó cayendo la elección de Morales; en 2013 tuvo de nuevo cinco vacantes y en 2016 llenó de un golpe siete cupos, y así despejó la elección de otro Fiscal (eligió a Néstor Humberto Martínez pocos meses después).

Si no se repite lo de 2013 y 2016, el resultado será muy duro para la institucionalidad.

O la terna de Duque queda en el aire y la Fiscalía sigue en la interinidad en la que lleva 8 meses hasta que aparezca una solución para la imposibilidad de llegar a 16 votos, o la Corte vuelve a interpretar su reglamento de forma creativa, como en 2010, y quien elija Fiscal llegará con la sombra de que su elección se podría caer.

Lo complicado es que esta vez el bloqueo suma un problema estructural para elegir a unas peleas más recientes.

Los magistrados de instrucción y el factor Cabello

Los magistrados de la Corte eligen a sus reemplazos de listas que elabora el Consejo Superior de la Judicatura, que hace una convocatoria pública amplia y luego arma unas listas cortas, de 10 candidatos, que envía a la Corte. Allí su Sala Plena, donde están sus 23 magistrados, vota y elige, con una mayoría mínima de 16 votos (dos tercios de sus miembros).

Eso se ha hecho difícil no solo porque hay apenas 16 magistrados, y por eso uno solo puede bloquear todas las elecciones, sino por dos factores recientes.

Uno es que por primera vez en años hay un ministro de Justicia que venga de la Corte: Margarita Cabello, quien estuvo en la Sala Civil. 

Según dos fuentes conocedoras de la Corte, ese puente con el Gobierno ha enredado más la pita, pues varios magistrados sienten que implica marcar distancia para preservar la autonomía y que el presidente Iván Duque incumplió su promesa de esperar que se llenaran las vacantes para presentar su terna a Fiscal asumiendo que tendría mayoría gracias a Cabello.

Como además la terna fue de personas de su entraña, que vienen del Gobierno, eso molestó a un grupo - y como se pueden bloquear las elecciones con un solo voto, afectó la posibilidad de salir del enredo.

El segundo factor fue la elección, en septiembre de 2018, de los nuevos magistrados encargados de investigar penalmente a los aforados, como el expresidente Álvaro Uribe, de la Sala Especial de Instrucción.

Esa elección terminó rompiendo puentes internos que evitaron que las siete vacantes actuales, que surgieron después, se hayan podido cerrar, por un encontrón entre las salas Civil y Penal que se mantiene por lo menos entre algunos de sus magistrados.

El choque se dio porque, para elegir a los magistrados de instrucción, la Sala Penal revisó primero sus hojas de vida para presentar a la Sala Plena, con la idea de que los demás se plegarían a sus decisiones porque son ellos los que conocen a los penalistas (ya sea litigantes, jueces, profesores o defensores) y de que esa Sala de Instrucción es subordinada a la Penal.

Sin embargo, la Sala Civil tuvo objeciones a los candidatos de la Penal, y eso bloqueó la decisión durante cinco meses.

Ese choque se repitió cuando la Civil falló tutelas contra la decisión de la Penal de seguir conociendo los expedientes de los aforados justamente mientras se elegían los magistrados de la Sala de Instrucción, lo que amenazó con derrumbar procesos penales complejos y muy delicados.

Al final, los dos impasses se superaron, pero la molestia quedó, y a medida que han salido magistrados y se reduce el margen en la Sala Plena para llegar a los 16, la distancia ha ido ganando relevancia y se ha sumado a los problemas de siempre, que ya se notaron en 2010, 2013 y 2016.

Las lógicas cruzadas

La Corte no tiene una sola lógica para definir sus magistrados, y en muchos casos las miradas diversas chocan entre sí e impiden que haya una mayoría para escoger, algo que tiene todavía más fuerza cuando se necesita unanimidad y ponerse de acuerdo en ocho elecciones simultáneas. Eso bloquea todo el proceso.

La lógica más usual es que los magistrados de cada una de las tres salas (Penal, Civil y Laboral) escojan a sus futuros compañeros, pues tienen el conocimiento de quiénes son los buenos jueces y abogados de cada área, y pueden definir con quién van a trabajar en la Sala.

Eso significaría que 

• los seis magistrados actuales de la Sala Civil podrían definir el reemplazo de la hoy ministra de justicia, Margarita Cabello, quien salió el año pasado; 

• los cuatro de la Laboral podrían llenar sus tres vacantes (Mauricio Burgos y Luis Gabriel Miranda salieron en 2018, y Rigoberto Echeverri, quien salió a fines de 2019); 

• los seis de la penal podrían elegir las propias (de Luis Guillermo Salazar, quien salió el año pasado, y de Fernando Castro y José Luis Barceló, que están vacías desde 2018). 

Eso fue lo que no funcionó en la elección de los magistrados de instrucción, y afectó a toda las elecciones siguientes.

Otra lógica es que muchos magistrados busquen heredar su silla a abogados cercanos a ellos, desde sus antiguos magistrados auxiliares hasta compañeros de universidad o incluso de negocios.

Por ejemplo, en la lista para reemplazar a Barceló está Fabio Ospitia, un penalista conocido que fue su magistrado auxiliar (y además suena fuerte); y en la del reemplazo de Miranda está Luis Benedicto Herrera, magistrado auxiliar en la Sala Laboral.

Como en ocasiones esos herederos, o los magistrados que buscan heredar, no tienen buenas relaciones o suscitan el rechazo de otros magistrados, incluso de la misma sala, esta lógica puede chocar con la primera.

También pueden chocar otras, como las afinidades regionales como las que contó Semana de una rosca paisa y otra costeña hoy en la Corte; la de ayudar a colegas de la misma universidad, algo que puede crear bloques en pro y en contra (11 de los 16 magistrados actuales son de la Libre, por lo que elegir otros de ella puede molestar entre los de otros claustros); o la de apoyar a quienes vienen de la Rama o buscar más diversidad de trayectorias.

Además, ahora se suman otras consideraciones, y hoy los magistrados buscan tener colegas afrocolombianos (suenan fuertes el chocoano Gerson Chaverra, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, para reemplazar a Luis Guillermo Salazar en la Sala Penal; y Omar Angel Mejía, magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, para reemplazar a Burgos en la Laboral).

Encima, la elección de Fiscal General obedece a otra lógica, en la que la Sala Penal naturalmente tiene más incidencia pero no la mayoría de votos.

De hecho, detrás de la tensión actual está la situación particular de esa sala, que tiene más magistrados y es más poderosa que las otras porque decide la libertad de las personas, mientras los grandes pleitos de negocios no los definen los magistrados de la Civil sino árbitros independientes.

Todo eso lleva a que sea difícil armar mayorías, y más cuando la decisión no se hace vacante por vacante sino sumándolas todas, lo que en 2010, 2013 y 2016 llevó a que en una sesión se destrabara todo eligiendo candidatos que a veces eran inesperados pero lograban acuerdos.

Mañana se verá si eso se logra así sea para elegir al actual vicepresidente, el caribe Aroldo Quiroz de la Civil, como presidente. Si no ocurre, o si no hay acuerdo para elegir a otro magistrado, la probabilidad de que la Fiscalía siga en la interinidad será más alta.