Las peleas que trae el Plan de Desarrollo

La pelea por los licores

La pelea: El Plan establece que para que un licor se venda en un un departamento no se le puede exigir sino que quien las distribuya se registre, explique qué marcas y presentaciones va a vender y pague los impuestos al consumo o venta de alcohol. Eso se aplica tanto para licores nacionales como para los importados.

¿Quién gana?: La medida puede beneficiar a algunos departamentos productores de alcohol pues ahora sí podrán vender sus productos en todo el país, y es una gran noticia para los importadores de licores. También debería beneficiar a los consumidores, porque va a quitar un obstáculo para que tengan más opciones y para que haya más competencia.

¿Quién pierde?: Eso le quita a los gobernadores el poder de definir qué licores pueden entrar a sus departamentos, una potestad que ha producido guerras comerciales entre departamentos (cuando se niegan mutuamente la posibilidad de vender sus aguardientes, por ejemplo) y corrupción (como el intento del ex gerente de la Industria Licorera de Caldas de cobrar una mordida a cambio de entregarle a cierta empresa la distribución en el Valle).Ellos ya han mostrado que el asunto es importante, como cuando amenazaron con cerrarle las fronteras a los importadores de licores fuertes en 2011.

Más presión a las farmacéuticas

La pelea: El Ministerio de Salud lleva años de pelea con las multinacionales farmacéuticas, primero por el control de precios a algunos medicamentos y luego por los llamados biosimilares (el equivalente a los genéricos para un nuevo tipo de medicamentos, los biotecnológicos). Ahora el Plan aprieta más la tuerca del control de precios.

Hasta ahora, los hospitales tiene prohibido comprar por encima de los precios de referencia que establece el Ministerio, lo que se cambiaría por una prohibición para todos los proveedores y compradores para transar por encima de ellos. Es decir, la sanción si se violan los topes no sería solo para el funcionario que lo compra sino para quien lo vende (aunque esta sanción aún no existe).

Además, el Invima no les va a poder otorgar el registro sanitario a los nuevos medicamentos (necesario para que se vendan) sino cuando exista un precio de referencia.

Y, encima, el Ministerio ahora podrá meter baza en el trámite de patentes de medicamentos. Podrá presentar consideraciones ante la Superindustria en el trámite de patentes de medicamentos, por lo que puede incidir en que la Super no las otorgue, o pedirle que otorgue licencias de uso obligatorias, para que un medicamento esencial y patentado pueda ser producido por otros laboratorios.

¿Quién gana?: Esta decisión debería beneficiar a todos los colombianos al comprar medicamentos o pagar copagos o facturas en hospitales, al fisco porque presiona hacia abajo el valor del POS y a los hospitales porque pagarían menos por los medicamentos. También el ayuda a als EPS a comprar ma´s barato y a las farmacéuticas nacionales que trabajan con genéricos.

¿Quién pierde?: El golpe es para las multinacionales farmacéuticas.

Menos negocio para las EPS

La pelea: Aunque el plan mantiene la línea del gobierno de no eliminar las EPS, sí les quita una función que es fundamental en su negocio: crea una Unidad de Gestión que les va a girar los recursos directamente a los hospitales sin pasar por las EPS.

Esa medida, que era parte de la reforma que se le ahogó al ministro Alejandro Gaviria, le quita a las EPS el manejo de recursos millonarios y elimina una de las causas para que los hospitales públicos se demoren tanto en recibir la plata, pues a la Unidad no le interesa demorar los pagos mientras que las EPS se quedan con los rendimientos del dinero si se demoran, y algunas los pueden usan para tapar huecos mientras tanto.

El plan también plantea menores plazos para que las EPS hagan recobros de servicios que prestaron y no están en el POS o para que hagan otras reclamaciones, lo que les implica ser más eficientes para hacer el recobro.

La Superintendencia de Salud, que vigila a las EPS, tendrá más dientes. Hoy, cuando toma posesión de una de ellas, solo puede liquidarla o devolvérsela a sus dueños, lo que ha creado una sin salida en casos como el de SaludCoop, porque ninguna de las dos soluciones es deseable en este momento.

Por eso, si se aprueba como va el Plan, ahora podrá tomar las mismas medidas que la SuperFinanciera, como obligar a la fusión de entidades, entregárselas en administración a una fiduciaria u obligarlas a ceder activos y pasivos. Es decir, medidas intermedias que ayudan a que haya otras salidas.

Incluso, hay una decisión dirigida al caso SaludCoop: la SuperSalud va a poder convertir  una cooperativa en una sociedad anónima. Si lo hace en el caso de esa EPS, le quita el poder que mantienen sus antiguas cabezas lideradas por Carlos Palacino gracias a las normas de las cooperativas.

¿Quién gana?: Esta decisión debería favorecer primero a los hospitales públicos y privados, que verían fluir más rápido los recursos, y luego a los pacientes, que podrían llegar a hospitales con menos probelmas financieros.

¿Quién pierde?: Las grandes damnificadas acá son las EPS, que perderían uno de sus negocios financieros y se las verían con una Superintendencia que tendería menos a devolver a sus dueños una EPS emproblemada.

Los antiguos directivos de SaludCoop se llevan la medalla de oro. Perderían a esperanza de regresar a sus cargos y la joya de la corona de su em porio de cooperativas saldría de él.

Celulares y petroleras, frente a multas mayores

La pelea: Dos artículos del proyecto podrían cambiar una forma de actuar de algunas empresas, que es incumplir la ley y pagar multas por ello, dado que son muy bajas.

En uno, el tope de sanciones del sector de TIC, que es de dos mil salarios mínimos mensuales, queda solo así para las personas naturales. Para las jurídicas se eleva hasta 100 mil salarios mínimos (unos 65 mil millones de pesos) o el 150 por ciento de la utilidad que obtuvo el sancionado por esa conducta, si esa utilidad es mayor a los 100 mil salarios mínimos mensuales. Además se crea la sanción, en el caso de los operadores de celular, de suspender sus ventas.

Algo similar ocurre con las petroleras, que se enfrentaban a multas creadas en 1958 y que eran de cinco mil pesos (nunca se actualizó su valor). Ahora irán de 2 mil a 100 mil salarios mínimos mensuales vigentes..

¿Quién gana?: Aunque en el corto plazo podría ganar el Estado por recibir multas más altas, a mediano plazo el beneficio sería para los consumidores de empresas de telefonía celular (es decir, casi todos los colombianos) y el medio ambiente o las comunidades, en el caso de las petroleras.

¿Quién pierde?: Los grandes perdedores son las empresas que rompen las normas con la tranquilidad de que una eventual multa no les hace ni cosquillas.

El tercer Canal es el Uno

La pelea: El plan le quita restricciones al Canal Uno: mientras que hoy los concesionarios pueden tener entre el 8 y el 25 por ciento de la programación, ahora permite que tengan más horas, e incluso que haya un solo concesionario. La segunda es reducir la cuota de pantalla nacional (el porcentaje de programas que deben ser hechos en Colombia) de los domingos del 50 al 30 por ciento.

¿Quién gana?: los actuales o futuros concesionarios del Canal Uno (CM&, encabezado por Yamid Amat; NTC, sociedad cuya cabeza es Daniel Coronell, y Jorge Barón)  porque se abre la puerta para que éste finalmente se convierta en un tercer canal que compita con RCN y Caracol. Como ellos ya tienen el reconocimiento y los equipos, además de que tienen una prórroga hasta mediados de 2017, la libertad que les daría unificar el manejo los podría convertir en un tercer canal en la práctica, sin pagar lo que pagaron los privados por el suyo.

¿Quién pierde?: Caracol y RCN televisión serían los grandes afectados. Se crearía el competidor contra el que lucharon, con todas las armas, a finales del gobierno Uribe, cuando se inició el fallido proceso para licitar un tercer canal privado.