Las perlas de la mermelada del senador del combo de ‘La Gata’

Silla Caribe

Según la Fiscalía, Antonio Correa recibió una coima por gestionar un convenio que benefició a un Alcalde amigo. Investigamos y encontramos que ni siquiera han puesto la primera piedra de la obra.

Una de las improntas del saliente senador del viejo PIN, Antonio Correa, es haber nacido como político en el seno del grupo de la criminal Enilce López ‘La Gata’ y seguir teniendo relación cercana con su hijo: el exalcalde magangueleño Jorge Luis Alfonso, condenado por homicidio. Pese a eso, en sus dos periodos en el Senado Correa había pasado totalmente de agache. Hasta ahora.

Eso hasta hace dos semanas cuando el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló la fase I de una operación bautizada como ‘Mermelada Tóxica’, en la que informa cómo Correa habría recibido coimas por haber ayudado a gestionar un convenio de Coldeportes con un alcalde amigo de él.

Por estos hechos, fueron capturados e imputados por distintos delitos cinco funcionarios (incluyendo el alcalde del El Peñón, sur de Bolívar, Arling Arias; tres funcionarios de Coldeportes y una asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador), dos contratistas y un exfuncionario de Coldeportes.

Con excepción de dos funcionarios de Coldeportes, los otros seis capturados aceptaron los cargos que les fueron imputados.

Sobre Antonio Correa, el Fiscal anunció que compulsó copias a la Corte Suprema para que, si lo considera, investigue al congresista por sus supuestas conductas irregulares.

Coldeportes es una entidad que, como lo hemos contado, pertenece políticamente al grupo de la poderosa gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La Silla Caribe investigó el caso en detalle, que es muy similar a los otros casos de mermelada que hemos investigado ampliamente y detallamos en nuestro libro ‘El Dulce Poder’.

Encontramos varias perlas sobre esta mermelada con sabor gatuno.

La denuncia de la Fiscalía

La “mermelada tóxica” de Toño Correa denunciada por el Fiscal tiene dos partes fundamentales: la primera es un convenio interadministrativo entre Coldeportes y la Alcaldía de El Peñón por 3.491 millones de pesos.

Ese convenio permitió ‘bajar’ esos recursos para que esa Alcaldía pudiera celebrar la segunda parte: un contrato entre la Administración y un contratista llamado Consorcio El Peñón por este mismo valor.

Ambos procesos tiene como fin la construcción de una cancha sintética de fútbol 11 (una cancha apta para jugar un partido con dos equipos de once jugadores) en el barrio La Concepción en el municipio sur bolivarense.

Lo que denuncia la Fiscalía es que la persona clave para enlazar estos dos procesos fue una asesora de la UTL del senador Antonio Correa llamada Mariela Margarita Trujillo Buelvas.

En 2016, esta asesora se habría puesto en contacto con el alcalde Arling Arias para que éste encontrara un contratista cercano, ya que, en palabras de la Fiscalía, Arias “sería un servidor público cercano al Senador Correa”.

La asesora Trujillo, por otro lado, también se habría encargado de buscar a un funcionario de Coldeportes para que elaborara los diseños del proyecto.

Este funcionario, de acuerdo a la Fiscalía, habría copiado, en noviembre de 2016, los diseños de canchas en otros municipios, sin tener en cuenta las características propias del terreno en El Peñón.

El alcalde Arias, por su lado, habría contactado al contratista que iba a ser seleccionado para acordar con él el valor del contrato y la coima del 12 por ciento que recibiría el senador Correa.

Ya en 2017, este contratista habría hecho un pago para modificar los estudios, luego de darse cuenta que estos no servían para las características específicas del Peñón.

Sin embargo, estos diseños jamás fueron ajustados y el convenio, entre Coldeportes y la Alcaldía de El Peñón, se firmó antes de que entrara, en noviembre de 2017, la Ley de Garantías, que impide celebrar este tipo de convenios interadministrativos.

El contrato por licitación entre la Alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón se firmó en mayo de este año.

Por este contrato, el Alcalde habría recibido 50 millones de pesos y los funcionarios de Coldeportes 14 millones, como coimas, según el ente acusador.

La Fiscalía capturó e imputó por estos hechos al alcalde de El Peñón Arling Arias; a Mariela Margarita Trujillo de la UTL de Correa; a los contratistas Carlos Celestino Martelo Sarabia y Vanessa Margarita Deyongh Yepes; a un exfuncionario de Coldeportes llamado Carlos Hernán Rivera Lozano, quien, al parecer, tendría una empresa para ofrecer a los alcaldes los diseños de los proyectos para su consecuente viabilización; y a tres funcionarios de Coldeportes (Jairo Fidel Ortega Chaparro Edwin Fabián Moreno Ruiz y Gustavo Álvaro Velandia Segura).

Lo que encontramos

Lo primero que encontramos al averiguar por este caso es que efectivamente existen vínculos políticos entre el capturado Alcalde de El Peñón, que contrató la mermelada, y el Senador Correa que la gestionó (según la Fiscalía).

Hablamos con varias fuentes del municipio del sur de Bolívar y lo que nos contaron es que, aunque Arling Arias y su grupo son conservadores, en las últimas dos elecciones legislativas han votado por Antonio Correa.

Evidencia de ello es que, tanto en su aspiración de 2014 como en la más reciente, el pasado 11 de marzo, ese Congresista barrió en El Peñón con el 41,68 y el 34,68 por ciento de los votos a Senado, respectivamente.

En 2014, Correa sacó allí 1.357 de los 3.256 votos que hubo a Senado y en las legislativas de este año alcanzó 1.286 de los 3.708 sufragios.

“El Alcalde tuvo el aval de del Partido Conservador, pero su grupo apoyó al Senado a Antonio Correa”, nos confirmó un congresista conservador.

Prueba concreta de ese respaldo es esta invitación a votar por Toño Correa que puso en Facebook el exalcalde conservador de El Peñón, Héctor José Torrecilla, jefe político del mandatario Arias (aunque en este momento están supuestamente peleados).

Lo segundo es que se trata de una licitación para una obra (una cancha sintética) que no está entre las prioridades del alejado municipio de poco más de 10 mil habitantes, al que sólo se puede llegar en canoa por El Banco, Magdalena, y que cuenta sólo con una calle pavimentada.

El 70 por ciento de los peñoneros vive en casas que no tienen las calidades adecuadas, pues según Planeación Nacional éstas tienen pisos de tierra o algún problema en el acceso a los servicios.

La cancha, además, fue contratada por nada menos que 3.491 millones de pesos, lo equivalente a casi un tercio de los ingresos totales del municipio, que son 10.864 millones de pesos.

Teniendo en cuenta esos números, esa cancha se ve cara para un pueblo como El Peñón, pero también para una ciudad como Bogotá.

Averiguamos y una cancha sintética de fútbol 11, inaugurada en la localidad de Tunjuelito en marzo de este año, tuvo un costo de 1.380 millones y eso que, además de lo que se requiere para jugar fútbol, la cancha cuenta con una zona infantil que fue reconstruida.

Otra cancha que fue inaugurada en la localidad de Bosa en 2016 tuvo un costo de 988 millones de pesos.

Un ingeniero que ha trabajado en la construcción de canchas sintéticas en Montería le contó a La Silla Caribe, por fuera de micrófonos, que usualmente el costo de una de estas canchas oscila entre 800 y 1300 millones de pesos dependiendo de la condición del terreno y del tipo de materiales que se usen.

Nos aseguró que nunca ha hecho una cancha cuyo precio ronde los 3.500 millones de pesos como la que gestionó Antonio Correa.

Por otra parte, llaman la atención los tiempos y las condiciones.

La Alcaldía abrió la licitación para hacer la cancha sintética el 27 de febrero y la cerró apenas diez días después con un solo proponente.

Antes de eso, el convenio entre Coldeportes y la Alcaldía (por el mismo valor del contrato) se había firmado un día antes de la Ley de Garantías.

Esa Ley prohíbe hacer cualquier tipo de contratación directa cuatro meses antes de una contienda electoral, incluyendo ese tipo de convenios administrativos.

Del contratista encontramos que se llama Consorcio El Peñón y está compuesto por las siguientes empresas: Grupo Empresarial Dicon S.A.S en un 50 por ciento, Investments Business Global S.A.S en un 20, VD B Ingeniería S.A.S en un 10 y por el contratista José Miguel Cuellar Bodabilla en otro 20 por ciento.

El representante legal del consorcio era el mismo representante legal del Grupo Empresarial Dicon S.A.S. Su nombre es Carlos Celestino Martelo Sarabia y está entre los imputados por la Fiscalía.

La empresa que representa Martelo fue creada hace cuatro años en el municipio de El Paso, en Cesar, y en ese entonces tenía el nombre de Ingeniería, Servicios y Ensayos no Destructivos S.A.S. Dos años después, la empresa cambió su domicilio a Aburrá, Antioquia, y un año más tarde a Cartagena en donde, también, cambió su nombre por el de Grupo Empresarial Dicon S.A.S.

La historia de Investments Business Global S.A.S es similar.

Nació el 5 de agosto de 2015 en Apartadó, Antioquia, con el nombre de Servizapata S.A.S, en 2016 cambió su razón social a la actual y en febrero de 2017 cambió su domicilio a Cartagena.

Su representante legal es Carlos Antonio Marimón Mendoza.

Por otro lado, la gerente de VD B Ingeniería S.A.S es Vanessa Margarita Deyongh Yepes, quien también fue imputada por la Fiscalía.

Lo peor de esta historia para los peñoneros es que hoy, dos meses después de la firma del contrato, la cancha ni siquiera existe.

Lo único que hay de la cancha fútbol sintética es una valla que les cuenta, a los que por allí pasan, que se está “transformando al país a través del deporte”.

La Silla Caribe llamó al número de contacto de El Consorcio El Peñón, que aparece en el acta de adjudicación, y nos respondió un contador que se identificó como ‘Carlos’ y nos dijo que no estaba autorizado para dar información.

También intentamos comunicarnos con el senador Antonio Correa, a un número en el que suele contestarnos, y ni las llamadas ni los mensajes de Whatsapp llegaron, ya que el teléfono aparece como si estuviera apagado.

Mientras tanto en El Peñón, al espacio destinado para la cancha de fútbol sintética de casi 3.500 millones, los visitantes seguirán llegando en moto, atravesando calles de arena, y jugarán fútbol en pasto, sin graderías de concreto, como lo han hecho siempre.

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