La determinación del alto tribunal de enviar el proceso a la Fiscalía cambia el camino del expediente contra el Expresidente por presunto soborno y fraude procesal.
Las preguntas (y sus respuestas) que deja la decisión de la Corte sobre el caso Uribe
Hoy la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió que el proceso que adelanta en contra del detenido Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno pasará a manos de la Fiscalía, como el Expresidente quería bajo el argumento de que, según él, no tiene garantías en el alto tribunal.
Aún no se conocen los detalles de la discusión, las posiciones y argumentos de la Sala, pero la semana pasada algunos medios dijeron que en principio los magistrados estuvieron 3 a 2 en favor de dejar el expediente en manos de la Corte. Luego de tres reuniones, llegaron a la decisión de hace unas horas que debía ser tomada con cuatro de los cinco votos.
La determinación de la Corte tiene unas consecuencias más allá de Uribe: toca a todo un país dividido en torno a la figura de un personaje cuya suerte ahora no estará en manos de varios jueces del más alto nivel, en un ente colegiado como la Corte Suprema; sino, al menos en la etapa de investigación, de un fiscal, con una carga de trabajo superior a la de un magistrado.
Además, en una entidad que está en cabeza del mejor amigo del Presidente Iván Duque, quien es el ahijado político de Uribe, lo que genera un problema de credibilidad para un sector de la población.
Si llega a juicio, quedaría en manos de un único juez del circuito en primera instancia, y en manos de tres magistrados de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, de un nivel claramente inferior al de los magistrados de la Corte Suprema.
Personalmente para Uribe, lo de hoy es una victoria política por la llegada de su caso a la Fiscalía que encabeza Francisco Barbosa aunque, por otro lado, en un eventual escenario negativo allí, al Expresidente se le habrá acabado el discurso de ser un perseguido por la Corte.
Más allá de esas consecuencias para la institucionalidad y para uno de los hombres más poderosos de Colombia, a partir de este momento surgen varias preguntas sobre el camino que tomará el proceso y lo que va a pasar. Estas son algunas (con sus respuestas).
¿Cuáles fueron las consideraciones de la Corte?
La discusión nació cuando hace casi dos semanas Uribe renunció al Congreso y con eso perdió su fuero.
En esa medida, la Corte Suprema, que era su juez por el fuero, perdía la competencia para investigarlo penalmente excepto por los hechos que tenían que ver con sus funciones como Senador.
La pregunta era si los hechos por los cuales está detenido preventivamente tenían que ver con sus funciones o no.
La Corte está investigando si Uribe desplegó una operación, a través del abogado Diego Cadena (señalado de los presuntos delitos de fraude procesal y soborno y también en detención preventiva), para que varios testigos dijeran que el senador del Polo Iván Cepeda ofreció beneficios a cambio de que afirmaran que el expresidente y su hermano Santiago Uribe habían sido auspiciadores de la autodefensas en Antioquia.
El argumento de la defensa del Expresidente era que esos supuestos hechos no tenían que ver con las funciones de Uribe como Senador, y que no utilizó su investidura para obtener algún beneficio.
La Procuraduría lo respaldó en su concepto de la semana pasada, que dice que los delitos en sí mismos podía cometerlos cualquier persona y no un congresista en específico, y que en el auto que determinó la detención, la Corte no estableció que alguno de los presuntos delitos estuviera relacionado con la actividad como congresista de Uribe.
También hizo referencia el Ministerio Público a la participación de miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe que aparecen nombrados en el proceso y han sido citados como testigos, y que algunos interesados como el senador Cepeda han señalado como argumento para relacionar los supuestos delitos con las funciones de Uribe como senador.
Aseguró la Procuraduría que hasta este momento no hay prueba en el expediente que evidencie que ellos sabían de los presuntos delitos, y que por eso la Sala no les compulsó copias.
Aunque no se conocen los argumentos de la Sala, es probable que hayan tenido en cuenta estos argumentos de la defensa y la Procuraduría.
¿Qué va a pasar con el expediente cuando llegue a la Fiscalía?
Lo primero que tiene que pasar es que la Corte formalmente remita el expediente físico a la Fiscalía, para que ésta a su vez lo someta a un proceso de reparto, es decir, decida qué fiscal lo asume.
Puede quedar en manos de cualquier fiscal que tenga mínimo el rango de fiscal seccional, por la gravedad de los delitos, y hasta los delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que son los de mayor visibilidad porque llevan casos importantes.
También puede pasar que el Fiscal General, que tiene la facultad de hacer delegaciones especiales, designe a dedo qué fiscal lleva el proceso.
Los fiscales generales suelen hacer esas asignaciones cuando consideran que un caso tiene mucha relevancia, cuando consideran que un fiscal en particular tiene un perfil especial para sacar adelante un caso, o incluso para equilibrar la carga de trabajo entre fiscales.
Sobre lo que va a pasar después existe un debate de abogados que puede terminar en que todo siga en el proceso en el punto donde va -es decir en la etapa previa a la acusación- o en que se caiga todo lo que adelantó la Corte.
Eso porque el actual procedimiento penal es diferente al que rige la Corte Suprema de Justicia y por eso Uribe estaba siendo procesado con unas reglas diferentes a las que le aplican a los investigados por la Fiscalía.
Un argumento es que el proceso debe seguir con las reglas con las que iba (es decir, el procedimiento penal anterior). Si es así, el fiscal encargado tendría que definir si acusa formalmente a Uribe o si precluye la investigación, pues ya se hizo el paso previo bajo esa norma, que era la indagatoria.
Otro escenario es que el proceso ahora debe tramitarse bajo el nuevo procedimiento penal pero seguir donde iba. Como en éste no existe la indagatoria pero sí la imputación, probablemente se entendería que Uribe ya fue imputado (equivalente a la indagatoria en la Corte) y que el siguiente paso será la acusación o la preclusión del caso.
La tercera posibilidad va en contravía de las anteriores y es que el proceso debería anularse para aplicar el nuevo procedimiento desde el primer momento.
Si se aplica así se caería la vinculación formal al proceso que la Corte le hizo a Uribe a través de la indagatoria y seguramente su detención preventiva, y el fiscal encargado debería arrancar desde cero.
¿Uribe queda libre?
Depende de lo que pase en la Fiscalía sobre el procedimiento a seguir, en el debate legal que explicamos arriba.
Esa será una decisión del fiscal al que le sea asignado el caso.
Como explicamos atrás, si ese fiscal decide que el proceso sigue en el punto en el que estaba en la Corte, Uribe seguiría en detención domiciliaria hasta que la Fiscalía decida si lo acusa o precluye a su favor. En todo caso, la Fiscalía podría decidir que no es necesario que el Expresidente siga detenido mientras avanza el juicio.
Además, si se demora más de un año en acusarlo o precluir, Uribe podría pedir que le revoquen la detención por vencimiento de términos.
Pero si la Fiscalía decide acusarlo y lo hace dentro de ese plazo, el Expresidente podría seguir detenido durante el juicio.
Si la Fiscalía decide precluir el proceso, el expediente se archivaría y saldría en libertad.
Pero si decide que lo que corresponde es anular todo lo ocurrido en el proceso por el cambio de procedimiento penal, el Expresidente quedaría libre porque se quedaría sin piso jurídico la detención preventiva.
¿El Fiscal Barbosa, mejor amigo de Duque, tiene capacidad de incidir?
En principio no tendría injerencia en la investigación porque los fiscales son autónomos dentro de los procesos que investigan.
Sin embargo, cualquier Fiscal General puede incidir de forma indirecta, por ejemplo al asignar el caso a un Fiscal que tenga posiciones determinadas sobre ese tipo de delitos, o que tenga mucho o muy poco trabajo.
En otras palabras, si bien no se puede meter a tomar decisiones directamente, sí tiene el poder que tienen los jefes para presionar o consentir a sus subordinados.
Además, en el caso de Barbosa él sí tiene interés en revisar y estar al tanto sobre los procesos que se tramitan en su administración.
En junio el columnista Ramiro Bejarano publicó un chat que envió el coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, a los 12 fiscales de ese grupo, en el que les daba instrucciones para remitir información sobre procesos clave.
Aunque esto solo corresponde a los fiscales delegados ante la Corte, es probable que el proceso llegue a alguno de esos 12 despachos por la connotación del caso Uribe
De hecho, el expediente contra Diego Cadena, el abogado del Expresidente que está detenido e investigado por los mismos hechos, está en manos de Daniel Hernández, un fiscal delegado ante la Corte.
Una vez se conoció la decisión de la Corte, el senador del Polo Iván Cepeda, quien es víctima en el proceso, anunció que recusará a Barbosa por la cercanía que tiene con el uribismo bajo la consideración de que no ofrecería garantías de imparcialidad, y a la vicefiscal Martha Mancera por ser su subalterna.
Como en caso de una recusación el Presidente Duque sería el encargado de enviar una terna para definir el fiscal ad hoc, también dijo que recusaría al Primer Mandatario bajo el mismo argumento y que pediría que fuera la Corte Suprema de Justicia la que tuviera la facultad de ternar.
Así que arrancará un nuevo debate jurídico en ese sentido.
¿En la Fiscalía el proceso puede guardar una relación más estrecha con el del abogado Diego Cadena?
En principio son dos procesos que se tramitan por separado; sin embargo, la defensa de Uribe podría solicitar que se acumulen porque se refieren a los mismos acontecimientos y al Expresidente y a Cadena los acusan de los mismos delitos.
Si eso llegara a ocurrir, la defensa de Uribe podría jugar a su favor con que la tesis de la Fiscalía en la imputación de Cadena que es que el Expresidente no tenía conocimiento de los presuntos ofrecimientos de plata y beneficios jurídicos a los testigos.
Así que con ese argumento podrían entrar a pelear la preclusión del caso.
¿Quién juzgaría eventualmente a Uribe?
Con esta decisión el Expresidente pasará de ser juzgado por tres magistrados en primera instancia y por nueve en segunda instancia, a ser juzgado por un único juez penal del circuito para la primera instancia, y tres magistrados en la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá en segunda.
La diferencia en los procesos de juzgamiento está en que los funcionarios con fuero, por tener una connotación más importante para el país, son juzgados con un sistema que les permite que no sea un único juez el que decida sobre su eventual participación en delitos, sino que exista un debate y que solo a través de mayorías jueces tomen determinaciones.
Eso permite que existan menos probabilidades de que terceros traten de incidir para voltear el proceso ya sea a favor o en contra del investigado.
Con su renuncia al Congreso, Uribe prefirió no tener esas garantías y dejar su suerte en manos de un único juez en primera instancia.
Con eso reforzó su mensaje de que había una justicia politizada, debido a que prefirió perder esas garantías.
Sin embargo, como ahora que ya no serán los magistrados que criticó y que incluso llamó mafiosos los que verán de su proceso, Uribe perdió su principal arma de defensa relacionada con que la investigación estaba mediada por intereses políticos.
Así que si la Fiscalía acusa al Expresidente y los jueces determinan que es culpable se quedará sin argumentos, por lo menos en ese sentido, para defenderse.
¿Significa que todos los procesos contra Uribe van a Fiscalía?
No. La decisión es solo sobre el proceso por presunto fraude procesal y soborno que tenía la Corte contra el expresidente Álvaro Uribe. Los demás, como por ejemplo, los de las masacres del Aro, La Granja y Ríosucio, en Antioquia, y el asesinato del veedor José María Valle, que están etapa preliminar, deben ser sujetos al mismo estudio, pero probablemente también vayan a la Fiscalía.
¿El proceso podría volver a la Corte?
En principio no habría razón para que este expediente se devuelva salvo que el Expresidente decidiera buscar otra curul en el Congreso que le devolviera el fuero, o que ocupara algún cargo que le diera una investidura que es de competencia de ese alto tribunal.
Eso sí, si avanza el proceso más adelante podría terminar en la Sala Penal de la Corte si hay un recurso de casación, pero antes deberían haber dos sentencias.