Las propuestas de drogas, cara a cara

El debate en este punto es si seguir el camino del Gobierno Santos luego de la firma del Acuerdo con las Farc o no. El punto 4 del Acuerdo, que se aterrizó en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, le apuesta a que los cocaleros que quieran, firmen acuerdos de sustitución para arrancar la hoja de coca (a cambio de unos pagos, asistencia técnica y proyectos productivos) y donde no llevar brigadas a erradicar a la fuerza manualmente, o endurecer las medidas. El Acuerdo deja la fumigación como último recurso aunque la Corte prohibió hacerlo con glifosato. De La Calle, Fajardo y Petro mantendrían el enfoque actual, cada uno con sus salvedades. De La Calle, fiel al Acuerdo de La Habana, propone mantener el enfoque actual de que la sustitución sea voluntaria y donde no se logren acuerdos, erradicar manualmente. Pero quiere reformular el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis. Para eso, propone el 'Plan cero coca', que incluye un plan de respuesta rápida para resolver las necesidades más inmediatas de las familias que ya firmaron acuerdos agilizando la construcción de bienes públicos y formalizando la tierra en esos municipios para que no tengan incentivos para resembrar. También propone articular mejor la estrategia de seguridad para que los líderes que defienden la sustitución se sientan menos amenazados y no haya el choque de trenes que hay hoy, donde el ministerio de Defensa ha mandado brigadas de policías antinarcóticos a erradicar donde la Oficina de Drogas a cargo de Eduardo Díaz ya había adelantado la firma de acuerdos, como ha pasado en Nariño y Caquetá. Fajardo propone mantener el Pnis metiéndole el acelerador a los pagos y agilizando la entrega de bienes públicos como carreteras o distritos de riego a los municipios donde se han firmado acuerdos de sustitución para que los campesinos no resiembren. Está con la erradicación forzada en caso de que no se logren acuerdos con los cultivadores, pero no con la aspersión aérea y propone el impulso del programa 'Nueva Generación Rural' en el que busca que los jóvenes del campo en general y los que hagan parte de familias cultivadoras de coca puedan hacer el tránsito a la siembra de otros productos con acceso a créditos y vinculándolos a cooperativas para vender sus productos. Petro inicialmente propuso comprar la cosecha de coca mientras se hacía sustitución (una idea que antes ya antes había propuesto el expresidente César Gaviria e incluso el expresidente Álvaro Uribe), pero en su campaña nos dijeron que descartaron esa idea. Su propuesta se parece a la de De la Calle y Fajardo en cuanto a mantener la sustitución voluntaria y dejar la erradicación forzada como plan b, pero para él ""hay que recuperar el sentido original del Pnis. Será participativo, incorporando a las comunidades en las decisiones y soluciones"", algo que ya está en el Acuerdo pero que él quisiera profundizar más. Aunque en el papel el Pnis es participativo, Petro quiere profundizar en la concertación con las comunidades. Vargas propone continuar con la sustitución voluntaria y donde no se logre, entrar a erradicar, como pasa hoy, pero la diferencia es que retoma la carta de la aspersión aérea. En su propuesta de Defensa Nacional dice que ""la aspersión aérea y manual, así como otros mecanismos disponibles, serán empleados para hacer más eficiente la erradicación tanto en tierra como en aire"". Adicionalmente ha prometido que ""Mi gobierno se compromete a entregar en 2022 el territorio colombiano con alrededor de 50.000 hectáreas de coca menos y con programas de sustitución efectivos en más de 150.000 hectáreas"". Duque dice que tanto la sustitución como la erradicación deben ser obligatorias y que eso incluye la aspersión aérea. ""Hemos dicho que las fumigaciones aéreas tienen que ser un mecanismo disponible y lo que hay que mirar son nuevos componentes químicos que satisfagan todos los estándares de salud"", dijo Duque en una entrevista. Como lo hemos contado en La Silla , con la fumigación aérea los cultivos de coca caen en el corto plazo, pero el factor de resiembra es mucho más alto que con la erradicación voluntaria. Según datos oficiales, Colombia ha fumigado 1'8 millones de hectáreas de coca para haber logrado reducirlas en su mejor año a 42 mil hectáreas y volver ahora a las 188 mil, según la última medición publicada. Quizás lo más crítico de retomar esta carta de la fumigación es que se perdería de tajo la confianza con las familias cocaleras que ya le están apostando en todo el país a creerle al Estado y arrancar la coca.

La dosis personal se divide en dos. La dosis mínima, que es un límite por debajo del cual las personas pueden portar una sustancia psicoactiva sin convertirse en delincuentes (son 20 gramos para el caso de la marihuana y 1 gramo para la cocaína). Esa dosis está prohibida desde 2009 y aunque la Corte Constitucional aclaró que la prohibición no implica penalización, todavía no se ha reglamentado ese acto legislativo; y está la dosis de aprovisionamiento, que es superior a la dosis personal (sin especificar cantidades), su propósito es para gente que necesita la droga porque está enferma. El lío es que mientras la dosis personal tiene un límite, la dosis de aprovisionamiento está sujeta al análisis de cada caso, las pruebas aportadas y la condición de quien la porta. Por eso el debate que ha surgido alrededor de este tema es que al no tener un límite, una persona que no está enferma y se dedica a vender droga podría ampararse en el argumento de que lo que tiene es dosis de aprovisionamiento. Frente a este tema están los candidatos que le han dado énfasis a ver el consumo como algo más asociado a la seguridad y para eso proponen el endurecimiento de las medidas. Por ejemplo Duque propone reglamentar la prohibición de la dosis mínima con medidas como multas a quienes la porten. “Hay que volver a penalizar, pero no criminalizar. El que esté portando no se tiene que ir a la cárcel. Hay que confiscarle la droga e imponerle una multa para que el porte esté prohibido. Hoy muchos jíbaros se escudan diciendo ‘yo lo que tengo aquí es dosis mínima’, y pasan por el lado de las autoridades”, dice. Los demás creen que no hay que penalizarla. Y también está Vargas, que propone judicializar al que porte, fabrique o consuma más de la dósis mínima. En la otra orilla están los que ven el consumo como un problema de salúd pública. Ahí está De La Calle, que ha dicho varias veces que no está de acuerdo con la eliminación de la dosis mínima ni con su penalización y que lo que hay que hacer es tener un tratamiento diferenciado para los consumidores y productores de sustancias sicoactivas. Está Petro, que también lo ve como un problema de salúd pública. "Al consumidor de drogas, recreativo o dependiente, generalmente juvenil y socialmente excluido, no se le trata con cárcel sino con médicos y diálogo estatal", ha dicho en sus discursos. Para eso propone revivir la experiencia de los centros de atención médica a drogodependientes (Camad) que creó a finales de 2012 cuando fue alcalde de Bogotá en sitios como el Bronx y que lo que hacía era que los habitantes de calle y adictos tuvieran condiciones dignas de consumo, como por ejemplo, darles primeros aúxilios o hacerles exámenes médicos. Y por último Fajardo, que en su propuesta de seguridad urbana dice que "entendemos el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol como un asunto de salud pública, trataremos a las personas adictas con la prestación de los servicios de salud necesarios para su rehabilitación. (...)Nuestro reto será conseguir una prevalencia del consumo de drogas ilícitas menor al 2 por ciento al final de nuestro gobierno". También en su propuesta de "Jóvenes" menciona que reviviría el programa "Entornos Protectores" que creó cuando fue gobernador de Antioquia y que buscaba mejorar la capacidad de los municipios para prevenir la violencia y promover la convivencia. Para eso hacían jornadas de de acompañamiento psicosocial directo a adolescentes y jóvenes entre los 13 y 19 años, que estaban en riesgo de caer en las drogas.

Aunque cada candidato tiene una estrategia distinta para enfrentar el narcotráfico, en lo que se pueden comparar es en el énfasis. Mientras hay unas que le apuntan a reforzar la lucha contra las drogas desde el Ejecutivo, creando una agencia que coordine toda la política, otros le ponen el énfasis en que la judicialización sea más efectiva. En el primer énfasis está De La Calle, que propone, además de toda la estrategia de sustitución de cultivos que contamos arriba para pequeños cultivadores, crear un nuevo estatuto antinarcóticos que reemplace el de 1986 y crear una entidad que lidere y coordine toda la política antidrogas del país y no como pasa ahora donde la Oficina de Drogas que depende de Presidencia se encarga de la sustitución y el ministerio de Defensa y la vicepresidencia de la seguridad. Con eso, el énfasis de su estrategia de lucha contra el narcotráfico está en reforzar el Ejecutivo. Para desmantelar las bandas criminales propone aumentar la incautación y destrucción de los laboratorios de coca y los controles en los mares y ríos, que es por donde más sale la coca del país. Para eso propone un nuevo 'Esquema de Seguridad en el Posconflicto' para "fortalecer con las autoridades locales las labores de inteligencia y el relacionamiento con las comunidades para que el Estado tenga control en todo el territorio", nos explicaron en su campaña. Y por último propone "una mejor articulación entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Policía y las autoridades locales para perseguir y castigar de forma efectiva quienes estén involucrados en los eslabones fuertes de la cadena del narcotráfico". Vargas también le apunta a reforzar el Ejecutivo con una nueva estrategia de defensa que incluye presentar un proyecto de ley de 'Seguridad y Defensa Nacional' que "ejecute una política de seguridad y defensa nacional efectiva en beneficio de nuestras Fuerza Armadas y de la población"; más coordinación creando una agencia que sería como una 'DEA' colombiana, que centralice toda la lucha contra las drogas y dependa de Presidencia. Esta agencia responderá por una estrategia unificada que comprenda acciones contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico desde el cultivo hasta el tráfico y lavado de activos", dice su propuesta en Defensa. Además, propone más presencia militar en todo el territorio, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto y en las fronteras. Duque ha dicho que hay que "presentar una reforma constitucional para que quede claro que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y por ende amnistiable” y también ha insistido en varias declaraciones que las Farc deben entregar sus rutas del narcotráfico y que hay que redoblar la cooperación y las acciones contra el lavado de activos para acelerar la extinción de dominio "sobre activos obtenidos ilícitamente, incluyendo todo aquello que las Farc intenten ocultar". Además, ha dicho que modernizaría las fuerzas de tarea para tener un mayor control territorial. En la otra orilla está Petro, que propone concentrar los esfuerzos en el desmantelamiento de las fábricas de clorhidrato de cocaína, judicializaciones efectivas a los narcotraficantes, más control de insumos y control a la corrupción de los agentes públicos involucrados en la lucha contra el narcotráfico. No habla de reformar las agencias que ya existen. Fajardo también pone el énfasis en reforzar la justicia porque su propuesta contra el narcotráfico tiene como pilar concentrar los juicios con una ley que presentaría su Gobierno y que busca reformar las competencias de juzgamiento para que "sea un mismo juez o tribunal, quien tenga la competencia frente a los distintos delitos cometidos por una misma estructura criminal". El segundo pilar es "concentrar las capacidades de investigación, judicialización y sanción en los cabecillas de los grupos de crimen organizado".

Como hemos contado en La Silla, el ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley derivado del Acuerdo de Paz que le baja las penas de cárcel a los pequeños cultivadores de coca, amapola o cannabis, y a los que guarden la hoja o financien las plantaciones, siempre y cuando lo hagan para autosubsistencia. Aunque el Gobierno inicialmente había presentado el proyecto para que los que tuvieran por debajo de 3.8 hectáreas les aplicara el beneficio, hoy el límite es 1.78 hectáreas. Eso desató la furia entre los cocaleros agrupados en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, porque dicen que nadie les consultó esa nueva cifra y que si se deja, quedarían por fuera más de la mitad de las familias que ya firmaron acuerdos con el Gobierno y ahora temen que con toda la información que les han entregado los persigan. Por eso le han exigido al Gobierno retirar el proyecto. De La Calle dice que apoyaría el proyecto, pero que volvería a las 3.8 hectáreas, y no especifíca las razones para hacerlo. Petro también lo apoyaría, aunque dice que el proyecto ""necesariamente tiene que ser conciliado y validado con la participación de las organizaciones de los pequeños cultivadores (Coccam, etc), particularmente en la definición de los tamaños prediales a ser cobijados en la alternatividad penal"" nos dijeron en su campaña. El argumento central para pedir que se concilie con la Coccam es el mismo de los cultivadores: que con el umbral de 1,7 hectáreas se quedarían por fuera la mayoría de las familias. Entonces eso en la práctica significaría retirar el proyecto y conciliar una nueva cifra. Fajardo lo apoyaría tal cual está. Vargas no se ha pronunciado sobre este proyecto de ley en concreto ni en su campaña nos contestaron cuál es su postura. Y Duque ha dicho que no lo apoyaría porque como argumentó en esta columna, "Dentro del proyecto pretenden que quienes siembren de coca hasta 5 canchas de fútbol como la del Estadio Atanasio Girardot, eviten la sanción penal del Estado, bajo la premisa de considerarlo cultivos de subsistencia. Claramente lo que hay detrás de todo esto constituye un favorecimiento al famoso “pitufeo” que consiste en la sumatoria estratégica de pequeños cultivadores para insertarlos en la cadena de abastecimiento a los laboratorios y centros de procesamiento."