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Para políticos con maquinaria y poderes enquistados en las regiones estas entidades son clave para la victoria en octubre, elecciones donde la Registraduría Nacional pondrá a prueba su blindaje.
Las registradurías locales, parte de la ecuación de la maquinaria
foto: registraduría.
En la ecuación del día D de las elecciones, la plata, la maquinaria, el transporte, la comida y la compra de votos son claves, como contamos año a año en el cubrimiento electoral; pero hay otro eslabón que candidatos y políticos tienen en la mira: las registradurías locales.
Son las encargadas de toda la logística a nivel municipal (conteo de votos, recepción de información de los corregimientos alejados, envío de datos a Bogotá) y si los políticos y poderes locales tienen influencia allí, pueden ser claves para la victoria.
Así nos lo aseguraron 13 fuentes en los cuatro departamentos del Pacífico, entre políticos de vieja data, candidatos y gerentes de campaña, que conocen de la movida con las registradurías y su posible papel en beneficio de un poder local.
“Eso pasa todos los años”, nos dijo un aspirante en Cauca; “acá se dice: el registrador es aliado del cordobismo, o del amigo del Gobernador, o del otro”, nos dijo un gerente de una campaña en Chocó.
La Registraduría Nacional desde enero está blindando el día electoral (“son las elecciones más difíciles”, nos dijo un alto funcionario de esa entidad), con medidas como cambiar de sitio a los registradores (han trasladado más de 700 de los 1053 que hay), para garantizar transparencia, además de afinar la logística y blindar el software de transmisión de datos.
“Las elecciones se las roban con la plata de la compra de votos, no con la Registraduría”, nos dijo el registrador nacional Juan Carlos Galindo.
Y si bien esa, la de la plata, es la parte más visible de la movida, como contamos en nuestro libro El Dulce Poder y reportamos en nuestros twitterazos y crónicas en vivo del día de elecciones, en las registradurías municipales también se consiguen los votos.
Aliados y amigos, la clave
Tener aliados en la Registraduría local -desde el registrador para abajo- sirve en la medida en que esos funcionarios manejan los datos de los votos, en los que 100 o 200 pueden hacer la diferencia en los municipios para elegir concejales, diputados y alcaldes.
Los nexos terminan siendo evidentes desde candidatos y congresistas con el registrador local, como encontramos en Valle y Cauca; o llegan hasta los contratistas y funcionarios de segundo grado de la entidad, como encontramos en Chocó.
Para garantizar transparencia y evitar acusaciones de falta de garantías, la Registraduría viene trasladando a los registradores locales. Pero eso, no ha sido suficiente en Buga (Valle) y Cajibío (Cauca).
Nueve concejales y políticos del municipio valluno pidieron cambio de registrador cuando supieron que por cuarta vez les mandarían a Jorge Iván Ruíz, registrador en Cartago.
La queja viene porque Ruíz “no dio garantías en conteos anteriores”, según nos dijo Gabriel Fontal, concejal conservador que aspira a la reelección y opositor a la actual Alcaldía que, como contamos, maneja el senador uribista John Harold Suárez.
Según Fontal, en los comicios de 2015, ese registrador benefició a aliados de Suárez y su ahijado político, el alcalde Julián Latorre.
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“Por ejemplo permitió que miembros de las comisiones escrutadoras fueran parientes de candidatos al Concejo, como un funcionario de un juzgado que era esposo de una candidata al Concejo; otro era cuñado de un candidato al Concejo”, nos dijo Fontal.
Ese año Buga solo declaró ganadores en concejos y alcaldía el 13 de enero de 2016, tres meses después de las elecciones, cuando lo normal es que para esa fecha ya todos estén posesionados.
Ante eso, desde la semana pasada, les mandaron un nuevo registrador y a Ruíz lo mandaron a Tuluá.
En Cajibío, tres de los cuatro candidatos a la Alcaldía pidieron la semana pasada cambiar a la registradora que les enviaron desde Patía, Lucy Barrera, quien es familiar política del cuarto aspirante a la Alcaldía, el conservador Jaime Valencia.
La registradora, que trabaja en Patía, fue contratista de Valencia cuando fue Alcalde en 1995.
“Los cambios (de registrador) siempre se han hecho pero venía gente de otras partes. Su familia (de Barrera) tiene arraigo conservador y son de acá, por eso no nos genera garantías”, nos dijo la candidata Diana Cabanillas, quien puso una de las quejas.
Ayer, el registrador Galindo nos confirmó que trasladará a Barrera de Cajibío.
En otras regiones, que al registrador lo cambien no sirve “porque termina dejando a su gente aliada a él y a los políticos ahí”, como nos dijo un político activo en Quibdó.
Allí es donde el engranaje llega a puestos de menor visibilidad, como contratistas o funcionarios de segundo rango.
La cadena desde abajo
“Los registradores tienen montada una estructura en los municipios, y en su gran mayoría les dan cupos de contratos a los congresistas. Cuando un registrador en un municipio tiene su equipo conformado le trabajan a un candidato”, nos dijo un veterano político chocoano, que hoy está gerenciando una campaña para resumir los tentáculos de la cadena.
”Las elecciones se las roban en compra de votos, no en la Registraduría”
“En la época fuerte de (el excongresista parapolítico) Edgar Ulises Torres tuvo su línea en la Registraduría; luego llegaron nuevos congresistas”, continuó.
Ese engranaje actúa, según nos dijo esa fuente, un actual candidato a la Alcaldía de Quibdó, un concejal de esa capital y un exaspirante a una Asamblea por aparte, apenas cierran las votaciones el domingo de elecciones.
“Hay unas tarjetas electorales que se quedan sin marcar. Esa banda (de la registraduría) tiene adiestradas a unas personas para que las marquen (las tarjetas) a favor de unos candidatos. Las marcan en el lugar de la votación los aliados de los registradores”, nos dijo el exaspirante a la Asamblea, que dice que le pasó en unas elecciones pasadas.
En su caso, cuenta que después de ver la votación que tuvo en su municipio, la información cambió de un día para otro: “Quitan a veces votos del logo del partido y se lo ponen al candidato que ellos quieren poner. Los registradores lo saben porque lo manejan al dedillo”, nos dijo.
”El que tiene al de la registraduría tiene a sus aliados”
Una anécdota similar nos contó el gerente de la campaña que dijo que para las elecciones al Congreso de 2018 vio formularios electorales e14 y e24 (donde las mesas ponen los números de votos de cada candidato) alterados a favor de un congresista en el Alto Baudó, donde “quitaron votos solo del logo del partido para dárselos a otro aspirante de La U”.
“El que logra amarrar a la gente, tiene un registrador en el bolsillo. Si tiene al registrador, tiene a sus auxiliares en el municipio”, nos dijo.
El registrador Galino nos dijo que dudaba de las manipulaciones porque “nuestros sistemas tienen seguridades grandes”. Para estas elecciones Galindo nos dijo que digitalizarán los formatos e14 al mismo tiempo que lo tengan las comisiones que revisan los votos.
“Para que los partidos no digan que les roban los votos vamos a entregar información en desarrollo de los escrutinios mesa a mesa, para que ellos (los partidos) revisen esos votos al mismo tiempo”, nos dijo.
Otra de las formas en que los votos pueden ser marcados en favor de un aspirante es durante el traslado de los tarjetones desde los corregimientos lejanos hasta los cascos urbanos.
Tanto el candidato a la Alcaldía, como el concejal de Quibdó, el concejal de Buga y un aspirante a la Alcaldía de Tumaco, nos contaron, por aparte, que en años pasados no hubo medidas de seguridad para el traslado.
E incluso, a uno de ellos le ofrecieron un negocio para ganar más votos mientras trasladaban los tarjetones:
”Si les daba 40 mil pesos me ponían los votos en el traslado de tarjetones”
“Hay unas personas de la Registraduría que mandan de Quibdó a los corregimientos, que es la gente encargada de traer los votos. Uno de ellos me llamó hace seis meses y me ofreció que, como siempre quedaban muchos tarjetones sin marcar, me cobraba 40 mil pesos por marcar el voto en octubre. Me pidió números de de otros políticos para ofrecerles lo mismo. En esos corregimientos que no hay ni Policía ni nada, quién va a verificar eso”, nos dijo el Concejal quibdoseño.
"Me reuní con una gente que me pedía 300 millones para montar su propio equipo y montar los datos en el software que nos garantizaban ganar la elección en los escrutinios. Era un contacto de Cali", nos dijo, a su turno, un político tumaqueño que se reunió con funcionarios de la Registraduría en diciembre pasado. Dice que no aceptó la oferta.
El registrador Galindo nos dijo que los traslados son verificados por la fuerza pública y, si quieren, los partidos los pueden escoltar. “Usamos gente con experiencia, pero que también controlamos. No son ruedas sueltas que estén ahí haciendo lo que quieren”, resaltó.
Muy seguramente las quejas seguirán existiendo “porque muchos dicen que les robaron los votos”, como nos dijo un político valluno.
Falta por ver si las medidas que la registraduría de Galindo ha implementado desde inicios de año pasan la prueba de las elecciones locales donde se juega un nuevo recambio de poder.
