Las tragedias ambientales que Santos y Vallejo minimizaron

La ola invernal, mitad culpa humana

Aunque los estragos que dejó la ola invernal en 2010 y de nuevo en 2011 obedecieron a causas naturales, muchos científicos y técnicos del sector han advertido que la mala gestión ambiental -en manos de unas corporaciones autónomas politizadas y con magros presupuestos- jugó un rol decisivo en potenciar la magnitud de su impacto. Y también han subrayado que no fue tan imprevista como se ha hecho ver y que ya había muchas señales de lo que podría suceder.

“La gran culpa no la tuvo el aguacero, sino la cantidad de goteras que tenía el techo. A los humedales les hemos quitado los dobladillos donde se expandían, a los ríos les hemos alterado el curso con diques y jarillones. Lo que llamamos desastres son en realidad el agua recuperando los espacios que le pertenecen, porque nosotros podemos no tener memoria pero el agua sí la tiene”, explicaba Gustavo Wilches-Chaux, uno de los mayores expertos en gestión del riesgo en el país, cuando La Silla examinó los problemas en la gestión de los humedales en el país.

Tanto el impacto social como el ambiental de esa ola invernal marcaron puntos altos en la historia colombiana, tanto que Santos declaró el estado de excepción: 460 muertos, 102 mil desplazados, 2 millones de damnificados, 3 millones de cabezas de ganado afectadas y 1,6 millones de hectáreas inundadas.

Como contó Tío Conejo, el blog ambiental de La Silla, le costó al país el 2,5 por ciento de su PIB. Es decir, “el equivalente a juntar los tres desastres naturales más grandes de los últimos 30 años: el terremoto de Armenia (1,86 por ciento del PIB), la avalancha de Armero (0,29 por ciento) y el terremoto de Popayán (0,45 por ciento)”.

El hueco de la minería ilegal

Los cráteres que está dejando la minería ilegal en zonas selváticas -desde el Chocó y el Pacífico caucano hasta la serranía de San Lucas en el Bajo Cauca y toda la Amazonía- son uno de los mayores problemas ambientales. Y las Farc -que son uno de los mayores jugadores en el mercado ilegal de oro, coltán y tungsteno- tienen una alta cuota de responsabilidad en sus impactos.

“El problema de los impactos de la minería es que son a muy largo plazo porque la degradación de los suelos y el agua y la contaminación con mercurio no los puedes reversar. No puedes restaurar un lugar por donde han pasado retroexcavadoras: es una pérdida para siempre. Como también son irreversibles las malformaciones de nacimiento por el mercurio en lugares como El Bagre o Caucasia”, dice una persona que lleva dos décadas en el sector ambiental y que aún asesora al Gobierno. “El ministro dice que le duele lo de Tumaco. Pues debería ir al Bajo Cauca o al sur de Bolívar, donde las comunidades se han quedado sin alternativas de qué comer o cultivar”.

En muchas zonas los daños son irreversibles. Más allá del Bajo Cauca antioqueño (que tiene los niveles de contaminación por mercurio más altos del mundo), una investigación conjunta del Tratado de Cooperación Amazónico y la Universidad de Stanford ya detectó niveles por encima de lo permitido en el río Amazonas y el Caquetá, debido a que el oro se está lavando en el lecho del río y luego se arrojan los residuos de mercurio al agua.

“El río Caquetá tiene dos entradas, una en La Pedrera y otra en Araracuara, por donde tienen que pasar el mercurio, la gasolina y, claro, las mismas dragas. Irónicamente ambos puntos tienen campamentos del Ejército con 200 o 300 hombres, pero no hay un control efectivo a los mineros”, dice el etnólogo Martín von Hildebrand, que lidera la Fundación Gaia Amazonas y lleva cuatro décadas trabajando en la Amazonía. Como contó La Silla, las denuncias de corrupción de la Fuerza Pública allí son comunes. 

La Ciénaga Grande, en terapia de shock

La Ciénaga Grande de Santa Marta, el complejo de humedales más grande del país (con casi el tamaño del Quindío) y situada justo sobre la autopista de Santa Marta a Barranquilla, lleva años en estado crítico.

“Se le hizo una reanimación en los años noventa -con el proyecto de restauración de Prociénaga- pero fue como un transplante de riñón, sin que se le mantuviera una diálisis o un seguimiento permanente de ahí en adelante”, dice la ecóloga Sandra Vilardy, profesora de la Universidad del Magdalena y una de las mayores conocedoras de los humedales en el país.

Eso se debe a que durante años sus ocupantes han hecho obras ilegales sin ningún control por parte de las autoridades ambientales, construyendo diques y terraplenes en las fincas aledañas -que cambian el curso de las quebradas que alimentan la ciénaga o que cierran zonas de agua- y quemando los bosques que la rodean para ganarle metros al agua y ampliar la frontera agraria. Un solo empresario, identificado en abril de este año, construyó 27 kilómetros de diques en la hacienda Los Patos en Remolino (Magdalena).

Lo paradójico es que la zona tiene, sobre el papel, uno de los niveles de protección más altos del país: contiene dos parques nacionales (el de la Ciénaga y la Vía Parque Isla de Salamanca), está catalogado como sitio Ramsar (una convención internacional que protege los humedales con un valor hídrico excepcional) y también como Reserva de la Biósfera de la Unesco.

La Amazonía, cada vez con menos árboles

Aunque a finales del año pasado Colombia recibió la buena noticia de que la deforestación ha bajado a casi la mitad de lo que era hace cinco años, la cifra sigue siendo alarmante y la gran damnificada es la Amazonía, que concentra la mayor parte de bosques y selvas tumbados.

El ritmo anual de deforestación es de 121 mil hectáreas anuales hoy (contra 248 mil en 2010): de éstas, casi dos terceras partes están en los departamentos amazónicos y una cuarta parte del total está concentrada solamente en el Caquetá, que pierde casi 30 mil hectáreas de bosque cada año a la ganadería, la agricultura, la coca, la tala de maderables y la minería ilegal a una velocidad alarmante (un 192 por ciento en 2012). Tanto que ha sido considerada una de las nueve regiones claves para intervenir en todo el mundo por la lista Forest 500, del Programa Global Canopy.

Uno de los efectos más graves de esa acelerada deforestación es que ya se están fragmentando sectores de la Amazonía, como la zona donde están los parques nacionales de La Macarena y Tinigua y las sabanas de Yarí, en la franja entre Meta y Caquetá. De nuevo las Farc, que mantienen un control férreo sobre la producción de hoja de coca, tienen una alta cuota de responsabilidad.

Como dice Elsa Matilde Escobar, “bajar de 240 mil hectáreas a 120 mil al año sigue siendo poco. ¿Dónde están la reforestación y los impulsos a una ganadería y una agricultura más sostenibles?”.

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La Colombia rural casi no tiene agua potable

Uno de cada tres campesinos en Colombia no tiene agua potable. Y aunque normalmente estos problemas son vistos como más bien sociales, tienen un impacto ambiental muy fuerte, sobre todo en la calidad del agua en esas zonas.

Por falta de acueducto veredales, apenas el 15 por ciento de personas en zonas rurales -es decir, unas 900 mil personas- tiene agua en buenas condiciones, según el último informe de calidad del agua del Instituto Nacional de Salud. Otras 2,6 millones de personas usa agua con un nivel muy bajo de tratamiento y 1,3 millones agua cruda tomada directamente de las fuentes, con mucha frecuencia contaminadas porque se convierten también en botaderos.

“Eso quiere decir que el agua está contaminada porque son los basureros públicos. En Ríosucio (Chocó) el desagüe de aguas negras está justo arriba de donde saca el agua para cocinar y tomar toda la población”, dice Elsa Matilde Escobar. La gravedad de esta situación explica que el acuerdo agrario de La Habana tenga todo un punto dedicado al agua potable.

A eso se suma que todavía hay 200 municipios sin procesamiento de desechos sino apenas con botaderos de basura, 14 que la tiran al agua y uno (Onzaga, en Santander) que la quema. Todo eso hace que la gestión de residuos se haya convertido en uno de los mayores problemas de gestión ambiental.

El río Magdalena, ¿problema en potencia?

El proyecto para devolverle la navegabilidad del río Magdalena -que el gobierno Santos convirtió en una de sus banderas- todavía está en planos, pero ya tiene al sector ambiental con los pelos de punta.

Sobre todo el hecho de que se hubiera adjudicado al consorcio Navelena, que integran la constructora brasilera Odebrecht (con un 87 por ciento) y la colombiana Valorcon de Julio Gerlein (con 13 por ciento), sin que se le exigiera una licencia ambiental, dado que se considera que es una modificación sobre una infraestructura que ya existe.

“Son obras de grandes magnitudes, que se harán sin evaluaciones de impacto ambiental y sin tener en cuenta a las comunidades que están ahí. Están contando los beneficios económicos, pero olvidaron por completo el principio de precaución y son muy inciertos los impactos ambientales”, dice la ex congresista Alegría Fonseca, quien -desde su Fundación Alma- lleva dos décadas trabajando con los humedales del Magdalena Medio.

La principal preocupación es que la navegabilidad no está pensada para pasajeros, sino para carga pesada como carbón o petróleo, bajando los costos hasta en un 40 por ciento . “El derrame en Tumaco puede ser marginal si se le compara con los riesgos en el Magdalena. Con una sola carga de petróleo que se derrame, en nada de tiempo ya estará en Barranquilla”, dice una persona del sector.