Lo que seguiría mal si no hay una reforma tributaria

Los más ricos pagan menos que la clase media

La Comisión encontró que los más ricos pagan menos que los de ingreso intermedio: el 1 por ciento de las personas de mayores ingresos solo pagan como impuestos el 11 por ciento de lo que reciben, pero que el 0,1 por ciento más rico paga aún menos: solo el 4 por ciento. Eso se debe a que buena parte de sus ingresos se debe a que tienen empresas que les reparten utilidades, pero no pagan impuestos sobre sus dividendos; a que tienen acceso a mejores asesorías que los demás para aprovechar los beneficios que existen; y a que son quienes más incentivos y recursos tienen para armar esquemas que los llevan a pagar menos, de forma legal o ilegal, como por ejemplo usando paraísos fiscales.

Y no es el único dato. Usando los datos de las declaraciones que presentan las personas ante la Dian, encontró que en promedio un asalariado paga el 9,6 por ciento de sus ganancias (estableciendo lo que técnicamente llama una renta líquida ajustada), mientras que un rentista (que son las personas cuya mayoría de ingresos depende no de su trabajo sino de una renta como el arriendo de un apartamento, del ‘producido’ de unos taxis o buses o de las utilidades de empresas) solo paga el 2,9 por ciento.

También encontró que del 1 por ciento que más paga, los rentistas tributan el 13,6 de sus ganancias, mientras que los asalariados ponen el 22 por ciento.

Eso es absurdo porque en teoría deberían pagar más los que viven de la renta que los que viven de su trabajo, porque los segundos crean más valor para la sociedad.

El modelo está tan desactualizado que queda más fácil hacer trampa

El esquema actual deja varios huecos para que las empresas o las personas hagan trampa, desde inventarse gastos hasta ocultar pagos que se hagan en el exterior, pasando por dejar documentado solo una parte de una transacción y pagar la otra en efectivo.

Eso no solo hace que el Estado reciba menos plata (que la Comisión calcula en unos 15 billones de pesos al año, o el equivalente a todo el presupuesto de Bogotá, solo en lo que las empresas evaden en renta) sino que crea una desigualdad entre los que cumplen las normas y los que no.

Y aunque ningún modelo está blindado de las triquiñuelas, al quedarse viejo el estatuto actual es más fácil hacerlas: por ejemplo, para evitar que la gente se invente gastos son muy útiles las facturas electrónicas, que en Colombia existen pero se han ido implementando muy lentamente.

Las empresas que no hacen trampa terminan pagando muchísimo

Según el informe, las empresas que declaran terminan pagando entre el 46 y el 104,6 por ciento de sus utilidades en impuestos, según esas mismas declaraciones,

Además de que es una carga muy alta, los datos indican que si se incluyen las empresas que no declaran y las utilidades que esconden algunas de las que delcaran, la tarifa resulta siendo mucho menor: al final se pagan en impuestos entre el 5,5 al 43 por ciento de los verdaderos excedentes de todas las empresas.

Esa diferencia muestra que hay una evasión y un ocultamiento muy grandes (sobre todo en los sectores del agro, la hotelería y la alimentación), lo que ha llevado a que todo el esquema de impuestos termine sobrecargado en las que sí pagan.

Son bajos los impuestos que hacen más caras actividades con impactos negativos

Algunos impuestos, como el que se propone a las gaseosas, tienen como objetivo no solo recaudar plata sino desincentivar actividades que tienen efectos negativos. Pero esos impuestos, que incluyen los de los combustibles, vehículos (por su efecto ambiental), tabaco y alcohol (por los efectos sobre la salud), tienen tarifas bajas si se comparan con países de la región y no le pegan más fuerte a los productos de más impacto negativo.

En el caso del tabaco hay mucho espacio para aumentarlo: el precio en dólares de la cajetilla de 20 cigarrillos de la marca más vendida en Colombia es el más bajo entre 41 países latinoamericanos y de la Ocde, y menos de la mitad del promedio de América Latina; y el impuesto es un 75 por ciento del precio final en países como Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina. Es decir, hay cómo subri el impuesto, ya sea para recaudar más o para desincentivar el consumo.

En el de vehículos sirve poco para desincentivar y, además, no le cae más duro a los que más contaminan: suma un porcentaje del PIB mucho menor que el de otros países latinoamericanos y de la Ocde (a duras penas el 0,14 por ciento, frente al 0,3 de Uruguay y Costa Rica o el 1,2 de Brasil) y, como se calcula sobre el precio de los carros y no sobre su impacto en el medio ambiente, recae sobre todo sobre los vehículos nuevos y menos contaminantes.

Los impuestos a los combustibles también son bajos frente a otros países: en la gasolina es más o menos el 36 por ciento de su precio final y en el ACPM es el 24, mientras que en Chile, Argentina y Uruguay esos porcentajes son de 46 y 51. De nuevo, el más contaminante (el ACPM) tiene impuestos más bajos que el menos contaminante (la gasolina).  Y quienes más gastan en combustible son los más ricos: los hogares de ingresos altos le dedican el 4,6 de sus gastos, los de ingresos medios el 3,2 y los de ingresos bajos el 1,6.

La excepción es el impuesto al alcohol, pues tanto el precio como el porcentaje de éste que se debe a los impuestos es semejante al promedio de América Latina y se paga más por lo que en general toman los más ricos (licores importados como el whisky) que por lo que consumen los menos adinerados (aguardientes y rones locales).

Hay decenas de pequeños impuestos que recaudan muy poco pero enredan la vida

Según el informe, los departamentos y municipios cobran más o menos 57 impuestos, además de 60 estampillas. Ese universo tan grande hace que administrarlos sea complejo para los municipios y departamentos. Sobre todo porque solo una docena de esos impuestos bastan para ponerles cuatro de cada cinco pesos.

Los otros, como el de degüello, el de loterías foráneas, el de pesas y medidas, el de casinos, la tasa bomberil o el de avisos y tableros, producen poco dinero pero le ponen más trabajo a los funcionarios y le enredan la vida a las empresas.

Hay un impuesto que siempre hace que el Estado se pague a sí mismo

La contribución sobre contratos de obra pública es un impuesto que pagan los contratistas de obras públicas al municipio. Y eso es absurdo, porque lo que hace es que esos contratos sean más caros y sea el mismo municipio quien tenga que pagarle más a sus contratistas, solo para recibir al final esa misma plata. Todo eso con el costo administrativo de tener a funcionarios encargados de definir el valor del impuesto, cobrarlo y perseguir a los contratistas que no paguen.

Esto mismo puede ocurrir en el caso de varias de las estampillas que han creado los departamentos o municipios, que de nuevo pagan los contratistas del mismo municipio o departamento.

El IVA desincentiva invertir en maquinaria y equipos

Por regla general, cuando una empresa cobre el IVA por algo que vende y ha pagado IVA para comprar bienes o servicios para producirlo, solo le paga a la Dian la diferencia entre el IVA que cobró y el que pagó.

Por ejemplo, si hace pantalones, no le paga a la Dian todo el IVA que cobra al venderlos porque le resta el que pagó comprando las telas, los hilos, las cremalleras y los botones, y el que pagó al contratar a diseñadores. Pero eso no ocurre cuando una empresa compra maquinarias, como las que se necesitan para hacer esos mismos pantalones: el IVA que pagan al comprarlas no se lo pueden cargar a los pantalones.

Eso no solo tiene poco sentido, sino que hace que para las empresas sea poco atractivo comprarlas. Y que, cuando las compran, tengan un costo sea mayor que en los países donde sí se permite descontar ese IVA (que son la gran mayoría en el mundo), lo que afecta la competitividad.

La mayoría de los municipios y departamentos tienen muy poca plata propia

De los 1.101 municipios del país, 24 recogen el 73.3 por ciento de todos los impuestos municipales como el predial, el ICA y la sobretasa a la gasolina. La desigualdad es grande:  Bogotá recibe más de un tercio de todo ese recaudo y 84 municipios que suman el 70 por ciento de la población recogen el 88 por ciento del ICA y el 86 por ciento del predial.

Y entre los 32 departamentos, solo en dos (Antioquia y Cundinamarca) sus impuestos son más del 10 por ciento de los ingresos.

Eso quiere decir que el grueso del país depende, para funcionar, de la plata que le transfiere el Gobierno Nacional (lo que le quita mucha autonomía a la gran mayoría de alcaldías y gobernaciones) y de las regalías (lo que las poena a rezar por que haya petróleo o minerales , y las deja a merced de las mineras).

La forma en que se cobran las regalías sirve muy poco

El informe muestra cómo el impuesto actual de regalías termina desincentivando la pequeña minería porque se cobra sobre el valor del producto, sin mirar la rentabilidad de las mina. También termina generando ingresos relativamente bajos cuando los precios están altos y convirtiéndose en una carga muy pesada para los mineros cuando están bajos.

Las cooperativas tienen una ventaja enorme y poco justificada al competir con las empresas

Hoy las cooperativas se entienden, para efectos de los impuestos, como entidades sin ánimo de lucro a pesar de que, como las empresas, sí pueden repartir utilidades entre sus dueños (técnicamente, reembolsan aportes y distribuyen excedentes). Y no es poco dinero el que producen: las 7.670 cooperativas registradas tuvieron 656 mil millones de pesos de excedentes en 2014, de los que 504 mil millones se concentraron en menos de 600 cooperativas.

Al tratarlas como entidades sin ánimo de lucro, el sistema actual solo les exige que destinen el 20 por ciento de sus excelentes a educación para exonerarlas del impuesto de renta. Y eso, cuando las cooperativas compiten con empresas normales (como era el caso de Saludcoop frente a otras EPS, por ejemplo), les da una ventaja competitiva enorme.