Lo que tiene que pasar este año para aterrizar los acuerdos

Fondo de tierras

• Que hay que hacer:El acuerdo crea este fondo para darle tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Como debe tener tres millones de hectáreas que vienen de tierras expropiadas, con extinción de dominio, inexplotadas, de baldíos, donadas, o que salgan luego de actualizar la frontera agrícola, lo primero es hacer planes de ordenamiento de la propiedad rural por municipios para saber en qué estado están los predios. Es decir, predio a predio, saber si tiene o no dueño, si lo ocuparon, si un grupo indígena está peleando por tenerlo, etc. Con esa información, ya se sabría cuáles tierras pueden entrar al fondo y cuáles no.

• Quien se encarga: La Agencia Nacional de Tierras, ANT, que reemplazó al Incoder, es la que tiene que hacer esos planes. Hasta ahora solo se ha hecho un plan piloto que es el de Ovejas, en Sucre.

• El reto: La meta que tienen es hacer los planes de ordenamiento de 70 municipios este año. Miguel Samper, director de la ANT, le contó a La Silla que van a arrancar con once municipios en la región de La Mojana, que queda entre Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. De ahí siguen con otros cuarenta municipios en Cundinamarca y están definiendo con la gobernación de Antioquia otros 28. Hacer ese barrido para ordenar las tierras toma tiempo. A cada municipio mandan una cuadrilla de un ingeniero catastral, un topógrafo, un abogado, un agrónomo y un trabajador social. Cada uno se demora mínimo una semana por predio levantando la información. Fuera del tiempo, también es caro. Solo el plan de Ovejas, según datos de la ANT, costó cinco mil millones de pesos. En este momento, la Agencia tiene 160 mil millones de pesos de presupuesto para hacer esta y otras tareas. “La verdad vamos a necesitar más plata”, dijo a La Silla Samper. 

Sistema general de información catastral multipropósito

• Que hay que hacer:El acuerdo dice que ese sistema tiene un plazo máximo de 7 años para hacer el barrido de todos los predios del país, y para lograrlo el Igac tiene que empezar a hacer los pilotos de barrido predial. Eso, básicamente, es ir municipio por municipio, finca por finca, no solo para saber dónde empieza y dónde termina cada predio para ir armando un mapa de todo el país, sino también para recoger información sobre quién es el dueño de la tierra, hace cuánto, quienes viven ahí, etc.

• Quien se encarga:El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, es la entidad encargada de hacer esos barridos. La idea es que vayan no sólo funcionarios del Igac, sino también de la ANT y la Superintendencia de Notariado y Registro para que mientras los primeros hacen el catastro, los otros vayan resolviendo los conflictos de la tierra si los hay y vayan formalizando.

• El reto:Sin una información detallada que mida todos los predios y los ubique en un mapa, es muy difícil tomar cualquier decisión sobre tierras. Por eso el catastro es casi que la base para que otros temas de ese punto como el fondo de tierras y la formalización, aterricen bien. Para hacer ese catastro,el Igac tiene un presupuesto de 14 mil millones de pesos.

Formalización

• Que hay que hacer: De aquí al 2028, el país debe tener siete millones de hectáreas formalizadas. Es decir, con títulos de propiedad. Para lograr eso, el primer paso es dedicar todo este año a ir a los predios de unos municipios que la ANT define como prioritarios porque tienen muchos predios rurales y porque la mayoría no tienen títulos. Este año, la ANT espera intervenir 400 mil predios. Lo otro es resolver las solicitudes de formalización acumuladas del Incoder, más las nuevas que les han entrado para formalizar predios, que son más de 54.500.

• Quien se encarga:La Agencia Nacional de Tierras.

• El reto:Más del 60 por ciento de las tierras del país no tienen títulos. Superar eso en doce años, que es justo lo que se propone el acuerdo, es ambicioso porque se trata de resolver el problema más estructural del conflicto que es la propiedad de la tierra.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

• Que hay que hacer:Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, son para dieciséis regiones del país donde hay mucha pobreza, el conflicto las tiene rezagadas, no hay casi presencia del Estado y tienen cultivos ilícitos, minería ilegal o ambas. La idea es planear con los habitantes de esas regiones proyectos productivos y que sean los primeros en la fila para llevarles bienes públicos: desde carreteras, distritos de riego, paneles de energía, hasta arreglarles el puesto de salud o el colegio. Antes de febrero, según supo La Silla, la idea es tener el listado definitivo de cuales son las regiones escogidas para esos programas, porque todavía no se sabe. Lo más probable, según nos contaron por aparte dos personas, es que los Pdets queden casi todos en las regiones donde hoy las Farc están concentradas dejando las armas.

• Quien se encarga:La Agencia para la Renovación del Territorio, que se creó en julio es la que tiene en sus manos hacer los planes de acción por cada región escogida. Para eso tiene que mandar funcionarios a sentarse con los líderes de las veredas y los alcaldes y secretarios de los municipios para que entre todos decidan a qué se quieren dedicar en ese lugar, cuanto cuesta y qué se necesita.

• El reto:Con los Pdets hay un reto doble. Por un lado, toma tiempo porque hacer realidad apenas un programa en una región toma entre ocho meses y un año aproximadamente y la idea es hacerlo en 16 lugares. Pero también está el reto político porque seguramente habrá una puja entre los alcaldes por lograr que su municipio quede en una región Pdet, porque de entrada implica que van a tener más inversión que otros. Por ahora, La Silla supo que la ANT tiene planeado arrancar a trabajar en las 26 veredas donde las Farc están concentradas. Eso, según nos contó una persona que trabaja allí: “es la puerta de entrada mientras sabemos el listado definitivo de donde serán los Pdets”. Para lograrlo, tienen 87 mil millones de pesos para invertir y una planta de 315 personas que le acaban de poner a la directora, Mariana Escobar.

Estatuto de oposición

• Que hay que hacer:Ya se creó la comisión para que entre todos los partidos y movimientos con personería jurídica definan cuáles van a ser las nuevas reglas de juego para el estatuto en septiembre del año pasado. Falta que se haga el evento al que tienen que ir voceros de las organizaciones y movimientos sociales y también académicos expertos en el tema, para hacer sus recomendaciones sobre cómo debe ser ese estatuto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo dijo a La Silla que ese encuentro hay que hacerlo a más tardar en febrero, porque apenas se haga, la comisión tiene tres meses para presentarle el estatuto al Gobierno, que espera presentarle el proyecto de ley al Congreso antes de junio.

• Quien se encarga: El ministerio del Interior es el que debe convocar el evento y estar pendiente de que la comisión entregue en el plazo que toca sus recomendaciones.

• El reto:Lo más importante, según le confirmaron tanto el ministro Cristo como el viceministro Guillermo Rivera, es que este proyecto no quede para la segunda legislatura (la de julio a diciembre), porque para ese momento ya todos los senadores van a estar en modo campaña para las presidenciales del año entrante, y eso puede poner a tambalear la aplanadora santista en el Congreso.

Garantías de seguridad para el ejercicio de la política

• Que hay que hacer:Hace un mes se creó la “instancia de alto nivel” que ponga en marcha el sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Ahora toca ponerla a andar mediante decretos que aterricen el programa de protección especializada a los miembros de las Farc y la subdirección especializada que se va crear dentro de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

• Quien se encarga: La Presidencia, porque la instancia depende directamente de ella.

• El reto:Esa instancia es clave porque, entre otras funciones, es la encargada de diseñar un programa de protección especializada para los integrantes del partido de las Farc y para los demás movimientos y partidos que se declaren en oposición. Como lo que más le preocupa a la guerrilla es su seguridad, esa instancia tiene que estar montada antes de junio, que es cuando se cumplen los 180 días para que los miembros de las Farc entregue todas las armas.

Participación ciudadana

• Que hay que hacer: El Gobierno tiene que presentar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana. Para hacerlo, primero tiene convocar un espacio de diálogo en el que participen voceros de las organizaciones y movimientos sociales. Ese espacio se tiene que convocar y hacer a más tardar a finales de febrero, porque el acuerdo dice que debe hacer máximo a los sesenta días de la firma. Lo que se hable en ese espacio, luego se discute en una comisión, también integrada por voceros de las organizaciones sociales.

• Quien se encarga:El espacio de diálogo lo tiene que convocar y hacer el Consejo Nacional de Participación. Ese Consejo lo dirige el ministerio del Interior y su secretaría técnica está a cargo del Departamento Nacional de Planeación. Fuera del Consejo, para hacer ese espacio también participa Foro por Colombia, la corporación Viva la Ciudadanía y el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep.

• El reto:Dentro del Gobierno creen que más que convocar el espacio de diálogo, lo complicado va a ser conformar la comisión que tiene que evaluar lo que allí se hable, porque ahí se tienen que sentar representantes de todas las organizaciones y siempre hay pujas adentro de ellas por definir quién los representa. Sin esos dos pasos, el Gobierno no puede presentar el proyecto de ley.

Acceso a medios

• Que hay que hacer:Crear 20 emisoras nuevas, hacer una estrategia de redes sociales y abrir un programa de televisión dentro de la parrilla del canal Institucional.

• Quien se encarga:De las emisoras se encarga por un lado Radio Televisión de Colombia, Rtvc, que las opera, y por otro, el ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Mintic, que las regula. De la estrategia de redes sociales y del espacio de televisión, están intercambiando propuestas gobierno y Farc. Para televisión, los está asesorando el Canal Institucional.

• El reto:Poner a operar las 20 emisoras es lo más difícil porque primero el Mintic tiene que hacer estudios de frecuencia y de cobertura, además de las coordenadas exactas donde se habilitarían. Luego de eso, la Rtvc tiene que mandar una solicitud formal al Mintic diciendo los puntos exactos y ahí sí ir prendiendo las emisoras. La idea es que durante los primeros dos años esas emisoras solo sean para hacer pedagogía de los acuerdos y para contar historias sobre los avances de la implementación. Luego de eso, es decir en 2019, la Rtvc continúa administrándolas pero las parte en tres: un tercio van para la cooperativa de las Farc, Ecomun; otro tercio para organizaciones sociales y otro tercio para organizaciones de víctimas. En cuanto a redes sociales, en este momento las Farc y el Gobierno están intercambiando propuestas. Lo más probable es que apaguen la página de ‘mesa de conversaciones’, para crear otra que cuente el aterrizaje de los acuerdos. Y en cuanto al programa de televisión, por ahora se sabe que va ser dentro de la parrilla del Canal Institucional, que va a durar una hora y media con una repetición y que entre el Gobierno y las Farc están definiendo el formato. Es decir, si van a hacer un programa de entrevistas, o un noticiero o un reality. Ese programa solo dura dos años y el consejo de redacción lo preside gente del Gobierno, pero igual tienen asiento representantes de las Farc.

Reforma electoral

• Que hay que hacer:Esta semana está programada una reunión entre los 7 expertos de la Misión Electoral Especial (que vienen de la Misión de Observación Electoral, el Centro Carter, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria) y delegados del ministerio del Interior y de los partidos para discutir cuales deben ser los lineamientos de esa reforma. Se supone que cuatro meses después de la firma, es decir a finales de marzo, la Misión tiene que presentar un informe con sus recomendaciones. La Silla supo que la Misión ya tiene una hoja de ruta para que cada experto se encargue de temas específicos. El Gobierno tiene que estudiar esas recomendaciones y luego de eso presentar la reforma. El ministro Cristo dijo a La Silla que esperan alcanzar a presentarla antes de julio en el Congreso.

• Quien se encarga: La Misión Electoral Especial y el ministerio del Interior.

• El reto: Del informe que presente la Misión Electoral, dependerá qué tan de fondo será esa reforma, que para movimientos como Marcha Patriótica, partidos de oposición como el Polo Democrático y eventualmente el partido que creen las Farc, será clave para definir su futuro político.

Circunscripciones especiales

• Que hay que hacer:Crear las 16 circunscripciones especiales para Cámara hasta 2026 mediante un acto legislativo que, como pasa por fast-track, se aprobaría en cuatro debates en el Congreso.

• Quien se encarga: El ministerio del Interior ya tiene un borrador de proyecto de ley y la idea es presentarlo a más tardar a finales de enero.

• El reto:Que el acto legislativo se apruebe sin problema en el Congreso porque estas curules, para el uribismo, son para agrandar la participación de las Farc y seguramente harán una dura oposición para aprobarlas.

Zonas de concentración y entrega de armas

• Que hay que hacer:El día D+60, es decir, el 31 de enero, las granadas, municiones y armas de las milicias tienen que guardarse en contenedores y los observadores de la ONU, que hacen parte de la Misión de Monitoreo y Verificación, asegurarse de que así se haga. El D+90, es decir el 2 de marzo, los guerrilleros ya tendrían que haber entregado el 30 por ciento de sus armas individuales. el primero de abril, otro 30 por ciento y el primero de mayo, el 40 por ciento que queda. El 31 de mayo, que es el D+180, la ONU ya tiene que terminar de sacar las armas. Ese mismo día se dan por terminadas las zonas de concentración y el cese al fuego bilateral y es el plazo máximo para que el Gobierno reciba y acepte el listado definitivo de cuantas personas hacen parte de las Farc.

• Quien se encarga: El componente internacional de la Misión de Monitoreo y Verificación, es decir, los de la ONU, se encargan de supervisar el desarme y el cese al fuego y el listado cuanta gente tiene las Farc lo recibe y verifica el Gobierno.

• El reto: De la entrega de todas las armas depende el éxito o el fracaso del proceso. Por eso el mayor reto es para la Onu, que es la responsable de que esas armas sí terminen convertidas en monumentos, y también para las Farc, porque al entregarlas prueban su deseo real de hacer política sin ellas.

Reincorporación política

• Que hay que hacer:En junio, cuando las Farc ya hayan entregado todas las armas, los plenipotenciarios de la guerrilla en La Habana, es decir un Iván Márquez o Timochenko, tienen que presentar una solicitud formal sobre su decisión de transformarse en partido político ante el Consejo Nacional Electoral, CNE. Esa solicitud ya tiene que incluir los estatutos del partido, su código de ética, la plataforma ideológica y quienes serán sus directivos. Pero para que el CNE pueda registrar formalmente esa petición, antes tiene que haberse aprobado en el Congreso un proyecto de ley que crea el partido y que el Gobierno va a presentar, según supo La Silla, a finales de enero. Con eso, mientras las Farc dejan las armas, se aprueba la ley.

• Quien se encarga:El ministerio del Interior.

• El reto: La creación del partido depende no solo de que se apruebe la ley, sino además de que la ONU certifique que efectivamente entregaron todas las armas. Sin esas dos condiciones, el CNE no puede aceptar su solicitud.

Financiación y asistencia técnica

• Que hay que hacer: Crear el Centro de pensamiento de la agrupación política “voces de paz”,que es la que facilita el aterrizaje de las Farc como partido y tiene tres voceros en senado y tres en cámara.Jairo Estrada, uno de los miembros de Voces, le explicó a La Silla que el objetivo de ese centro es: “hacer documentos de análisis político que les sean útiles a las Farc cuando tengan que redactar su plataforma ideológica”. Nos dijo que entre los seis voceros tienen claro que ese centro debe crearse a más tardar antes de mayo. Para financiar ese centro de pensamiento el Gobierno tiene que darles una suma equivalente al 7 por ciento anual de la plata que se va para el funcionamiento de los partidos desde que se cree el centro hasta julio de 2022.

• Quien se encarga:Voces de paz es la agrupación que tiene que crear el Centro de Pensamiento con plata del Gobierno y según el acuerdo, también con plata de afuera.

• El reto: Crear ese Centro de Pensamiento es clave porque es la antesala para irle adelantando trabajo sobre la plataforma ideológica al partido que creen las Farc. El reto es lograr armarla antes de que las Farc entreguen las armas y que les den la plata prometida para hacerlo.

Curules

• Que hay que hacer:Hay que crear las cinco curules en Senado y las cinco de Cámara mediante un acto legislativo que pasará por fast-track. Es decir, que se aprueba en cuatro debates en el Congreso. El Gobierno lo va presentar a finales de enero.

• Quien se encarga:El ministerio del Interior es el que debe presentar el acto legislativo.

• El reto: Lograr que el acto legislativo quede aprobado antes de que las Farc termine de entregar las armas.

Reincorporación económica

• Que hay que hacer:Hay que crear la cooperativa de las Farc, Ecomun. Esa cooperativa no se puede conformar mientras los miembros de la guerrilla no entreguen las armas (es decir hasta junio), pero sí se puede ir adelantando trabajo para saber qué saben hacer, en qué podrían trabajar y quienes quieren hacer proyectos por su cuenta o colectivos. Para eso, la idea es que a finales de enero la Universidad Nacional haga un censo de trabajo de todos los miembros de las Farc para saber a qué se podrían dedicar y con esa información, ir preparando los proyectos productivos y que el Consejo Nacional de Reincorporación les vaya dando el visto bueno. Como cada guerrillero recibe ocho millones de pesos como capital semilla para montar su negocio y esa plata se le va girar a una fiducia, de aquí a junio la idea es ir recolectando datos para que cuando se cree la cooperativa, ya se sepa quienes la van a integrar y quienes prefieren usar esa plata por su cuenta. Fuera de ese capital semilla, cada guerrillero recibirá dos millones de pesos apenas salga de la zona de concentración para hacer lo que quiera y durante dos años, 620 mil pesos mensuales más seguridad social.

• Quien se encarga:El Consejo Nacional de Reincorporación es el que coordina que a los guerrilleros se les den los subsidios mensuales y la plata para su capital semilla. También son los que apoyan en un primer momento la creación de Ecomun y que los proyectos productivos sí sean acordes a lo que saben hacer los guerrilleros. El equipo de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderado por Diego Bautista, de revisar la información del censo y apoyar al Consejo en todo ese proceso.

• El reto:Este es uno de los puntos más claves de todo el acuerdo, porque dependiendo de qué tan atractiva sea la oferta para reincorporarse, los guerrilleros pueden decidir quedarse en el proceso o salirse, como ya ha venido pasando. Eso, sin contar con el dilema de los mandos medios, que, como contamos, no tienen los incentivos suficientes para desmovilizarse porque muchos de ellos vienen de liderar el negocio de la coca en sus regiones de influencia y prefieren seguir ahí, que apostarle a un proyecto productivo.

Acreditación y tránsito a la legalidad

• Que hay que hacer:Que las Farc entregue el listado definitivo de todos sus miembros, incluyendo los milicianos y presos, al Gobierno, para que este último lo revise y haga sus comentarios. A más tardar a finales de mayo el listado definitivo debe ser aceptado por el Gobierno. La guerrilla ya entregó un listado preliminar con 2500 nombres.

• Quien se encarga:Inicialmente las Farc, porque son las que tienen que presentar el listado y luego la Oficina del Alto Comisionado para la paz debe revisarlo. Pero si las Farc no acepta las observaciones del Gobierno, el acuerdo dice que en ese caso se establecería un mecanismo conjunto de solución de diferencias dentro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo, Cisivi, para avanzar y cumplir con los tiempos.

• El reto:Del listado definitivo dependen las acreditaciones de los miembros al nuevo partido, que se les aplique la ley de amnistía, y que el ministerio de Salud los pueda afiliar al régimen subsidiado sin hacer la encuesta del Sisben.Hasta ahora, según datos de esa cartera, van 2500 guerrilleros afiliados a Nueva Eps.

Garantías de seguridad

• Que hay que hacer:Diseñar un plan de acción para desmantelar las organizaciones criminales.

• Quien se encarga:La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que se creó en septiembre del año pasado, es la encargada de diseñar ese plan, entre otras funciones. La integra el fiscal Néstor Humberto Martínez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el comandante general de las Fuerzas Militares Juan Pablo Rodríguez, el comandante del Ejército, general Alberto Mejía, miembros del equipo negociador del Gobierno, representantes de la Defensoría del Pueblo y expertos en derechos humanos. La Comisión se reunió por primera vez en diciembre para hablar sobre el asesinato a líderes sociales.

• El reto:Una de las grandes amenazas para el acuerdo es que las bandas criminales se dediquen a sabotear la implementación de los acuerdos y hasta ahora el Gobierno no ha tenido una respuesta rápida para atacarlas ni ha diseñado una ruta clara para someterlas. Pero el incluye un artículo que permite tramitar una ley vía fast track para negociar con ellas su entrega a la justicia.

Unidad especial de Investigación

• Que hay que hacer:Aunque en septiembre se había nombrada a la abogada Alexandra Valencia como directora de esa Unidad,pidió licencia y ahora están en proceso de nombramiento de un nuevo director. La vicefiscal María Paulina Riveros, que es a quien debe responderle esa oficina, le dijo a La Silla que por ahora apenas tiene 12 funcionarios, entre fiscales especializados y policía judicial propia, y la idea es que tenga 50. "Para este año la tarea es es completar el personal con más fiscales especializados y ampliar la policía judicial propia". Lo otro que está pendiente para este año es hacer unos eventos que convocará la Fiscalía para que vayan académicos, estudiantes, víctimas, líderes de organizaciones sociales y otros sectores de la sociedad civil para construir unos protocolos de investigación para resolver el problema del asesinato a líderes sociales y para prevenir que cualquier grupo armado sabotee la implementación de los acuerdos. "Otra cosa clave que tenemos como prioridad este año es examinar todo el proceso de investigación contra el asesinato de líderes de la Unión Patriótica y queremos tener un tipo de respuesta rápida para ese y otros casos" dijo Riveros a La Silla. Esa respuesta rápida, consiste, en que antes de que maten a un líder, la Unidad pueda mandar entre 15 a 20 funcionarios (que son los que normalmente tiene un operativo) en las regiones donde, a partir de esos nuevos protocolos, que incluyen revisar a fondo el contexto de cada lugar, se sepa que hay riesgo de que pasen esos asesinatos.

• Quien se encarga:La vicefiscal María Paulina Riveros.

• El reto:Esa Unidad, que hace parte de la jurisdicción ordinaria y ya se creó dentro de la Fiscalía, necesita más funcionarios, porque se trata de una unidad nacional. Es decir, tiene que tener funcionarios trabajando permanentemente en las regiones.

Sustitución de cultivos

• Que hay que hacer:Arrancar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis primero en las regiones donde habrá Pdets. Ese programa busca que los campesinos que se comprometan a sustituir la coca, y a cambio, el Gobierno los beneficie con planes integrales municipales y comunitarios, concertados con ellos. El acuerdo que se haga con cada comunidad debe tener unos tiempos concretos. En los casos de campesinos que no estén dispuestos a sustituir, el Gobierno va a entrar a hacer erradicación manual. Lo mismo si no se logra un acuerdo.

• Quien se encarga:La autoridad encargada de hacer los acuerdos con las comunidades es la dirección para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas, que lidera Eduardo Díaz, en presidencia. Y quien debe hacer realidad esos acuerdos es la Agencia de Renovación del Territorio, a cargo de Mariana Escobar.

• El reto: Convencer a los pequeños cultivadores de dejar la coca por otros productos a cambio de un proyecto productivo puede no ser atractivo para algunas comunidades. Eso ya pasó, como contó La Silla, en Caño Indio, en la región del Catatumbo, donde el Gobierno duró varios días intentando convencer a los campesinos de dejar de cultivar y se negaron porque nisiquiera tienen agua en su vereda para sembrar otra cosa.

Tratamiento penal diferencial

• Que hay que hacer: Presentar un proyecto de ley para quitarles la sanción penal por un año a los pequeños campesinos que se comprometan a dejar de cultivar coca.

• Quien se encarga: El ministerio de Justicia.

• El reto:Crear esa ley es un incentivo para que los pequeños campesinos se acojan al programa de sustitución de cultivos. El reto es lograr que los proyectos productivos que les ofrezcan a cambio sí se hagan para que no vuelvan a la coca.

Consumo y salud pública

• Que hay que hacer: Poner a andar el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de drogas ilícitas, para que desde ahí se haga una política de reducción de consumo y se revise la política pública de consumo de drogas. “Todavía no nos hemos reunido mucho a ver el tema, pero la política que ya llevaba trabajando el gobierno es compatible”, dijo a La Silla el ministro Alejandro Gaviria. Ana María Peñuela, vocera del tema den el ministerio de Salud, nos dijo que antes de junio se debería validar la propuesta de esa cartera para crear el Sistema Nacional de Atención al Consumidor y que ya se han hecho reuniones con jóvenes en el Eje Cafetero y Cundinamarca.

• Quien se encarga: El ministerio de Salud

• El reto:Dado que para este año a esa cartera le recortaron 1.5 billones de presupuesto y que según supimos por una fuente del ministerio, en este momento la prioridad es llevar atención en salud a las zonas veredales y avanzar en el Plan Nacional de Salud Rural, este programa no es la prioridad de este año.

Narcóticos

• Que hay que hacer: Poner a andar una estrategia de política criminal para investigar y judicializar a cualquier organización que compre o venda drogas y además en el acuerdo se compromete a hacer un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. Fuera de eso, también tiene pendiente hacer una conferencia internacional con la ONU, para evaluar la política de lucha contra las drogas, y hacer encuentros regionales en los que participen la OEA, Unasur y Celac, para sumarle más insumos a esa política.

• Quien se encarga: La Fiscalía

• El reto:Aunque en agosto del año pasado la Fiscalía lanzó una nueva estrategia para combatir la criminalidad y se creó el 'Censo delictivo semanal' que se mira cada ocho días cuantos casos se reportan de tráfico de estupefacientes, inasistencia alimentaria, homicidios y amenazas, para que los directores de cada unidad identifiquen patrones de conducta, este año, con las Farc sin armas y otros grupos armados como el ELN, el EPL y las bandas criminales queriendo llenar ese vacío, esa estrategia va tener que ser mucho más compleja.

Comisión de verdad

• Que hay que hacer: Falta presentar el proyecto de ley que cree la Comisión y una vez aprobado por fast-track, que se reúna el comité de escogencia, que es el encargado de seleccionar los once comisionados que conforman la comisión. La Silla supo por una alta fuente que lo más probable es que ese comité se reúna en marzo, si la ley ya tiene luz verde. Cuando ya esté conformada, la comisión tiene seis meses para preparar todo lo que necesita para funcionar. Eso va desde hacer su propio reglamento y cronograma de trabajo, hasta conseguir las oficinas, los computadores, etc. Es decir, lo más probable es que haya comisión montada hasta 2018.

• Quien se encarga:El ministerio del Interior es el que presenta la ley para crearla y de ahí en adelante queda en manos de los comisionados cumplir con los seis meses para dejarla lista.

• El reto:La misión de la Comisión de Verdad es investigar, con informes como el de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, qué pasó en Colombia en todas estas décadas de guerra y convocar audiencias públicas para oír a las víctimas, hacer actos de reconocimiento de responsabilidad de quienes fueron violentos, y redactar un informe final que cuente cómo se vivió el conflicto en el país. Ante semejante tarea, todavía no se sabe cuánta plata le va a dar el Gobierno para que funcione.

Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas

• Que hay que hacer:Toca presentar un proyecto de ley que la cree y que como todas las leyes que aterrizan el acuerdo, pasaría por fast-track. Luego de eso, toca nombrar un director que debe ser colombiano. Mientras todo eso pasa, ya hay organizaciones de víctimas como la Federación de Víctimas de las Farc, Fevcol, País Libre, Asfaddes y la Fundación Víctimas Visibles, entre otras, que han ido entregándole información al Gobierno sobre sus listados de familiares desaparecidos. Por ahora, en la entidad que ya existe para esta tarea, que es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no saben si lo que sigue es un empalme o si al crear la Unidad van a ser dos entidades independientes. “No conocemos el texto del proyecto de ley y hasta no tenerlo, seguimos como si nada”, dijo a La Silla Marisol Ariza, que trabaja en la comisión.

• Quien se encarga: El ministerio del Interior debe presentar la ley. Como hoy la Comisión de Búsqueda depende de la Defensoría del Pueblo, esta última, apoyada en la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, deben poner a andar la nueva institucionalidad.

• El reto:Con la Unidad hay un problema de plata. Buena parte de los insumos con los que arranca a hacer su trabajo de identificar restos vienen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que, como contamos, este año le recortaron el presupuesto (pasó de 40 mil millones a 35 mil).

Jurisdicción Especial de Paz

• Que hay que hacer:Aunque ya se presentó el acto legislativo que crea esa jurisdicción y ya se sabe que su secretario ejecutivo será el exmagistrado Néstor Raúl Correa, faltan muchos pasos más para que sea una realidad. Toca presentar también un proyecto de ley que defina cómo son los procesos en la jep, equivalente al código de procedimiento penal. La Silla supo que la idea es que esa ley quede aprobada a más tardar en marzo. Luego se tiene que reunir el comité de selección de los magistrados, para el que apenas las instituciones invitadas como la ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional) están recibiendo las invitaciones a participar. Mientras eso, Correa, el secretario, debe comenzar a hacer las vueltas para conseguir una sede e ir agrupando la información. De ahí, toca expedir el reglamento interno del Tribunal de Paz, mediante otro proyecto de ley que se presentaría en junio. Mientras eso, se puede ir creando la Sala de Amnistía (porque ya se aprobó la ley de amnistía) y la de reconocimiento para que se comiencen a presentar los guerrilleros. Fuera de eso, también falta que la Fiscalía entregue los informes (se estima que son más de veinte) sobre los crímenes cometidos por las Farc, los agentes del Estado y los terceros que fueron determinantes en el conflicto armado.

• Quien se encarga: Néstor Raúl Correa, como secretario ejecutivo de la Jep, es el que debe encargarse por ahora de todo el procedimiento logístico. Y está en manos del comité de escogencia determinar quienes serán los magistrados.

• El reto:El principal desafío de la JEP es que no hay plata para crearla. Una fuente experta en ese punto calcula que solo el primer semestre de funcionamiento puede costar diez millones de dólares, el segundo semestre unos 40 millones y del 2018 en adelante 1 billón por año. El presupuesto para el 2017 no contempla plata para la JEP y lo más probable es que el Presidente Santos tenga que intervenirlo para hacer traslados presupuestales.

Plan Marco

• Que hay que hacer: La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (Csivi) tiene hasta abril para presentarlo. Ese Plan, básicamente, es la hoja de ruta de la implementación de los acuerdos. Debe tener los plazos, los costos, las recomendaciones y las instituciones responsables de cada punto. Tiene una vigencia de diez años, entra en el Plan Nacional de Desarrollo y cada año la Csivi lo tiene que revisar para hacerle cambios. La Csivi también tiene que poner en marcha un sistema de información para la transparencia en la implementación. Para eso, tienen que crear mapas interactivos, espacios de veeduría ciudadana, un mecanismo especial de denuncia, entre otras cosas, para que el ciudadano de a pie pueda rendirle cuentas al Gobierno sobre los acuerdos.

• Quien se encarga:La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (Csivi).

• El reto:Entre más organizado en tiempos y costos sea ese plan, va ser más fácil aterrizar cada punto. Por eso, depende de esa hoja de ruta que lo que está en el acuerdo se cumpla y que haya plata y dolientes para hacerlo realidad.