Los 10 impactos de la reforma política

Financiación preponderantemente estatal

Hoy: Las campañas a la Presidencia se financian por anticipos entregados por el Estado y financiación privada. Los topes son definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en resoluciones seis meses antes de las elecciones. En las del Congreso y locales los partidos pueden solicitar un anticipo de hasta el 80 por ciento del monto total de los gastos aprobados por el CNE, que lo decide por una fórmula entre los gastos de la elección anterior y el precio de índice al consumidor. Pero hoy en día la mayor parte de la financiación de las campañas es privada, a partir de donaciones o de créditos que saca el candidato.

La propuesta: Ahora tal y como propuso la MEE, la financiación será preponderantemente estatal. No quedó completamente estatal, como quería el Gobierno, “porque los partidos no quisieron”, nos dijo una alta fuente del ejecutivo. Para las elecciones legislativas, transfieren al Congreso las reglas actuales de financiación a las presidenciales, y ahora los candidatos tendrán un anticipo del Estado para arrancar su campaña mediante una base de financiación igualitaria para todos los partidos, que tengan personería y que alcanzaran el umbral electoral.

Impacto: Esto podría igualar el punto de partida para los candidatos porque ya con un anticipo, candidatos nuevos pueden tener con qué arrancar su campaña y luego buscar financiación extra.

Pauta en medios

Hoy: Los partidos, gerencias de campañas y candidatos pueden contratar con medios de comunicación directamente la pauta comercial de sus campañas, que dependiendo del municipio no pueden exceder un monto máximo de difusión diaria.

Propuesta: El Gobierno asumirá el costo de la propaganda en radio, prensa y televisión, en proporción a la representación de los partidos en el Congreso (el que tenga más curules tendrá más plata y espacio).

Impacto: Como al parecer la reforma no prohíbe que los candidatos contraten más pauta por su lado, el impacto real de esto es que ahora los contribuyentes asumiremos un mayor costo de las campañas, y los candidatos menos. Con esto ganan los partidos políticos con mayores curules en el Congreso, como la actual coalición (La U, Conservador, Liberal) y hasta el Centro Democrático, porque tendrán más posibilidades de espacio publicitario. Estos mismos partidos fueron los que se opusieron a que la financiación fuera estatal, ya que son éstos los que mayores donaciones y apoyo de privados reciben.

Incentivos de inclusión

Hoy: La ley de cuotas exige a los partidos que haya un 30 por ciento de candidatas para congreso, asambleas y concejos.

Propuesta: Habrá incentivos económicos para los partidos que integren sus listas con mujeres y jóvenes por encima de la obligación legal.

Impacto: Esto en la práctica puede ser un canto a la bandera pues lo que ha pasado hasta el momento con la ley de cuotas para las mujeres es que los candidatos suelen meter de ‘relleno’ a las secretarias, aseadoras de las sedes, mamás y primas en las listas prácticamente sin que se enteren, como lo mostró La Silla.

El día de las elecciones

Hoy: Como lo ha contado La Silla en los días previos y el día de elecciones atípicas, locales y a Congreso, las campañas mueven taxistas, buses y motos para transportar a los electores de las zonas apartadas del lugar de votación donde debían hacerlo. E incluso, como contamos en La Silla Caribe, hubo movimiento de plata en efectivo en el día de la reelección presidencial de 2014.

Propuesta: Quedó prohibida la circulación de dinero en efectivo en las campañas (aunque el Ministro no dijo cómo harán para controlar eso); la contratación de transporte público para votantes el día de las elecciones; y la entrega de regalos a cambio de votos o de asistencia a reuniones de campaña, como plata, tejas y comida, so pena de pérdida de investidura para el candidato que lo haga y cárcel para los gerentes de las campañas.

Impacto: Esto puede tener cierto efecto disuasorio en lugares muy visibles para evitar que sucedan cosas como lo que sucedió con Yahir Acuña, el ex representante a la Cámara al que le encontraron 516 millones de pesos en efectivo un día antes de las elecciones locales de 2015 cuando su esposa era candidata a la Gobernación de Sucre.

Lo del transporte público, que sería ideal porque muchos candidatos tienen una gran ventaja al tener todo el transporte el día de elecciones para trastear a sus votantes, en la realidad podría no tener tanto impacto porque en las zonas en las que la gente necesita que la lleven el transporte es informal y por lo tanto será muy difícil de regular por el Estado.

Esto lo que puede llevar es a que los candidatos le exijan al Gobierno a pagar el transporte ‘privado’ el día de elecciones en sitios donde no hay transporte público.

En todo caso, en la realidad el grueso de la financiación de las campañas se da hoy en día por debajo de la mesa y estas reglas no lo van a cambiar. La mayor parte de la inversión en una campaña de un senador se va en pagarle a los representantes, concejales o diputados para que le “pongan” sus votos el día de la elección. Este pago que puede ser de hasta 400 millones de pesos, se hace en efectivo, sin ningún registro y mucho antes de la elección.

Es decir que ya un candidato al Congreso se ha gastado 2 mil millones de pesos antes de siquiera arrancar campaña. Lo de las tejas y los regalos también es difícil de controlar porque encuentran el camino para saltarselo. Por ejemplo, una iglesia organiza el evento para el candidato y decide rifar licuadoras, y el candidato puede alegar que no sabía.

Registro de proveedores

Hoy: A través del aplicativo Cuentas Claras del CNE y la Registraduría, las campañas deben subir la información de su financiación privada: donaciones, gastos administrativos, logísticos y de personal.

Propuesta: Habrá un registro para que los proveedores de servicios en campañas electorales (como las asesorías de empresas tipo Marketmedios -del ahora investigado Roberto Prieto-, empresas de publicidad, encuestadoras, compañías de logística), entreguen al nuevo Consejo Electoral las cotizaciones de sus servicios y sean publicadas para que la ciudadanía conozcan lo que pagan los partidos por su trabajo.

Impacto: Esto será muy difícil de cumplir porque cuando se hace campaña en Caparrapí será muy difícil encontrar un proveedor de sánduches con todos los requisitos de ley (que paga iva porque tiene RUT). Si se logra controlar, tendrá un efecto centralizador de los servicios.

Lista no tan cerrada para 2018

Hoy: Actualmente para elegir a los congresistas, los partidos tienen dos formas excluyentes para que los votantes los escojan: una lista abierta, donde cada congresista avalado por un partido compite con sus copartidarios inscritos; y lista cerrada, donde los votantes eligen el logo del partido, y la asignación de curules se da dependiendo de la ubicación del candidato en esa lista (como ocurre en el Centro Democrático y el Mira), y mientras más cerca esté el candidato del puesto 1 de la lista, más opciones tiene de quedarse con una curul.

Propuesta: El Gobierno se fue por una opción intermedia para 2018. Se trata de la lista cerrada, pero no bloqueada. En este sistema, el votante puede votar por el logo del partido, o por el candidato.

El Partido primero contabilizará los votos del logo y los distribuirá entre los primeros de la lista. Luego, con esta base repartida, reorganizará el orden de la lista de acuerdo a los votos que obtuvieron individualmente cada uno de los congresistas. Y así repartirá las curules.

Entonces, supongamos que Roy Barreras, de la U, saque individualmente 100 mil votos. Y que el logo de su partido de la U sacó un millón de votos. Y Roy está de 11 en la lista. Ese millón de votos del logo se reparten según la cifra repartidora entre los primeros cinco, que quedan con 200 mil votos que les asegura una curul en el Congreso. Si los 6 puestos arriba de Roy no sacaron sino 20 mil votos, él quedaría de sexto en la lista y entraría si la repartición de curules lo permite.

Impacto: Esto hace que incluso para el 2018 el orden que un candidato tenga en la lista importe. Y para partidos como el Verde, en el que proporcionalmente hay muchos candidatos para el logo, aún más. Internamente, según supo La Silla, los congresistas han decidido que para el 2018 el orden de la lista lo darán las votaciones en las elecciones anteriores (el que sacó más votos va de primeras, es decir, en La U, por ejemplo, Musa Besaile tendrá el puesto 1), lo que de entrada les garantizará una curul. Esto es lo que ha facilitado que acepten esta modificación en la lista porque les bajará significativamente los costos de la campaña.

Lista cerrada a partir de 2019

Hoy: Actualmente para elegir a los congresistas, los partidos tienen dos formas excluyentes para que los votantes los escojan: una lista abierta, donde cada congresista avalado por un partido compite con sus copartidarios inscritos; y lista cerrada, donde los votantes eligen el logo del partido, y la asignación de curules se da dependiendo de la ubicación del candidato en esa lista (como ocurre en el Centro Democrático y el Mira), y mientras más cerca esté el candidato del puesto 1 de la lista, más opciones tiene de quedarse con una curul.

Propuesta: En 2019, para las elecciones locales de asambleas y concejos entrará a regir la lista cerrada para todos los partidos. En el Congreso la lista cerrada aplicará para las elecciones de 2022. Esto significa que para esa fecha, los votantes ya votarán por el logo del partido, más no por un candidato. Además, los partidos deben tener mecanismos de organización interna que les permita elegir a los miembros de la lista, sin que impere la dictadura del bolígrafo.

Impacto: El verdadero impacto de esta reforma está en este punto de la lista cerrada. Dado que a partir de esa fecha, los colombianos votaremos por un partido y no por un candidato, la ideología del partido, sus actuaciones, y su coherencia importarán.

Para el Partido Liberal, por ejemplo será mucho más costoso apoyar iniciativas como el referendo discriminatorio contra los gays y madres solteras de Viviane Morales. Esto puede significar un giro en la forma de hacer política.

También tendrá un impacto en la financiación puesto que un candidato tendrá menos incentivos para violar los topes y meterle mucha plata a su campaña para sacar elegidos a los de arriba de la lista arriesgando su investidura.

Esta iniciativa, sin embargo, puede afectar coaliciones entre movimientos diferente para Congreso por la dificultad de ordenar la lista. Por ejemplo, entre el Polo, los Verdes y Compromiso Ciudadano. También afectará a los partidos que son federaciones de corrientes muy distintas como el Polo porque necesariamente uno tendrá que ir arriba de otros.

Nueva organización electoral

Hoy: El sistema electoral está conformado por dos entidades: el Consejo Nacional Electoral (que vigila los gastos de las campañas, el comportamiento de los partidos políticos y los avales que determinen), sus miembros son elegidos por el Congreso y representan a los partidos que tienen curul en el Senado; y la Registraduría (que organiza elecciones y registra a los ciudadanos).

Propuesta: El CNE pasa a llamarse Consejo Electoral Colombiano (CEC), estará integrado por 9 magistrados y tendrán periodos de hasta 8 años (3 tendrán periodos de 4 años, otros 3 de 6 años y los otros 3 de ocho años) y la elección será por cooptación (es decir, la entidad elige a sus miembros).

El primer CEC entrará a regir el 1 de septiembre de 2018 (cuando terminen el periodo los actuales magistrados). La elección de sus primeros miembros saldría de una de las siguientes opciones: un concurso de méritos entre las Cortes Constitucional y Suprema y la Presidencia de la República, o que estas entidades presenten tres ternas cada una y que el Senado escoja.

Estas opciones siguen en estudio y el Gobierno definirá cuál queda (posiblemente la primera) en el texto final de mañana.

Esta entidad tendrá funciones de policía judicial para que en la época electoral puedan adelantar allanamientos, interceptar llamadas y aportar pruebas en procesos penales por fraude electoral. La reforma además los obligaría a que tuvieran un plazo de meses (y no de años como ocurre ahora) para emitir decisiones contra campañas, partidos y candidatos por violación de topes y cometer delitos electorales (transportar dinero en efectivo, usar transporte público el día de las elecciones, etcétera) y que las decisiones salgan antes de que el acusado se posesione.

El Consejo de Estado, quien resultó el gran ganador de esta puja, mantiene sus funciones intactas, pero crea la doble instancia para procesos de pérdida de investidura: la sección quinta será la primera instancia y la segunda la Sala Plena.

Impacto: El gran impacto de esta reforma es que el órgano electoral tendrá más independencia frente a sus futuros investigados pues dado el nuevo mecanismo de elección no serán ‘delegados’ de los partidos mayoritarios como son hoy. Si la reforma queda con la elección de tres magistrados del CEC por parte de Presidencia, Santos estaría eligiendo a una tercera parte de los jueces que definirán este caso, si el CNE no lo hace antes. Hoy tiene a todos menos al del Polo, Armando Novoa.

Se acaban las curules vitalicias

Hoy: los congresistas, concejales y asambleístas pueden reelegirse indefinidamente. Por ejemplo, los senadores conservadores Roberto Gerleín lleva 40 años, Juan Manuel Corzo 30 años o el concejal Jorge Durán 39 años en el Concejo de Bogotá.

Propuesta: La reforma propone que los congresistas, concejales y diputados puedan aspirar a un periodo de reelección y baja la edad para ser congresista de 25 a 20 años para el caso de los representantes a la Cámara y de 30 a 25 años para el caso de los senadores.

Impacto: Esta norma permitiría una mayor renovación en el Congreso y nuevos espacios de participación para políticos más jóvenes. En todo caso, que lleguen más jóvenes no significa per se un cambio pues se ha visto que muchos jóvenes actúan igual a los más viejos. Y, como ya ha mostrado La Silla, los congresistas que pierden su investidura o que no aspiran a la reelección mantienen su curul y su poder en cuerpo ajeno.

Más fácil tener un partido

Hoy: Para tener un partido político con personería jurídica, debe haber sacado una cantidad de votos que le permita superar el 3 por ciento del umbral electoral en las elecciones al Congreso, para ser legalmente un partido y tener los beneficios estatales.

Propuesta: El Gobierno decidió incorporar uno de los proyectos que tenía en trámite en el Fast Track en esta reforma, y que consiste en que los movimientos políticos con más de 106 mil afiliados carnetizados (es decir, el 0.3% del censo electoral que está en 35 millones y medio de personas) reciban la personería jurídica y que puedan tener candidatos para aspirar a concejos, asambleas y, con un número de afiliados superior, al Congreso.

Pero no tendrían dinero para su financiación, la cual será progresiva, a medida que al participar en más elecciones, superen el umbral.

Impacto: Aunque para el Gobierno la medida beneficia a los partidos minoritarios sin personería, como Compromiso Ciudadano y Progresistas, sus voceros dicen que necesitan más garantías para poder permanecer como partidos y alternativas de poder. El Gobierno no incluyó en la reforma la disminución del umbral de votación al dos por ciento, que pedían para poder mantener su personería. Sobre todo porque se comparan con el nuevo partido político de las Farc (cuya ley ya pasó en el Fast Track) que por la ley ya aprobada, tendrán dinero del Estado para su funcionamiento y la organización de un centro de pensamiento, y 10 curules (5 en senado) por dos periodos.