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Dos expertos en política criminal analizan los principales desafíos que tendrá Francisco Barbosa una vez llegue al Búnker
Los 7 retos que le esperan al nuevo Fiscal
Ayer la Corte Suprema eligió nuevo Fiscal General, después de 8 meses de interinidad y un proceso de selección que, en buena medida, pasó inadvertido.
Los retos de Francisco Barbosa son múltiples y para afrontarlos no requiere de un cambio legal. Después de dos reformas estructurales realizadas por Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez, no es necesaria una nueva restructuración. Lo importante es que reconozca los avances de los últimos años, identifique las falencias que han tenido las reformas, y a la vez, que vea a la Fiscalía como una institución y no como un cargo muy importante, pero de paso.
Estos son los principales desafíos que le esperan:
1
Profundizar la política de priorización
La idea básica es que los recursos de la Fiscalía y de la Policía son insuficientes para responder adecuadamente a todos los delitos. Eso es así en todo el mundo. Incluso los países más ricos con menos crimen focalizan intensamente sus recursos en los delitos más graves, como el homicidio, la violencia sexual o la corrupción.
En Colombia, en 2019 no logramos revertir la tendencia al aumento del homicidio que nos dejó el 2018. Las denuncias por violencia sexual y violencia intrafamiliar aumentaron y los escándalos por corrupción no cesaron. Por eso, enfocar los recursos en mejorar la investigación de los delitos más graves es primordial.
2
Descentralizar los equipos
Desde su creación, la Fiscalía concentró su máximo poder en Bogotá y en las fiscalías nacionales, a pesar que la criminalidad más grave no siempre ocurre en la capital.
Este exceso de centralización se ha justificado por los riesgos de violencia y corrupción que corren los fiscales e investigadores en territorio o porque requieren de técnicas muy especializadas de investigación o judicialización.
Pero la mayoría de casos que se manejan en las direcciones nacionales no cumplen con estas características y podrían manejarse mejor desde la lógica regional o local.
La Fiscalía tiene presencia física en sólo un poco más de la tercera parte de los municipios del país. Por eso es un desafío fortalecer las seccionales para que la investigación criminal se pueda hacer desde lo local, donde las necesidades de seguridad ciudadana pueden ser mejor comprendidas.
3
Mejorar la capacidad de analizar el crimen
Las autoridades colombianas recogen más información sobre la criminalidad de la que se analiza adecuadamente. Un desafío de Barbosa es mejorar la capacidad de la Fiscalía para analizar de manera independiente la información sobre el crimen y dirigir inteligente y transparentemente la facultad de acusación del Estado.
Este es aún más importante dados los múltiples escándalos provenientes del mal uso de la inteligencia y de las interceptaciones, por los que todas las autoridades tienen un problema grave de credibilidad y confianza.
Estas labores de análisis pueden ser realizadas a partir de sofisticados softwares, que desde hace años se han intentado utilizar en la entidad. Pero esta no es una solución mágica, pues estas tecnologías no actúan solas. Sin recursos humanos idóneos y cambios de cultura organizacional fuertes, la tecnología puede perderse.
4
Apoyar el Acuerdo de Paz
La Fiscalía cumple un papel muy importante en la implementación de los acuerdos. Primero está la necesaria articulación con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues, por ejemplo, la Fiscalía es una fuente clave de información para la Jep.
Además, el nuevo Fiscal tendrá el reto de darle la autonomía y apoyo necesarios a la Unidad Especial de Investigación, que se creó con el Acuerdo, para desmantelar organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
5
Responder a la complejidad del crimen organizado
En los últimos años, la investigación contra el crimen organizado se ha complejizado. Hoy en día se requiere identificar y perseguir toda la red criminal, incluyendo actores estratégicos y operativos, así como quienes aportan insumos, o los que se benefician del negocio criminal cuyo actuar muchas veces se combina con actividades lícitas–.
Esto requiere investigar articuladamente múltiples delitos, cometidos por las redes, desde aquellos que atentan contra la vida y libertad de las personas, hasta los que tienen que ver con corrupción y lavado de activos o los delitos contra el medio ambiente.
Pero, salvo algunos intentos experimentales, la Fiscalía en su mayoría sigue organizado sus fiscales e investigadores por tipos de delitos sin responder plenamente a estas nuevas necesidades.
Por eso, el desafío de Barbosa es seguir explorando y poniendo en práctica nuevas formas de conformación de equipos de trabajo, así como nuevas metodologías de investigación que respondan a la complejidad de este tipo de criminalidad.
6
Luchar contra el crimen organizado de forma más inteligente
Un nuevo Fiscal tiene la oportunidad de refrescar las discusiones acerca de cómo se enfrenta el crimen organizado.
Por eso. un desafío del nuevo Fiscal será ayudar a que el Estado se pregunte cuáles deben ser los objetivos primordiales de la lucha contra estas organizaciones.
Los objetivos de bajar la violencia, luchar contra el narcotráfico, y ganar legitimidad en el territorio, pueden necesitar de opciones de política distintas. Por ejemplo, la lucha contra las drogas ilegales no genera automáticamente la disminución la violencia y dependiendo de cómo se ejecuta, puede exacerbar los homicidios en algunas regiones.
A través de los años, estos debates se han surtido de forma intermitente entre Fiscalía, Gobierno, las Fuerzas y algunas autoridades locales. Pero se siguen capturando por año miles de personas de bajo nivel en las organizaciones criminales, sin afectar en realidad los mercados ilegales o las estructuras criminales.
La gran mayoría de capturados son condenados por concierto para delinquir, sin judicializar crímenes más graves como el homicidio.
Una discusión seria acerca de los objetivos le permitiría a la Fiscalía apoyar una política criminal en contra del crimen organizado, que siendo vigorosa, deje de estar subyugada exclusivamente a las lógicas contrainsurgentes o antinarcóticos.
7
Ser protagonista en las discusiones de política criminal
El Fiscal General tiene un enorme poder en la política criminal. Su capacidad de liderazgo es primordial, en un país que necesita urgentemente de un debate robusto y de calidad acerca de las diferentes maneras de prevenir y responder al crimen.
De una parte, la Fiscalía es un punto focal al que confluyen la mayoría de autoridades relacionadas con la política criminal.
Sus retos de articulación con decenas de agencias son enormes. Por ejemplo, un reto del Fiscal es fortalecer el esfuerzo de coordinación con la Policía Nacional que ha permitido compromisos detallados en doce mesas temáticas, pero que no ha logrado superar muchas falencias en el terreno.
De otra parte, la Fiscalía tiene hoy una capacidad sin precedentes de incidir en las reflexiones de política criminal y de seguridad, de forma técnica e interdisciplinaria, acudiendo a la evidencia empírica de calidad y a las ciencias sociales, y dejando de depender exclusivamente de los debates dogmáticos del derecho penal.
El reto está en cómo utilizar esta capacidad, no solo para mejorar la investigación y judicialización de los delitos graves, sino para fortalecer la deliberación sobre seguridad, prevención, y en general, los diferentes caminos para disminuir el delito y racionalizar la respuesta a diferentes tipos de crímenes.
En esto, el Fiscal tiene una oportunidad única de liderar un debate inteligente acerca de cuál debe ser el alcance de la judicialización penal y de la cárcel en una estrategia integral contra el crimen.
* Los autores de esta columna de opinión son expertos en política criminal y trabajaron en la Fiscalía durante las administraciones de Eduardo Montealegre y Néstor Humberto Martínez hasta 2018.
