Los Awá llevan una década esperando protección del Estado

Después de que el enfrentamiento entre disidencias de las Farc y la banda de Los Contadores dejó el sábado dos indígenas muertos en Tumaco, volvieron los llamados de los Awá para que el Gobierno los proteja de manera colectiva, una promesa inconclusa desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado protegerlos hace diez años.

Los Awá, nombre que significa “la gente de la montaña”, viven tanto en Colombia como en Ecuador. 

En el país, hay unos 44 mil indígenas de este pueblo en Nariño y Putumayo. En Nariño, la comunidad vive en 35 resguardos, agrupados en dos cabildos mayores: el Camawari, que se encuentra en el municipio de Ricaurte, y la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), en Tumaco y Barbacoas. Es una comunidad que se caracteriza por sus habilidades para la cestería y por hablar su propia lengua, Awapit.

La amenaza a los Awá ha sido constante, tanto que en 2009 la Corte Constitucional alertó que estaban en peligro de dejar de existir tanto física como culturalmente. 

Su riesgo viene de que las organizaciones criminales se disputan el control de la coca en sus territorios. Y, con frecuencia, los indígenas son señalados por un bando de trabajar o apoyar al enemigo; otras veces, los líderes que se oponen a la presencia de cultivos ilícitos amanecen muertos.   

Aunque llevan más de una década advirtiendo sobre el peligro que corren, el riesgo no ha disminuido. 

Desde que empezó el gobierno de Duque y con corte a julio de este año, el observatorio de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) reporta más de mil personas Awá confinadas y desplazadas. 

Entre las violaciones están cuatro masacres durante la pandemia, sólo en el cabildo de Unipa en Tumaco y Barbacoas. De febrero a hoy van 17 asesinatos.

El pasado 17 de agosto, mataron a tres comuneros Awá en el municipio de Ricaurte en Nariño y, el sábado 26 de septiembre, fue la última masacre que escandalizó al país.

La masacre más reciente

A las cinco de la mañana del sábado, en el resguardo indígena Awá de Inda Sabaleta, ubicado en el corregimiento de Llorente en Tumaco, Nariño, Los Contadores (los hombres del narco José Albeiro Arrigui Jiménes, alias ‘El Contador’ capturado en febrero y quien era considerado como el capo más grande del Pacífico) se enfrentaron al Frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc. 

Como contamos, ambos grupos se vienen disputando las rutas del narcotráfico y el control del territorio en Tumaco. En este caso, el resguardo es clave porque según la Fundación de Desarrollo y Paz, Fundepaz, tiene la mayor concentración de cultivos de coca en un territorio étnico en el país, con 1.300 hectáreas sembradas. 

La noticia nacional fue el enfrentamiento junto con las cifras que se estimaban en ese momento: seis muertos y 40 personas retenidas por el Frente Oliver Sinisterra. 

Más tarde, la Alcaldía de Tumaco dijo que no había podido corroborar el secuestro, pero sí la desaparición de dos personas, una de ellas un indígena Awá; en total, hallaron cuatro cadáveres, de los cuales sólo uno pertenecía al resguardo. 

Rider Pay, consejero de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), al que pertenece el resguardo de Inda Sabaleta, le dijo a La Silla que sólo contaban con la información oficial ya que, con el enfrentamiento del sábado y por motivos de seguridad, no había podido ir al resguardo.

El Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo, que fue el que lanzó la alerta, precisó el lunes que aún no era claro cuántas personas habían sido secuestradas ni en qué circunstancias. 

Pero Rosa María Mateus, integrante del colectivo, le dijo el martes a La Silla que sí retuvieron a unos indígenas en el resguardo pero que “cuando la Defensoría del Pueblo dijo que iba a realizar la visita con la Alcaldía de Tumaco, se liberaron la mayoría de personas”.  

Mateus aclaró, además, que asesinaron a seis personas, y no a cuatro como ha dicho la Alcaldía, sólo que la misma comunidad sepultó a dos de ellas antes de que llegaran las instituciones. 

Ante este panorama, y como sucede cada vez que los Awá viven una situación similar, esta comunidad indígena insiste en que el Gobierno cumpla las medidas de protección colectiva para no desaparecer.

Así van los planes de protección colectiva

Desde que la Comisión Interamericana les concedió medidas cautelares en 2011, se definieron 19 rutas de protección colectiva para el mismo número de resguardos del pueblo Awá en Nariño. De esas, solo tres se han implementado.

Según Juan Carabalí, asesor de la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para pueblos indígenas, la pandemia frenó la reunión que tenía que hacer la UNP con la comunidad para acordar las medidas de protección y la metodología para implementar las otras 16, que luego llevan al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que es el que autoriza las medidas. 

Sin embargo, la pandemia no explica del todo el retraso. 

En noviembre del año pasado, la comunidad del resguardo de Palmar Medio Imbi, de Ricaurte, se reunió con la UNP y acordaron algunas medidas de protección como una antena repetidora para ampliar la señal de celular con el fin de facilitar el reporte de incidentes o las solicitudes de ayuda en el territorio; la instalación de una alarma y un altavoz en el centro del resguardo para comunicar alertas tempranas; gestionar becas universitarias para los jóvenes y reforzar los procesos organizativos de la comunidad. Nada de eso se cumplió.

Tuvieron que poner una tutela para que el gobierno les cumpliera. La ganaron en agosto. Pero aún así, las medidas siguen en el aire y por eso, según Laura Buitrago, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas que acompaña desde enero a la comunidad Awá, en los próximos días interpondrán un incidente de desacato contra la UNP.

Por el momento, en las dos rutas que se vienen trabajando desde 2017, y en la tercera que se viene ejecutando desde el año pasado, la UNP ha atendido la solicitud principal de los resguardos de fortalecer su guardia indígena con una dotación de impermeables, linternas, chalecos identitarios, carpas y gorras para que puedan realizar los trabajos de protección. 

La UNP le aclaró a La Silla que su trabajo consiste en darles esos elementos de protección, pero que eso tiene que ir de la mano con el trabajo de otras entidades; por ejemplo, si solicitan y se aprueban capacitaciones en Derechos Humanos, el Ministerio del Interior tiene que cumplir con ese punto o si una medida de protección implica crear el bachillerato por ciclos en el resguardo, entraría en ese caso el Ministerio de Educación a cargo.

Aunque no logramos conocer los avances generales de las tres rutas de protección que ya se están ejecutando, en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior nos dijeron que esta cartera firmó tres convenios por 797 millones para “fortalecer los procesos organizativos de los Awá”. Entre estos, está el de fortalecer la mesa de concertación del pueblo Awá en Nariño y Putumayo que tiene como fin crear la ruta para llevar a cabo el Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá.

También aclararon que han coordinado las acciones con entidades nacionales y territoriales para responder a las alertas tempranas de la Defensoría; a juzgar por lo que sucedió el fin de semana pasado, ha sido insuficiente.

A raíz de los enfrentamientos del 26 de septiembre, el Ministerio del Interior dijo que acompañará la instalación de una mesa interinstitucional para responder a la situación humanitaria de los Awá, una solicitud del mismo pueblo dos días después de lo sucedido.

Desde la UNP nos dijeron que en máximo dos semanas, el director de la entidad, Alfonso Rafael Campo, visitará el resguardo de forma presencial para que "sientan que la UNP está cerca de ellos y está en territorio", nos dijo un funcionario de la entidad. Después de 10 años de esperar las medidas cautelares, dos semanas más no parece mucho.