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Hoy comenzó en el Congreso la defensa de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia presentada por el gobierno de Santos.
Los casos que se habrían evitado si estuviera vigente la Ley de inteligencia de Santos
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Hoy comenzó en el Congreso la defensa de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia presentada por el gobierno de Santos.
Es un proyecto trabajado directamente desde la Alta Consejería de Seguridad en Casa de Nariño y que busca crear un marco legal para definir los principios, los fines, y los límites para hacer inteligencia de acuerdo a los estándares internacionales.
Como lo explicó La Silla Vacía, el proyecto tiene aspectos polémicos, como el manejo de la información reservada por parte de periodistas, un artículo que el Ministro Vargas Lleras ya dijo que retirarían de la ley. Pero, en líneas generales, de haber estado vigente el proyecto que se comenzó a discutir hoy se podrían haber evitado algunos de los siguientes escándalos que azotaron al país en los últimos años:
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La condena de Bernardo Moreno. El procurador Alejandro Ordóñez inhabilitó por 18 años a Bernardo Moreno por haber pedido información de inteligencia sobre algunos magistrados de la Corte sin tener entre sus funciones hacer ese tipo de requerimientos. Esto, sin hablar, de la denuncia del exdirector del DAS Andrés Peñate en el sentido que José Obdulio Gaviria, quien ni siquiera era formalmente funcionario, le habría pedido hacerle seguimientos a magistrados de la Corte. Según el ex Director de Inteligencia del DAS Jorge Alberto Lagos, Bernardo Moreno, José Obdulio y María del Pilar Hurtado organizaron un reunión el 24 de abril de 2008 para hacer un montaje en Semana contra la Corte y Según Fernando Tabares, en una reunión entre María del Pilar, Bernardo y Tabares, Bernardo le dio cuatro blancos al DAS para espiar por orden de Uribe: Piedad Córdoba, Gustavo Petro, la Corte y Daniel Coronell. Esa reunión fue en el Metropolitan Club de Bogotá la primera semana de septiembre de 2007. El nuevo proyecto define quién puede hacer requerimientos de inteligencia y especifíca que solo el Presidente de la República, el Ministro de Defensa, y el Consejero de Seguridad tienen la facultad de pedir información de inteligencia. |
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Las chuzadas a Daniel Coronell y los falsos positivos. A Daniel Coronell lo chuzaron y le hicieron seguimientos sin que existiera una orden por escrito, ni que nadie asumiera la responsabilidad por ello. Igualmente, como lo demostró el Informe Suárez, los falsos positivos se cometieron sin que existieran órdenes de operaciones para hacer labores de inteligencia contra los jóvenes que posteriormente terminaron muertos por ser supuestamente guerrilleros. El nuevo proyecto crea tres niveles de control para efectos de inteligencia. El primero es que toda operación de inteligencia tiene que responder a una orden de operaciones firmada por alguien que asume la responsabilidad por ella. Esta orden tiene que decir cuál es el fin y por qué la acción es proporcional para lo que se busca. Y dependiendo de los derechos fundamentales que se afecten y del nivel del afectado, la orden tiene que ir subiendo de nivel. Un oficial de inteligencia raso no puede ordenar operaciones contra un candidato de la oposición. Además, se crea una supervisión interna con la tarea exclusiva de hacer unos informes anuales de verificación de cumplimiento de la ley en cuanto a estas órdenes internas, que se le presentará al Presidente de la República y a la Comisión de Parlamentarios de Seguimiento a Inteligencia y Contrainteligencia. Esta comisión estará integrada por seis congresistas, dos de ellos de la oposición. |
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Los expedientes contra los de la UP. Después de 1985, cuando nació la Unión Patriótica, la Inteligencia del Ejército hizo seguimientos e informes de inteligencia contra los militantes de la UP, que tenían orden legal por el origen de este partido, después de la negociación con las Farc. Sin embargo, esos archivos nunca se destruyeron. Y entonces, aún existen carpetas con el nombre de ellos e información personal sobre ellos en inteligencia del Ejército. Varias ONG de derechos humanos han litigado para que los retiren de esas bases de datos por el peligro que implica para su seguridad. Pero no lo han logrado del todo. En el nuevo proyecto se crean unos centros de protección de datos que deben hacer un chequeo estricto de qué información entra al sistema de información y la que sale. Y sólo podrá almacenarse información que corresponda con los fines explícitos definidos en la ley para hacer inteligencia. La ley explícitamente prohibe recoger información por el simple hecho de pertenecer a un partido, a un sindicato o a la oposición. El proyecto también crea una comisión asesora para que defina los criterios para depurar las bases de datos de los organismos de inteligencia. Y en esa comisión de ‘memoria histórica’, que será coordinada por el Procurador, estarán representantes del organismo de inteligencia, del Congreso, un experto internacional en inteligencia, un representante de la sociedad civil y un académico. |
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El debate de Nancy Patricia. La senadora de la U Nancy Patricia Gutiérrez, en un debate convocado por el Polo y Partido Liberal sobre el paramilitarismo en Antioquia, utilizó información de inteligencia del DAS contra Piedad Córdoba en el que dijo que a la senadora liberal la petrolera estatal venezolana Pdvsa le financió un viaje a México. Luego se supo que esta información se la entregó Marta Leal, la subdirectora de operaciones del DAS.
Con el nuevo proyecto esto no ocurriría, ya que define explícitamente quién puede recibir información de inteligencia y crea un sistema de ‘clearance’ según el cargo de los funcionarios para saber a qué tipo de información pueden tener acceso. |
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El caso Halloween. Los principales investigadores del ‘Goni’, el Grupo de Observación Nacional e Internacional del DAS, fueron asesinados en una fiesta de Halloweeen en 2008 porque estaban infiltrados haciendo una operación de inteligencia y habían detectado una ficha del gobierno de Chávez que estaba acá trabajando de incógnita en Colombia, reclutando gente para el Movimiento Bolivariano Venezolano. No está confirmado quién los mató pero sí se sabe que su homicidio fue producto de que su identidad se filtró, aunque inicialmente se dijo que se trataba de un homicidio común.
El nuevo proyecto protege la identidad y seguridad de los agentes de inteligencia, autorizando que tengan una ‘identidad funcional’, es decir una doble identidad. |
La ponencia del proyecto será radicada por el senador Juan Manuel Galán la próxima semana, cuando arrancará el debate en firme sobre este crucial tema para el país.
