Los cocaleros que van a quedar en el limbo

Uno de los proyectos de ley que priorizó el Gobierno para el último año del Congreso es el que, durante un año, evita que se inicie un proceso penal contra los pequeños cultivadores de coca a cambio de que se comprometan a dejar de cultivarla, como quedó incluido en el Acuerdo con las Farc. Y es que si no les aseguran que no irán a la cárcel por los cultivos que tienen hoy, es muy difícil que se monten en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, Pnis, y la sustituyan voluntariamente por otros productos.

Pero al redactar ese borrador del proyecto el Gobierno se enfrentó a un dilema: qué hacer con los cultivadores que también son procesadores de la hoja y que, según el último informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, Simci, son el 40 por ciento de todos los que la cultivan.

El Gobierno tenía margen para incluirlos explícitamente en el alivio porque su compromiso en el Acuerdo es sacar una ley para darle esa salida temporal a los “pequeños cultivadores de coca”, y se podría interpretar que los cultivadores que también procesan solo hacen lo segundo porque son cocaleros. Es decir, que son pequeños cultivadores antes que procesadores.

Pero meterlos en el proyecto podría ser costoso políticamente porque si esa suerte de amnistía temporal a los cocaleros ya es polémica, incluir a quienes hacen la etapa siguiente del negocio y perciben más ganancias sería aún más criticado. Como le decía un experto en drogas a La Silla “sería un suicidio político porque le daría toda la papaya para que el Fiscal y opositores digan que no solo se están desmovilizando cultivadores”.

El problema es que no meterlos implica dejar una bomba que podría explotar más adelante, si la Fiscalía empieza a perseguirlos por procesar la hoja de coca así hayan firmado acuerdos de sustitución con el Gobierno y los cocaleros entienden que con eso se incumple el Acuerdo de La Habana y los acuerdos de sustitución.

Por eso hubo un debate grande.

“Desde el principio las discusiones dentro del Gobierno sobre ese tema [incluir los procesadores en la ley] han sido muy fuertes”, dijo a La Silla una fuente del Gobierno.

“Nosotros desde el Ministerio de Justicia hemos sido muy insistentes en que hay que intervenir el procesamiento y no puede haber ningún tipo de alternatividad penal para ellos. Hay que perseguirlos”, nos dijo el viceministro de política criminal y justicia restaurativa, Carlos Medina.

Por eso, según supo La Silla por dos personas que conocen el borrador, el Gobierno optó por no incluirlos, con lo cual evita el debate político hoy pero se arriesga a que ese problema estalle más adelante.

El negocio

Que casi la mitad de los cultivadores procesen la hoja en finca -es decir, tengan cocinas artesanales en las que transforman la hoja en pasta de coca - quiere decir que incurren en un delito adicional a cultivar.

De acuerdo con el último informe de la Fundación Ideas para la Paz sobre el Pnis, cada vez son más los cocaleros que están aumentando su participación en la transformación de la hoja, algo que, según la información de la Fip, ocurre sobre todo en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, justamente los tres departamentos con más hectáreas cultivadas de coca, según el Simci, pues suman el 63 por ciento de los cultivos de todo el país.

La razón principal que tienen los cultivadores para iniciar el procesamiento es económica, pues si procesan se quedan con más utilidades.

El efecto en el precio es claro. Según las cifras del Simci, mientras venden un kilo de hoja de coca por unos 2.900 pesos, por el kilo de pasta (que sale de 125 kilos de hoja de coca, que valdrían unos 362 mil pesos) cobran unos 1.895.700 pesos en promedio. Por eso, incluso incluyendo el resto de insumos, la rentabilidad es casi tres veces mayor.

Además es mucho más fácil transportar pasta, porque con menos kilos se financia un viaje y es más fácil de esconder que grandes arrumes de hoja.

“El incremento de lo que acá se llama cocinas es grande. Mucha gente aprendió rápidamente a transformar la hoja en pasta así sea de baja calidad. La venden a mejor precio y es más fácil de transportar”, le dijo a La Silla una fuente de Tumaco que pidió la reserva de su nombre.

Además, no es caro montar una cocina artesanal.

“Acá los campesinos le invierten entre 300 mil y 500 mil pesos máximo a montar una cocina y comprar la gasolina, el cemento y unos químicos para hacer la pasta. No tiene mayor ciencia.”, dijo a La Silla una fuente en Putumayo, que conoce bien la zona y prefirió no ser citado dado el peligro que puede implicar hablar del tema.

Aunque la pasta no está lista para ser consumida, para los cultivadores es difícil llegar más allá en el proceso, porque cristalizarla en clorhidrato de cocaína requiere laboratorios más complejos y otros insumos más difíciles de conseguir y de saber usar. Por eso, como dice el informe del Simci, apenas el 1 por ciento de los cultivadores participan en esa segunda etapa del proceso.

Si bien los campesinos empezaron a procesar desde hace varios años, cuando con el Plan Colombia la Fuerza Pública mejoró su capacidad de destruir los grandes laboratorios de procesamiento, La Silla supo que ha aumentado desde que el Gobierno inició su campaña de erradicación forzada para cumplir con la meta de erradicar 50 mil hectáreas de coca durante 2017.

Esto ha ocurrido en Nariño por ejemplo, el departamento que ha estado en el primer lugar en número de cultivos de coca desde el 2013, según el Simci. En Tumaco, donde quedan el 16 por ciento de las hectáreas con coca, la regla es que los campesinos transformen porque de lo contrario el negocio no les da, pues una arroba de hoja pasó de costar 50 mil a 15 mil pesos en los últimos meses, según le dijo a la Silla una fuente.

Y aunque la pasta bajó también, no solo es más fácil de transportar y de esconder que la hoja sino que no se pudre tan fácil ahora que el negocio está malo por la cantidad de operativos que está haciendo la Fuerza Pública.

Y ha sido mucho: los operativos han destruido 20 laboratorios y 74 cocinas artesanales, Policía y el Ejército ha capturado 20 personas, y han incautado 2.992 kilos de cocaína y 214 kilos de pasta.

Algo parecido ha ocurrido en los municipios de Policarpa y El Ejido.

Allí, según una fuente de una Junta de Acción Comunal de Policarpa, al menos el 75 por ciento de la gente que vive en el casco urbano se dedica a la transformación de la coca porque el Gobierno hace 9 meses erradicó sus cultivos (como confirmó el General Tafur del Ejército) y se quedaron sin trabajo.

“Toca vivir de algo”, dijo, para explicar que los cocaleros que se quedaron sin cultivos se fueron a trabajar en las cocinas de otros.

En el Catatumbo, donde la coca es de mayor calidad porque las hojas tienen más alcaloide, se está procesando más porque pueden sacar más cantidad de pasta, y por eso la rentabilidad es todavía mayor. De hecho, según una fuente (el de la Agencia de Renovación del Territorio) la venden más cara que en otras partes del país. Allá la hoja 3300 y la pasta a 2 millones 400.

Del dilema al riesgo

Ante esa realidad el Gobierno ya optó por no incluir explícitamente el procesamiento entre los delitos por los que no habrá acción penal. Y, al hacerlo, asumió un riesgo grande.

Como los cultivadores que tienen cocinas sí habrían participado en otro eslabón, con el proyecto como está quedarían en riesgo de que la Fiscalía pruebe que procesaron la hoja y terminen procesados y en la cárcel incluso si firmaron acuerdos de sustitución y los están cumpliendo.

Y por eso el riesgo de que buena parte de los cocaleros queden por fuera del Pnis, y por consiguiente sigan en la economía ilegal, es grande.

Pero si el Gobierno intenta intervenir para que la Fiscalía no los persiga puede darle gasolina a otro escándalo por favorecer a procesadores de coca. Y es que mientras los cultivadores a secas pueden tener la imagen de campesinos sin recursos que cultivan porque no tienen alternativas, los que la procesan ya tienen la imagen de narcos.

Por eso, al final la decisión de no darle el debate e incluirlos, pero con la esperanza de que no se salgan del Pnis, es una apuesta a que la Fiscalía va a ser incapaz de procesar a los cultivadores que procesan, o que lo va a hacer solo en casos tan aislados que no ponga en riesgo la legitimidad de los acuerdos de sustitución entre los otros cocaleros que tienen cocinas.

Es decir, en el tema de los cocaleros que también hacen la parte inicial del procesamiento de la hoja de coca, el Gobierno termina apostándole paradójicamente a la incapacidad del Estado. Quizás por eso una fuente del Gobierno, que pidió no ser citaba para evitar problemas, le dijo a La Silla que “la fiscalía no tiene la capacidad para perseguirlos a todos”. En todo caso, falta ver el texto final del proyecto y qué si cambia en su paso por el Congreso.