Los cocaleros se quedarán sin ley y el Gobierno sin zanahoria

El Gobierno le ha prometido a los pequeños cultivadores de coca que no van a terminar en la cárcel si firman los acuerdos en los que se comprometen a arrancar la hoja de coca y a no volver a cultivarla, como dice el Acuerdo con las Farc. Pero va ser casi imposible cumplirles, al menos en este Gobierno, porque el proyecto de ley que lo haría posible solo se salvaría de hundirse con un milagro.

Esto puede terminar de enredar aún más la sustitución porque, según le han dicho los cocaleros a La Silla Vacía, no se van a arriesgar a arrancar la hoja y dar sus listados al Gobierno, si al hacerlo pueden terminar presos. Y por eso, al alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, le va quedar más difícil seguir firmando acuerdos de aquí en adelante.

El proyecto

El proyecto de ley que presentó el ministerio de Justicia a finales de octubre le baja las penas de cárcel a todos los cultivadores de coca, amapola o cannabis, y a los que guarden la hoja o financien las plantaciones, siempre y cuando lo hagan en pequeña escala y para auto subsistencia.

Los que tengan más de 3,8 hectáreas de coca, pagarían entre cuatro a diez años. Hoy así uno tenga tres o diez hectáreas la pena es de seis a 12 años.

Los que financien plantaciones de coca que superen las 3.8 hectáreas, la pena será de nueve a 15 años.

Para los campesinos que tengan 3.8 hectáreas sembradas o menos pagarían entre uno a cuatro años de cárcel.

Los que no tienen un proceso judicial abierto, que son la mayoría de cocaleros en el país, deben firmar un acta de compromiso con el director del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) en cabeza de Eduardo Díaz, en la que se comprometen a dejar de cultivar y a no volver a hacerlo y a cambio la Fiscalía deja de perseguirlos durante un año que se cuenta apenas quede aprobada la ley.  

La Oficina de Díaz tiene que verificar que los cultivadores cumplieron su palabra durante ese año y si es así, mandarle esa información a la Fiscalía para que renuncie a la acción penal de manera definitiva.

Para los que sí están procesados -que actualmente son sólo 300 personas, según cifras del MinJusticia, porque el Estado nunca ha tenido la capacidad de perseguirlos- el fiscal que lleva el caso tiene que informarle a la Dirección del Pnis.

Con ellos también se puede firmar un acta de compromiso para dejar de perseguirlos hasta por un año y si luego de eso verifican que sí cumplió, le cierran el proceso.

Los que están condenados y en la cárcel tienen que contarle a un juez de ejecución de penas que quieren tener el beneficio y este juez debe contarle a la Dirección del Pnis, luego firmar el acta para darle el alivio penal por un año y después dejarlo libre, con la condición de que si lo llaman a comparecer tiene que ir y no puede salir del país. Sin incumple, vuelve a la cárcel.

Las críticas del Fiscal

Este proyecto, desde que fue presentado, tuvo muchas resistencias. Y particularmente, la del poderoso Fiscal General.  Néstor Humberto Martínez criticó que el proyecto le bajaba las penas a todos los cultivadores de coca y no solo a los que van a firmar acuerdos de sustitución voluntaria. Además, criticó que el límite fueran las 3,8 hectáreas pues podría incentivar a los narcotraficantes a subdividir sus predios para tener completa impunidad.

Esto hizo que Santos dijera públicamente que reconocía las críticas y que el ministerio de Justicia iba a hacer “las correcciones que se requieran”.

El Gobierno al final no hizo las correcciones que mencionó Santos y, en gran parte por eso, el proyecto se terminó enredando en el Congreso.

“¿Se imagina que uno llegue a la Plenaria sin concepto del Fiscal? Me lo archivan”, nos dijo el ponente del proyecto, Pedrito Pereira (representante del partido Conservador), para quien la palabra de Néstor Humberto en el Congreso es la de un “validador”.

Como el proyecto ya no alcanzó a pasar por fast-track, porque se acaba hoy, el plan del Gobierno, según dijo a La Silla el viceministro de justicia Carlos Medina es retirar el proyecto, “afinando la redacción para meter las observaciones del Fiscal” y volverlo a presentar la semana entrante con mensaje de urgencia.

El lío es que así le pongan mensaje de urgencia, se necesita un milagro para que pase, porque en plena época preelectoral los congresistas van a estar en campaña en regiones y va a ser difícil armar quórum para un proyecto impopular electoralmente (el 78 por ciento por ciento de los colombianos se oponen a cualquier tipo de legalización de la droga, según la Gallup) y que se ha vuelto caballito de batalla de las campañas de la derecha.  

Ésto, como nos lo reconocieron, por aparte, dos personas del alto Gobierno, significa en la práctica la muerte del proyecto y eso va tener un impacto enorme para que la sustitución, que ya venía enredada, despegue.

El impacto de que se hunda

Si no hay alternatividad penal para los cocaleros, lo más probable es que muchos de los que ya firmaron acuerdos de sustitución voluntaria, que son más de 25 mil familias, se salgan del PNIS.

Esa fue, como contamos en La Silla Sur, una de las condiciones que los cocaleros agrupados en la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Meros, le exigieron al Gobierno para enviar los listados de los que quieren sustituir a Bogotá.

“Las comunidades exigen que haya claridad de si nos van a cumplir con esa justicia penal diferencial o no. Es algo que nos preocupa mucho y en el momento que incumplan, pues nos vamos a firmar más”, nos dijo hace unos días Jholman Tarache, miembro de la Meros y de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, en Putumayo.

“Va ser muy complejo avanzar si no nos cumplen con eso del alivio penal. Es lo mínimo”, nos dijo también Yule Anzueta, miembro de la Coccam.

La incertidumbre frente a este proyecto también fue una de las razones por las que la Coccam, en Catatumbo, Norte de Santander, salió a marchar exigiendo que la solución del Gobierno no fuera la erradicación forzada y que se comprometieran con darles ese alivio penal a cambio de meterse de lleno a arrancar las matas.

Por eso es tan grave que este proyecto esté al borde de hundirse. Sin él, la poca confianza que le quedaba a los cocaleros frente al Gobierno se terminará de perder.