Los desafíos de Paula Gaviria en la Unidad de Víctimas

El presidente Juan Manuel Santos ha puesto sobre la mesa el tema de víctimas como no lo habían hecho sus antecesores.  Él mismo llevó el proyecto de ley de víctimas al Congreso y así abonó el camino para los diálogos de paz, en donde el de víctimas es uno de los puntos de la agenda acordada. Sin embargo, un año después, aunque el gobierno ha avanzado en crear una institucionaldiad para atender a las víctimas, los resultados concretos son pocos.

La Unidad de Víctimas es la entidad que coordina todos los temas de víctimas distintos al de restitución. Prácticamente asume todas las labores que crea la ley de víctimas y todas las anteriores que tengan que ver con verdad, justicia y reparación.

Esto implica una labor titánica de constituirse como una entidad sólida, coordinar entidades nacionales, departamentales y municipales, y responderle a un universo de más de cinco millones de víctimas y que crece cada día, porque la guerra no se ha acabado.

Paula Gaviria es la directora de la Unidad de Víctimas. Tiene una muy amplia trayectoria  profesional en Derechos Humanos. Foto: Juan Pablo Pino - La Silla Vacía

La ley de víctimas es una de las apuestas más importantes de Juan Manuel Santos. Ha dicho que la defenderá con “alma y vida“. Foto: Juan Pablo Pino

Paula Gaviria, la directora de la Unidad, dice que van más de 60 mil personas indemnizadas; que se ha entregado asistencia humanitaria a 430 mil personas; que el apoyo de la Unidad a los entes territoriales ha logrado que el tema de víctimas se incluya en más del 60 por ciento de los planes de desarrollo del país y que existan 920 comités de justicia transicional en las regiones, es decir en casi todos los municipios y departamentos.

Con todo, las críticas no se hacen esperar.

La Defensora Delegada para las Víctimas, Patricia Luna, le contó a La Silla varias de las preocupaciones centrales de la Defensoría sobre la aplicación de la ley de víctimas.

Entre ellas, Luna señala que ninguna de las indemnizaciones aprobadas hasta el momento es a las víctimas cobijadas por la Ley de Víctimas, sino que responden a compromisos del gobierno anterior.

Lo que ha pasado es que las víctimas cobijadas por la Ley de Víctimas hacen una solicitud que tiene que ser valorada en 60 días para ver si cumplen con las condiciones para ser consideradas víctimas y ser beneficiadas por la Ley.

Desde el primero de enero, las víctimas se han acercado para presentarse al sistema. Pero el plazo de los 60 días no se ha cumplido. 

La razón es que los criterios para definir quién es víctima se definieron apenas el 24 de mayo, cuando se reunió el Comité Ejecutivo de la Ley de Víctimas, en donde están el Presidente, la Unidad y varios Ministros. Según supo La Silla, no hubo un espacio antes en la apretada agenda del Presidente.

Solo desde entonces han podido ser valoradas las solicitudes presentadas bajo la Ley y el resultado de muchas de ellas aún no se ha comunicado.

Como este desfase, hay muchos otros. La Defensoría muestra que muchos planes de desarrollo departamentales y municipales no pudieron incluir el enfoque de víctimas, porque el Plan Nacional de Víctimas estuvo listo después de que lo estuvieran los Planes de Desarrollo.

También han sufrido tropiezos los mecanismos de participación. Se suponía que en marzo tendrían que inscribirse ante los personeros las personas y organizaciones que estarían en las mesas de participación. Pero como los personeros se posesionaban en ese mes, se retrasó la conformación de las mesas municipales, departamentales y nacionales y hoy aún no existen. La Unidad tuvo que sacar una circular con un mecanismo transitorio de participación mientras tanto.

Luna considera que el problema de fondo es que no se previó un mecanismo de choque que le respondiera efectivamente a las víctimas mientras se montaba la institucionalidad necesaria para la aplicación de la Ley. 

Caos operativo y grandes retos

La Silla supo que el respaldo del Presidente a Paula Gaviria va acompañado de una presión muy grande por mostrar resultados y que esto contribuye al caos que se vive dentro de la entidad.

La búsqueda de resultados inmediatos en una entidad recién creada que tiene que moverse entre el afán de atender rápido a las víctimas, de responder a todos los organismos de control y de articular a 42 entidades, no ha permitido que la Unidad funcione de manera armónica y fluida.

Varias fuentes consultadas por La Silla contaron que dentro de la Unidad hay desórdenes administrativos que entorpecen su funcionamiento. Todas las fuentes coinciden en que Gaviria y su equipo son expertos en derechos humanos y personas muy comprometidas con las víctimas, pero que no conocen a fondo los temas administrativos del sector público.

Esto ha repercutido en problemas en los pagos de salarios, en los contratos y en muchos problemas organizativos de la entidad. Por ejemplo, como contó La Silla, Gaviria decidió hacer un concurso para elegir a todos los funcionarios, incluyendo los que venían de Acción Social, decisión que terminó dejando gente descontenta y demorando toda la contratación.

Algunas personas se sienten frustradas porque “lo urgente no deja tiempo para lo importante“. El tiempo se va en responder tutelas, cuestionarios, asistir a múltiples reuniones y tomar decisiones sobre asuntos sobre los no hay una directriz clara. Diez profesionales han renunciado de la Unidad en los últimos tres meses, incluyendo varios directivos.

Paula Gaviria contó a La Silla, que, efectivamente, trabajar en la Unidad no es fácil. “No entra ni se queda cualquiera, es muy exigente, los salarios no son los mejores y la carga emocional es muy alta. Por eso, el equipo que quede es de exportación“.

Motivar a la gente implica promover un cambio de cultura en los funcionarios, pero también en otras  instituciones, porque la Unidad no le responde sola a las víctimas. Que haya vivienda para las víctimas depende del Ministerio de Vivienda, que haya programas educativos, del de Educación, del Sena o del Icetex, y que la Unidad tenga más recursos, del Ministerio de Hacienda.

Pero quizás el problema más difícil de todos es que la entidad tiene que reparar y atender a las víctimas en medio del conflicto. El número de víctimas crece día a día y hay que responder constantemente a emergencias humanitarias y a veces, como en el caso de los embera, el cumplimiento de los compromisos se vuelve imposible.

La guerra, el obstáculo insuperable

Todos estos son retos importantes de aplicación de la Ley de Víctimas. Paula Gaviria dijo a La Silla que la mejor reparación es que se acabe la guerra y aplaude los diálogos de paz, en donde se va a hablar de víctimas.

Mientras mejor funcione la aplicación de la ley, mejor fluirá este punto en la mesa de paz. Pero para eso, quizás sea necesario abrir bien los ojos y reconocer los problemas reales y operativos, y no contentarse con la presentación de números con varios ceros en los resultados.