Los dueños de la alimentación escolar en el Valle en 2016

Fundanavi

Lugar de ejecución: Andalucía, Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Dagua, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Vijes y Yotoco.

Tipo:Convenio de asociación

Representante legal: Luz Mabel Pinzón

Primer contrato: $3.666’724,973 por 49 días

Segundo contrato:2.474’912.700 por 51 días

La Fundación Naturaleza y Vida (Fundanavi) nació en el 2000 como una organización para el cuidado del ambiente, pero poco a poco fue migrando hacia los contratos de alimentación escolar, como contó a un medio de la región Luz Mabel Pinzón su representante legal. La Fundación lleva por lo menos 12 años contratando con el Icbf y alcaldías del Valle y con el PAE de la Gobernación entraron en el 2015, cuando el mandatario era Ubeimar Delgado. Luego Toro los eligió directamente en un convenio de asociación por cerca de 3.600 millones de pesos el 26 de enero del año pasado.

Según su registro de Cámara de Comercio, pueden hacer actividades que van desde asesorías en ingeniería ambiental y alimentación escolar, hasta actividades deportivas y desarrollar proyectos de vivienda de interés social.

Pinzón es esposa de Edward Reyes Carabalí, un líder social de la vereda El Placer, en el municipio de El Cerrito. Según cuatro políticos consultados, Reyes es primo por parte de padre del actual secretario de Vivienda de Cali, Jesús Alberto Reyes, quien, como contó La Silla, entró en la Alcaldía por recomendación de José Luis Pérez, representante a la Cámara por el Valle de Cambio Radical y que aspirará al Senado en 2018.

Las mismas fuentes, incluyendo una de Cambio Radical, afirmaron que Edward Reyes hizo campaña con el congresista Pérez en El Cerrito, a favor de Dilian Francisca Toro cuando era de candidata a la Gobernación. La Silla lo pudo comprobar con esta foto donde aparecen juntos un encuentro de la campaña en El Cerrito.

Consultado por La Silla Pacífico, Pérez reconoció que Reyes Carabalí es su amigo y que lo acompañó a él y a su candidata a la Asamblea, Mariluz Zuluaga, en las elecciones de 2015. Pero, dijo, "no estoy comprometido, vinculado, o he oficiado a favor de nadie en ninguna adjudicación ni en la elección de la modalidad de contratación ni con el programa de alimentación en el Valle. Estoy de acuerdo con que los organismos de control investiguen y revisen todas las actuaciones, estos programas y los destinos de los recursos públicos".

En todo caso, en marzo, una intoxicación por alimentos de 118 niños de cinco colegios de El Cerrito puso a Fundanavi en el ojo del huracán. Por el caso la Contraloría del Valle realizó una auditoría extraordinaria sobre el programa de alimentación y encontró 27 hallazgos, uno de ellos penal: la intoxicación.

Incluso en el informe general de transparencia de la Auditoría general, presentado en junio del mismo año, señaló que el contrato de Fundanavi era crítico, porque a pesar de los hallazgos, la gobernadora los volvió a contratar en abril por unos 2.400 millones de pesos. Entre los hallazgos de la Contraloría está que Fundanavi incumplía retieradamente el pago de las manipuladoras de alimentos, las trabajadoras tampoco eran suficientes para la carga que tenían y eso causó que en algunos colegios los comedores escolares no atendieran a los estudiantes. También, menciona el informe, se encontraron alimentos en descomposición y casos de contaminación como el que causó la intoxicación.

En junio terminó el contrato de Fundanavi con el departamento, pero otra mala noticia se le sumó a su historial. La Gobernación del Huila, donde la fundación también repartía almuerzos en 12 municipios, los sancionó con una multa de 100 millones de pesos por incumplimiento del contrato, pues la unión temporal en la que estaba la fundación dejó de entregar unas 5.090 raciones.

Fundanavi se presentó de nuevo para la licitación que el Valle abrió en el segundo semestre del año pasado, pero se quedó por fuera por no cumplir los requisitos.

Acción por Colombia

Lugar de ejecución: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Candelaria, El Águila, El Cairo, El Dovio, Florida, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles y Zarzal. Además, en el segundo semestre trabajaron también con Sevilla, Caicedonia, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Calima, La Cumbre, Restrepo, Ginebra.

Tipo:Convenio de asociación, licitación pública y selección abreviada

Representante legal: Alex Mauricio Tirado

Primer contrato: $3.886’383.550 por 49 días

Segundo contrato: 3. 256’850.000 por 51 días/p>

Tercer contrato: 5.106.000.000 por 85 días/p>

La Fundación prodesarrollo comunitario Acción por Colombia no solo contrató casi 14.682 millones de pesos con la Gobernación del Valle, también el año pasado se ganó otros contratos por alimentación con nueve alcaldías del Valle por unos 4.400 millones de pesos. Los de mayores recursos fueron las licitaciones del PAE de Jamundí, unos 1.915 millones y el de Cartago, por unos 2.222 millones.

Acción por Colombia es reconocida por otros contratistas entrevistados por La Silla como la fundación más fuerte en el Valle. El representante legal es Alex Mauricio Tirado Lamus, hijo de Ómar Tirado, político de Roldanillo.

Ómar Tirado pasó por casi todos los cargos de elección popular: fue concejal, diputado del Valle por 20 años, alcalde de Roldanillo 2004-2007, representante a la Cámara por el Movimiento de Salvación Nacional entre 1998-2001 y en el 2012 fue secretario del Partido de La U en el Valle. En el 2014 quedó salpicado por las confesiones del narcotraficante del Cartel del Norte del Valle, Diego Montoya ‘Don Diego’, que declaró ante la Corte Suprema de Justicia que supuestamente había apoyado con dineros y votos su candidatura a la Asamblea. Tirado negó todo y hasta ahora no tiene ningún antecedente por el caso.

Aunque el exrepresentante afirma que ya está jubilado y retirado de la política, cuatro fuentes (entre políticos y periodistas del Valle) aseguran que se ha mantenido en la tolda de la gobernadora Dilian Francisca Toro. La conexión la hacen por su hijo Ómar Andrés, que fue director de la Consejería de Paz de la Gobernación de Ubeimar Delgado y actualmente es profesional especializado de la Secretaría General del departamento. “El trabajo de Ómar es muy a parte de la fundación, y el nivel de su puesto no inhabilita la contratación”, le explicó Tirado a La Silla.

El exrepresentante reconoce que la fundación se ha fortalecido precisamente por ganar los contratos de alimentación. Asegura que el éxito se debe a seguir las enseñanzas de Noel Rodríguez, empresario de alimentos dueño del grupo NRC que empezó en Palmira con un puesto de arepas y luego se convirtió en el ‘zar de las raciones escolares’. Por sus movimientos para ganar las contrataciones de alimentos, Rodríguez terminó investigado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la Superintendencia de Sociedades en el 2015.

Según Tirado, a diferencia de Rodríguez y otras fundaciones que manejan el PAE, la clave de Acción por Colombia ha sido concentrarse en el Valle. Sin embargo, no se ha escapado de los señalamientos de irregularidades de la Contraloría, que también puso los convenios del primer semestre del 2016 con la Gobernación en la lista de casos críticos de contratación en el departamento.

A pesar de eso, Acción por Colombia se presentó a la licitación para el segundo semestre del año y no solo se ganó el contrato por 5.106 millones, para 18 municipios del departamento, también le adicionaron una zona del departamento que se declaró desierta. Así que por la modalidad de selección abreviada obtuvo otros 2.432 millones de pesos, y la fundación cubrió 27 de los 34 municipios del PAE Valle.

Este año, la licitación de la alimentación escolar estuvo a cargo de la Secretaría de Educación departamental, en cabeza de Mario Germán Fernández de Soto. Según Doris Pizarro, secretaria de Bienestar Social que antes se encargaba del proceso, la gobernadora decidió que por estar relacionado con los proyectos de educación y la ampliación de la jornada única, el PAE debía pasar a esa secretaría, igualmente por la relación directa con los docentes y rectores que ven directamente los resultados del programa.

Además, para garantizar mayor transparencia, la licitación de este año se hizo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. Según Fernández de Soto, los nombres de los contratistas solo se sabrán hoy, pero una fuente de la Gobernación afirmó que de nuevo Acción por Colombia está entre los tres seleccionados.

Así, se ratifica el poder de los Tirado en la alimentación escolar, pues solo con la licitación 2017 ganarían por lo menos 10 mil millones de pesos.

Unión temporal Nutrivalle

Lugar de ejecución: San Pedro, El Cerrito, Guacarí, Andalucía, Dagua, Vijes y Yotoco.

Tipo: Licitación pública

Representante legal: Juan Manuel Rojas Rojas

Contrato por: $2.457’589.120 por 85 días

La Unión Temporal Nutrivalle es el resultado de la asociación entre la Fundación para la capacitación y desarrollo humano (Funcol) y la Fundación Fomento Social. Juntos ganaron la licitación de la Gobernación del segundo semestre del 2016 por unos 2.457 millones de pesos.

El año pasado además, las dos organizaciones fueron socias, pues simultáneamente una era vigilante de la otra en el contrato que se ganaron por licitación para el PAE de la Alcaldía de Palmira, por unos 4 mil millones de pesos. Fomento Social se ganó el contrato a mitad de año y Funcol fue el interventor, según aparece en el contrato.

Según Juan Manuel Rojas Rojas, representante legal de la unión y de Fomento Social, su fundación es pequeña y aunque ha contratado con alcaldías y hospitales, no tenía la capacidad de irse sola al PAE, así que se asoció con Funcol, que también tiene un largo recorrido en interventorías y suministro de alimentos en el Valle y en el Caquetá.

Rojas Rojas tiene una experiencia de casi 18 años en contratación pública. Fue pupilo de Juan Carlos Rizzetto, ex senador del PIN que murió de cáncer en el 2014. Rizzetto era un contratista del Valle que pasó de manejar fundaciones y cooperativas de tercerización a ser el candidato más votado del PIN. Estuvo apadrinado por el clan de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle destituido por participar en política.

Rojas heredó de Rizzetto la Fundación Fomento Social y también las cooperativas de trabajo asociado que contratan con el Hospital Universitario del Valle, hoy unidas en Astracut, organización sindical que las sustituyó y en la que Rojas también es el representante legal.

Dice que no conoce a Dilian Francisca Toro en persona y no tiene relación alguna con ella. Sin embargo, una fuente cercana a la gobernadora y un sindicalista del Hospital Universitario del Valle contradicen esta versión, y aseguran que es de la cuerda de Toro y ha hecho política a favor de ella.

Este año Rojas dejará la representación de Astracut y de Fomento Social para irse a trabajar a Planeación Nacional, según le contó él a La Silla.