Los favores políticos de Quintero tienen en crisis al Jardín Botánico de Medellín

En las últimas semanas, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha vuelto a ondear una de sus principales banderas: la pelea con el empresariado paisa. En el proceso, sin embargo, ha demostrado que detrás de su ruptura con el matrimonio público/privado que ha gobernado en Medellín hay un nuevo pacto: esta vez con los políticos tradicionales que, fuera de la foto, lo apoyaron para llegar al poder.

Los casos del Jardín Botánico y del programa infantil Buen Comienzo son ilustrativos.

Subcontratar a los amigos

Este último capítulo comenzó el 2 de febrero, cuando el Jardín Botánico de Medellín lanzó una alerta para evitar la quiebra. La directora, Claudia García, dijo que los ingresos del Jardín se redujeron por la pandemia, pero principalmente por la pérdida de los contratos para el mantenimiento de zonas verdes que desde 2010 tenía con la Alcaldía de Medellín. 

Quintero le quitó estos contratos al Jardín Botánico -una entidad privada de la que la Alcaldía es dueña en un 25 %- para dárselos a Metroparques, una empresa pública encargada de los parques de diversiones, sin experiencia en temas ambientales. 

La respuesta de Quintero fue que la decisión la tomaron para dar prioridad a lo público sobre lo privado: “Nuestra primera misión es salvar a las entidades públicas del conglomerado y luego a aquellas que, como el Jardín Botánico, no hacen parte del conglomerado, pero hacen parte de nuestra historia".

El alcalde argumenta que las pérdidas de Metroparques en 2020 fueron de 18 mil millones de pesos y que la Alcaldía le dio el contrato para rescatarlo. Para hacerlo, primero tuvo que cambiar el objeto de esta empresa pública, que solo se encargaba de administrar lugares recreativos. Desde junio, su objeto social le permite ejecutar “toda clase de proyectos encaminados al mantenimiento de infraestructura física de espacios públicos y privados”:

Pero la explicación del alcalde es solo parcialmente cierta. 

El contrato para "el manejo de zonas verdes y la gestión integral de plantas", por 5.200 millones de pesos, le fue entregado a Metroparques el 30 de octubre del año pasado. Sin embargo, al no tener experiencia en temas ambientales, Metroparques tuvo que subcontratar, por 3.900 millones de pesos, a un privado para que se encargara.

Y este privado está relacionado con grupos políticos cercanos al Alcalde.

Se trata de la empresa Reforestadora El Líbano. El concejal verde Daniel Duque señaló que esta empresa del municipio de Andes tiene como representante legal a Luz Eliana Henao Rodríguez, esposa de Asdrúbal Vélez. Ambos son parte del directorio del Partido Liberal de Andes, padres del concejal de ese municipio Steven Vélez y miembros del equipo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa, un aliado de Quintero en la campaña a la alcaldía.

Luis Carlos Ochoa fue el diputado más votado a la Asamblea en 2019, y un miembro del grupo político de los liberales socialdemócratas, del que también hacen parte Eugenio Prieto, exdirector del Área Metropolitana, y Carlos Mario Mejía, a quien Quintero nombró gerente de las Terminales de Transporte. El grupo político apoyó a Quintero desde la campaña, como lo dice Ochoa en esta publicación.

En redes sociales hay fotos de Ochoa, Mejía y otros miembros de los liberales socialdemócratas junto a la familia Vélez Henao. Estuvieron juntos en la campaña de 2018, en la que Mejía aspiró sin éxito a la Cámara de Representantes, y en la campaña de Ochoa a la Asamblea y de Stiven Vélez al Concejo de Andes en 2019.

Además, La Silla encontró una segunda empresa de la familia Vélez Henao que comenzó a obtener contratos desde que Quintero le cambió el objeto social a Metroparques, aunque por menor valor.

Se trata de Construgeo SAS, cuya representante legal es Carolina Vélez Henao y su suplente es su hermano, el concejal Stiven Vélez Henao.

Son tres contratos, todos a través del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) para manejar la fauna y flora de sus escenarios deportivos, entre ellos el Atanasio Girardot. Los contratos suman 261 millones de pesos.

Por lo tanto, en total, las empresas de los Vélez Henao obtuvieron 4.161 millones de pesos a el año pasado.

Antes de Quintero las empresas de los Vélez Henao no contrataban con la Alcaldía de Medellín, pero sí con la Gobernación de Antioquia.

Comenzaron a recibir contratos masivos durante la gobernación anterior, de Luis Pérez Gutiérrez, quien como contamos tiene vínculos burocráticos en la alcaldía de Quintero.

Lo que dice la alcaldía

En las explicaciones del alcalde Quintero sobre el caso hay imprecisiones. 

La semana pasada dijo que le quitaron el contrato al Jardín Botánico, entre otras razones, por un hallazgo de la Contraloría de Medellín de diciembre del año pasado. “Se estaba haciendo un contrato de ciencia y tecnología para podar y la Contraloría nos dijo: no pueden seguir haciendo eso, y tienen que hacer procesos de selección, porque la poda no es ciencia y tecnología, es podar”, dice.

Sin embargo, el hallazgo de la Contraloría es de diciembre y el contrato de la Reforestadora El Líbano con Metroparques es anterior, del 23 de noviembre.   

En su hallazgo la Contraloría critica el contrato con el Jardín Botánico porque “no se realiza proceso de selección pública”. Pero el contrato a El Líbano se hizo de forma directa, sin los “procesos de selección” que el alcalde cita como argumento.

En ese sentido, la directora del Jardín Botánico, Claudia García, le dijo a La Silla que el “llamado de la Contraloría está enfocado hacia procesos abiertos, en los cuales el Jardín Botánico no tendría ningún problema de participar”. 

La Silla le preguntó por esto al secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, quien confirmó que la decisión de cambiar el contrato no se tomó por el hallazgo de la Contraloría. 

Restrepo dijo: “El argumento es muy claro: Metroparques estaba quebrado y por ende se tomó la decisión de darle parte de los contratos, para equilibrar la cancha. Acá no se está favoreciendo a uno más que a otro, aunque pudiéramos tranquilamente favorecer a Metroparques, porque es una empresa pública, contra la empresa privada que es el Jardín Botánico”.

Aunque el funcionario dice que el cambio buscaba rescatar a Metroparques, la mayoría de los recursos no terminaron en esta entidad pública, sino en manos de la empresa privada.

En el contrato entre la Alcaldía y Metroparques se aclara que, de los 5.200 millones de pesos originales, los “honorarios” de Metroparques son del 7 por ciento, es decir, 337 millones de pesos. 

La directora del Jardín Botánico no está de acuerdo con el segundo argumento de que los contratos se los quitaron por ser una entidad privada: “Hace falta que se profundice en qué es el Jardín Botánico, que se conozca la historia de la relación con el municipio de este espacio que le ha permitido a la ciudad aumentar el número de especies de flora en un 20 por ciento desde 2008 y al que los ciudadanos entran de forma gratuita, el 70 por ciento de ellos son personas de estratos 1, 2 y 3”.

Sobre por qué los contratos de Metroparques comenzaron a ir hacia dos empresas de la misma familia, relacionada políticamente con el alcalde, el secretario Restrepo dijo: “No conozco a ninguna de las dos empresas. Creo que la ciudadanía debería preguntarle al gerente de Metroparques por qué está contratando a dos empresas de dos familiares de este señor (Asdrúbal Vélez)”. 

La Silla trató de hablar con Jorge Enrique Liévano, gerente de Metroparques, nombrado por Quintero en enero del año pasado, pero su agenda no le permitió dar declaraciones, ni telefónicamente ni por mensajes.

Contar la mitad de la historia

El caso del Jardín Botánico está enmarcado en una pelea más grande de Quintero con el modelo público/privado que, como contamos, ha gobernado Medellín en las últimas dos décadas.

Aunque el alcalde no ha mostrado claramente con qué quiere sustituir ese matrimonio entre empresarios y Estado, varios de sus movimientos han terminado beneficiando a los grupos políticos tradicionales que no tenían este grado de poder en la ciudad.

Otro caso es el del programa Buen Comienzo, encargado de la atención infantil en Medellín.

El mes pasado hubo una polémica porque la Alcaldía cambió los requisitos para que las empresas privadas aspiren a ser contratadas en este programa. Como contó el diario El Colombiano, algunos opositores cuestionaron si el cambio en las reglas se hizo para beneficiar a la empresa Colombia Avanza, cuyo representante legal es Henry Paulison Gómez Montoya, exconcejal de Bello.

Gómez Montoya, quien según La W habría apoyado la campaña de Quintero, es sobrino de Gloria Montoya, actual concejal de Bello. Ambos han hecho carrera política vinculados al grupo político de la familia Suárez Mira, que ha dominado Bello por años y cuya cabeza, el ex senador Óscar Suárez, fue condenado por parapolítica.

Henry Paulison Gómez Montoya fue concejal entre 2007 y 2011 apoyado por los Suárez y su tía Gloria fue alcaldesa encargada en 2017, cuando el alcalde César Suárez Mira fue destituido. Antes de eso, fue gerente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (Maná), durante la gobernación de Luis Pérez.

El año pasado Colombia Avanza obtuvo un contrato por 16 mil millones de pesos para la modalidad familiar de Buen Comienzo, encargada de atender a bebés entre 0 y 2 años, y otro por 7 mil millones de pesos para entregar mercados en medio de la emergencia por la pandemia, por el cual se abrió una investigación de la Contraloría que luego fue archivada.

Frente a los cuestionamientos recientes por Buen Comienzo, la respuesta de Quintero se enfocó en criticar que “durante años se contrató a dedo a entidades sin exigir requisitos técnicos", pero sin mencionar que él mismo contrató el año pasado a dedo a Colombia Avanza.

En los dos casos, el del Jardín Botánico y el de Buen Comienzo, Quintero ha seguido la misma narrativa: la del alcalde elegido con la bandera de la independencia que desafía los intereses de los privados en Medellín. 

En ambos, sin embargo, ha omitido el resto de la historia: que sus movimientos le han dado miles de millones de pesos a empresas cercanas a grupos políticos tradicionales que lo apoyaron en campaña.