Los ganaderos acusados por las víctimas en Curvaradó y Jiguamiandó

La zona de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato chocoano, de donde fueron desplazadas hace 15 años más de cuatro mil personas, es la gran prueba de la restitución de tierras de Santos. También es un caso emblemático por las dificultades que enfrenta este proceso, incluso cuando ya se ha podido determinar que los dueños de las tierras despojadas son poseedores de mala fe.

En esta zona tienen presencia los Urabeños -que mutaron del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas-; los Rastrojos, que llegaron hace poco para manejar el negocio del narcotráfico; y las Farc. Y como si fuera poco, las comunidades están denunciando que reciben amenazas de los ganaderos y agricultores que se rehusan a devolverles sus tierras.

Así, al menos, lo decía Manuel Ruiz, uno de los líderes de las víctimas de la zona, que fue asesinado el 23 de marzo por las Águilas Negras, un día antes de que llegara la comisión del Incoder que está realizando el mapa de los linderos de Curvaradó y Jiguamiandó. Él se había comprometido a guiar a estos funcionarios para que pudiera empezar el proceso de desalojo de los poseedores de mala fe ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo en 2009.

Manuel Ruiz fue asesinado hace mes y medio, justo antes de que pudiera reunirse con el Incoder para decirles qué tierras venían ocupando los ganaderos de mala fe en la región y en su finca.

El día de su muerte, a Manuel Ruiz lo sacaron de su finca con un engaño. Le enviaron un mensaje de celular (que luego se supo fue enviado desde la cárcel Modelo de Bogotá) en el que le decían que debía recargar 300 mil pesos para ganar tres millones. Y él ingenuamente lo creyó y se fue para Mutatá a hacer esa recarga. La idea de ese premio fue lo que lo hizo salir de su vereda donde estaba protegido por sus compañeros, los otros reclamantes de tierras.

Hizo la recarga, pero como no tuvo con qué pagar, la dueña de la cabina de telefonía lo denunció y terminó detenido en la estación de Policía. Su hijo que quedó afuera llamó a todos los que creyó lo podían ayudar: a la Acnur, al Ministerio del Interior, a la Defensoría y otras entidades que trabajan con la comunidad para pedir ayuda. La gestión sirvió para que finalmente la Policía dejara libre a Manuel después de las 5 de la tarde pero ya los paramilitares sabían que él andaba por ahí.

A esa hora se devolvió a su casa, pero en la mitad del camino unos hombres de las Águilas Negras lo interceptaron y se lo llevaron junto con su hijo Samir, de 15 años. Unos días después, fueron hallados sus cuerpos con señales de tortura.

La muerte de Manuel, según uno de los informes sobre este asesinato que reposa en la Corte Constitucional, tiene el mismo patrón que el de Orlando Valencia, ocurrido en octubre de 2005. Es día a Orlando lo detuvieron en la estación de Policía de Belén de Bajirá y lo liberaron al atardecer. Cuando iba por el camino hacia la cuenca de Curvaradó, los paramilitares lo interceptaron, lo torturaron y lo mataron.

Manuel Ruiz no pudo llevar a la comisión del Incoder a la finca Los Pisingos, a donde Manuel y su familia llegaron hace casi cuarenta años y de la cual fueron despojados por los paramilitares y luego por los empresarios en 1997. Él era uno de los cuatro líderes ancestrales que aún estaban en esa tierra. Después de su asesinato, la memoria viva de los linderos originales quedó en manos de solo tres personas -todas amenazadas- y con ellas sigue trabajando el Incoder.

A Los Pisingos le puso su nombre el primer “dueño”, Pablo Escobar Gaviria. El narcotraficante llegó a la zona en los años 80. Cuando abandonó la tierra, el Incoder, antes Incora, tituló esas tierras a unos campesinos aunque comunidades afrocolombianas ancestrales ya vivían allí. Esos campesinos duraron poco en el terreno. Y luego aparecieron los paramilitares y la finca de 880 hectáreas terminó titulada a nombre del jefe de las AUC Carlos Castaño. Mientras tanto, las comunidades ancestrales seguían allí.

El jefe paramilitar llegó a comienzos de los años 90 y siete años después, se dio el desplazamiento más grande de toda la zona de Curvaradó y Jiguamiandó. La Operación Génesis, que comandó el general (r) Rito Alejo del Río y en la que también participaron los paramilitares, desplazó a cerca de cuatro mil personas, incluídos todos los habitantes tradicionales de Los Pisingos.

A Castaño lo mataron en 2004 y los títulos de esta finca pasaron a sus herederos.

Las familias tradicionales de Los Pisingos volvieron a sus tierras en 2006. Un año antes el Incoder sacó -en marzo de 2005- el primer informe sobre los cultivos de palma de aceite en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó y por primera vez se hizo visible lo que los desplazados venían diciendo desde unos años atrás: que ellos se habían tenido que ir por la violencia y mientras tanto les habían robado su tierra. Ese informe -que estuvo escondido en el Ministerio de Agricultura un tiempo- hizo que por primera vez funcionarios del Estado llegaran hasta la zona y por eso a las comunidades se les quitó un poco el miedo y decidieron volver. Fue la primera vez que tuvieron acompañamiento del Estado.

Cuando llegaron, según cuentan algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo que han acompañado a las comunidades en todo el trabajo, encontraron un desierto sembrado de palmas y lleno de ganado en el lugar donde antes había bosque.

“La gente nos cuenta que antes ellos pescaban bocachico en su región y ahora no hay un solo río. Para hacer sus cultivos los empresarios cambiaron el curso de los ríos o los secaron y hoy no hay nada de agua en la zona”, contó a La Silla Vacía un funcionario que acompañó a los miembros de la comunidad cuando retornaron a sus tierras.

Esos cultivos y el ganado eran de la familia Ríos, en cabeza de Víctor Ríos, a quien en la zona le dicen “El Bicho”. Según la versión que los Ríos han entregado a las autoridades ellos compraron legalmente esa tierra a los herederos de Carlos Castaño.

Los cultivos de palma se fueron muriendo poco a poco por una plaga y entonces surgió un nuevo problema. Los trabajadores que desde Antioquia habían llevado los palmicultores para trabajar en los cultivos se quedaron sin trabajo, pero no se quisieron ir de la zona, construyeron sus casas, sembraron su propia comida y levantaron cercas. Se convirtieron en nuevos despojadores, que se conocen como los repobladores.

Hoy en Los Pisingos hay 122 familias de repobladores que al igual que los empresarios y ganaderos se niegan a abandonar la tierra.

Ya el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó dijo que los Ríos son poseedores de mala fe. Sin embargo, siguen en la zona y cada vez las hectáreas que supuestamente compraron se multiplican a punta de “correr cercas”.

En El Cerrado, que es la vereda en donde está Los Pisingos, hay 183 familias tradicionales censadas, una de ellas la familia de Manuel Ruiz. Esas familias nunca tuvieron un título individual, pero en el año 2000 a ellos el Incoder les reconoció una  propiedad colectiva por "tradición de posesión" y eso los blinda jurídicamente. Pero la realidad en el terreno es otra.

Cuando mataron a Manuel, él no podía entrar a su finca porque los Ríos le cercaron el camino que lo llevaba allá y por eso no estaba viviendo en su casa sino en Pavarandocito, una vereda contigua. Ese fue el último capítulo de la pelea de Manuel con los Ríos porque, según había denunciado en muchas ocasiones, los ganaderos le corrían las cercas, le mandaban el ganado a sus cultivos para que se lo comieran e incluso lo amenazaron.

En un informe interno de la Defensoría del Pueblo se relata que el administrador de los Ríos en la Finca La Bonita estaba poniendo en contra de Manuel a los repobladores porque les estaba diciendo que era él quien estaba presionando para que los sacaran. La pelea de Manuel no era con ellos, era con los Ríos.

El día que mataron a Manuel hubo una llamada a su esposa para decirle que estaba secuestrado y que tenía que pagar dos millones y medio de pesos para liberarlo. Ella no tenía con qué pagar, pero tampoco la llamaron de nuevo. Esa llamada confundió a las autoridades que inicialmente pensaron que las causas de la muerte no tenían nada que ver con la restitución. Pero la investigación que hoy tiene la Corte Constitucional concluyó que esa llamada fue para contarle a la familia de Manuel cuánto pagaron por matarlo. Lo que contó la misma comunidad amenazada es que hay una bolsa de precios por los líderes de la restitución en Curvaradó y Jiguamiandó. 'El precio' de Manuel era de dos millones y medio de pesos, hay otros que valen más y llegan hasta 5 millones de pesos y ellos saben el nombre de cada uno. Igual que lo saben las autoridades.

Curvaradó y Jiguamiandó son dos títulos colectivos afros donde empresarios de mala fe han puesto ganado y cultivos de palma. Al oriente de Curvaradó en el mapa (limítrofe con Antioquia), en la zona donde están Llano Rico, El Cerrado y Apartadocito, varios líderes han recibido amenazas de los ganaderos.

Antes de la muerte de Manuel Ruiz, ya otros líderes habían sido asesinados por reclamar sus tierras, el último de ellos el 13 de enero del 2010 por grupos paramilitares.

Se trataba de Argénito Díaz, quien era presidente de la junta de Llano Rico, también en Curvaradó, y cuyo hermano Guillermo Díaz ya pidió medidas de protección. La razón: desde que testificó en el proceso penal por el asesinato de su hermano y acusó a empresarios de mala fe de su muerte, ha recibido varias amenazas.

Precisamente el caso del conflicto entre los Ríos y Manuel Ruiz o el de Argénito Díaz y empresarios de mala fe no son hechos aislados. Son más bien lo que los habitantes de estos territorios colectivos del Bajo Atrato consideran que se está convirtiendo en modus operandi.

Las comunidades de El Cerrado (donde está Los Pisingos), Apartadocito y Llano Rico, que son las más amenazadas dentro de todo el territorio colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó, han denunciado presiones por parte de los ganaderos.

Allí están otros ganaderos que el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó también declaró como ocupantes de mala fe en diciembre de 2009: Rodrigo Mejía, Dario Montoya, William Ramírez y Antonio Lopera. (ver fallo). Y que según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se reunieron en abril y "definieron la peligrosidad que están significando los integrantes de los consejos comunitarios de Curvaradó que habitan en la Zonas Humanitarias. Definieron “tomar acciones” contra estos espacios porque son un riesgo para el progreso de la región y son como un fortín guerrillero".

En marzo del 2011, la Defensoría realizó un informe que fue entregado a la Corte Constitucional en abril sobre la vulneración de los derechos a las comunidades en la zona en el que evidencia las amenazas del ganadero Rodrigo Mejía a una desplazada de la zona llamada Esther Ramos, que había retornado desde hace tres años. Dice el informe:

“El señor Rodrigo Mejía les dijo que tenían ocho días para 'desalojar' porque el jueves va a meter un ganado y no responde por los productos de pancoger que tienen sembrados. Según la señora Ramos, el señor Rodrigo Mejía afirmó que: 'Quieran o no los vamos a sacar de esta tierra; si no desocupan la tierra a las buenas, tienen que desocuparla a la verraca'”.

La amenaza fue el 18 de febrero. Después Esther Ramos denunció las amenazas de Mejía, que estaba acompañado por ocho personas, entre las cuales estaban también los ganaderos William Ramírez y Darío Montoya, reconocidos como poseedores de mala fe. Tres semanas después de su denuncia, varios trabajadores llegaron a poner alambre en la finca de Ramos para luego traer ganado.  Ella denunció esto de nuevo a la Defensoría, que a su vez se comunicó con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.  

“Según lo manifestado por el Ministerio de Defensa, el General Giraldo (comandante en la zona) afirmó que el señor Rodrigo Mejía negó haber amenazado a la señora Esther Ramos y explicó que había comprado esas tierras de manera legal hace siete años, y que, de manera generosa, había permitido que esas familias estuvieran ahí”, dice el informe. “La Defensoría del Pueblo le indicó al Ministerio de Defensa que el señor Rodrigo Mejía está nombrado como poseedor de mala fe en la Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó”.

Mejía no es cualquier aparecido en Curvaradó y Jiguiamiandó. Es el gerente de Suganar (Subastas Ganaderas del Urabá Grande) que dirige la subasta ganadera todos los viernes en la vía Carepa-Chigorodó, que tiene tierras desde hace once años en la zona, y que está asociado con ganaderos de Antioquia y Córdoba.

De acuerdo con un artículo de El Espectador en 2008, Mejía es un defensor del General ( r ) Rito Alejo del Rio, aunque este afirmó a La Silla no haber conocido al General. “Con él la gente retornó a las actividades agroindustriales. Directa o indirectamente, todo el mundo le agradece, y si esto está tan tranquilo ahora es porque él puso a trabajar el Ejército”, dijo entonces Mejía.

"Todas estas acusaciones faltan a la verdad", dijo Mejía a La Silla Vacía. "Yo llevo años sin ir a la finca, son aseveraciones jurídicas y políticas contra mi. Yo he decidido no volver a la zona hasta que se aclare todo esto de las tierras". Para Mejía detrás de estas acusaciones están "las ongs" y "la izquierda radical", como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dirigida por el Padre Javier Giraldo.  La Silla Vacía no pudo contactar a otros ganaderos acusados por las comunidades para escuchar su versión.

De acuerdo con las denuncias presentadas por Esther Ramos y otros miembros de la comunidad, una de las tácticas utilizadas por los ganaderos de mala fe que quieren conservar las tierras, y además ampliarlas, es destruir los cultivos de pancoger de las comunidades afros para acelerar su desplazamiento de la zona como, según ella, lo está haciendo Mejía.

Otro de los casos emblématicos es el de Antonio Lopera, también ganadero declarado de mala fe por la justicia, y cuyas tierras son reclamadas por Alejandro Martínez, desplazado en 1997 y quien regresó a la zona en 2010.

Al regresar, aunque su tierra hacía parte del título colectivo de Curvaradó, Martínez encontró que Antonio Lopera tenía a varios trabajadores en su tierra cuidando ganado. Es más, Lopera dice que compró su tierra aunque Martínez asegure que nunca la vendió y, que además le era imposible hacerlo, porque no era una tierra a título individual sino parte del territorio colectivo (el de Curvaradó). Aún así, para evitarse problemas con Lopera, Martínez decidió trabajar en otra parte cerca a su antigua finca. Hasta que Lopera comenzó a sacarlo también de ahí.

“El sábado 19 de febrero el señor Martínez se dio cuenta de que había tres trabajadores cerca de donde él había sembrado yuca (...) les preguntó a los trabajadores quién era su patrón y le respondieron que el señor Antonio Lopera”, dice el informe de la Defensoría. Aunque Martínez ha pedido a Lopera que no invada sus tierras, este ganadero se rehusó a sacar a sus trabajadores y le dijo al campesino que si no le gustaba, se fuera hasta Chigorodó a demandarlo. 

¿A demandarlo? Lopera ya fue denunciado, y también está en el listado del Tribunal Administrativo del Chocó como poseedor de mala fe. Y, en febrero de 2011, fue mencionado en el Bajo Atrato por las comunidades de Curvaradó, junto con otros ganaderos de mala fe, como sospechoso por las muertes de otros líderes de tierras. En esta reunión, del 7 al 11 de febrero del 2011 en el Guamo (comunidad de Curvaradó), estuvieron delegados del Ministerio del Interior y de Justicia, del de Agricultura, del Incoder, de Acción Social y de Acnur.

“Se expresó con claridad que tras las amenazas y los asesinatos que se han cometido están los poseedores de mala fe y los empresarios que se apropiaron ilegalmente de las tierras, principalmente los señores Carlos Ríos, Ramiro Quintero, William Ramírez y Antonio Lopera. De manera específica, se denunció que el encargado de asesinar a los líderes es el señor Leonel Holguín Suescún, de quien afirman que era Águila Negra en Zaragoza”, dice un informe de la reunión al que tuvo acceso La Silla Vacía.

El gobierno del ex presidente Uribe no adelantó el proceso de restitución de tierras contra estos empresarios de mala fe que hoy se movilizan sin problema en la zona (es más, el 8 de abril de 2010 el Consejo de Estado ratificó el fallo del Contencioso Administrativo del Chocó que ordenaba la restitución de los territorios colectivos, y de paso ordenó iniciar el proceso de desalojo).Y esta restitución no puede arrancarse, dice el fallo, hasta que se clarifique la representación legal de las comunidades y se realice una caracterización del territorio de las comunidades.

El Incoder sigue en la zona haciendo esta caracterización del territorio -en la que estaba participando Manuel Ruiz- que establecerá efectivamente dónde están los grandes ganaderos o terratenientes de mala fe, y qué tantas hectáreas poseen.

Lo más probable es que los funcionarios del Incoder encuentren que más de una amenaza ha pasado entre las cercas y el ganado de estas comunidades, para evitar que a los verdaderos dueños de Curvaradó y Jiguamiandó se le entreguen sus tierras.