Hoy sigue el penúltimo debate del proyecto del equilibrio de poderes en la Cámara de Representantes y la ponencia, que tiene el apoyo de las bancadas de la Unidad Nacional, contempla varios cambios que, de ser aprobados, podrían ayudar a aliviar la pelea que se formó la semana pasada entre el Congreso y las Altas Cortes, y que llevó a la fallida propuesta de archivo de la reforma por la Comisión Interinstitucional de Justicia encabezada por el Fiscal Eduardo Montealegre.
Los guiños de la Unidad Nacional a los Magistrados
Hoy sigue el penúltimo debate del proyecto del equilibrio de poderes en la Cámara de Representantes y la ponencia, que tiene el apoyo de las bancadas de la Unidad Nacional, contempla varios cambios que, de ser aprobados, podrían ayudar a aliviar la pelea que se formó la semana pasada entre el Congreso y las Altas Cortes, y que llevó a la fallida propuesta de archivo de la reforma por parte de la Comisión Interinstitucional de Justicia encabezada por el Fiscal Eduardo Montealegre.
Aunque son varios los puntos que no caen bien entre esa rama, la nueva ponencia que arrancó ayer su trámite en la Comisión Primera de la Cámara soluciona por lo menos dos que son claves para los magistrados: por un lado, le quita dientes a la Comisión de Aforados y por otro, saca al Gobierno del Consejo de Gobierno de la Justicia que crea esta ley.
La ponencia le quita la facultad a la Comisión de Aforados de suspender temporalmente a quienes investiga, desde cuando empieza sus pesquisas. Esta facultad -que se incluyó casi con el nombre propio del Magistrado de la Corte Jorge Pretelt-, desaparece del texto de la reforma según los ponentes “para dar garantías al debido proceso de los aforados”.
Eso quiere decir que, como ahora, los investigadores seguirán en sus cargos hasta que haya una decisión final de la Corte Suprema o del Congreso.
Además, el texto incluye una segunda instancia para el juzgamiento disciplinario de los aforados. La primera instancia sería la plenaria de la Cámara y la segunda el Senado. Eso les da más garantías y también prolongará el trámite de los procesos en su contra.
El otro gran cambio es que la ponencia saca al Gobierno, representado por el Ministro de Justicia del Consejo de Gobierno Judicial, que será la junta directiva de la rama. Ese era otro de los puntos más neurálgicos de la reforma y uno de los que se abordó por parte de las Altas Cortes en la audiencia pública del proyecto la semana pasada. El temor de los magistrados era que, con esta participación, el Ejecutivo se metiera en la autonomía de la rama.
Esta modificación es polémica porque como lo anotó Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, en el debate Sí o No, el Poder de los Argumentos, organizado hace unas semanas por la Universidad Javeriana y La Silla Vacía, uno de los problemas que tiene la actual reforma es que ese Consejo de Gobierno Judicial está integrado mayoritariamente por personas de la Rama Judicial.
Esto le quita, según Uprimny, mucha transparencia y capacidad de rendición de cuentas a la justicia. Con esta modificación, ese espíritu corporativista de la Rama se fortalece.
En este último punto no está de acuerdo uno de los ponentes, el representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara.
Falta ver si la Cámara aprueba estos regalitos y si estos son suficientes para resolver la crisis entre la justicia y el Congreso.