Los liberales se quedaron con las ganas...

El sábado pasado empezó a regir la primera parte de la Ley de Garantías. Pero antes de que eso pasara el Ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, alcanzó a firmar convenios con casi 230 alcaldías para financiar la construcción de centros de integración ciudadana, unos escenarios multipropósito que se van a construir justo durante el período electoral. Era una "mermelada" muy apetecida, pero a los liberales les tocó poca.

Eso ocurre menos de dos meses después de que los liberales perdieran la cartera de Interior, que tenían con Fernando Carrillo. Hoy La U tiene el ministerio y el viceministerio de relaciones políticas (que siempre fue de ese partido en cabeza del mismo Iragorri, de Juan Camilo Restrepo y ahora de Carlos Eduardo Géchem) y los conservadores perdieron el otro viceministerio que tenían con Aníbal Fernández de Soto y que ahora ocupa Natalia Gutiérrez.

Entre los municipios que firmaron convenios con Fonsecon, según la información oficial encontrada en www.contratos.gov.co y en la página web del Ministerio, a Cambio Radical le va muy bien, a La U y los conservadores no les va mal, y en cambio los liberales se quedaron con pocos convenios.

En efecto, casi el 26 por ciento de los alcaldes de Cambio va a recibir plata, al igual que casi el 24 de La U y el 21 de los azules. En cambio, sólo un poco más del 15 por ciento de los liberales ejecutarán estas obras durante la campaña.

Les va tan mal a los rojos que ese porcentaje es más alto en partidos que no son de la Unidad Nacional como Aico (19 por ciento de sus alcaldes recibieron convenios) o la ASI (16 por ciento).

Los departamentos

En la distribución regional de los convenios también hay grandes diferencias. Más de la mitad de los alcaldes de Putumayo tendrán obras para ejecutar, frente a ninguno en departamentos como el Meta o Quindío.

Aunque no pudimos hacer el cálculo por montos recibidos porque la información en la página de contratos no está completa, como los proyectos se entregaron por municipio sí se puede ver los alcaldes de qué departamentos lograron más convenios.

Así les va a los departamentos:

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La entrega de estos convenios se hizo en la semana previa a que entrara en vigor la Ley de Garantías, que le prohíbe a alcaldes, gobernadores, secretarios y directores de entidades regionales y locales (no nacionales) contratar nuevo personal y hacer convenios interadministrativos.

El viernes 8, el último día en que se podían firmar, llegaron al Ministerio unos 300 alcaldes a tratar de que sus proyectos quedaran aprobados. Como la convocatoria fue muy corta, de menos de un mes, se generaron muchas expectativas y por eso decenas de alcaldes se quedaron viendo un chispero después de una fuerte pelea en el Ministerio. 

Al final el Ministro de Interior, Aurelio Iragorri, le ofreció una disculpa a los alcaldes que se quedaron con el proyecto listo y sin convenio, además de que anunció que en enero el Ministerio va a licitar directamente (sin darle plata a los alcaldes) la construcción de los que faltaron.

En todo caso, el trancón y la pelea muestran que los convenios para construir los centros de integración ciudadana no son cualquier cosa.

Como cualquier obra cofinanciada entre la Nación y los municipios, estos escenarios con tarima, tribunas y baños pensados para conciertos, festivales y reinados sirven para que los alcaldes muestren resultados (como el de Chaparral, Tolima) y para que lo haga también el gobierno nacional. Pero en este caso hay otros elementos que llaman la atención y explican el afán para firmar estos convenios.

Uno es que el vehículo para los convenios es el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, un fondo que maneja el Ministerio del Interior y que se alimenta de una contribución que pagan las obras públicas y las concesiones. El Ministerio crea convocatorias para proyectos de los municipios en asuntos determinados y decide a quién se financia y a quién no, una discrecionalidad que le da mucho poder frente a los alcaldes.

Ese poder ya ha sido utilizado. En 2009, La Silla mostró que el entonces ministro Fabio Valencia Cossio lo usó para favorecer a algunos congresistas que habían impulsado el referendo reeleccionista mediante convenios para construir palacios municipales. Aunque eso no quiere decir que todos los proyectos que aprueba Fonsecon tengan el objetivo de "alinear" alcaldes dandoles plata para hacer obras, sí demuestra que su estructura lo hace fácilmente utilizable para ese tipo de manipulación política.

Iragorri dijo a La Silla que desembolsarle el dinero a los alcaldes para que ellos contraten y ejecuten es una apuesta por la descentralización. "En cualquier caso, si llega a haber problemas, definimos que no se desembolsa todo el dinero de entrada sino en cuatro momentos, y así mantenemos control," explicó.

El segundo punto que llama la atención es la premura. El programa de los centros de integración y convivencia se creó hace poco. El 2 de octubre los funcionarios del Ministerio que conforman el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana decidieron eliminar el requisito de que los municipios pusieran plata para hacer obras. De hecho, todo el programa se montó en poco más de un mes, con lo que el Ministerio le facilitó a los alcaldes el acceso a estos proyectos justo a tiempo para alcanzar a firmar los convenios antes de la Ley de Garantías.

El Ministro de Interior, Aurelio Iragorri, es la cabeza del proyecto de acelerar la construcción de escenarios en los municipios. "Es una apuesta por la descentralización", dijo.

El presidente Santos está a días de anunciar su decisión de ir por la reelección. Foto: Juan Pablo Pino

El Ministro Iragorri le explicó a La Silla que esa velocidad se debió, sencillamente, a que el proyecto lo ideó él cuando llegó al Ministerio, a medidados de septiembre, y encontró que el gasto en seguridad se iba casi todo a comprar patrullas y motos para la Policía, y nada para programas de convivencia. 

De ahí se ideó el proyecto para crear infraestructuras para la convivencia (su idea es que los centros sirven para que haya lugares de encuentro y esparcimiento), pero también de ahí el poco tiempo y el afán.

En cualquier caso, hay un tercer elemento que hace atractivos los convenios desde el punto de vista de la reelección: su ejecución se hará justo en temporada electoral. Algunos municipios recibirán 683 y otros 1.027 millones de pesos en varios desembolsos, y su compromiso es arrancar a hacer el proceso de contratación y luego a vigilar que se ejecute la obra, que debe estar lista a más tardar el 30 de junio.

Eso quiere decir que los escenarios estarán en plena construcción durante la época electoral, cuando más pueden beneficiar a los congresistas amigos de los alcaldes, pues aún sin pensar en eventuales actos de corrupción, tendrán obras para mostrar.

Al respecto, Iragorri explicó que como habrá Ley de Garantías, los alcaldes tendrán que entregar las obras en licitaciones públicas y que los proyectos están estructurados de tal manera que los municipios solo podían elegir entre dos tipos de centros ya definidos por Fonsecon, lo que reduce las opciones para inflar los presupuestos. Agrega que si se cuelgan en las obras dejarán de recibir plata de Fonsecon y tendrán que pagar una multa.

Todo esto sirve para que no sea tan fácil que la plata se pierda, pero seguirán las obras en 200 municipios en plena campaña. Y aunque Iragorri señala que la mayoría son en municipios pequeños, que no suman muchos votos, no solo hay otros más grandes (desde capitales como Riohacha, Montería y Sincelejo hasta municipios poblados como Apartadó, Sahagún o Piedecuesta) sino que la suma de varios pueblos puede ser clave para una aspiración a la Cámara. Cinco de ellos (Manizales, Socorro, Neiva, Cajicá y Bello) fueron los únicos municipios que se ganaron más de un convenio.

El cuarto punto que hace muy atractivos a los proyectos es su monto. Si bien 683 millones puede parecer poco dinero, no lo es para los municipios pequeños. Por ejemplo, Heliconia (Antioquia), tiene para el 2014 un presupuesto de 5.500 millones de los cuales le va a invertir 100 millones al mantenimiento de vías y puentes, y solo tenía previsto que la Nación le cofinanciara los pagos del régimen subsidiado de salud.

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