Con el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc se despejaron varios pendientes que habían dejado los acuerdos parciales ya revelados. Pero en algunos quedron preguntas abiertas. Estos son:
Los pendientes que resolvió el Acuerdo Final
Con el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, que hoy le entregó formalmente el presidente Juan Manuel Santos al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se despejaron varios puntos que habían dejado pendientes los acuerdos parciales ya revelados. Sin embargo, en algunos de ellos siguen vivas otras preguntas que son clave para entender cómo, cuándo y dónde se implementará el Acuerdo si gana el Sí en el plebiscito.
Éstos son los pendientes aclarados:
Se empezará a implementar el 24 de septiembre
Una de las dudas centrales de todo el proceso es cuándo se empieza a implementar. Eso es fundamental porque los tiempos de todo el cronograma, desde la concentración y entrega de armas de las Farc hasta el plazo para el Fondo de Tierras, dependen de esa fecha. Con el Acuerdo, como comentaron los negociadores del gobierno esta mañana, quedó claro que se empieza a contar a partir de la firma entre Santos y Timochenko, que será el 23 de septiembre
Sin embargo, muchos puntos solo se podrían imlementar desde el 3 de octubre, después del plebsicito. Claro, si es que gana el Sí.
Las Farc deben estar concentradas el 23 de octubre y terminan de entregar las armas el 27 de marzo
Una consecuencia de la fecha de inicio de la implementación es que las Farc tienen que empezar a moverse a las 31 zonas de concentración el 28 de septiembre y solo deben estar totalmente concentradas el 23 de octubre.
Eso significa que estarán armadas y no concentradas durante la mayor parte de la campaña al plebiscito, y que máximo habrá algunas fotos del inicio de su concentración en los días previos a la votación.
También significa que los guerrilleros deben entregar el 30 por ciento de sus armas el 27 de noviembre, otro 30 el 26 de enero y el último 40 por ciento el 27 de marzo de 2017. Al día siguiente, el 28 de marzo, se acaban las zonas veredales y los guerrilleros, totalmente desarmados, podrán salir a empezar su vida civil - a menos de que la justicia transicional les haya impuesto alguna medida restrictiva para ese momento, algo improbable..
El Fondo de Tierras deberá conseguir 3 millones de hectáreas
El punto de desarrollo rural (el primero que se acordó, en mayo del 2013) dejó pendiente cuánta tierra el Fondo de Tierras va a entregar a campesinos sin tierra, y en cuánto tiempo. Con el Acuerdo Final publicado ayer quedó claro que serán 3 millones de hectáreas, el equivalente a la mitad de Antioquia o todo Santander.
Esas tierras, que estarán en diferentes zonas, deberán entregarse en los próximos 10 años.
Pregunta que queda: ¿De dónde se van a sacar esas 3 millones de hectáreas?
Aunque se acordó que provendrán de varias fuentes (baldíos, zonas que dejen de ser reservas forestales, tierras objeto de extinción de dominio y tierras expropiadas por no cumplir su función social), ninguna de estas fuentes es nueva en los planes de repartición de tierras que tiene el Estado desde 1966, aunque a marcha lenta. Por eso, seguramente tocará comprar .
Se formalizarán 7 millones de hectáreas
Además de los 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierras, se van a formalizar otros 7 millones. Es decir, un territorio tan grande como el de Guainía o el doble de Nariño, en el que los campesinos no tienen escrituras de sus tierras y por lo tanto no pueden pedir créditos, oponerse a que se los quiten otras personas o, en general, tener seguridad jurídica ni entrar a la economía formal.
Esa formalización de títulos en todo el país se debe hacer en los próximos 10 años, al tiempo con el funcionamiento del Fondo de Tierras.
Seguridad alimentaria, no soberanía
Una de las dudas del acuerdo sobre desarrollo rural era si se iba a crear un sistema de seguridad o de soberanía alimentaria. Finalmente quedó “seguridad”.
Aunque la diferencia parece semántica, tiene consecuencias profundas: de haber sido soberanía como querían las Farc, habría quedado acordado que Colombia iba a tener una política para asegurarse que todos sus habitantes pueden comer (esa es la seguridad) y que lo harían con alimentos producidos en el país. Ese último elemento habría implicado revisar los TLC y otros acuerdos comerciales, revisar los aranceles e incluso cambiar la dieta de miles de colombianos. Como no quedó, la política se va a concentrar en aumentar la producción de alimentos a través de subsidios y apoyos a pequeños campesinos o asociaciones de ellos.
Habrá 16 circunscripciones especiales de paz durante 8 años
En el acuerdo de participación política se pactó crear unas circunscripciones especiales de paz en las zonas más afectadas por el conflicto. La idea es que estas zonas, que normalmente han estado marginadas de la política, tengan representación en el Congreso. Y lo que se dispuso es que en esas circunscripciones los movimientos sociales podrán postular candidatos que pueden llegar a la Cámara de Representantes con un umbral menor al de los partidos. Algo similar a lo que ocurre hoy con las circunscripciones afro. Pero no se dijo cuántas serían ni cuánto durarían.
Ayer se supo que serán 16 circunscripciones, que darán lugar a 16 nuevos representantes a la Cámara (hoy hay 166 en total), en las elecciones de 2018 y 2022. Ya en las de 2026 no existirán.
Pregunta que queda: ¿Cuáles serán las circunscripciones especiales de paz?
Lo que no se sabe aún es cuáles serán esas 16 circunscripciones, un tema que está lejos de ser menor porque de dónde queden dependerá en buena medida hasta dónde pueden terminar en manos de estructuras clientelistas o mafiosas, como ha pasado con la circunscripción especial para negritudes.
Las circunscripciones especiales de paz no serán para todo el mundo
“Los candidatos y candidatas podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones de la Circunscripción, tales como organizaciones campesinas, de víctimas (incluyendo desplazados y desplazadas), mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región” dice el Acuerdo Final.
Eso significa que para poder ser candidato en esas circunscripciones habrá requisitos adicionales a los usuales (ser mayor de edad, por ejemplo) y que no podrán presentar candidatos ni partidos ni movimientos políticos (incluyendo el de las Farc) ni grupos de ciudadanos u organizaciones que no trabajen “en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales”.
Pregunta que queda: ¿Quién va a definir las reglas exactas sobre esas candidaturas?
La ley que aterrice esta parte del Acuerdo deberá definir cómo se sabe qué organizaciones pueden presentar candidatos.También cuál será la financiación especial que tendrán, según se acordó. Y esas dos cosas son fundamentales para saber realmente quién podrá tener acceso a ellas. Sobre todo para saber qué tanto serán vehículos para que las Farc ponga más candidatos en la Cámara.
Habrá 16 zonas con planes de desarrollo especiales
Para el desarrollo del agro, se crearon como herramienta central los Planes de Desarrollo con enfoque territorial (Pdet). No se sabía cuántos serían pero ahora se revreló que habrá 16.
Los Pdet son estrategias de desarrollo local, hechos de forma participativa con la población de las zonas más golpeadas por el conflicto, que así definirán en qué se gasta la plata de los planes nacionales de desarrollo del agro que se acordaron. Es decir, las zonas donde haya Pdet serán las primeras y principales beneficiadas del gasto extra en el agro.
Pregunta que queda: ¿Dónde se harán los Pdet?
La pregunta fundamental, y que sigue pendiente, es dónde serán esos 16 Pdet. Como ellas serán las principales beneficiadas de la implementación de los asuntos del agro, esa pregunta es fundamental para saber por dónde empieza la implementación de un acuerdo pensado desde lo territorial.
Pregunta que queda 2: ¿Coincidirán con las 16 de las circunscripciones especiales de paz?
Aunque las lógicas para crear los Pdet y de las circunscripciones son ligeramente diferentes, las dos coinciden en que deben ser en zonas afectadas por el conflicto. Por eso, y por la coincidencia en la cifra, es probable que se trate de las mismas zonas, lo que les daría a las Farc una plataforma social sólida (por ser los “papás” de la inversión de los Pdet) justo donde se juega casi un 10 por ciento de la Cámara.
Se sabe cómo será la aministía
La amnistía que se le dará a los guerrilleros que se desarmen no estaba definida, y el Acuerdo Final la aterriza hasta el punto de que tiene listo el texto del proyecto de ley que presentará Santos al Congreso por la vía fast-track que solo le da a los congresistas la posibilidad de vetarlo pero no de cambiarlo.
Ahí se definieron tres grupos de delitos para saber si son amnistiados y cómo y cuando fueron cometidos: unos que serán amnistiados directamente (los más directamente relacionados con ser guerrillero, como el porte ilegal de armas), otros que nunca serán amnistiados (los más atroces) y los demás (narcotráfico), que tendrían que 'pelearse' en la Sala de Amnistías de la Jurisdicción Especial de Paz, que decidirá caso por caso según si encuentra que fueron cometidos para avanzar o financiar la rebelión.
(Spoiler: sigue pendiente) La reparación material de las Farc
Uno de los pendientes más grandes del acuerdo sobre víctimas era precisar el aporte de las Farc a la reparación material de las víctimas, pues la simbólica y la colectiva (por ejemplo construyendo vías o escuelas) sí quedaron especificadas. Pero la material, más allá de saber que existe, sigue en el aire. No se sabe de cuánto será, cómo se entregará ni nada más.
Tanto así que se mantuvo esta frase en el punto 5.1.3.7 “Los términos de esa reparación material serán precisados en el marco del Acuerdo Final”. Y otra frase en el punto 6.1.3. Dice lo mismo: “En el marco de la discusión sobre las medidas de reincorporación se determinarán las medidas de contribución a la reparación material de las víctimas, incluida la contribución de las FARC-EP”.