Los protagonistas del posconflicto en el Magdalena Medio

Estuvo en la primera delegación de las víctimas que viajaron a La Habana, para la mesa de diálogos entre el Gobierno y las Farc.

Peña es vocero y fue uno de los cofundadores del ‘Colectivo 16 de mayo’, que nació hace 18 años después de una masacre perpetrada por paramilitares en Barrancabermeja de 30  personas.

A los ocho días de ocurrida la masacre el Colectivo marchó con ataúdes vacíos, y posterior a esa movilización durante todo un año (1999), todos los 16 de cada mes,  las víctimas marcharon reclamando justicia.

En 2002 el Colectivo interpuso una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la que varios paramilitares fueron condenados por la masacre. El Estado también fue declarado por omisión en su labor de proteger a los ciudadanos por un Tribunal Internacional de Opinión. 

Hace tres meses fue elegido presidente nacional de la Unión Sindical Obrera, USO, luego de haber sido secretario nacional de derechos humanos en la junta directiva de esa organización. Durante 20 años ha sido dirigente sindical.

La USO es uno de los principales actores en el Magdalena Medio y además de ser uno de los sindicatos más visibles del país, en los últimos años ha adelantado diferentes iniciativas para aterrizar la paz en esa región.

Ese sindicato ha participado en asambleas nacionales por la paz, en conjunto con Ecopetrol, el Ministerio del Trabajo y las universidades Nacional y Javeriana, para hablar de lo que está pasando en La Habana entre el Gobierno y las Farc y han lanzado propuestas propias para las zonas que viven de la explotación minera y de hidrocarburos (entre esas el Magdalena Medio).

La USO tiene la capacidad de movilizar a cientos de personas en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio por lo que su acuerdo o desacuerdo con lo que se pacte en La Habana srá determinante en la llegada de la paz a esa región del país.

Yolanda Becerra Vega inició su trabajo con mujeres víctimas del conflicto y de violencia intrafamiliar en la Diócesis de Barrancabermeja, y posteriormente se vinculó a la Organización Femenina Popular, OFP, de la cual hoy es vocera.

La OFP está integrada por 1.712 mujeres que habitan en zonas del Magdalena Medio, es una de las organizaciones en defensa de los derechos humanos más antiguas en esa región (40 años) y recibe apoyo internacional y nacional.

Durante el periodo de violencia que generó la guerrilla y el paramilitarismo, la OFP se consolidó como defensora de los derechos humanos, civiles y políticos de la región,y su visibilidad hace que la posición que asuma en los acuerdos sea determinante para los cientos de mujeres que agrupa.

Ubencel Duque es licenciado en filosofía y ciencias religiosas, se vinculó a la pastoral social de la Diócesis de Barrancabermeja en 1989 y desde entonces ha acompañado procesos comunitarios y sociales.

Fue moderador en la negociación para los acuerdos del éxodo campesino y minero en 1998 en Barrancabermeja. Hizo parte de la Coordinadora Popular de Barrancabermeja conformada por varios movimientos. Aún vinculado a la pastoral fue presidente por varios periodos de la Corporación Regional de Derechos Humanos (Credhos).

En 1995 nació el Programa de Desarrollo y Paz, que está presente en todo el Magdalena Medio, y que está integrada por Unión Sindical Obrera (Uso), Ecopetrol, la Diócesis de Barrancabermeja y diferentes de las  organizaciones sociales de la región.

El Programa de Desarrollo y Paz hace las veces de interlocutor entre líderes sociales y el Estado en Barrancabermeja, por lo que será un actor clave en la región.

Fue víctima de los paramilitares. El Bloque Central Bolívar asesinó a su esposo en 1999. En 2001 creó formalmente la asociación que está enfocada en defender los derechos de la mujer, la construcción de políticas públicas y en la generación de proyectos productivos para mujeres. En estos momentos junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos se encuentra formulando ideas para aterrizar en el posconflicto en la región del Magdalena Medio.

Ana Teresa Rueda  es vocera de esa organización a la que está vinculada desde 2010. Antes de llegar a ella, estuvo 12 años en la Organización Femenina Popular desde donde impulsó el movimiento social de mujeres contra la guerra.

Espacio integra a 20 organizaciones entre sociales, sindicales, indígenas, afro, de jóvenes,de  mujeres, de víctimas y de defensa por los derechos humanos del Magdalena Medio.

Esa organización  nació en 1999 por la defensa de la mano de obra que reunía a gremios de la región. Luego, con la incursión paramilitar y la persecución a sus integrantes, empezó a trabajar por la defensa de los derechos políticos, actividades en defensa de la vida y el territorio.

El rango de acción, la hace una de las más visibles de esa región, y le da la capacidad de influir en la percepción de sus integrantes sobre los acuerdos de paz.

Julio González es un militar retirado que desde 1995 tiene una finca de ganadería en San Alberto, Sur del Cesar. En 2012,  luego de que le llegara una notificación de restitución de tierras comenzó a liderar junto con 60 personas de los municipios de San Alberto y Sabana de Torres movilizaciones en contra de la ley de restitución de tierras (una de las primeras materializaciones de la paz) por considerar que había existido vulneración a los derechos de los actuales propietarios.

Actualmente es el representante legal de la Asociación Colombiana Víctimas de Restitución de Tierras Ley 1448 de 2011, Asocolvirt, asociación que tiene voceros en regiones como Sur del Cesar, Antioquia, Sur del Bolívar y Santander, y brinda asesoría y representación a los actuales propietarios en procesos de restitución tanto urbana como rural.

La asociación ha sido señalada por las víctimas de presuntamente torpedear los procesos de restitución.

Esta organización está organizándose con grandes ganaderos y terranientes para adelantar una lucha contra el Estado por la defensa de los derechos que consideran les han sido vulnerados con la implementación de leyes que están diseñadas para la paz.

La misión de la Diócesis de Barrancabermeja ha impulsado la creación de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el Magdalena Medio.

Castrellón lleva cinco años y medio como Obispo en la Diócesis de Barrancabermeja. Antes había estado en Tibú, Norte de Santander, donde también trabajó temas de paz.

La Diócesis participa y colabora con entidades, organizaciones sociales y sindicales que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Los sacerdotes tendrán un papel decisivo en la implementación de los acuerdos debido a la capacidad que tienen de influir en los feligreses.

Teófilo Acuña nació en el Sur de Bolívar y ha sido agricultor, pequeño minero y comerciante. Desde los 90 es uno de los líderes sociales de la región y en la actualidad uno de los voceros más destacados de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, que nació en 2005 como respuesta de resistencia a bloqueos en la región por parte de paramilitares.

Con la Comisión renacieron los procesos de participación y movilización en la región que se habían gestado en los 80 y que a finales de los 90, con la incursión paramilitar, habían cesado.

Las asambleas que convoca la Comisión, reúnen cerca de 500 campesinos, pequeños mineros, pescadores y comunidad en general y buscan dar solución a problemas de región, acordando proyectos para el desarrollo de la región en materia de tierras, medio ambiente, minería, inversión social y derechos humanos.

Desde su creación tienen interlocución con el gobierno local, regional y nacional. Acompañaron el paro agrario y son capaces de movilizar a cientos de habitantes de esas regiones, por lo que su acuerdo o desacuerdo con lo que se pacte entre el Gobierno y las Farc podrá verse materializado será clave en la implementación de los puntos de negociación.

Leonardo Amaya nació en San Vicente de Chucurí. Es el director de San Vicente Estéreo, emisora que hace parte de la Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio, Aredmag.

A Aredmag están vinculadas 19 emisoras, que buscan contar lo que está pasando en una región azotada por el conflicto sin autocensura.

Desde la red de emisoras Amaya ha participado en proyectos como la ‘red de reporteros rurales’ y  ‘radio para la vida, radio para la paz’.

Amaya es un referente informativo para los habitantes de San Vicente del Chucurí, la información que entregue sobre los acuerdos de de paz será clave en la posición de los chucureños y de los municipios aledaños que lo escuchan.

Llegó en 2007 como profesional de atención a procesos a la Alta Consejería para la Reintegración, entidad que posteriormente pasó a llamarse Agencia Colombiana para Reintegración, ACR. Desde 2010 es la coordinadora en la regional del Magdalena Medio.

Esa entidad es clave en el posconflicto porque será la que atenderá a los desmovilizados de esa zona del país en caso de que lleguen a feliz término los acuerdos en La Habana. Precisamente, la ACR será la que les brindará atención psicológica, cubrimiento en salud, asesorías en planes de trabajo, entre otros, y la que en el papel se encargará de hacer que la reinserción de los desmovilizados sea exitosa.

Directora de la Unidad de Víctimas de la regional del Magdalena Medio. Fue coordinadora de Derechos Humanos en la Gobernación de Santander durante la administración de Richard Aguilar Villa. La labor de esa unidad se traduce en la articulación que hace entre diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos y las decisiones del Estado.

Fue elegida como representante legal de la Asociación este año, tras 20 años de pertenecer a ella.

Esa organización fue conformada hace 28 años por campesinos del Magdalena Medio. Actualmente agrupa a más de 500 personas, pero el trabajo que realiza se extiende por toda la región.

En 1987 la Asociación logró un pacto con grupos armados por el respeto a sus derechos, pero la tregua se rompió en 1990, luego de la masacre de líderes de esa organización.

Ese mismo año esa organización ganó el premio ‘Right Livellihood Award’ en Estocolmo, considerado como el Nobel Alternativo de Paz, y en 1995 recibieron un reconocimiento de la ONU, por su resistencia como campesinos a la violencia de la zona.

Son una de las siete organizaciones escogidas por el Gobierno Nacional como proyecto piloto para la reparación colectiva, que empezó a marchar en 2007.

El resultado de ese programa será el referente para los demás procesos de reparación en el país, por lo que su papel será muy importante en el posconflicto.