Los quites a la reforma política

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En los últimos días la MOE y el Gobierno han explicado la reforma con los partidos. Hoy lo hizo con los minoritarios. Foto: MinInterior.

En 15 días llegará al Congreso la propuesta final de reforma política, que no será la que la Misión Electoral plantea, ni la que el Gobierno espera.

La reforma política que propuso la Misión Electoral Especial (MEE), el organismo que ordenó conformar el Acuerdo de paz para dar sugerencias sobre cómo aterrizar el punto sobre participación política, no será la definitiva. Y tampoco la que le gustaría al Gobierno. En 15 días habrá una propuesta definitiva para pasarla por el fast track.  

 

En reuniones formales e informales en los últimos días, el Gobierno ha estado revisando estas sugerencias con los partidos por aparte (La U el lunes, los liberales al medio día de ayer, los partidos minoritarios hoy, Cambio Radical y los conservadores en reunión ampliada la próxima semana) y lo hará con las Farc mañana jueves. La idea es que haya un texto consensuado para mitad del mes.

De los cuatro cambios que propone la MEE -reformar la autoridad electoral, financiación estatal de las campañas, lista cerrada y ampliación de las circunscripciones del Congreso-, la que tiene el potencial de revolucionar la forma de hacer política es la lista cerrada porque al obligar a los votantes a votar por el partido y no por candidatos específicos forzaría a las colectividades a tener un programa ideológico más que caciques como es hoy.

Lo que va, pero ajustado

La Silla consultó con congresistas de todos los partidos sobre sus posturas frente a las propuestas de la MEE, para determinar si éstas pasarán o no al texto que llegará al Congreso.

En definitiva, la financiación estatal de las campañas contaría con amplias mayorías para ser aprobada, mientras que ya hay propuestas de modificaciones para la lista cerrada. Lo que tienen claro los consultados, la MEE y el Gobierno es que las medidas deben ser graduales y que todas entren en vigencia definitiva en cinco años.

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Todos con la financiación (pero no todos renuncian a los donantes)

La MEE propone que la financiación de las campañas sea eminentemente estatal, “mayor a la que hay actualmente”, dice: que el 50 por ciento de la plata sea entregada a los partidos antes de las elecciones y la otra mitad luego de la elección de forma proporcional a la votación que obtuvieron. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos.

En La U proponen que haya un registro de donaciones privadas y que la autoridad electoral (el Consejo Nacional Electoral o lo que lo reemplace) tenga una base de datos de los donantes de las campañas para que esa información sea pública.

 
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La lista: ni tan cerrada ni bloqueada

Aunque el Gobierno le apuesta a la lista cerrada como una forma de fortalecer institucional e ideológicamente a los partidos y de hacerlos responsables de los que avalen, los grandes la apoyan a medias y los pequeños la descartan completamente.

La iniciativa de la MEE pretende que todos los partidos presenten listas cerradas para Congreso, Asambleas y Concejos. Es decir, que el votante no vote por un candidato sino por el partido. Y que según la cantidad de votos que obtenga la lista del partido, se vayan asignando las curules en el orden de la lista hecha internamente por el partido. Esta fórmula no contaría con el apoyo de La U (58 congresistas en total) ni de los minoritarios (39 congresistas en total). En total, 97 votos en Cámara y Senado, la mitad necesaria para un quórum que permita votar.

Para los liberales "aunque no nos guste, porque nos quita liderazgo regional, hay que aceptarla para organizarnos", dijo el senador Guillermo García. Entre los conservadores hay consenso y hasta proponen que los partidos tengan elecciones internas para elegir sus planchas a presentar.

En La U le quieren hacerle el quite. Proponen cambiar la lista cerrada por una semicerrada o mixta. El senador Roy Barreras propone que los votantes tengan la opción de votar por el logo del partido o por candidatos específicos como en una lista preferente.

Y que los votos del logo se distribuyan entre los miembros de una lista cerrada, que seguramente serán figuras representativas pero sin votos. Los de la lista preferente saldrán de acuerdo a las reglas de hoy para las listas preferentes.

La U avaló la idea de Roy porque, según le dijeron 2 senadores y 2 representantes a La Silla, La U es uno de los partidos grandes que más perdería si va con lista cerrada, ya que perdería la ventaja de tener tantos caciques (los ñoños en el Caribe, Armando Benedetti y Ángel Custodio Cabrera en Bogotá, por ejemplo).

Otros que le dicen No a la lista cerrada son los minoritarios. El Polo cree que la lista "es una agresión", según el senador Jorge Robledo, porque la mayoría de sus votos no son por el partido en sí mismo sino por quienes ahora están en las curules, como él o Iván Cepeda.

Lo mismo creen en el partido Verde, donde su reconocimiento nacional se da por el voto de opinión de algunos de sus congresistas, como Claudia López y Angélica Lozano.

Esta opinión los comparten los demás partidos políticos minoritarios, a excepción del Mira, que sí ha mostrado que puede sacar lista cerrada, porque su base es la iglesia cristiana de sus líderes.

Además, los partidos pequeños aspiran a lanzar listas de coalición abiertas al Congreso en 2018, una propuesta que el Gobierno dice que va a radicar, pero que hasta ahora no ha ocurrido.

 
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El sí pero no del nuevo Consejo Electoral

El MEE propone crear una nueva autoridad electoral.

Estaría centrada en el Consejo Electoral Colombiano (CEC) que tendría 7 consejeros, elegidos por el mismo CEC de ternas propuestas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la Presidencia de la República (las cortes con dos ternas cada una, la Casa de Nariño con solo una terna).

Tendrían un período de ocho años y entre sus funciones estará la reglamentación de las elecciones, la inscripción de candidatos, la delimitación de circunscripciones, el control de los afiliados de los partidos, dirimir los conflictos internos de las colectividades, regular la financiación de las campañas y la educación electoral.

Si bien la coalición de gobierno está de acuerdo con el fondo, no lo está con la forma de elección. Mientras los liberales le dijeron al ministro Cristo ayer que estaban de acuerdo con la propuesta de la MEE porque ayudaría despolitizar al órgano electoral (hoy el Consejo Electoral tiene 9 magistrados y su mayoría representan a los partidos de Gobierno), en La U quieren que el Senado mantenga la elección de su miembros.

La MEE propone además una Corte Electoral, compuesta por siete abogados que serían elegidos igual que los del CEC. Esta Corte reemplazaría a la Sección Quinta del Consejo de Estado: resolvería demandas, definiría pérdidas de investidura y pérdidas del cargo y sanciones disciplinarias.

La propuesta ya tuvo el No de La U y los conservadores. Ellos proponen una segunda instancia en el Consejo de Estado y que entre ese tribunal, el CEC y el Registrador se distribuyan las decisiones jurisdiccionales.

 
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Nuevas funciones para el registrador: ni suenan ni truenan

La Misión propone que el Registrador Nacional mantenga las funciones de empadronamiento y el censo electoral. Las de inscripción de candidatos, declarar quiénes ganan las elecciones y contar los votos, pasarían al nuevo Consejo Electoral Colombiano (CEC).

Los consultados de La U, conservadores, liberales, Polo y Alianza Verde no están de acuerdo con que a menos de un año de arrancar el proceso electoral, cambien las funciones de la Registraduría. En lo que sí están de acuerdo es en implementar el voto electrónico y la identificación biométrica para evitar trasteo de votos y suplantación de votantes.

 
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