Los retos de la vacunación indígena

Mientras el país se acerca a su tercer pico de Covid, varias comunidades indígenas han decidido que no van a vacunarse hasta que el Gobierno no consulte con ellas un plan de vacunación que tenga en cuenta sus tradiciones culturales. 

Esto le suma una complicación adicional a la vacunación de estas comunidades, que ya han perdido por cuenta del coronavirus a 1.300 personas, incluido el consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, quien murió el 13 de febrero luego de confirmarse su contagio.

Lo que exigen las organizaciones

El jueves, el Consejo Regional Indigena del Cauca (Cric), una de las organizaciones indígenas más visibles en el país, que agrupa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos, anunció que no van a vacunarse.

Lo hicieron por medio de una resolución con fecha del 17 de marzo en la que dejaron la puerta abierta para que quienes quieran vacunarse de forma individual puedan hacerlo. Al otro día, el Consejo Regional Indigena del Huila (Crihu), del que hacen parte 33 comunidades indígenas, se unió a ese pronunciamiento.

La razón principal de ambas organizaciones para oponerse a la vacunación es que el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta las tradiciones culturales de los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Vacunación (PNV). 

Además de exigir que se genere un espacio de concertación, las comunidades esperan que el plan de vacunación tenga un enfoque étnico. 

Esto consiste en, por ejemplo, definir con cada movimiento u organización indígena la priorización de las comunidades. No sólo de acuerdo a la edad o a las enfermedades de base, sino teniendo en cuenta la dispersión geográfica y las dificultades para transportar la vacuna o movilizar las personas hasta un punto. 

Según el PNV estas fases se podrían unificar. Esto nos lo contó el Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena. Según el decreto 109, en los ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad y en los resguardos indígenas, se unificarán las fases y etapas del plan de vacunación para garantizar la vacunación de la totalidad de la población. 

Asimismo las autoridades indígenas serían las encargadas de identificar la población que recibirá la vacuna, evitando llevar dosis que puedan utilizarse (cadena de frío) en caso de que exista algún miembro de la comunidad que decida no recibirla. 

Por otro lado, el consejero mayor y representante legal del Cric, Hermes Pete, afirma que esperan que el Gobierno tenga en cuenta varios lineamientos, para las personas que han manifestado querer vacunarse. 

El primero es que se aplique la vacuna bajo las recomendaciones de los sabedores o médicos tradicionales. Estas varían de acuerdo a la persona, las actividades que pueden hacer, los medicamentos propios o tradicionales a tomar o los cuidados que requieran. 

Segundo, que el Gobierno apoye con el financiamiento y fortalecimiento de procesos de producción de medicamentos tradicionales. Se trata de la transformación de plantas medicinales en antibióticos, vitaminas, cremas o jarabes para contrarrestar el covid. Los cuales, según Pete, han sido efectivos para evitar el covid porque en sus viajes por todo el país no ha sido contagiado.

Aunque esas parecen ser las solicitudes que abarcan a varias comunidades, hay organizaciones que tienen unas exigencias más puntuales o que desde el año anterior están intentando tramitar.

Es el caso de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (Aiso), la organización reconocida por tumbar la estatua de Belalcázar en Popayán en septiembre. 

El secretario de la organización, Edgar Velasco, le contó a La Silla que desde el año anterior enviaron cartas al Gobierno cubano solicitando acompañamiento del cuerpo médico para temas de prevención. Si bien Velasco —que estuvo en los diálogos de La Habana— dice que los cubanos están dispuestos y que envió la solicitud de acompañamiento al Gobierno colombiano, aún no ha tenido respuesta. 

Solicitamos los documentos enviados por la organización, pero hasta el momento de publicar esta historia no tuvimos acceso a estos.

Postura del Ministerio de Salud

Por ahora, según consultó La Silla con el Ministerio de Salud, el Gobierno ha presentado disposiciones normativas y técnicas, que incorporan planes de acción específicos. Estas deben ser adaptadas por los distintos entes territoriales de salud, de acuerdo con las características y particularidades de sus territorios.

Desde el ministerio también aclararon que han expedido diferentes resoluciones y circulares que tienen en cuenta las barreras de acceso geográfico, los usos y costumbres, el lenguaje, y, sobre todo, las recomendaciones de las autoridades propias de cada territorio.  

Además, el Ministerio de Salud ha tenido dos reuniones con la Mesa Permanente de Concertación Indígena. Esta mesa existe desde 1996, cuenta con 15 representantes de pueblos indígenas de todo el país y es la que permite un diálogo directo con el Gobierno Nacional sobre temas étnicos. 

Es en esa mesa, y en la Subcomisión Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, que hace parte de la misma, en la que dialogan sobre todo lo relacionado con políticas de salud indígena, y en este caso sobre el PNV.

Por ejemplo, el 25 de enero presentaron, según nos dijo el representante de la Onic, Rosendo Awhe, una propuesta de plan de manejo integral de la pandemia, donde discutieron que debían incluir un enfoque étnico en el PNV. 

Ahí, según Wiiny Gómez, también integrante de la comisión por parte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el ministro de Salud manifestó que debían hacer una adecuación de manera rápida, y que el PNV no era algo inamovible.

Según Gómez, plantean dos ejes estructurales en la propuesta. Uno es que se coordine con los pueblos que van a vacunarse, y con los que no, que se respete la decisión en el marco de su autonomía y su autodeterminación. El otro eje tiene que ver con educación e información clara. Para que las comunidades puedan decidir libremente si vacunarse o no. 

Mientras se aterriza esta propuesta, la vacunación ya ha llegado, con adaptaciones a comunidades indígenas de la Amazonía. 

Según el secretario de Salud del Amazonas, Héctor Hernández, para la primera semana de junio habrán vacunado a los habitantes de Puerto Nariño y Leticia, los dos municipios más poblados del departamento. En algunos casos solo aplicarán una dosis, porque, dice, la logística es compleja en las comunidades que están dispersas.

El señor Héctor Hernández cuenta que en Leticia manejan una mesa permanente de autoridades, donde socializan todo lo de vacunación y responden todas las inquietudes sobre los efectos que podría tener la vacuna. 

En todo caso, diseñar el enfoque étnico será lo más fácil. Llevarlo a cabo en el territorio será todo un reto.

Las dificultades para la vacunación

El último censo del Dane contó que en Colombia hay cerca de 2 millones de personas que se autorreconocen como indígenas. Son tres los departamentos que tienen la mayoría de esta población: Guajira, Cauca y Nariño, que representan cerca de la mitad de indígenas en el país. 

La encuesta del Dane también reveló que el 79 por ciento de los indígenas viven en centros poblados (como corregimientos y caseríos) y área rural dispersa. Ese porcentaje equivale a 1,6 millones de indígenas. 

Entonces, además de un enfoque étnico, esta dispersión de la comunidad representa un desafío propio para la vacunación.

Así lo cuenta el consejero de salud, Jose Arturo García, de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa), en el departamento de Nariño, en los municipios de Tumaco y Barbacoas. Ahí ya empezaron a vacunar desde el 20 de febrero. De las 122 vacunas que les llegaron, han aplicado 105. Las 17 restantes están almacenadas, ya que no alcanzaron a aplicarse en la primera fase. Ahora esperan las indicaciones del departamento.    

El proceso no ha sido fácil. Deben cubrir más de 132 comunidades, que conforman los 32 resguardos del pueblo Awá, con tan solo 14 vacunadores externos y el equipo propio de la IPS indígena. A esto se suma la dificultad para entrar o salir del territorio. Esto pasa porque hay resguardos o comunidades indígenas que pueden estar a horas de distancia del casco urbano, incluso a días. 

Los retos geográficos también imponen retos de financiación. Por ejemplo, llegar a los resguardos de Tortugaña Telembí, en el municipio de Barbacoas, Nariño, puede costar entre 500 mil y 1 millón de pesos. En parte, porque hay que trasladar, además de los vacunadores y las vacunas, a la guardia indígena. 

Por otro lado, el complejo entramado de información e identificación de personas que implica la vacunación se estrella con realidades, como la del pueblo Awá. Según el consejero García, “encontramos personas de 70 y hasta de 50 años que aún no tienen registro civil, ni documento de identidad. Ellos están en la selva y no les gusta salir y uno les dice que se documenten, pero no lo han hecho”. 

Como contamos, la corte constitucional alertó que desde el 2009 los indígenas Awá estan en peligro de existir, por las organizaciones criminales que se disputan el control de la coca en sus territorios. El año pasado la Onic denunció el confinamiento y desplazamiento de más de mil personas Awá. 

Entonces, además de aumentar el número de vacunadores, dicen que necesitan más tiempo y que no cierren la plataforma Pai Web 2.0, debido a que las dosis tienen que devolverse al departamento, porque son unos lineamientos muy estrictos. 

Por eso, una de las propuestas que tienen las comunidades es obviar las fases del PNV. El secretario de la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, Gerardo Jumi, dice que hay un acuerdo, “que falta protocolizar”, en el que las comunidades que decidan aplicarse la vacuna puedan hacerlo sin la línea de priorización por edades. 

En un sentido similar va una de las exigencias del Cric. Desde la organización caucana explican que debido a la logística es operativamente imposible vacunar por etapas, como lo plantea el PNV, por la dispersión geografía de los territorios.

Finalmente, está el reto de superar barreras culturales. 

Hay mitos alrededor de la vacunación que se deben ir superando. Según los consejeros Arrieta de la Onic y García del pueblo Awá, hay gente que cree que el covid es una enfermedad de blanco, o que dicen que los indígenas no mueren de eso.

García agrega que requieren de una orientación resguardo por resguardo, para desmentir esos mitos que tienen sobre las vacunas, ya que “creen que al aplicarse una vacuna al cuerpo humano, se va a morir la población. Así piensan los indígenas Awá”.