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La crecida de las disidencias, el narcotráfico y el asesinato a líderes sociales son los desafíos más grandes para Duque en el sur.
Los retos en seguridad para Duque en el Sur
El nuevo presidente, Iván Duque, va tener muchos retos en el sur pero quizás los más urgentes tienen que ver con resolver los líos de seguridad aquí, en la antigua retaguardia de las Farc y que hoy tiene a varias disidencias de la exguerrilla regadas, una deforestación disparada en parte porque ya no hay quien ponga reglas ambientales y líderes sociales amenazados por defender la sustitución de coca y en general, el aterrizaje del Acuerdo de La Habana.
Estos son los principales retos para Duque en Caquetá, Huila y Putumayo en ese frente.
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La crecida de las disidencias
Como lo hemos contado en La Sur, en la región hay seis disidencias que actúan coordinadas para sacar la coca.
Son la del frente 1 de ‘Iván Mordisco’, que se mueve entre Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y Caquetá; la del frente 7, liderada por Gentil Duarte y es la más grande, moviéndose entre el sur del Meta y Caquetá; los frentes 14 y 15 en Caquetá, el 40 y 62 en Meta, y el frente 48 en Putumayo.
Duarte es la cabeza de esa coordinación y ha venido creciendo su estructura, aunque no hay una cifra oficial unificada sobre cuántos hombres tiene.
A diferencia de otras regiones, donde también hay presencia del ELN o el EPL, aquí las disidencias de las Farc están solas y no se están peleando entre sí. De hecho, cada una por su lado, está aumentando su capacidad de acción.
El frente primero, por ejemplo, ha reclutado niños en Solano, un extenso municipio de Caquetá que es casi la mitad del departamento; y la semana pasada, por primera vez, la gobernación denunció públicamente que las “disidencias de las Farc están reclutando menores” en San Vicente del Caguán y La Montañita.
Neutralizar a esas disidencias va ser un reto para Duque, sobre todo porque sería la manera de aterrizar su discurso de “mano dura” y del que “la hace la paga”. Como lo hemos contado en La Sur, en la región hay seis disidencias que actúan coordinadas para sacar la coca.
Son la del frente 1 de ‘Iván Mordisco’, que se mueve entre Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y Caquetá; la del frente 7, liderada por Gentil Duarte y es la más grande, moviéndose entre el sur del Meta y Caquetá; los frentes 14 y 15 en Caquetá, el 40 y 62 en Meta, y el frente 48 en Putumayo.
Duarte es la cabeza de esa coordinación y ha venido creciendo su estructura, aunque no hay una cifra oficial unificada sobre cuántos hombres tiene.
Neutralizar a esas disidencias va ser un reto para Duque, sobre todo porque sería la manera de aterrizar su discurso de “mano dura” y del que “la hace la paga”.
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La deforestación producto del tráfico de madera y la expansión de la coca
La región Amazónica se ha vuelto un foco de deforestación. Eso viene pasando, como lo contó La Silla, al poco tiempo de que las Farc dejaran sus zonas de influencia y se ha acentuado sobre todo en la zona rural de San Vicente del Caguán que colinda con Meta y Guaviare.
Según cifras del Ideam, la deforestación en la Amazonía llegó a un 44 por ciento, pasando de 56992 hectáreas menos de bosque en 2015 a 70074 en 2016 y siguió en aumento en 2017, año en el que se vinieron abajo en todo el país 219 mil hectáreas de bosque.
Las dos causas que más explican esta disparada de acuerdo a la sentencia que sacó la Corte Suprema de Justicia en abril de este año y que le puso un plazo de cuatro meses al Gobierno para formular un plan de acción que contrarreste la tasa de deforestación, son el acaparamiento ilegal de tierras (en un 65 por ciento) y el aumento de los cultivos de coca (en un 22 por ciento).
Ambos son factores asociados al fenómeno del impacto ambiental de la salida de las Farc en departamentos como Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Por eso, un gran reto para Duque va ser hacerle frente a la deforestación, algo que su ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, ya dijo que será la prioridad de su cartera y que la idea es que haya más coordinación con la Fiscalía, el ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Lozano fue director del Ideam en 2008 y estando ahí le dio impulso al sistema de monitoreo de bosques, que es el que hoy ha permitido medir con más precisión la deforestación en el país.
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Líderes sociales sin garantías de seguridad
Los departamentos del Sur también se ven afectados con las muertes y amenazas a personas que representan diferentes liderazgos sociales.
Este año en Caquetá por ejemplo fueron asesinados dos presidentes de juntas de acción comunal, Alexander Castellano de Cartagena del Chairá, y Luis Cabrera de Florencia. Ambos representaban liderazgos en sus comunidades haciendo veeduría a la ejecución de la plata por los alcaldes y gobernadores; denunciando corrupción o delincuencia; y en ocasiones se oponen a proyectos económicos que consideran que afectan la comunidad.
Según Rosemary Betancourt, presidente de la Asociación de Juntas de Caquetá, no hay certeza de quién o quiénes están detrás de los asesinatos de los comunales, pero están alarmados porque todos los días, dice, reciben el reporte de un dirigente amenazado y han sentido presión por el tema de sustitución de cultivos.
La Gobernación de Caquetá ha hecho dos consejos de seguridad pidiendo el acompañamiento de la UNP y del Gobierno Nacional.
En Putumayo la situación es similar. Hace una semana mataron a Alejandro Jacanamejoy, presidente de una junta de acción comunal de Puerto Leguízamo. Aparte del liderazgo comunitario, Jacanamejoy hacía parte del programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito y promovía la implementación de los Acuerdos de Paz con la FARC.
Esa misma condición tenía Oswaldo Taquez. Él fue asesinado con cinco balazos cuando salía de una reunión sobre el avance del programa de sustitución de cultivos en la vereda Remolino de Orito, Putumayo, de la que también era su presidente de junta.
Como contó La Silla desde hace dos meses el alcalde de Orito, Manuel Ocoró denunció que los líderes comunales del pueblo están dejando sus cargos al ser amenazados por promover la erradicación voluntaria de cultivos de coca. Orito fue uno de los 10 municipios con más hectáreas de coca en el país en 2017.
La Fiscalía dijo hace una semana que está investigando otros 14 casos de amenazas contra líderes de sustitución de cultivos en Putumayo y Caquetá.
Otros que también están siendo amenazados son los periodistas. Como contó La Silla,hace una semana a tres periodistas de Mocoa, Putumayo, les llegaron intimidaciones a través de redes sociales y llamadas, por cubrir temas judiciales y resultados operacionales del Ejército y la Policía.
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Ciudades capitales con altos índices de inseguridad
La inseguridad en las capitales del Sur tiene altas y bajas que Duque debe revisar.
En Neiva las cifras del Observatorio del Delito de la Alcaldía, la Policía Metropolitana y la Fiscalía, sostienen que la mayoría de los indicadores de delitos en la ciudad con corte al mes de junio, aumentaron en comparación al mismo periodo del año anterior.
Por ejemplo, el hurto a personas, que es el que más percepción de inseguridad genera, tuvo un aumento del 42 por ciento. Según cifras de la Policía Metropolitana hasta el 22 de julio de este año se habían registrado 1560 denuncias, mientras que en el mismo periodo del 2017 el número fue de 1.098.
El hurto a residencias pasó de 288 a 347, es decir tuvo un aumento del 20 por ciento. El robo de motos pasó de 109 casos a 124. Mientras a julio de 2017 se reportaron 287 celulares robados, en julio de este año la cifra llegó a 361.
En Leticia, Amazonas, hay alerta por el incremento de homicidios. Entre enero y junio del año pasado solo reportó un caso, en lo que va de 2018 ya son cinco asesinatos. Por su parte el hurto en todas sus modalidades tuvo un incremento de cinco puntos porcentuales.
En Mocoa, Putumayo, el comparativo de la Fiscalía registra el aumento en casos de hurtos a personas (de 43 a 49 casos), establecimientos comerciales( de 1 a 4 casos), y en casos de fleteos.
En Florencia, Caquetá, el reto será fortalecer el trabajo de las autoridades porque según el Censo Delictivo de la Fiscalía hay una estabilidad en las cifras de delincuencias, y en algunos casos una disminución. Por ejemplo las denuncias de hurto en todas las modalidades bajaron un 10 por ciento.
