Los supercontratistas del PAE en Santander llegaron a Cúcuta

La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, una empresa que en 2016 y en lo que va de 2017 se hizo famosa en Santander por quedarse tres veces seguidas con el millonario contrato de la alimentación escolar en ese departamento y ejecutarlo en medio de incumplimientos, ayer incursionó formalmente en Cúcuta.

Siguiendo el mismo patrón que en Santander y tras un proceso de selección que fue cuestionado por presuntos favorecimientos, la Secretaría de Educación de la capital de Norte les adjudicó un contrato por $19 mil millones para que durante los próximos 118 días del calendario escolar le entreguen refrigerios a los 58 mil niños más vulnerables de esa ciudad.   

El contrato cantado

Aunque la administración de César Rojas adelantó dos procesos de selección para adjudicar el contrato de los refrigerios escolares -una licitación que fue revocada porque al final ninguna empresa cumplió con las condiciones y el que acaba de concluir-, desde hacía varias semanas en la Cúcuta política se empezó a dar por hecho que el contrato ya tenía dueño.

El nombre que empezó a circular fue el de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, una empresa que, aunque como lo ha contado La Silla, guarda relación con los hermanos Torrado (dos políticos de Norte de Santander que están investigados por su participación en el ‘carrusel de contratación de los alimentos’ de Bogotá), no había contratado en ese departamento.

La Silla escuchó esas versiones de primera mano. Un potencial oferente hace tres semanas nos llamó y denunció que el proceso “ya estaba arreglado” y  que la forma en la que descabezarían a los demás estaría en las condiciones de la bodega que la administración de Rojas solicitó a los contratistas. 

“La Alcaldía está pidiendo que uno tenga desde ya instalados los cuartos fríos cuando eso cuesta plata y uno como contratista solo invierte cuando tiene la seguridad de que se va a ganar el contrato”, le dijo a La Silla el representante de una empresa del gremio de alimentos. “Las condiciones de esa bogeda son tan específicas que requieren inversión previa en arreglos, pintura y adecuaciones y dígame quién quiere meterle plata a algo si no sabe si va a ganar. El que le meta plata es porque sabe que tiene el contrato”. 

Para cuando recibimos esas denuncias ya el proceso había cerrado la etapa preliminar y tres oferentes se presentaron para concursar: la Unión Temporal Enlace Oriente (integrada por Surcolombiana de Servicios y MCD); la Unión Temporal Alimentando los niños de Cúcuta (integrada por Organización Tiempos de Paz, Cooperativa de Suministros de Alimentos, Fundación Red Comunitaria de Desarrollo, Le & Ve alimentos Macsol); y la Unión Temporal Cúcuta Nutrida (integrada por Comercializadora Nutrimos, Proalimentos Liber y Servicios y  Suministros Nacionales).

Desde ese entonces el tema de las bodegas ya había salido a relucir en las observaciones al proceso, pero la administración se mantuvo en que los requerimientos eran necesarios para ejecutar el contrato.

Al final las predicciones sobre los resultados se cumplieron. 

Según los archivos publicados por la Alcaldía de Cúcuta, la única propuesta que resultó habilitada fue la de Surcolombiana porque de las otras dos, una ni siquiera presentó bodega, y otra, aunque la presentó, se quedó sin tiempo para obtener el certificado de salubridad que le exigía la Secretaría de Educación.

Este último punto casi que duplicó el escenario que propició que en Santander  Surcolombiana de Inversiones fuera el único proponente habilitado para la adjudicación. 

En Cúcuta, al igual que en ese departamento, le dejaron solo 1 día hábil a los oferentes para corregir errores en la propuesta después de la evaluación, y eso sacó del juego a la Unión Temporal alimentando los niños de Cúcuta, que en ese tiempo no alcanzó a allegar todos los documentos nuevos para competir por la adjudicación, y que por esa razón pidió que se declarara la revocatoria del proceso.

“Se definió un plazo no solo irrazonable y disparatado, sino de imposible cumplimiento”, señaló Paola Sepúlveda, la representante legal de esa unión temporal en la solicitud de la revocatoria del proceso.

La secretaria de Educación de Cúcuta, Doris Angarita, le dijo a La Silla que la solicitud de revocatoria no fue aceptada porque lo que reclamó el contratista "no se ajustaba a la ley" y explicó que si el plazo fue tan corto fue porque su despacho adelantó una selección abreviada (modalidad que tiene tiempos más ajustados que los de una licitación); sobre las bodegas aseguró que cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.

“Aquí no se puede hablar de ningún direccionamiento. Hicimos tal cual lo que nos dijo la ley y nos apegamos a ella. Dimos todas las garantías para que el proceso fuera abierto y plural. El proponente no cumplió con todos los requerimientos y por eso fue descalificado”, indicó. 

Las relaciones

Como lo contó La Silla, Surcolombiana de Inversiones es una empresa que desde 2011 ha ocupado titulares de prensa porque, según denuncias hechas en el Congreso, guarda relaciones con el grupo de los hermanos Torrado (Efraín, el exsenador de La U y Édgar, exconcejal de Bogotá), políticos originarios de Norte de Santander que están siendo investigados por haber construido un emporio en medio de carruseles de contratación alrededor de los programas de alimentación subsidiados por el Estado. 

Efraín Torrado fue uno de los políticos más importantes de Norte antes de terminar envuelto en denuncias sobre corrupción y pago de sobornos, y de hecho en 2015 Santos, aunque después se echó para atrás por la presión mediática sobre su perfil, lo alcanzó a nombrar cónsul de Colombia en Chicago.

Aunque inició en el Partido Liberal, entró al Partido de La U desde su creación y fue senador en dos periodos. Nació en Pamplona, pero su carrera política la hizo en Cúcuta donde fue concejal.

Torrado al igual que la mayoría de políticos de Norte de Santander fue cercano al exalcalde de Cúcuta condenado por el homicidio de un abogado a 27 años de cárcel, Ramiro Suárez Corzo, quien como lo ha contado La Silla, es el poder detrás del poder en la administración de César Rojas.

Suárez, según dos fuentes de La U en Norte de Santander, lo apoyó en su aspiración al Senado en 2006 y en 2010; y en 2010 los dos le hicieron en conjunto reuniones políticas para apoyar la primera candidatura de Santos a la Presidencia.

El eslabón que une a Torrado con Surcolombiana de Inversiones, según testigos que han declarado en Bogotá y dos fuentes de adentro del esquema de la contratación de los refrigerios escolares que se lo contaron a La Silla en momentos diferentes, es Germán Trujillo, un empresario que fue denominado por medios de comunicación como  el ‘zar de la contratación de los alimentos’ en el país.

Germán Trujillo, es esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, destituida por irregularidades en el manejo de recursos públicos, se dio a conocer por Alimentación Familiar - Alfaba-, empresa de su propiedad que salió a relucir en medio de las denuncias que fueron hechas en el Congreso sobre un presunto cartel de contratación en el Icbf.

Aunque Trujillo le ha negado a La Silla que exista relación con los Torrado, y Luisa Flórez, quien es la representante legal de Surcolombiana  ha dicho que no es cierto que Trujillo o los Torrado tengan alguna vinculación con su empresa más allá de la asesoría ocasional en el caso del primero; desde que esa firma se convirtió en una supercontratista en Santander (se ha ganado contratos por $75 mil millones entre 2016 y lo que va de 2017), varios son los hilos que se han ido develando sobre esa relación. 

En Santander, Sergio Delgado, el representante legal de MCD Cia, la socia de Surcolombiana y quien también es cercano a los Torrrado, le reconoció a La Silla en abril de 2016 que para entablar la relación comercial con esa empresa conversó con Germán Trujillo. 

A esa versión se suma la de tres empresarios de la industria de los alimentos, quienes le han dicho a La Silla que en ese gremio es vox populi que Trujillo es quien maneja la empresa.

“El dueño de esa empresa es Germán Trujillo y eso nadie lo puede negar. Solo hace falta conocer un poco el gremio y ya”, le dijo a La Silla uno de los empresarios que quería competir en la licitación de Cúcuta, pero que se abstuvo porque "no había condiciones para participar".

La hoja de vida

Más allá de las relaciones políticas y de las denuncias sobre presuntas irregularidades en las licitaciones en las que participa, Surcolombiana de Inversiones carga con otro lastre: la ejecución de los contratos es cuestionada por incumplimientos. 

Solo entre 2016 y lo que va de 2017 en Santander esa empresa ha enfrentado escándalos por entregar alimentos en mal estado, por no cumplir con las raciones, y hasta por intoxicar niños con leches condensadas.

Como lo ha contado La Silla, no solo las interventorías de cada uno de los contratos (en Santander han tenido tres) han solicitado que los sancionen y de hecho le han dejado de pagar $700 millones por incumplimientos, sino que veedurías locales como Transparencia por Santander han pedido que los hallazgos se remitan a entes de control “por su gravedad”.

La llegada de Surcolombiana de Inversiones y MCD Cia a la contratación de Cúcuta en la era de César Rojas se da en momentos en los que en Santander están enfrentando nuevas denuncias por entregar alimentos en descomposición a los niños. 

Precisamente, ayer hubo una audiencia de descargos para que el contratista respondiera por esas irregularidades y la Gobernación le dio dos días para responder.

Mientras tanto, en Cúcuta se alistan para entregarles los refrigerios escolares a los niños más vulnerables de esa ciudad. El 1 de marzo arrancarán la operación.